Blanca Mireya Gallardo Gutierrez

Expediente 246/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de abril de 2016.

Datos del expediente

Expediente
246/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
15/04/2016

Partes del expediente

  • Blanca Mireya Gallardo Gutierrez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que el proveído dictado el cinco de abril de dos mil dieciséis, mediante el cual se desechó la demanda de garantías, no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Tomando en consideración el sentido de la determinación final dictada en autos del juicio de amparo en que se actúa, en cumplimiento al punto vigésimo primero fracciones I, II y III del acuerdo en cita, se estima que el expediente en que se actúa es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Hágase la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, el cual deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se cumpla el plazo de cinco años; o en caso de resultar procedente, en el de tres (transferencia provisional).

  2. Principal

    CONSTANCIA.- En cumplimiento al acuerdo de cinco de abril de dos mil dieciséis, por este medio se notifica a la parte quejosa, la resolución dictada el cinco de abril de la presente anualidad , que en lo conducente dice: Visto el escrito de cuenta, se provee: téngase por recibida la demanda de amparo que promueve ***, contra actos del Juez Tercero Civil de Partido, con sede en Salamanca, Guanajuato, que considera violatorios en su perjuicio de las garantías contenidas en el artículo 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 246/2016-V, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. En ese sentido, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo establece textualmente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de garantías para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia número 747, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 503, Tomo VI, Apéndice 1995-2000, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Ahora bien, al realizar una revisión de las constancias remitidas, se advierte que constituye un hecho notorio para este resolutor federal que---, promovió a favor de la quejosa ***, diversa demanda de garantías, la cual por razón de turno le correspondió conocer a este Juzgado de Distrito, misma que fue registrada con el expediente número ***, apreciándose del capítulo de antecedentes lo siguiente: "... Resulta ser que en fecha de 31 de octubre de 2013, se radico juicio sucesorio intestamentario a bienes del señor ***, promovido por la señora ***, resultando que por la naturaleza de dicho procedimiento se debió señalar domicilio y nombre de probables acreedores de los bienes del de cujus, en este caso del señor ***, y como se acreditó con la documental pública que mi mandante anexó, ésta última tenía la calidad de concubina del señor López Aguilar, a lo que la señora *** debió de haber notificado de dicha promoción a mi mandante, toda vez y a sabiendas de que la señora Aguilar conocía el domicilio de mi mandante esta última maliciosamente omitió hacer dicha notificación, ya que dicho domicilio en el que actualmente se encuentra viviendo mi mandante fue el último que compartió con el señor ***, mismo que se indicó en los generales del presente escrito, del resultado de lo anterior resulta ser que en fecha 28 de enero de 2014 se procedió a dictar declaratoria de herederos, misma que mi mandante no pudo participar, toda vez que se dio por enterada de dicho proceso hasta el 20 de marzo del presente año, razón bastante que evidencia los agravios en los que se han cometido en perjuicio de mi mandante, por lo que solicito se le reconozca la personalidad con la que se ostenta en el presente juicio." Así mediante auto de veintinueve de abril de dos mil catorce, se desechó de plano, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, ya que la misma no fue interpuesta dentro del término legal que marca la ley de la materia, tal como se aprecia de la siguiente transcripción: "[.] conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo vigente, el juicio de garantías debe promoverse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite al quejoso promoverlo desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución, e incluso, al en que se haya ostentado sabedor de los mismos. Así, resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de garantías, fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal, de lo que se sigue que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Por otra parte, es pertinente destacar que el artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, de forma general, establece el plazo para promover el juicio de amparo, ya sea en la vía directa o indirecta. Por tanto, la esencia del referido numeral 17, se sustenta en el conocimiento del acto reclamado, puesto que es suficiente que en la demanda de garantías el promovente manifieste la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, para que ésta constituya el punto de partida a efecto de determinar la oportunidad del juicio de amparo, siempre y cuando no exista prueba que demuestre lo contrario. En el caso concreto, de las manifestaciones vertidas por la parte quejosa en su escrito de demanda, a las que se les otorga valor pleno como CONFESIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención a la jurisprudencia 2ª./J.50/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 64, Tomo XVI, julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "AMPARO CONTRA LEYES. EL MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE SU IMPROCEDENCIA, PUEDE SUSTENTARSE EN LA CONFESIÓN DEL QUEJOSO DE QUE NO RECLAMA EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN SINO UNO POSTERIOR." De lo anterior, se advierte que la demanda en estudio se promovió de forma extemporánea, al haberse presentado después de los quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo vigente. Sentado lo anterior, se tiene que de la lectura íntegra de la demanda de la parte quejosa, se desprende que reclama en esencia dos actos, a saber los acuerdos de veintiocho de enero de dos mil catorce y veinte de marzo siguiente, manifestando bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento del primero, el veinte de marzo del año que corre, y del segundo, el veintiuno posterior; por tanto, las citadas datas se deben tomar como base para realizar el cómputo del término de los quince días a que se refieren los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo vigente. Ahora bien, si la parte quejosa tuvo conocimiento de los actos reclamados cuando menos, desde el veinte y veintiuno de marzo del actual, respectivamente, el plazo para promover la demanda de amparo transcurrió del veinticinco de marzo al catorce de abril de dos mil catorce para ambos, sin contar los días veintiuno, veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de marzo, así como cinco, seis, doce y trece de abril de dos mil catorce, por ser inhábiles; por lo tanto, es evidente que consintió el acto reclamado, toda vez que al día en que se actúa ha transcurrido evidentemente en exceso el término de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, para que las partes puedan promover el juicio de amparo. [.] En mérito de lo anterior, si la demanda de amparo se recibió el veintiocho de abril de dos mil catorce, como se advierte de la papeleta de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad (foja 1), resulta claro que el presente juicio de amparo, como se dijo, se encuentra fuera del plazo legal establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, por lo que ese acto debe considerarse consentido tácitamente.[.]" Lo anterior, se invoca acorde a la jurisprudencia emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, visible a página 295, Tomo V, enero de mil novecientos noventa y siete, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento." Ahora bien, de la demanda de garantías que da origen a este juicio, la quejosa señala como acto reclamado medularmente la falta de llamamiento al juicio sucesorio intestamentario ***, del índice del Juzgado Tercero Civil de Partido de Salamanca, Guanajuato, en su calidad de concubina del de cujus, según se aprecia de la transcripción siguiente: "...Resulta ser que en fecha de 31 de octubre de 2013, se radico juicio sucesorio intestamentario a bienes del señor *** promovido por la señora *** resultando que por la naturaleza de dicho procedimiento se debió señalar domicilios y nombres de probables acreedores de los bienes del de cujus, no obstante quien suscribe tiene la calidad de concubina del señor ** a lo que la señora *** debió de haber notificado de dicha promoción a la suscrita, toda vez y a sabiendas de que la señora *** conocía el domicilio y la relación existente entre la suscrita y el de cujus hacer dicha notificación, ya que dicho domicilio en el que actualmente se encuentra viviendo la suscrita fue el último que compartió con el de cujus, mismo que se indicó en los generales del presente escrito, aunado a esto quien suscribe fue la que Ilevo y Ileva la administración total de los bienes que fueron del cujus en vida manifestando que la suscrita acredito su personalidad de concubina con el de cujus dentro del juicio mucho después de haber iniciado dicho juicio por la situación de que nunca le fue notificado la existencia de tal juicio y la juez del mencionado juzgado tercero civiI no reconoció la intervención de la suscrita en el juicio, toda vez que ya se había hecho la declaratoria de herederos, cabe mencionar además que la suscrita ya había iniciado un juicio sucesorio y jamás se solicito un informe para verificar si existía o no otro juicio sucesorio respecto de los bienes del decujus del juicio en mención, señalando que este se radico en el juzgado Primero de Partido Civi I bajo el número de expediente --- de la ciudad de Salamanca, Guanajuato, por lo que solicito se gire atento oficio a los despachos de ese juzgado y se acredite la veracidad de lo narrado en el presente agravio." Al respecto, el artículo 61, fracción XI de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior". Ahora bien, como se desprende del diverso juicio de amparo ---, con fecha veintinueve de abril de dos mil catorce, se desechó de plano la demanda de garantías, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, por no haberse interpuesto dentro del término legal que marca la ley de la materia; mismo que quedó firme según se aprecia del proveído de treinta de mayo de dos mil catorce, del aludido juicio. En consecuencia, resulta incuestionable, que en la especie se a ctualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XI de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto que reclama en la demanda de garantías de cuenta, ya fue materia del juicio de amparo ***, esto es, la falta de llamamiento al juicio sucesorio intestamentario *** del índice del Juzgado Tercero Civil de Partido de Salamanca, Guanajuato, con independencia de que ahora agregue como dato novedoso, que ella promovió diverso intestamentario el cual fue radicado con el número *** del índice del Juzgado Primero Civil de Salamanca, puesto que en esencia, el acto de que se duele en ambos juicios de amparo, es el mismo. No se desatiende que al tratarse de un desechamiento de demanda, no constituye un pronunciamiento en torno a la constitucionalidad del acto reclamado, empero, sí actualiza la cosa juzgada en los términos analizados, puesto que existe un pronunciamiento firme e inamovible, cuyo contenido no puede desconocerse. Apoya la anterior determinación, la tesis I.5o. P.1K (10a.), sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Tomo: III, Febrero de 2014, consultable en la página 2306, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro y texto dice: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO. CASO EN QUE EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE AMPARO (VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). Si un juicio de amparo anterior resultó improcedente respecto del acto reclamado por estimarse que la demanda era extemporánea, y por ello se desechó y tal determinación adquirió firmeza por no haber sido recurrida, esa eventualidad aun tratándose de desechamiento de demanda hace inejercitable la acción de amparo si en una posterior demanda el quejoso reclama el mismo acto, pues si bien es cierto aquella determinación no constituye un pronunciamiento en torno a la constitucionalidad del acto reclamado, sí actualiza la cosa juzgada en términos del artículo 61, fracción XI de la Ley de Amparo vigente (a partir del tres de abril de dos mil trece), al existir un pronunciamiento firme e inamovible, cuyo contenido no puede desconocerse." (Lo subrayado es propio de este juzgado) De igual forma, por las razones que la informan, sirve de apoyo la tesis V. 2o. 215 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, consultable en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo: XIV, de Septiembre de 1994, visible en la página 256, que a la letra dice: "AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL. POR HABER SIDO EL ACTO MATERIA DE OTRO AMPARO (ARTICULO 73, FRACCION IV, DE LA LEY DE AMPARO). La causa de improcedencia que establece la fracción IV del artículo 73 de la Ley de Amparo, no puede referirse sino a juicios completamente terminados, ya que habla de actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías, y al citar la disposición mencionada, la fracción que le precede, se contrae exclusivamente a los amparos que hayan sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, y no puede pretenderse que quiera referirse a amparos que se encuentren pendientes de resolución. Y la diversa tesis I.7o.A.132 K, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 2717 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Novena Época, Abril de 2010 "COSA JUZGADA. HIPÓTESIS EN QUE SE ACTUALIZA DICHA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA, AUN CUANDO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS ANTERIOR, PROMOVIDO POR EL MISMO QUEJOSO, CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR IDÉNTICOS ACTOS RECLAMADOS, SE HAYA SOBRESEÍDO: El artículo 73, fracción IV, de la Ley de Amparo prevé que el juicio de garantías es improcedente contra leyes o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías. Ahora bien, si el quejoso promueve un juicio de amparo que se sobresee y, con posterioridad, inicia otro contra las mismas autoridades responsables y por idénticos actos reclamados, procede también sobreseer en éste, a pesar de que en el primero no se analizó el fondo del asunto planteado, si no se demuestra fehacientemente que los hechos y circunstancias que llevaron a tomar nuevamente dicha determinación fueron distintos a los inicialmente estudiados o que a la presentación de la nueva demanda imperan nuevas situaciones de hecho que modifican lo antes analizado. En consecuencia, lo resuelto en el primer juicio adquiere firmeza, por identidad de los alcances del concepto de ejecutoria, por razones de legalidad, seguridad jurídica y congruencia en las resoluciones de los tribunales de amparo, pues lo contrario implicaría desconocer la decisión previa adoptada, y más aún, avalar la coexistencia de resoluciones contradictorias, ante la probabilidad de que en una segunda controversia se concluya en sentido opuesto respecto de hechos ya examinados.". Por lo que, con fundamento en los artículos 61, fracción XI y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por ***, por motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Por otra parte, se autoriza en términos restringidos del artículo 12, de la Ley de Amparo a la persona que indica en su ocurso de cuenta, toda vez que no cuenta con cédula profesional de licenciada en derecho registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y, por así haberlo solicitado la promovente. Ahora bien, tomando en consideración que el promovente solicita se le tenga como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, lo que no es técnicamente posible, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, la presente determinación, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, practíquensele mediante lista de acuerdos que se fije en los referidos estrados de este órgano jurisdiccional. Resulta aplicable a lo anterior, el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, visible en la página 1067, Tomo VIII, Diciembre de 1998, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor literal siguiente: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL. Del contenido de los artículos 28, fracción III, 29, fracción III y 30, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se colige que por domicilio o casa para oír y recibir notificaciones, en el lugar de residencia del Juez o tribunal que conozca del asunto, debe entenderse el señalamiento que haga el quejoso de un lugar diverso a los estrados, hipótesis en la cual, si la autoridad judicial ordena una notificación personal, el actuario debe apegarse a las formalidades a que alude la fracción I del artículo 30 de dicha ley; empero, si señala como tal los estrados del tribunal, por analogía, se estará a lo que prevé la primera parte de la fracción II del propio dispositivo legal, en el sentido de que cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de casa o despacho para oír notificaciones, la notificación se hará por lista; puesto que la forma de notificar por estrados, acorde con lo que preceptúa el numeral 28, fracción III, de la ley de la materia, es a través de una lista que se coloca en las oficinas del tribunal o juzgado, en un lugar visible al público." Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el actuario practique cualquier diligencia en el juicio de amparo en que se actúa; asimismo, con fundamento en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, se le faculta para que en el supuesto de no lograr la notificación personal de algún proveído, ante la presencia de causas que impidan dicha notificación, lo haga mediante la publicación en la lista de acuerdos correspondiente. Por último, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado el seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello. Hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de las facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación.

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