Blanca Nieves Valle

Expediente 725/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
725/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
11/10/2016

Partes del expediente

  • Blanca Nieves Valle

Actuaciones

  1. Principal

    NOTIFICACIÓN PERSONAL.

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN PERSONAL

  3. Principal

    CONSTANCIA. En atención a que la parte QUEJOSA no compareció los días veintisiete ni veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, no obstante el CITATORIO que se le dejó para tal fin, por este medio medio se le notifica el proveído de veintitrés del citado mes y año, el cual en lo conducente dice: Téngase por recibido el escrito que suscribe la quejosa ---, mediante el cual en cumplimiento con el requerimiento que se le formuló mediante proveído de trece de septiembre del año en curso, señala los actos reclamados, consistentes en: 1) Constancia de verificación -- de veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, emitida por personal de la Comisión Federal de Electricidad. 2) Oficio --- de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, emitido por la representante y apoderada legal de la ---, consistente en el cobro indebido, y 3) Cualquier instrucción de cortar el suministro de energía eléctrica. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo y en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Esencialmente, el citado criterio jurisprudencial interpreta que para el desechamiento de plano de la demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo como cita sea manifiesto, es decir, cuando se advierta, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Por otra parte, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, según sea el caso específico. Sentado lo anterior se tiene que, respecto del acto que aquí reclama la promovente del amparo: consiste en: "IV. ACTO RECLAMADOS. 1. La constancia de verificación número --- de fecha 24 de agosto de 2016, emitido por personal de la Comisión Federal de Electricidad que se constituyó en mi negocio y que al parecer responde al nombre de ---, ya que no es legible totalmente. 2. El oficio --- de fecha 31 de agosto de 2016 dos mil dieciséis, emitido por la REPRESENTANTE Y APODERADA LEGAL DE LA ZONA DE DISTRIBUCIÓN BAJÍO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD LICENCIADA ---, DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., consistente en el cobro indebido y carente de una debida fundamentación y motivación. 3. Mientras que en relación al SUPERINTENDENTE DE LA ZONA DE DISTRIBUCIÓN BAJÍO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., por el hecho de que personal a su mando sin oficio alguno han pretendido cortar el servicio de suministro de energía eléctrica, y de ambos cualquier instrucción de pretender suspender el servicio de suministro de energía eléctrica." En tales condiciones, por lo que ve a los actos que se reclaman descritos con antelación, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el artículo 5, fracción II de la Ley de Amparo, este último en sentido contrario. En efecto, los artículos 5, fracción II y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." "Artículo 61: El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De la interpretación de los preceptos legales antes mencionados se advierte que el juicio de amparo procede contra leyes o actos de la autoridad que violen derechos fundamentales; sin embargo, cabe precisar que no cualquier acto que provenga de autoridad es susceptible de ser reclamado en dicho medio de defensa extraordinario, sino sólo aquel acto positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implica una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley), que constituye un acto concreto de efectos particulares (acto estricto sensu), imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. Siendo estos últimos elementos los que determinan que el juicio de amparo sea procedente en contra de los actos que se atribuyen a las autoridades, por lo que se estima conveniente hacer las siguientes precisiones: El acto de autoridad es unilateral porque para su existencia y eficacia no requiere del concurso o colaboración del particular frente al cual se ejercita. Es imperativo, porque supedita la voluntad de dicho particular, frente a éste, y es coercitivo porque puede constreñir, forzar al gobernado para hacerse respetar. Asimismo, este Juzgador considera pertinente establecer las diferencias que existen cuando se presentan las relaciones jurídicas entre la autoridad y los gobernados, esto es, en el ámbito de supra subordinación y de coordinación, determinando lo siguiente: Las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca el procedimiento contencioso administrativo y el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan, por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad, u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes. En cambio, las relaciones de coordinación son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales a esos efectos. En el caso concreto, la parte promovente reclama esencialmente: 1) La constancia de verificación número --- de fecha 24 de agosto de 2016, emitido por personal de la Comisión Federal de Electricidad; en vía de consecuencia 2) El oficio --- de fecha 31 de agosto de 2016 dos mil dieciséis, consistente en el cobro indebido del servicio de energía eléctrica, así como 3) el corte del servicio de suministro energía eléctrica; lo cual constituye un servicio que presta la Comisión Federal de Electricidad, no como autoridad sino como una contraprestación que deriva de un contrato de adhesión. De lo anterior se colige que los actos reclamados no son emitidos con la facultad de imperio que caracteriza a un acto de autoridad, es decir, de supra a subordinación, sino que se emite en un plano de igualdad (coordinación), toda vez que inciden en una relación contractual, en la que existe un acuerdo de voluntades entre la Comisión Federal de Electricidad y el particular, respecto de la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica, por lo que en la especie, los actos que les atribuye a las autoridades responsables, no constituyen un acto de autoridad. Así las cosas, el juicio de amparo es procedente únicamente cuando quien acude a esta vía es por violación a sus derechos fundamentales por autoridades que en uso de sus facultades, emiten, promulguen, ejecuten, extinguen o modifiquen de forma unilateral actos lesivos de su esfera jurídica a través de la afectación de su interés jurídico o de su interés legítimo; es decir, tales actos sólo ocurren en una relación de supra a subordinación, lo que en el caso concreto no acontece. No obsta a lo anterior, el hecho de que con la entrada en vigor de la nueva Ley de Amparo, se contempla la posibilidad de que los particulares puedan ser señalados como autoridades responsables cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, sin embargo, en el caso no se surte dicha hipótesis por lo siguiente: El artículo 5° de la Ley de Amparo que contempla la posibilidad de promover amparo contra actos emitidos por particulares, no incide en el presente caso, porque la Comisión Federal de Electricidad no es un particular, sino que, en términos de lo dispuesto por el artículo 2° de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, es una empresa productiva del Estado de propiedad Exclusiva del Gobierno Federal. Además, aun considerando que la Comisión Federal de Electricidad fuera un particular, tampoco es procedente el juicio de amparo, porque la apertura de la nueva Ley está limitada a aquellos casos en que los particulares actúan cual si fueran autoridad, es decir, la apertura del amparo tiene como primera condición que un particular modifique, suprima o cree, por sí y ante sí, algún derecho de otro particular, en un plano de supra a subordinación. Por ende, dicha Comisión cuando presta el servicio de energía eléctrica lo hace a raíz de un contrato de adhesión en el que la relación que se genera es de coordinación y no de supra a subordinación y ello no cambia por la referida figura del amparo contra particulares; así, no obstante que sus funciones se encuentren previstas en una norma, los actos emitidos por la prestación del servicio de energía eléctrica no son equivalentes a los de autoridad. Resta mencionar a este respecto, que la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, ha considerado que en los conflictos que se susciten de esta naturaleza la Comisión Federal de Electricidad, efectivamente, actúa en un plano de coordinación con la persona a la cual se le presta el servicio de suministro de energía eléctrica y que, de surgir controversia alguna en torno a dicha cuestión, la vía ordinaria mercantil será la idónea para su trámite y solución; lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio. Y no obsta que la quejosa haya señalado como actos reclamados: la Constancia de verificación --- de veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, emitida por personal de la Comisión Federal de Electricidad, así como el oficio --- de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, emitido por la representante y apoderada legal de la --, consistente en el cobro indebido, y cualquier instrucción de cortar el suministro de energía eléctrica, toda vez que todos ellos son derivados del mismo contrato de adhesión a que se hizo alusión, ya que si el contrato de adhesión de acuerdo con la tesis antes señalada tiene naturaleza mercantil, los actos que deriven de dicho contrato tenderán esa misma naturaleza. En consecuencia, toda vez que se advierte de forma patente y absolutamente clara que opera la causal de improcedencia en estudio en relación con el acto reclamado, además de que se cuenta con todos los elementos para llegar a esa determinación; con fundamento en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, así como en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la presente demanda de amparo. Por otra parte, téngase como domicilio de la parte quejosa el que indica en su escrito de demanda; asimismo, se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ---, ---, --- y --, en virtud de que cuentan con cédula profesional de licenciado en derecho registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, previsto por el Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y a las demás personas que indica en términos restringidos por no contar con el requisito anteriormente descrito. Por otra lado, con apoyo en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, este tribunal habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo. Hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de las facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. Por último, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello.

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