Blanca Guadalupe Ortega Mendoza
Expediente 1022/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1022/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Blanca Guadalupe Ortega Mendoza
Actuaciones
- Principal
RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase recibida la demanda de amparo firmada autógrafamente por ********************, por su propio derecho, contra actos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con sede en esta ciudad, y otras autoridades. El Juez acuerda: SISTEMA ELECTRÓNICO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales, que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós, concluyó el esquema establecido en los acuerdos generales emitidos con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus COVID 19; e inicia la era de la E.Justicia o Justicia Digital; también, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los órganos jurisdiccionales deben garantizar la integridad del expediente electrónico, por lo que deja de tener validez el expediente físico para contener únicamente los documentos que se presenten por esta vía, lo que se deberá considerar para la integración o continuación del expediente en que se actúa, y de ser el caso en los incidentes que deriven del mismo; también destaca de la normativa anterior que se cuenta con un plazo de seis meses para que la Dirección de Gestión Judicial, en coordinación con las Tecnologías de la Información y Estrategia y Transformación Digital, realicen los ajustes correspondientes que garanticen la implementación del citado acuerdo, conforme a lo que disponen sus Tercero y Décimo Tercero transitorios. De igual forma, conforme a lo dispuesto en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se adopta como eje rector de este juzgado su actividad desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación conforme a las disposiciones de éste, en relación con el diverso 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. TRÁMITE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA FIREL. En atención al párrafo anterior y a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 253, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes, para que realicen el trámite necesario para la obtención de la firma electrónica (FIREL), para que estén en posibilidad de acceder al Portal de los Servicios en Línea, tales como el acceso electrónicamente a los órganos jurisdiccionales, para presentar las promociones correspondientes, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos. REGISTRO DE LA DEMANDA. Con fundamento en lo previsto en los artículos 3°, 20 y 21 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 22 del Acuerdo General 12/2020, previamente citado, fórmese expediente electrónico, y el correspondiente principal físico, regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); así también, radíquese con el número 1022/2023. INSTRUCCIÓN AL PERSONAL PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 21 al 26 Ter, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al Secretario o Secretaria encargada del asunto, para que dé fe de que el expediente electrónico se integre en los términos dispuestos en la normativa previamente indicada, al igual que los incidentes o cuadernos físicos que deriven del mismo. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente al electrónico, así también, al personal de Oficialía de Partes por lo que a su intervención en dicha integración corresponde. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Del análisis integral de la demanda de amparo, se colige que la parte quejosa señala como acto reclamado, la abstención de brindar atención médica especializada en la rama de medicina interna, neurología clínica y cirugía general. ADMISIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. En términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 2, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115 y demás relativos de la ley de la materia, SE ADMITE la demanda de amparo. SEÑALAMIENTO DE FECHA PARA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las NUEVE HORAS DEL VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para llevar a cabo la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Por separado fórmese y tramítese el incidente de suspensión solicitado por la parte quejosa, en términos del artículo 128 de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que, por regla general, con fundamento en el artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en el juicio de amparo indirecto no será necesaria la formación del duplicado físico del incidente de suspensión. INFORME JUSTIFICADO. Con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe con justificación a las autoridades responsables, el cual deberán rendir dentro del término de quince días siguientes a aquel en que se les notifique, donde expondrán las razones y fundamentos que estimen pertinente para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado. Asimismo, se requiere a las autoridades responsables para que al rendir su informe justificado y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remita copia autorizada, legible y completas de las constancias que tomaron en consideración para emitirlo, en el entendido que de no rendirlo, se presumirá cierto el acto reclamado salvo prueba en contrario conforme a lo dispuesto en el ordinal 117 en consulta. Se apercibe a las autoridades responsables que de no rendir el informe con justificación o lo hagan sin remitir, en su caso, las constancias en la forma indicada, se les impondrá individualmente una multa de cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio, lo anterior, en términos de los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. DELEGADOS Y DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Con apoyo en los artículos 9, párrafo primero, y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, ténganse por delegados a las personas que, en su caso, nombre la autoridad responsable y por indicado el domicilio para oír y recibir notificaciones que señale. NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Infórmese a la autoridad responsable que tiene la obligación de dar seguimiento a los juicios en que intervenga, toda vez que este juzgado en lo subsecuente notificará por lista los acuerdos de trámite de trascendencia menor, pues sólo se ordenará notificar por oficio, en términos de la primera fracción del artículo 30 de la Ley de Amparo, la primera notificación y aquellas que se consideren trascendentes, como lo es, verbigracia, la sentencia que se llegue a dictar, más no acuerdos de mero trámite y diferimientos de la audiencia constitucional. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Así como el criterio sustentado por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en la tesis I.20o.A.2 K (10a.), de rubro "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CONFORME AL ARTÍCULO 192, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 26, FRACCIÓN II, INCISO A), DE LA LEY DE LA MATERIA VIGENTE, LA RELATIVA A LA SENTENCIA DICTADA EN EL RECURSO DE REVISIÓN, DEBE SER REALIZADA POR OFICIO ACOMPAÑADO DEL TESTIMONIO CORRESPONDIENTE ÚNICAMENTE CUANDO SE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL AL QUEJOSO. CAUSA DE SOBRESEIMIENTO. Con apoyo en el artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que en el supuesto que tuvieran conocimiento de alguna causa de sobreseimiento de las establecidas en el artículo 63 de la ley de la materia lo hagan saber de inmediato a este juzgado, y de ser posible acompañar las constancias que así lo acrediten ya que de no cumplir con esa obligación, se les impondrá una multa de treinta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva dicho medida de apremio; lo anterior en términos de los artículos 238 y 251 de la Ley de Amparo. TERCERO INTERESADO. No existe. PRUEBAS. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen ofrecidas las pruebas presuncional en su doble aspecto y documentales que anexa al escrito de demanda, y que consisten en: 1.- Copia simple de la credencial para votar con fotografía, a nombre de la quejosa. 2.- Copia simple del carnet de citas médicas expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a nombre de la quejosa. 3.- Copia simple de referencia-contrarreferencia, de veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. 4.- Copia simple del certificado de incapacidad temporal para el trabajo, con serie y folio VB358114. 5.- Nota de egreso, de veintiuno de noviembre del presente año. Sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas en la audiencia constitucional respectiva en la que se acordará sobre su admisión y desahogo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. Lo anterior será aplicable para el expediente en que se actúa, así también para los diversos cuadernos incidentales que en su caso deriven del mismo. LEY DE TRANSPARENCIA. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Con apoyo en el ordinal 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle ********************código postal 82000, esta ciudad; lo anterior, para los efectos señalados en el artículo 30, fracción I, párrafo quinto, de la ley de la materia. Asimismo, se tienen como autorizados en los términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, a los licenciados ********************quienes tienen sus cédulas profesionales******************** y ******************** reconocidas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, así como para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a las licenciadas********************, por así haberlo solicitado. Se le tiene proporcionando el correo electrónico ********************@cjf.gob.mx y ********************@cjf.gob.mx, para comunicaciones no procesales. De igual forma, como lo solicita el promovente, con fundamento en los artículo 3 de la Ley de Amparo, 55, 58 y 66 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a Cargo del propio Consejo, se le autoriza para recibir notificaciones vía electrónica, con el usuario "********************" y "********************" , así como la consulta vía internet del expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo; en consecuencia, se comisiona a la oficial judicial encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para que realicen las gestiones necesarias para tales efectos. Lo anterior será aplicable para el expediente en que se actúa, así también para los diversos cuadernos incidentales que en su caso deriven del mismo. COMUNICACIONES NO PROCESALES. Con fundamento en lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre del dos mil veintidós, se exhorta a las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, ya sea vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio. JUICIO EN LÍNEA. Con fundamento en lo dispuesto en el preindicado Acuerdo General, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, el presente juicio se continúe como "Juicio en Línea". COPIAS. A efecto de lograr una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, así como el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal., las constancias que integran el expediente electrónico, cuando incluyan la evidencia criptográfica, se consideran copias certificadas electrónicamente. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. Asimismo, con fundamento en el artículo 280, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, una vez que cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el juicio de amparo en que se actúa, se autoriza la devolución de los documentos físicos exhibidos en este expediente, por las partes correspondientes; sin que la presente autorización sustituya la valoración documental y subsecuente vista personal para que dentro del plazo de noventa días recojan los documentos originales que exhiban en el juicio, la que deberá realizarse al ordenar el archivo del expediente. AUTORIZACIÓN PARA LA FIRMA DE OFICIOS. Se autoriza al actuario a firmar los oficios que deriven de la tramitación de este asunto. INTERVENCIÓN DE LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO. Notifíquese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, con copia autorizada de la demanda con que se formó el presente expediente, para la intervención que legalmente le corresponde. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA.
- Incidental
APERTURA DEL INCIDENTE. Como fue ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, con el escrito de solicitud de suspensión, con fundamento en los artículos 138, 140 y 143 de la Ley de Amparo, tramítese el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1022/2023 promovido por Blanca Guadalupe Ortega Mendoza, por su propio derecho, contra actos del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades. AUDIENCIA INCIDENTAL. Se señalan las NUEVE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia en este incidente. INFORME PREVIO. En acatamiento a lo previsto en la fracción III del numeral 138 del ordenamiento invocado, pídase a la autoridad responsable su respectivo informe previo, el que deberá rendir dentro del término de CUARENTA Y OCHO HORAS, contado a partir del momento de su notificación, enviándole para tal efecto copia autorizada de la demanda que se provee; en el entendido de que deberá concretarse a expresar si son o no ciertos los hechos que se le atribuyen, a fin de determinar la existencia de los actos reclamados, pudiéndose agregar las razones que se estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. APERCIBIMIENTO. Con fundamento en el artículo 260, fracción I, y 238 de la actual Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad responsable, que de no rendir el informe previo, se hará acreedora a una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización. Asimismo, de expresar la responsable un hecho falso o de negar la verdad, al rendir el informe de que se trata, incurrirá en el delito contemplado en el arábigo 262 de la legislación reglamentaria de referencia, sancionado con una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientas unidades de medida y actualización, y destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. ESTUDIO DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL. Los aspectos que el Juzgador debe considerar para resolver sobre la suspensión de los actos reclamados y los requisitos que los quejosos deben reunir para su procedencia, se encuentran contemplados tanto en la norma constitucional citada, como en los artículos 128, 129, 131 y 138 de la Ley de Amparo, los cuales han sido interpretados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2a. XXIII/2016 (10a.), a saber: 1. SOLICITUD EXPRESA DEL QUEJOSO. Este requisito contenido en la fracción I del numeral 128 de la Ley de Amparo, se tiene por satisfecho con la demanda de amparo y la solicitud de la medida cautelar ahí formulada, para el efecto de que se ordene la realización de los procedimientos quirúrgicos necesarios y que surtan los medicamentos derivados de dicha intervención médica. No obstante los efectos para los cuales fue solicitada la medida provisional, este órgano jurisdiccional está facultado para variar dichos efectos atento al principio pro persona, como en el caso sería, para que ordene la realización de atención médica, especializada en rama interna, neurología clínica y cirugía general, a fin de lograr una efectiva y oportuna protección judicial a la quejosa. Apoya lo anterior, por analogía la jurisprudencia I.4o.A.47 K, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 2631, Mayo de 2021, registro 2023090, de rubro: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS DIFERENTES A LOS EXPRESAMENTE SOLICITADOS POR EL QUEJOSO, PARA LOGRAR UNA EFECTIVA Y OPORTUNA PROTECCIÓN JUDICIAL Y CUMPLIR CON EL PRINCIPIO PRO PERSONA." 2. EXISTENCIA DEL ACTO CUYA SUSPENSIÓN SE SOLICITA. El requisito relativo a la existencia de los actos reclamados se acredita con las manifestaciones que formuló la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, cuando menos, de manera presuntiva, y únicamente para resolver la suspensión provisional. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 5/93, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 12, agosto de 1993, registro 206395, de rubro: "SUSPENSION PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO." 3. QUE EL ACTO RECLAMADO SEA SUSCEPTIBLE DE SUSPENSIÓN. Los aspectos que se tienen en cuenta para proveer sobre dicha medida cautelar lo constituye el análisis de la naturaleza del acto que será suspendible. En la especie los actos que se reclaman son de naturaleza omisiva; sin embargo, sus efectos son positivos y en detrimento de la salud del promovente, de forma tal que en términos del artículo 147, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, es factible restablecer provisionalmente a la quejosa en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. 4. EL QUEJOSO DEBE RESENTIR UNA AFECTACIÓN A SU INTERÉS JURÍDICO O LEGÍTIMO (INTERÉS SUSPENSIONAL). De lo previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128, fracción I y 131 de la Ley de Amparo, se obtiene que para otorgar la suspensión de los actos reclamados, es indispensable que la parte promovente además de solicitar la medida cautelar, demuestre indiciariamente que cuenta con interés para solicitar la medida cautelar de que se trata. Éste se reconoce a partir de la demostración, por lo menos indiciaria, de la titularidad del derecho que se pretenda salvaguardar y que en virtud de los actos reclamados generen una afectación por su transgresión directa, o bien, por su especial situación en que se encuentra el gobernado. Ahora, la quejosa con el propósito de acreditar su interés suspensional acompañó las documentales siguientes: 1.- Copia simple de la credencial para votar con fotografía, a nombre de la quejosa. 2.- Copia simple del carnet de citas médicas expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a nombre de la quejosa. 3.- Copia simple de referencia-contrarreferencia, de veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. 4.- Copia simple del certificado de incapacidad temporal para el trabajo, con serie y folio VB358114. 5.- Nota de egreso, de veintiuno de noviembre del presente año. Las cuales resultan suficientes para acreditar el extremo pretendido, al advertirse de las mismas su calidad de derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social. 5. NO SE SIGA PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL NI SE CONTRAVENGAN DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO, SEGÚN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 128, FRACCIÓN II, Y 129 DE LA CITADA LEY. El artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, establece el diverso requisito para el otorgamiento de la medida cautelar, consistente en que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. A su vez, el artículo 129 de la Ley de Amparo, establece una serie de supuestos en los que, por regla general, se causará afectación al interés social o se contravendrán disposiciones de orden público, frente a los cuales el juzgador de amparo no debe conceder dicha medida cautelar. Al respecto, el numeral en cita no define los conceptos de orden público e interés social, sino que únicamente contiene (en forma enunciativa, más no limitativa) un catálogo de supuestos, en los cuales se considera que se contravienen tales conceptos, como se aprecia de aquel texto normativo al incluir el legislador la frase "se considera", entre otros casos. En el caso, no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, si se concede a la quejosa la suspensión provisional solicitada, por lo que ve a las consecuencias inherentes al acto reclamado, que son el que se garantice su atención médica por parte de la autoridad responsable, respecto de la realización de atención médica especializada en rama interna, neurología clínica y cirugía general, que a decir de ésta han omitido atender en forma integral. Cobra aplicación, por analogía, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el tomo LIX, sexta parte, página ciento ochenta y tres, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "SUSPENSIÓN. CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS." 6. ANÁLISIS PONDERADO EN EL CASO CONCRETO ENTRE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y LA NO AFECTACIÓN AL INTERÉS SOCIAL. Conforme a lo previsto por el reformado artículo 107, fracción X, constitucional, y el ordinal 138, de la ley de la materia, los cuales establecen como requisitos para la procedencia de la suspensión de los actos reclamados en el amparo, el tomar en cuenta la naturaleza de la violación reclamada, la dificultad de reparar la afectación que pueda sufrir la parte quejosa como consecuencia del acto reclamado, ponderando la apariencia del buen derecho y el orden social; para lo cual se puede realizar un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho de los solicitantes. Lo anterior, encuentra apoyo en la jurisprudencia número P./J. 15/96. De conformidad con el criterio en cita, la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, requieren de un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido, de modo tal, que según un cálculo de probabilidades sea posible anticipar que en el amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. Ahora bien, como se anticipó, la parte quejosa allegó junto con su escrito de demanda copia simple del carnet de citas médicas, expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a su nombre, con la que se demuestra que es derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social. Por consiguiente, si la suspensión del acto reclamado entraña la necesidad de que se garantice el estado de salud de la quejosa, deberá atenderse a lo previsto en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del ordinal 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del cual el Estado Mexicano es parte. En ese sentido, el derecho a la salud es una prerrogativa fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos que se encuentran reconocidos en los pactos internacionales de forma no limitativa sino enunciativa ya que no se puede circunscribir al simple significado del vocablo, pues es el continente de un sin número de derechos y obligaciones tanto internos como externos, es decir inter país como a nivel internacional. Así, tomando en consideración la presunción de certeza que sobre el acto reclamado se establece al proveer sobre la medida cautelar provisional y al encontrarse reunidos los requisitos exigidos por los dispositivos transcritos, pues no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL a Blanca Guadalupe Ortega Mendoza hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva. Apoya lo expuesto, la tesis 1a. LXV/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, julio de dos mil ocho, visible en la página 457, sobre el tópico de referencia, su rubro señala: "DERECHO A LA SALUD. SU REGULACIÓN EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS." EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN. La medida cautelar se concede para el efecto de que la quejosa sea atendida de inmediato en el área de especialidad que corresponda y, bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades señaladas como responsables, apliquen el tratamiento médico y farmacéutico que requiere para tratar o aminorar su padecimiento de epilepsia y síndromes epilépticos generalizados. En mérito de lo anterior, y considerando que los actos reclamados repercuten en el estado de la salud de la impetrante, la responsable deberá comunicar conjuntamente con su informe previo, las acciones que llevaron a cabo para dar cumplimiento a la misma. Con el apercibimiento que de no hacerlo o bien informar y justificar la imposibilidad que tenga para ello, se hará acreedora a una multa equivalente a cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que tenga al momento en que se emite el presente proveído, de conformidad con lo establecido en los preceptos 236 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Sin que haya lugar a fijar requisitos de efectividad al quejoso, en razón de que se advierte que no se trata de una medida cautelar que tenga por objeto garantizar el cumplimiento de obligaciones de índole procesal o que afecta sus derechos patrimoniales en perjuicio de terceros. PRUEBAS. Por otro lado, de acuerdo a lo previsto en el diverso ordinal 143 de la Ley de Amparo, se tienen ofrecidas las pruebas documentales exhibidas por la quejosa en su escrito inicial de demanda, sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas al celebrarse la audiencia incidental respectiva, donde se acordará sobre su admisión y desahogo.
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