Branda Marlene Rodriguez Ramirez

Expediente 769/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
769/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
08/10/2018

Partes del expediente

  • Branda Marlene Rodriguez Ramirez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y en virtud de que la certificación que antecede, asentada por el Secretario de este Juzgado Federal, se advierte que la parte promovente de amparo, no interpuso recurso de queja en contra del proveído de veintiuno de septiembre del dos mil diecisiete, de conformidad con el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, dentro del término concedido en el numeral 98 de la Ley en cita, proveído en el cual SE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por ***; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en relación con su numeral 2°, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por tanto, ARCHÍVESE el presente Juicio de Amparo, por tratarse de un asunto concluido, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de la Materia. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Toda vez que en el presente juicio se desechó la demanda de amparo promovida, el mismo es susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse archivado, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede.

  2. Principal

    Al no ser atendido el aviso por parte del quejoso, por este conducto se le notifica: Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Celaya, Guanajuato y otras autoridades; con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracción I, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los ordinales 107, 108 y 113 de la Ley de Amparo, fórmese y regístrese el juicio de amparo bajo el 769/2018-VI, en el libro de gobierno, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De la lectura de la demanda de amparo promovida, se advierte que la parte quejosa señala sustancialmente como actos reclamados: A. La resolución emitida en veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, dictada en los autos del juicio laboral **. B. La notificación por estrados de a resolución emitida en veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, dictada en los autos del juicio laboral ***. C. La abstención de ejecutar el embargo de fecha 13 de agosto de dos mil dieciocho. De lo anterior se advierte que el juicio de amparo es improcedente, y por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Por lo que hace al acto destacado con la letra "A", en párrafos precedentes, este Juzgado advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." En la fracción antes citada, se consagra el principio de definitividad que rige el juicio de amparo respecto de actos emitidos por tribunales judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo; conforme al cual, para que proceda el juicio de amparo, debe tratarse de actos definitivos, ya que en caso contrario el acto no es reclamable en amparo. Tal máxima implica que el juicio de amparo es un medio extraordinario de protección y que, derivado de su propia naturaleza, para poder acceder a él es necesario agotar el procedimiento que la ley natural prevé en defensa de los derechos que se estimen lesionados y sólo en el caso de que el resultado del recurso sea adverso, podrá ocurrirse al juicio de amparo. De actuar en contrario, es decir, si las partes afectadas por actos de autoridad no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades del juez común. Es sabido que según la teoría general del proceso, a través de los medios de impugnación ordinarios se pretende demostrar ante el tribunal de alzada competente que el inferior que dictó la resolución impugnada, no aplicó correctamente la ley en el caso en concreto, o arribó a esa resolución violando las normas esenciales del procedimiento; por lo que de resultar exitosa su promoción, el agravio inicialmente causado puede desaparecer, sin embargo, si no se ejercen, a pesar de que aquél persista, solo el gobernado debe soportar las consecuencias de no haberse defendido por los recursos legales procedentes y conducentes. De esto se sigue, que si el principio de definitividad es un requisito para la procedencia del juicio de amparo en términos de las normas antes referidas, la propia ley reglamentaria establece como sanción por el incumplimiento de dicho principio, la improcedencia del juicio, es decir, para que proceda el juicio de amparo, debe de tratarse de "actos definitivos" en la acepción que la propia legislación da de dichos actos, por lo que resulta lógico que la inobservancia del principio, traiga como consecuencia -también por regla general- la improcedencia de la acción constitucional intentada. En efecto, el artículo 61 de la Ley de Amparo, en sus fracciones XVIII, XIX y XX, prevé todos aquellos supuestos en los que el juicio es improcedente en virtud de que el acto reclamado carece de definitividad y no es, por consiguiente, reclamable en amparo. En este caso específico, la que se estima configurada es la primera de ellas. Los elementos cuya configuración dan lugar a que se integre la causal de improcedencia en análisis, son los siguientes: a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y, d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 276, del tomo VII, mayo de 1991, Octava Época del Semanario judicial de la Federación, cuyo rubro y texto se precisan a continuación: "RECURSOS ORDINARIOS. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO, CUANDO LA LEY CONCEDA ALGÚN RECURSO O MEDIO DE DEFENSA. Ciertamente, conforme a la última parte de la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, los quejosos, no están obligados a agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos ordinarios procedentes en contra del acto reclamado, si éste carece de fundamentación. Sin embargo para la hipótesis prevista en la fracción XIII del artículo 73 en cita, no opera la excepción al principio de definitividad del juicio de garantías antes indicado, pues de esta fracción sólo se infiere que en tratándose de resoluciones emitidas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales las leyes de la materia concedan algún recurso o medio de defensa; por los cuales podrán ser revocados, modificados o nulificados, los agraviados deberán agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, dichos medios de impugnación y que a ello no están obligados los terceros extraños a juicio; por ello, se impone considerar, que en la hipótesis en comento no opera la excepción al principio de definitividad antes precisada, al no indicarlo así la disposición de referencia." Debe señalarse que, no obstante el principio de definitividad en su doble connotación, es decir, como presupuesto de procedencia y como causa de improcedencia del juicio de amparo, es una regla de aplicación general, la propia ley reglamentaria establece ciertas excepciones atendiendo, particularmente, a la índole del quejoso y a la naturaleza del acto reclamado, por lo que no será necesario que se agoten los recursos ordinarios o medios de impugnación procedentes antes de acudir al juicio de amparo cuando el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; cuando el acto reclamado consista en alguna orden de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, cuando se trate de persona extraña al procedimiento. En ese sentido, los contados casos de excepción a este principio, son de aplicación estricta, pues así han quedado expresamente definidos en la ley. Lo anterior de conformidad con la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada con el número VI.2o.C. J/260, en la página 1816, del Tomo XXIII, Marzo de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, que dice: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas." En el presente caso, este Juzgador Federal considera que la parte quejosa no se encuentra el supuesto que configure uno de los casos de excepción al citado principio rector. En esa tesitura, es evidente que el acto reclamado que nos ocupa deriva del laudo emitido el nueve de julio de dos mil trece, dentro del expediente laboral ***, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Celaya, Guanajuato, pues entre las actuaciones emitidas en etapa de ejecución, destaca el acuerdo de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, que recae a la petición elevada por la parte quejosa a efecto de que se dicte auto de ejecución en contra de ***; y donde el Presidente de la Junta responsable determinó que resulta improcedente tal solicitud. Sin embargo, la legislación laboral, en términos del artículo 849, prevé un medio de defensa legal por medio del cual puede ser revocado, nulificado o modificado, cumpliéndose con ello uno de los presupuestos fundamentales para ejercer el referido derecho de acceso a la justicia; sin que de la narración de los antecedentes formulados bajo protesta de decir verdad por la impetrante de amparo se advierta que la actora hubiere agotado ese recurso. En ese contexto, el medio de impugnación ordinario que debió agotarse previo a la interposición del juicio de amparo indirecto, es el recurso de revisión, toda vez que el procedimiento laboral de origen se encuentra en la etapa de ejecución de laudo. Se invoca como sustento a la presente determinación, la jurisprudencia 2a./J. 95/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, Agosto de 2002, página 374, que dice: "REVISIÓN EN EL JUICIO LABORAL. PROCEDE EN CONTRA DEL AUTO DICTADO POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, EN EL QUE RESUELVE SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA EJECUTARLO, POR LO QUE DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos emitidos por los presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados, en los supuestos de ejecución de los laudos, convenios y resoluciones que ponen fin a las tercerías; así como en contra de los dictados en las providencias cautelares. Ahora bien, si el acto reclamado consiste en la resolución dictada por el presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje, en la etapa de ejecución del laudo, por la cual resuelve sobre la prescripción de la acción para ejecutarlo, es necesario que antes de la promoción del juicio de amparo se agote el recurso de revisión previsto en el citado precepto, toda vez que dicho acto fue emitido dentro del procedimiento de ejecución, como lo señalan los dispositivos 617 y 618 de la referida ley, pues a través de ese medio de impugnación podrá revocarse, modificarse o anularse tal acto presidencial y, con ello, cumplir con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de garantías, como deriva de lo establecido en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo." Bajo ese criterio, la determinación del presidente de la Junta laboral que niega dictar un auto de ejecución de laudo, al encontrarse precisamente en etapa de ejecución, la hace recurrible conforme a la teleología del precepto en cuestión (artículo 849 Ley Federal del Trabajo), pues, además, la expresión "en ejecución de los laudos", utilizada por el citado artículo, denota ubicación, al referirse a aquellos actos emitidos en esa fase ejecutiva del procedimiento. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.6o.T.171 L, sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página: 1198, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVII, Mayo de 2003, Novena Época, Registro: 184362, que establece: "ACTOS DE EJECUCIÓN EN MATERIA LABORAL. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO EN CONTRA DE ELLOS, POR SER SUSCEPTIBLES DE IMPUGNACIÓN A TRAVÉS DEL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 849 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. El artículo 114, fracción III, párrafo tercero, de la Ley de Amparo establece que en tratándose de remates, el juicio de amparo indirecto sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; por lo que si el proveído dictado en ejecución de un convenio, por el presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, es susceptible de combatirse a través del recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, es evidente que tal determinación no es la definitiva y, por ende, el juicio de garantías que se intente contra tal acto de autoridad resulta improcedente." En efecto, los artículos 849, 850 y 851 la Ley Federal del Trabajo, señalan: "De la Revisión de los Actos de Ejecución" "Artículo 849. Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión." "Artículo 850. De la revisión conocerán: I. La Junta Especial de la de Conciliación y Arbitraje correspondiente, integrada con los representantes de los patrones y de los trabajadores y con el auxiliar que esté conociendo del asunto, conforme al artículo 635 de esta Ley, cuando se trate de actos de los Presidentes de las mismas; II. El Presidente de la Junta o el de la Junta Especial correspondiente, cuando se trate de actos de los actuarios o de los funcionarios legalmente habilitados; y III. La Junta de Conciliación y Arbitraje con la participación del Secretario General de Acuerdos, cuando se trate de actos del Presidente de ésta o cuando se trate de un conflicto que afecte dos o más ramas de la industria." "Artículo 851. La revisión deberá presentarse por escrito ante la autoridad competente, dentro de los tres días siguientes al en que se tenga conocimiento del acto que se impugne." De los preceptos anteriores se advierte que en contra de cualquier acto emitido por el Presidente de la Junta emitido en la fase de ejecución del laudo es procedente el recurso de revisión, aunque se trate de un acto que no estuviera encaminado directa e inmediatamente a la ejecución de dicho fallo, sino más bien a lograr y preparar dicho objetivo Dan apoyo a lo anterior la tesis XXVII.3 L, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Julio de 2003, Materia(s): Laboral, pagina 1197, de rubro y texto siguientes: "RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 849 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. ES PROCEDENTE CONTRA CUALQUIER ACTO DEL PRESIDENTE DE UNA JUNTA DICTADO EN EJECUCIÓN DEL LAUDO. El artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo dispone: "Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión.". Como se puede advertir, dicho precepto legal se refiere, entre otras cuestiones, a actos de los presidentes de las Juntas "en ejecución" de los laudos, sin hacer una distinción entre la "última resolución" -aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento-, y las que sólo constituyen resoluciones anteriores a aquélla. En esa virtud, conforme a una recta interpretación del dispositivo legal en cita, debe entenderse que contra cualquier acto del presidente de la Junta dictado en la fase de ejecución del laudo es procedente el recurso de revisión, así se trate de un acto que no estuviera encaminado directa e inmediatamente a la ejecución de dicho fallo, sino más bien a preparar y lograr tal objetivo, como lo sería, en un momento dado, el reconocimiento de la personalidad de quien comparece a nombre de alguna de las partes en el juicio laboral; cuenta habida que en el caso concreto cobra aplicación el principio de derecho que reza "donde el legislador no distingue no es dable al juzgador hacerlo". Por tanto, se concluye que el recurso de revisión procede en contra de la resolución que el presidente dicte en la etapa de ejecución del laudo, por disposición expresa del numeral 849 de la Ley Federal del Trabajo, mismo que en el presente caso, debe ser resuelto por la Junta Especial respectiva, como lo señalan los diversos preceptos 614, 616, fracción IV y 850, fracción I, de la legislación obrera. De ahí que se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dado que previamente al juicio de amparo, el quejoso debió de promover el recurso de revisión, previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo. En ese contexto, por lo que hace al acto reclamado consistente en la resolución emitida en veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, dictada en los autos del juicio laboral ***, se concluye que atendiendo el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, y los diversos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Ahora bien, continuando con el estudio oficioso de la demanda de amparo, con relación al diverso acto reclamado, destacado como, la notificación por estrados de a resolución emitida en veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, dictada en los autos del juicio laboral ***; de igual forma se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por lo que resulta imperativo su desechamiento, en términos de lo dispuesto en el precitado artículo 113 del propio cuerpo legal. Conviene traer a colación el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la mismas consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado al autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." Del numeral anterior transcrito, se advierte que el juicio de amparo -como ya se ha apuntado-, se encuentra reservado en exclusiva contra actos ciertos, concretos y respecto de los cuales la ley común no conceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal a través del cual puedan ser combatidos y por ende, modificados, revocados o nulificados, pues de ser así, en atención al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el quejoso previamente a la instauración del procedimiento constitucional, debe agotar aquellos, pues es claro que con su interposición pudiese alcanzar la pretensión jurídica de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado y lograr que desaparecieren de su esfera jurídica las violaciones que argumenta en su demanda de amparo. Ahora bien, en la especie, por lo que ve al acto que nos ocupa, también se actualiza la referida causal de improcedencia, toda vez que contra el acto de la autoridad en materia del trabajo que aquí se reclama, procede un medio de defensa legal, por medio del cual puede ser nulificado. Para una mejor comprensión de las consideraciones que habrán de dar sustento a la presente resolución, resulta pertinente precisar el siguiente marco jurídico, derivado de la Ley del Trabajo: "Artículo 742.- Se harán personalmente las notificaciones siguientes: IX. El auto que conceda término o señale fecha para que el trabajador sea reinstalado". "Artículo 752.- Son nulas las notificaciones que no se practiquen de conformidad a lo dispuesto en este Capítulo". "Artículo 762.- Se tramitarán como incidentes de previo y especial pronunciamiento las siguientes cuestiones. I. Nulidad; II. Competencia; III. Personalidad; IV. Acumulación; y V. Excusas. "Artículo 763.- Cuando en una audiencia o diligencia se promueva incidente de falta de personalidad, se sustanciará de inmediato oyendo a las partes y se resolverá, continuándose el procedimiento. En los demás casos a que se refiere el artículo anterior, se señalará día y hora para la celebración de la audiencia incidental, que se realizará dentro de las veinticuatro horas siguientes, en la que las partes podrán ofrecer y desahogar pruebas documentales e instrumentales para que de inmediato se resuelva el incidente, continuándose el procedimiento. Los incidentes que no tengan señalada una tramitación especial en esta Ley se resolverán de plano oyendo a las partes." "Artículo 764.- Si en autos consta que una persona se manifiesta sabedora de una resolución, la notificación mal hecha u omitida surtirá sus efectos como si estuviese hecha conforme a la Ley. En este caso, el incidente de nulidad que se promueva será desechado de plano." "Artículo 735.- Cuando la realización o práctica de algún acto procesal o el ejercicio de un derecho, no tengan fijado un término, éste será el de tres días hábiles". De esa tesitura se desprende, que lo procedente en el caso, es que se reclame ante la propia autoridad laboral responsable, la nulidad del acto reclamado, esto es, que es necesario agotar el procedimiento que la ley natural prevé en defensa de los derechos que se estiman lesionados y sólo en el evento de que éste le resultara adverso, está en aptitud de ocurrir al juicio de garantías, teniendo como consecuencia, que el acto que reclama la parte quejosa en el presente juicio de amparo, es decir, la la notificación por estrados de a resolución emitida en veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, dictada en los autos del juicio laboral 1735/2012/L1/CC/IND, pudiera ser nulificado, a través del incidente de nulidad de notificaciones, que si bien, no es propiamente un recurso como lo refiere la causal de improcedencia que nos ocupa, sí puede producir los efectos que ésta persigue, pues puede nulificar lo que en su caso resuelva la Junta laboral responsable, resultando de ahí lo improcedente del presente juicio de garantías, pues dicho medio resulta ser el idóneo para los efectos que se persiguen. Apoya a lo anterior, la tesis 2a./J. 156/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, marzo 2017, página 1201, Decimo Época, del tenor siguiente: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. EL INCIDENTE RELATIVO DEBE PROMOVERSE DENTRO DEL PLAZO GENÉRICO DE TRES DÍAS HÁBILES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 735 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, QUE INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL AFECTADO TENGA CONOCIMIENTO O SE MANIFIESTE SABEDOR DE LA ACTUACIÓN QUE LE AGRAVIA, Y SE CONTARÁ EL DÍA DE SU VENCIMIENTO. El citado precepto establece un plazo genérico de tres días hábiles para la realización o práctica de algún acto procesal o el ejercicio de un derecho cuando no tengan fijado alguno, pero no prevé el momento a partir del cual inicia ni cuándo fenece, por lo cual debe tenerse en cuenta el contenido del Título Catorce (Derecho Procesal del Trabajo), Capítulo VI (De los términos procesales), de la Ley Federal del Trabajo, específicamente el artículo 733 que ordena que en el procedimiento laboral los plazos comenzarán a correr el día siguiente al en que surta efecto la notificación, y se contará en ellos el día del vencimiento, y el diverso 764, del cual se advierte que el elemento que debe atenderse para considerar que surte efectos una notificación mal hecha u omitida, es el relativo al momento en el que el afectado tiene conocimiento de la actuación procesal, es decir, el momento en el que se ostenta sabedor de ella. En tal virtud, se concluye que el incidente de nulidad de notificaciones en el procedimiento laboral deberá promoverse dentro del plazo genérico de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que el afectado tenga conocimiento o se manifieste sabedor de la actuación procesal cuya nulidad promueve, y se contará el día de su vencimiento. Asimismo, fundamenta la determinación, la tesis aprobada por el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, visible en la página 648, del Tomo III, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1989, en el Semanario Judicial de la Federación, de la Octava Época, que dice: "RECURSOS ORDINARIOS, DEBEN AGOTARSE LOS, PREVIO AL JUICIO DE GARANTIAS AUN Y CUANDO SE ALEGUEN VIOLACIONES A PRECEPTOS CONSTITUCIONALES.- Aun y cuando en la demanda de amparo se aleguen violaciones a los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, por falta de fundamentación y motivación en el acto reclamado, lo cierto es que, substancialmente se impugnan violaciones a las leyes ordinarias e indirectamente los de la garantía de legalidad que contemplan los preceptos supraindicados, esto es, al lado de las violaciones directas a la Constitución, se alegan violaciones al procedimiento seguido por la responsable para imponer multas, por no cumplir con los requisitos de seguridad e higiene, así como no instalar comisión mixta de capacitación en la empresa y pretende también que no le sea aplicable la Ley Federal del Trabajo, sino "un reglamento de aplicación federal", por tratarse de una empresa minera; de lo anterior, es claro que contrario a lo alegado, sí estaba obligado el hoy recurrente a intentar, previo al juicio de garantías el recurso que establece el artículo 23 fracción III de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación; en consecuencia, no hay razón para pretender, que por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones de garantías de legalidad por estimar que se vulneran preceptos de leyes secundarias violación a la garantía de audiencia, no debe agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad al acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes; lo contrario, esto es, de estimar procedente el juicio de amparo por el simple hecho de hacer referencia a violaciones de preceptos constitucionales, sin que el afectado cumpla la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que establece la ley ordinaria que estima infringida, haría imperativo el criterio del quejoso para optar, entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca." Por las razones apuntadas, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo; lo que obliga a este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento jurídico invocado, a desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa, por reclamarse actos notoriamente improcedentes. Finalmente, con relación al acto que se hace consistir en la abstención (por parte del actuario de la junta responsable) de ejecutar el embargo de trece de agosto de dos mil dieciocho, esto dentro de los autos del expediente laboral 1735/2012/L1/CC/IND; resulta procedente desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa, al encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Pues como manifiesta la impetrante, tal abstención por parte del diligenciario de la junta señalada como responsable, aconteció el trece de agosto del año que transcurre; de manera tal que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, en relación con el diverso artículo 17, de la Ley de Amparo; y por tanto resulta imperativo su desechamiento, en términos de lo dispuesto en el artículo 113 del propio cuerpo legal. Ahora bien, la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo literalmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento [.]" Por su parte, el artículo 17 de la ley reglamentaria invocada, señala: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.". Así, se pone de manifiesto que el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en el artículo 17 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: Cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a). Un acto de autoridad. b). Una persona afectada por tal acto. c). La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención. d). El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción. e). El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Pues bien, con respecto a la presentación de la demanda de amparo, el artículo 17 de la Ley de Amparo, precisa que el término para realizarla, ante la correspondiente autoridad judicial federal del conocimiento, "será de quince días", debiéndose entender que tal término es improrrogable y por tanto, fatal, para el quejoso; aunque esto no se consigne expresamente, deberá sobreentenderse. En lo que nos ocupa, todos los elementos anteriores, se actualizan, habida cuenta que la segunda hipótesis del numeral 17 de la Ley de Amparo, señala que el término para promover el juicio de amparo comenzará a correr a partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; y en el caso, la parte quejosa se duele de un acto que aconteció y conoció el trece de agosto de dos mil dieciocho; por lo cual, el término de quince días para la promoción de la acción constitucional, comenzó a correr el día quince de agosto de dos mil dieciocho y concluyó el cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, sin contar los días sábados y domingos comprendidos en ese periodo, por ser inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo invocada. En consecuencia, el término de quince días para la promoción de la acción constitucional, ha transcurrido en exceso, toda vez que del sello de recibo de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Celaya, se advierte que la demanda de amparo motivo de este juicio fue presentada el veinte de septiembre del actual, por lo que su presentación resulta extemporánea, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del en materia Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 1931, del Tomo XXXI, Enero de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA).- El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." Además de la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en la página 11, Tomo VI, Materia Común, que comprende los años de 1917 a 1995, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, cuyo tenor literal es como sigue: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala.". Por las razones apuntadas, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se impone desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa, por reclamarse actos notoriamente improcedentes. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. En otro aspecto, se hace del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando Décimo Quinto del Reglamento de la Suprema corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. DOMICILIO PROCESAL. Se tiene como domicilio de su parte para recibir notificaciones personales, el ubicado en calle *** de esta ciudad. AUTORIZADOS DE LA PARTE PROMOVENTE. Se tiene como autorizados de su parte TÉRMINOS AMPLIOS del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados ***, en virtud de que tiene registrada su cédula profesional en la base de datos que se configuró en cumplimiento al Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Finalmente, en observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que de igual forma protege el artículo 21 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · 7,966 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano