Blanca Lilia Obregón Soto.
Expediente 75/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 75/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Blanca Lilia Obregón Soto.
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta, de la que se advierte que en el registro electrónico de oficialía de partes de este juzgado, no se encuentra registrada ninguna promoción que indique que la parte quejosa recurrió el auto de desechamiento dictado por este juzgado el ocho de febrero de dos mil veintitrés, dentro del término previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, considerando que ésta fue notificada el trece siguiente, quedando comprendido dicho plazo del quince al veintitrés de febrero del año en curso. Sentado lo anterior, se declara que el auto de desechamiento dictado en el presente sumario HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. Asimismo, de conformidad con el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, este juicio de amparo es DESTRUIBLE.
- Principal
NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA PROMOVENTE.
- Principal
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, se notifica por lista para conocimiento de la parte quejosa, la determinación de fecha ocho de febrero de dos mil veintitrés, mediante el cual en síntesis se acordó: RECEPCIÓN DEL ESCRITO ACLARATORIO A LA DEMANDA. Téngase recibido el escrito aclaratorio a la demanda de amparo firmado autógrafamente por Blanca Lilia Obregón Soto, con el cual desahoga lo peticionado en auto de dos de los que cursan, y señala "bajo protesta de decir verdad", que el acto reclamado es la orden de desalojo emitida en el juicio de origen y la ejecución de la misma, en el juicio en el que es parte procesal y en el cual no se le notificó la sentencia respectiva; ocurso que en atención a su contenido se ordena agregar a los autos; el Juez acuerda: INSTRUCCIÓN AL PERSONAL PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 21 al 26 Ter, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al Secretario o Secretaria encargada del asunto, para que dé fe de que el expediente electrónico se integre en los términos dispuestos en la normativa previamente indicada, al igual que los incidentes o cuadernos físicos que deriven del mismo. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente al electrónico, así también, al personal de Oficialía de Partes por lo que a su intervención en dicha integración corresponde. IMPROCEDENCIA. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo1 , el suscrito examinará el escrito de demanda y si encontrara motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En la inteligencia que manifiesto es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, e indudable, cuando se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Apoya lo anterior, en su parte conducente, la tesis 2a. LXXI/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo XVI, julio de 2002, página 448, registro 186605, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." Expuesto lo anterior, en el caso particular que se atiende se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción IV, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, y el ordinal 107, fracción III, Constitucional2 , toda vez que dicha determinación y su materialización, no constituyen la última resolución dictada en la etapa de ejecución al fallo definitivo ahí emitido. Quien esto resuelve estima que el acto reclamado que se hace consistir en la orden de desalojo del local comercial número 14111, en planta baja, de la calle Heriberto Frías, Zona Centro, de esta ciudad, en ejecución al fallo condenatorio dictado en el expediente 116/2022 del índice interno del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, no constituye la última resolución dictada en la etapa de ejecución del fallo definitivo. En efecto, de los dispositivos antes mencionados se obtiene que el juicio de amparo es procedente contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o de trabajo, después de concluido el juicio, siempre y cuando no se dicten en ejecución de sentencia y gocen de autonomía a la cosa juzgada o vulneren derechos sustantivos de las partes, en las siguientes hipótesis: a) Contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente; y b) En los procedimientos de remate, la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. En la inteligencia de que, en ambos supuestos, se harán valer las violaciones cometidas durante dichos procedimientos. Al respecto, resulta oportuno citar el criterio emitido en la jurisprudencia P./J. 108/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE." Bajo esas premisas, es patente que el acto que aquí se reclama no puede considerarse como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución a la sentencia, en tanto que no se refiere a aquélla que la declara cumplida, ni la imposibilidad jurídica o material para darle cumplimiento. Aunado a lo anterior, dicho acto no se desvincula del estado de cosa juzgada que guarda el juicio natural, de modo tal que no trastoca ningún derecho sustantivo de la impetrante, porque la resolución reclamada es consecuencia inmediata de lo fallado en el expediente 116/2022 del índice interno del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, máxime que la quejosa es parte demandada en el juicio de origen. Apoya lo anterior, la jurisprudencia VI.2o.C. J/253 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de rubro: "ORDEN DE LANZAMIENTO EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO CONSTITUYE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN ESE PROCEDIMIENTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PROMOVIDO POR QUIEN FUE PARTE E INTERVINO EN EL JUICIO DE ORIGEN. Bajo esas premisas es dable concluir que la orden de desalojo que reclama la parte quejosa no es la última determinación emitida en la etapa de ejecución a la sentencia dictada en el expediente 116/2022 del índice interno del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad. DESECHAMIENTO. Por consiguiente, al ser patente y manifiesta la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el 107, fracción IV, de la ley de la materia, y con el ordinal 107, fracción III, constitucional, entonces se DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO de conformidad con el artículo 113, del propio ordenamiento legal. Apoya lo expuesto la tesis 1a. CCXCIII/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, página 535, intitulada: "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE DESECHA LA DEMANDA O LA QUE LA TIENE POR NO PRESENTADA POR INCUMPLIR CON LAS FORMALIDADES Y LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN SEDE LEGISLATIVA, RESPETA ESE DERECHO HUMANO." Hágase la aclaración a la peticionaria de la tutela judicial que los criterios invocados en el presente proveído no contrarían lo establecido en el artículo sexto transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. LEY DE TRANSPARENCIA. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales, cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales, acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que cause estado este auto; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional.
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