Blanca Guadalupe Anguiano Laguna

Expediente 1071/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1071/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Blanca Guadalupe Anguiano Laguna

Actuaciones

  1. Incidental

    Irapuato, Guanajuato, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Como está ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, con copia de la demanda y escrito aclaratorio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley de Amparo, fórmese por cuerda separada el incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo 1071/2023 promovido por ********, en su carácter de apoderado legal de ******, contra actos que reclama del Juzgado de Oralidad Laboral Regional con sede en esta ciudad, que considera violatorios de los derechos fundamentales contenidos en el artículo 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. INFORME PREVIO Requiérase a la autoridad responsable para que en el término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir del momento en que reciba el oficio correspondiente, rinda su informe previo, en el que manifieste si son ciertos o no los actos reclamados por la parte quejosa y en su caso, las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. En el entendido de que el informe solicitado, podrá ser remitido a este Juzgado vía fax al teléfono 462 62 4 40 81, vía telegráfica, por correo electrónico a la dirección institucional 10jdo16cto@correo.cjf.gob.mx, o bien, por vía ordinaria; pero únicamente por una de las vías antes señaladas. En ese orden, con la finalidad de incentivar el uso de tecnologías en la impartición de justicia, se precisa a la autoridad responsable que puede proporcionar una cuenta de correo electrónico para establecerlo como medio de contacto con el personal del juzgado, o bien, para que la práctica de notificaciones judiciales. Asimismo, para facilitar la integración y consulta del expediente electrónico, se solicita que se envíen las constancias completas y legibles necesarias para apoyarlo, debidamente digitalizadas, a través de medios tecnológicos tales como discos magnéticos o memorias "USB", corroborando que los archivos electrónicos que se adjunten se encuentren libres de virus, o bien, de no ser posible, las remita de manera física. En la inteligencia, que de no rendir su informe previo se presumirá cierto el acto que se le reclama y se impondrá por omisa, una multa de cien veces la unidad de medida y actualización vigente. Para efecto de lo anterior, remítase a la responsable copia simple de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio. Hágase saber a la autoridad responsable que en caso de que sea necesario señalar una nueva hora y fecha para el desahogo de la audiencia incidental durante el transcurso del incidente, así como lo atinente a la notificación de otros acuerdos de mero trámite, podrá consultarlo en las listas que se publiquen en los estrados de este órgano jurisdiccional, o bien, en la página de internet http://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en la página 1253, libro XVI, tomo 2, enero de dos mil trece, correspondiente a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar.". AUDIENCIA INCIDENTAL Para que tenga verificativo el desahogo de la audiencia incidental se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS; la que se fija en atención a las cargas de trabajo con las que cuenta este juzgado. ESTUDIO DE LA MEDIDA CAUTELAR De la interpretación sistemática de los artículos 125 a 158 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción X, del artículo 107 constitucional, se tiene que fuera de los casos previstos en el artículo 126 de la Ley de Amparo, la paralización de los actos reclamados en el juicio de amparo se encuentra condicionada a la integración de todos los presupuestos jurídicos siguientes: Solicitud de la medida y señalamiento del acto que pretende paralizarse. Certeza de los actos reclamados. Existencia de materia para la suspensión o medida cautelar. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; e, Interés jurídico que, de ser el caso, implica que se compruebe la apariencia del buen derecho (juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante del amparo frente a las violaciones alegadas, de modo que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia definitiva se concederá la protección de la Justicia de la Unión del acto impugnado); lo cual de colmarse, debe sopesarse respecto del perjuicio que pueda ocasionarse al interés social con la concesión de la medida. Se precisa que la ausencia de cualquiera de dichas condiciones tiene como consecuencia que deba negarse la medida cautelar. SOLICITUD DE LA MEDIDA CAUTELAR (fijación del acto a paralizar) El numeral 128, fracción I de la Ley de Amparo, establece como uno de los requisitos para la procedencia de la suspensión que exista petición de parte; en tal virtud, es necesario que la quejosa señale claramente los actos cuya suspensión se solicita. En el caso existe dicho requisito, pues la parte quejosa solicitó la medida cautelar e indicó que el acto que pretende paralizar consiste en: -El acuerdo de cinco de septiembre del año dos mil veintitrés, dictado por el juez de Oralidad Laboral Regional, con sede en esta ciudad, en el expediente laboral ****** de su índice, en el que únicamente admitió la demanda respecto de la declaratoria de beneficiarios, no así del reclamo de diversas prestaciones laborales. PRESUNCIÓN DE CERTEZA DEL ACTO RECLAMADOS Para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional, el juez debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos, salvo que las manifestaciones vertidas por la parte quejosa desvirtúen su existencia, pues no puede partirse del supuesto de que los actos son ciertos cuando el propio inconforme lo reconoce en los hechos de la demanda; sin que ello prejuzgue sobre su procedencia pues para tal efecto deben analizarse los requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo. En esas condiciones, el acto debe tenerse por cierto con base en la manifestación que, bajo protesta de decir verdad, realiza la parte quejosa en relación con su emisión, lo cual merece valor probatorio merced al principio de probidad que rige el juicio de amparo que implica considerar que las partes se conducen con verdad y que sus afirmaciones son ciertas, con lo que cualquier afectación sobre sus derechos se presumen ciertos. Lo anterior, conforme a lo establecido en la jurisprudencia 5/93, publicada en la página 12, Núm. 68, Agosto de 1993 Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "SUSPENSION PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO. Para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional, los Jueces de Distrito deben atender a las manifestaciones del quejoso hechas en su demanda bajo protesta de decir verdad, cuando se duele de que existe peligro inminente de que se ejecute, en su perjuicio, el acto reclamado, ya que, por regla general, son los únicos elementos con que cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar, sin que proceda hacer conjeturas sobre la improbable realización de los actos que el quejoso da por hecho se pretenden ejecutar en su contra, pues para resolver sobre la suspensión provisional, el juez debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Ello sin perjuicio de analizar si en el caso concreto se cumplen o no los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo." NATURALEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS (materia para la suspensión) Los actos reclamados, sus efectos y/o consecuencias, deberán ser paralizables de no haberse consumado en forma jurídica y materialmente irreparable; o bien, aquéllos deberán, al momento de resolverse la suspensión, contener efectos vigentes que perjudiquen a la parte quejosa en forma actual y presente, de manera que las violaciones permanezcan vivas y exista materia para la medida cautelar. En el caso, la parte quejosa solicita que se suspenda el acto reclamado sin precisar ningún efecto, pues solo señala que se le podría causar un daño inminente e irreparable. Al respecto, debe decirse que el acto no es paralizable, pues no se satisfacen los requisitos del artículo 128 de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, ya que de otorgar la medida cautelar en los términos propuestos, se contravendrían disposiciones de orden público, así como el artículo 17 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, toda vez que los actos en estudio son tendentes y procesalmente indispensables en la secuencia de las fases de la función jurisdiccional y, por ello, les reviste el carácter de actos de interés social, pues corresponden a la administración de justicia que debe ser pronta y expedita. Por tanto, dado el interés social que subyace en ello, no pueden considerarse, por sí mismos, como generadores de afectación al interés jurídico del quejoso, pues en el caso, no se advierte que el derecho particular de la incidentista sea oponible al interés general que tiene la colectividad de que la tramitación de los procesos jurisdiccionales sea expedita, como en el caso acontece. Resulta aplicable en lo conducente la jurisprudencia 2a./J. 81/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 357 del tomo XVI, Julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. AL RESOLVER SOBRE ELLA, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE EXPONER, EN SU CASO, LOS MOTIVOS POR LOS QUE CONSIDERE SE OCASIONA O NO PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL Y SI SE CONTRAVIENEN O NO DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO. Uno de los requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para el otorgamiento de la suspensión definitiva, es el relativo a que con tal otorgamiento no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha definido lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, en tanto que la apreciación de su existencia depende del caso concreto y toda vez que los juzgadores de amparo deben respetar el mandato constitucional relativo a la fundamentación y motivación de sus resoluciones como una formalidad esencial del procedimiento, tal como se desprende del contenido de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 77 de la Ley de Amparo y 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2o. de la ley que regula el juicio de garantías, se concluye que dichos juzgadores, según sea el caso, al otorgar o negar la suspensión definitiva del acto reclamado deben exponer los motivos por los que consideren se ocasiona o no perjuicio al interés social, o si se contravienen o no disposiciones de orden público." EFECTOS Y CONSECUENCIAS DEL ACTO RECLAMADO En diverso aspecto, por lo que ve a las consecuencias del acto reclamado, se considera que con lo solicitado no se causa perjuicio al interés social ni al orden público, que tiene que ver con los mayores beneficios que aseguren el desarrollo armónico de la comunidad. PONDERACIÓN DEL INTERÉS PARTICULAR SOBRE EL INTERÉS SOCIAL Y LAS DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO El artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, establece como uno de los requisitos necesarios para la procedencia de la suspensión solicitada, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el Juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del Juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad. Por lo que ve a los efectos solicitados, se considera que no se causa perjuicio al interés social ni al orden público, que tiene que ver con los mayores beneficios que aseguren el desarrollo armónico de la comunidad, pues en caso de ejecutarse el acto reclamado se verían afectados derechos sustantivos de la parte quejosa, porque puede generarse que el juicio natural se resuelva sin tomar en cuenta las diversas prestaciones que demandó. INTERÉS SUSPENSIONAL -ESTUDIO DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO- La noción de interés suspensional, corresponde a la verosimilitud de la titularidad del derecho afectado por la emisión del acto de autoridad o su ejecución, para lo cual se necesita acreditar, al menos indiciariamente, el derecho para obtener la medida cautelar solicitada. En el caso se acredita el interés suspensional con la manifestación que, bajo protesta de decir verdad, realiza la parte quejosa en el sentido de que es parte actora en el juicio de origen y que el juez laboral no admitió la demanda respecto de las prestaciones laborales generadas por la trabajadora fallecida, sino que solo la admitió respecto de la declaratoria de beneficiarios, lo cual vulnera sus derechos fundamentales; lo cual merece valor probatorio merced al principio de probidad que rige el juicio de amparo que implica considerar que las partes se conducen con verdad y que sus afirmaciones son ciertas, por tanto, cualquier afectación sobre sus derechos les afecta. Cobra aplicación al caso, por las razones que la conforman, la tesis I.4o.A.15 K (10a.), del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 2166, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, que dice: "INTERÉS SUSPENSIONAL. SU NOCIÓN EN EL CONTEXTO DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN X, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011. El citado precepto constitucional dispone que para resolver sobre la suspensión de los actos reclamados, cuando la naturaleza de éstos lo permita, el juzgador deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, expresión que destaca diversos elementos que deben tomarse en consideración para decidir sobre la procedencia de esa medida cautelar. En ese contexto, se considera que la noción de interés suspensional, en relación con el diverso numeral 124, fracción III, de la Ley de Amparo, corresponde a la verosimilitud de la titularidad del derecho afectado por la emisión del acto de autoridad o su ejecución, para lo cual se necesita acreditar, al menos indiciariamente, el derecho para obtener la medida cautelar solicitada. En otras palabras, el denominado interés suspensional es el vínculo entre quien solicita la medida cautelar por la posibilidad de afectación a su esfera jurídica, con una determinada relación sustancial, en la inteligencia de que ese interés es distinto de la mera solicitud a que alude la fracción I del citado artículo 124, pues ésta únicamente debe entenderse como una condición para acceder a la medida cautelar, cuya existencia permite al Juez de amparo analizar si se cumplen los requisitos de los que depende su otorgamiento. De ahí que el interés suspensional pueda considerarse comprendido en la apariencia del buen derecho, que se traduce en la justificación preliminar de la titularidad del derecho en juego". Así, se satisfacen los mencionados requisitos para la concesión de la presente medida precautoria, esto es, que la solicita la parte quejosa, tan es así que ello motiva la sustanciación de este incidente; con lo solicitado no se causa perjuicio al interés social ni al orden público, que tiene que ver con los mayores beneficios que aseguren el desarrollo armónico de la comunidad; en caso de ejecutarse el acto reclamado se verían afectados derechos sustantivos de la parte quejosa, porque puede generarse que el juicio natural se resuelva sin tomar en cuenta las diversas prestaciones que demandó. Por tanto, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional solicitada. EFECTOS DE LA CONCESIÓN En ese tenor, con apoyo en el precepto legal 150 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional para el efecto de que, sin paralizar el procedimiento, se continúe con el trámite del juicio***** de la estadística de la Juzgado Laboral de esta ciudad pero, llegado el momento, se abstenga de dictar sentencia. Lo anterior, pues -como se dijo líneas atrás- a través de la presente medida cautelar no es factible paralizar el procedimiento porque implica una contravención de disposiciones de orden público, pero con los efectos de la suspensión se busca preservar la materia del juicio de amparo. Sirve de apoyo, por las consideraciones que la informan, la Jurisprudencia 1a./J. 67/2012 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 2002075, consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 2, Materias(s): Común, página 1189, del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN. ES PROCEDENTE CUANDO EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LA EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA. La suspensión del acto reclamado es la facultad que tienen los jueces para conservar la materia del juicio, atendiendo a las exigencias del artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal. En dicha fracción se ha incorporado el deber de los jueces de ponderar en cada caso concreto entre la apariencia del buen derecho y el interés social. De este modo, los juzgadores pueden ordenar la interrupción de alguna etapa del procedimiento para evitar que se pierda la materia litigiosa. Lo anterior no supone en modo alguno que deba necesariamente paralizarse el procedimiento, puesto que ello llevaría a la contravención de disposiciones de orden público; por ello, se considera suficiente evitar el dictado de la sentencia definitiva hasta entonces no se resuelva el juicio de amparo, pues esta última resolución puede determinar la continuidad lógica y jurídica del juicio. La continuidad lógica se refiere a que antes del dictado de la sentencia del juicio natural, siempre conviene tener completamente despejados y resueltos los problemas de previo y especial pronunciamiento, ya que se trata de cuestiones naturalmente anteriores a las del fondo del asunto. La continuidad jurídica, por su parte, tiene que ver con la necesidad de evitar resoluciones contradictorias como la que surgiría entre una sentencia de amparo que concede la protección de la justicia federal por alguna violación al procedimiento en el juicio natural, y la resolución de fondo del mismo juicio, que pudo ser dictada antes de que el amparo se concediera. Así, si en un juicio de amparo se reclama la resolución dictada en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia interlocutoria que resolvió la excepción de incompetencia, debe considerarse que procede otorgar la suspensión del acto reclamado, salvando las exigencias del artículo 124 de la Ley de Amparo -es decir, sin que el procedimiento se paralice- para el efecto de que no se dicte la sentencia en el juicio natural hasta en tanto no se resuelva el juicio de amparo. Con esta medida se busca evitar el dictado de sentencias por jueces cuya competencia posteriormente pudiera quedar desconocida por el amparo, o bien que el amparo tuviera que ser sobreseído por haberse quedado sin materia". En la inteligencia de que la medida cautelar que se concede surte sus efectos desde luego hasta en tanto la responsable reciba comunicación sobre la suspensión definitiva que se dicte en la presente incidencia. Apercibida la responsable, que de no obedecer la presente resolución, se procederá en su contra en términos de lo dispuesto por el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. REQUISITOS PARA QUE SURTA EFECTOS LA MEDIDA CAUTELAR La suspensión provisional que se concede surte sus efectos hasta que se dicte la sentencia interlocutoria, de conformidad con el artículo 136 de la ley de la materia, sin que sea el caso fijar garantía como requisito de efectividad, pues no se está en la hipótesis prevista por el numeral 132 de la ley invocada. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza a las partes la expedición de copias de las constancias del expediente que soliciten durante la tramitación del presente asunto, con las respectivas salvedades que puedan aplicar según el caso. Las cuáles serán entregadas a las personas autorizadas previa comparecencia y razón de entrega que se asiente en autos para debida constancia; en el entendido de que dicha autorización comprende la expedición de un juego de copias certificadas, y para el caso de que el solicitante requiera más de un tanto, deberán, por escrito, acompañar las razones por las que así lo necesitan. Al respecto, se hace del conocimiento de las partes que para efecto de obtener las copias que requieran, deberán observar el trámite que para tal efecto se describe en el auto de radicación del juicio de amparo. Además, se les comunica que de contar con acceso al expediente electrónico, podrán descargar copia de las constancias que obran en el expediente electrónico, las cuales, de contener la evidencia criptográfica, se consideran como copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado electrónico les da la característica de inalterables y las que no la incluyan, se consideran como copias simples. Por último, en virtud que la expedición de copias se autorizó desde este proveído, se ordena agregar sin mayor acuerdo las promociones que reiteren esa solicitud. PROMOCIONES O SOLICITUDES ACORDADAS Finalmente, a efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la persona secretaria encargada del trámite del asunto, para que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellas promociones y trámites donde resulte innecesario dictar algún acuerdo. Lo anterior, procederá en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) cualquier otra que a su criterio y bajo su responsabilidad, se estime innecesario acordar, para el debido trámite del procedimiento de amparo. Notifíquese, y vía electrónica a la fiscal adscrita.

  2. Principal

    Irapuato, Guanajuato, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. DEVUELVE EXHORTO DILIGENCIADO Téngase por recibido el oficio signado por la secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Guanajuato, mediante el cual, devuelve diligenciado el exhorto 425/2023 (1502/2023) del índice de este juzgado, enviado para notificar a la parte quejosa, el auto de dieciocho de octubre del año en curso; lo que aconteció personalmente el diez de noviembre siguiente. Dese de baja dicha comunicación en el libro de gobierno correspondiente, previas las anotaciones respectivas. Sin que se acuse de recibo, debido a que éste se genera de forma automática al momento de su envío por la citada vía. CUMPLE REQUERIMIENTO. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los autos se advierte que en proveído de quince de noviembre del año en curso, se reservó proveer el escrito signado por ********* en su carácter de apoderado legal de la quejosa, con el que pretende desahogar la prevención formulada en autos, hasta en tanto obrara la comunicación oficial 425/2023 (1502/2023), girada en acuerdo de dieciocho de octubre pasado; lo que ha acontecido; por tanto, se acuerda: Agréguese a los autos el escrito signado por ******* en su carácter de apoderado legal de la quejosa, mediante el cual, cumple con el requerimiento formulado en auto de dieciocho de octubre del año en curso, pues señala los hechos y abstenciones que refiere en el escrito inicial de la demanda de amparo, así como los antecedentes del acto reclamado, los cuales manifiesta bajo protesta de decir verdad, además de que señala domicilio para oír y recibir notificaciones. ADMISIÓN DE LA DEMANDA En ese orden, toda vez que de momento no se advierten causales de improcedencia que conduzcan a su desechamiento, así como tampoco de incompetencia que impidan a este juzgado conocer de la presente demanda de amparo, por tanto, SE ADMITE. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y otorgar la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, vía electrónica, con el presente proveído. Asimismo, practíquense al fiscal adscrito las notificaciones que tengan el carácter de personales, por vía electrónica, por conducto del usuario proporcionado. Se comunica a la representante social que, al contar con acceso al expediente electrónico, podrá descargar copia de las constancias que obran en el expediente electrónico, las cuales, de contener la evidencia criptográfica, se consideran como copias certificadas electrónicamente, y las que no la incluyan, se consideran como copias simples. Sin perjuicio de lo anterior, se deja a su disposición el expediente físico para su consulta. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Tramítese por separado con base en lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley de Amparo. INFORME JUSTIFICADO Sin que sea necesario solicitar el informe justificado a la autoridad señalada como responsable debido a que ya obra en autos; lo anterior con apoyo en los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 119 y 123 de la ley de la materia, ténganse por exhibidas las documentales que acompañó del Juzgado de Oralidad Laboral Regional con sede en esta ciudad, relativas al expediente laboral L*******, de su índice y un sobre con documentos anexas a su informe justificado, con las cuales se da vista a las partes, junto con el informe de ley, para que impongan de su contenido, sin perjuicio de su relación en la audiencia de ley. En ese orden, con la finalidad de incentivar el uso de tecnologías en la impartición de justicia, se precisa a la autoridad responsable que puede proporcionar una cuenta de correo electrónico a efecto de que se establezca como medio de contacto con el personal del juzgado, o bien, para la práctica de notificaciones judiciales. Hágase saber a la autoridad responsable que en caso de que sea necesario señalar una nueva hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional durante el transcurso del juicio, así como lo atinente a la notificación de otros acuerdos de mero trámite, podrá consultarlos en las listas que se publiquen en los estrados de este órgano jurisdiccional, o bien, en la página de internet http://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp. OBLIGACIÓN DE INFORMAR CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO Hágase saber a las partes que si tienen conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán de comunicarlo de inmediato, en términos del numeral 64 de la Ley de Amparo; en el entendido que de ser omisas en realizarlo, se les impondrá una MULTA DE TREINTA VECES LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DELVEINTIDÓS DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, para que tenga verificativo; la cual se fija atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este Juzgado. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Finalmente, de conformidad con el artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de desahogo de prevención. Notifíquese.

  3. Principal

    Irapuato, Guanajuato, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el escrito signado por *********, en su carácter de apoderado legal de la quejosa, mediante el cual pretende desahogar la prevención realizada el dieciocho de octubre de dos mil veintitrés; sin embargo, se reserva a acordar lo conducente sobre su contenido, toda vez que a la fecha no se cuenta con las resultas del exhorto electrónico 425/2023 (1502/2023) de la estadística de este Juzgado, enviado para notificar a la parte quejosa la citada prevención. Notifíquese.

  4. Principal

    Notifíquese, por exhorto al promovente.

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