Blanca Rosa María Moreno Mendoza

Expediente 808/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
808/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
28/09/2023

Partes del expediente

  • Blanca Rosa María Moreno Mendoza

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase recibido el oficio 38205/2023, remitido vía interconexión con firma electrónica por el Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa, con sede en la Ciudad de México, a través del cual informa que admitió la demanda de amparo promovida por Alfonso José Isidro González Costa, también conocido como Alfonso González Acosta, que dio origen al juicio de amparo 808/2023 en que se actúa; consecuentemente, archívese este asunto como definitivamente concluido. ********************En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en su artículo 19, fracción I, inciso a), procede hacer la indicación en el sentido de que este expediente es destruible, una vez que transcurra el periodo de conservación.

  2. Principal

    RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Vista la boleta de turno de incompetencia de amparo con número de registro 20230872017100073, a la que se adjuntó el oficio 36651/2023, firmado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, así como con la demanda firmada electrónicamente por Alfonso José Isidro González Costa, también conocido como Alfonso González Acosta, y sus anexos, que dio origen al juicio de amparo indirecto 1074/2023-IV del índice de la autoridad antes mencionada, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, y otras autoridades, en virtud de que en proveído de trece de septiembre del año en curso, el titular del preindicado juzgado se declaró legalmente incompetente para resolver el citado asunto por razón de territorio, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo. El Juez acuerda: SISTEMA ELECTRÓNICO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales, que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós, concluyó el esquema establecido en los acuerdos generales emitidos con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus COVID 19; e inicia la era de la E.Justicia o Justicia Digital; también, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los órganos jurisdiccionales deben garantizar la integridad del expediente electrónico, por lo que deja de tener validez el expediente físico para contener únicamente los documentos que se presenten por esta vía, lo que se deberá considerar para la integración o continuación del expediente en que se actúa, y de ser el caso en los incidentes que deriven del mismo; también destaca de la normativa anterior que se cuenta con un plazo de seis meses para que la Dirección de Gestión Judicial, en coordinación con las Tecnologías de la Información y Estrategia y Transformación Digital, realicen los ajustes correspondientes que garanticen la implementación del citado acuerdo, conforme a lo que disponen sus Tercero y Décimo Tercero transitorios. De igual forma, conforme a lo dispuesto en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se adopta como eje rector de este juzgado su actividad desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación conforme a las disposiciones de éste, en relación con el diverso 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. TRÁMITE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA FIREL. En atención al párrafo anterior y a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 253, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes, para que realicen el trámite necesario para la obtención de la firma electrónica (FIREL), para que estén en posibilidad de acceder al Portal de los Servicios en Línea, tales como el acceso electrónicamente a los órganos jurisdiccionales, para presentar las promociones correspondientes, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos. REGISTRO DE LA DEMANDA. Con fundamento en lo previsto en los artículos 3°, 20 y 21 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 22 del Acuerdo General 12/2020, previamente citado, fórmese expediente electrónico, y el correspondiente principal físico, regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); así también, radíquese con el número 808/2023. INSTRUCCIÓN AL PERSONAL PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 21 al 26 Ter, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al Secretario o Secretaria encargada del asunto, para que dé fe de que el expediente electrónico se integre en los términos dispuestos en la normativa previamente indicada, al igual que los incidentes o cuadernos físicos que deriven del mismo. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente al electrónico, así también, al personal de Oficialía de Partes por lo que a su intervención en dicha integración corresponde. COMPETENCIA LEGAL EN RAZÓN DEL TERRITORIO. Dentro del plazo establecido en el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley de amparo, el suscrito procede a determinar si acepta o no la competencia para conocer del presente asunto, en términos del artículo 37 de la citada ley de la materia. En primer término, tenemos que el quejoso Alfonso José Isidro González Costa, también conocido como Alfonso González Acosta, señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: I.- Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; II.- La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión; III.- La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; y IV.- El Titular del Diario Oficial de la Federación. IV ACTOS RECLAMADOS Señalo como actos reclamados a las Autoridades Responsables: I. A la autoridad responsable, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. reclamo: La promulgación del DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Minera, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de les Residuos, en materia de concesiones mineras y agua, en específico, los artículos 6, 7 fracción XVIII, 11 tracción I, 15,19 fracción I, y antepenúltimo párrafo, 23,27 fracción XV y 53 bis de la Ley de Minería y los artículos transitorios Quinto, Octavo y Décimo del Decreto citado. II. A la autoridad responsable, Cámara de Senadores del Congreso de la Unión reclamo: La discusión y aprobación del DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones dé la Ley Minera, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión integral de los Residuos, en materia de concesiones para minería y aquel en específico, los artículos 6,7 fracción XVIII, 11 tracción 1, 15, 19 fracción I, y antepenúltimo párrafo, 23,2? tracción XV y 53 bis de la Ley de Minería y los articules transitorios Quinto, Octavo y Décimo del Decreto citado. III. A la autoridad responsable, Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, reclamo: La discusión y aprobación del DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Minera, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de concesiones para minería y agua, en específico, los artículos 6, 7 fracción XVIII, 11 fracción I, 15, 19 fracción I, y antepenúltimo párrafo, 23, 27 fracción XV y 58 bis de la Ley de Minería y los artículos transitorios Quinto, Octavo y Décimo del Decreto citado. IV. A la Autoridad Responsable, Director del Diario Oficial de la Federación: La publicación del DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Minera, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de concesiones para minería y agua, en el Diario Oficial de la Federación de techa 8 de mayo de 2023. Debiendo precisar que el Decreto Reclamado en presente juicio de amparo constituye un hecho notorio llana su Señoría, toda vez que se trata de disposiciones generales de conocimiento público publicadas en el Diario Oficial de la Federación y, por consecuencia, es innecesario probar la existencia de las mismas." De la transcripción anterior, se puede establecer claramente que la parte quejosa reclama en esencia, la promulgación del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Minera, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de les Residuos, en materia de concesiones mineras y agua. Ahora bien, de manera respetuosa el suscrito no comparte las razones dadas por el juzgador remitente, y por ende, no acepta la competencia declinada, por las siguientes razones: En principio, debe señalarse que para determinar la competencia entre jueces de distrito en el conocimiento del juicio de amparo, debe atenderse a la naturaleza jurídica de los actos reclamados, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si los actos requieren ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al juez de distrito en cuya jurisdicción deba tener o hayan tenido ejecución, los actos reclamados, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley de amparo, del cual derivan las siguientes reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito, en asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: a) Cuando se reclamen actos que requieran ejecución material, será competente, conforme a la regla prevista en el párrafo primero del numeral 37 de la ley en cita, el juez de distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado dicho acto; b) Tratándose de actos reclamados que deban ejecutarse en distintos lugares y su ejecución haya comenzado en un distrito y sigan ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, conforme a la regla establecida en el párrafo segundo del precepto en comento; y, c) Si se reclaman actos que no requieran ejecución material, será competente de acuerdo con la regla establecida en el párrafo tercero del numeral señalado, el juez de distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado los reclamados. Dado que las reglas que fijan la competencia por territorio en materia de amparo, obedecen a la naturaleza del acto, en principio, debe determinarse si el acto reclamado posee ejecución material, o bien, si se trata de actos de naturaleza meramente declarativa. En el caso, como ya quedó señalado, la parte quejosa impugna, por su sola entrada en vigor, la promulgación del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Minera, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de les Residuos, en materia de concesiones mineras y agua. De lo relatado, se colige que en el caso, se actualiza la hipótesis prevista en el párrafo tercero del artículo 37 de la Ley de Amparo, consistente en que cuando el acto reclamado no requiera de ejecución material, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda, pues atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y los alcances materiales que en el mundo fáctico produce el acto reclamado aplicación por su sola entrada en vigor del decreto reclamado, es evidente que el acto reclamado no tiene ejecución material, dado que dicha norma no tiene la característica de obligar a un hacer o no hacer. En efecto, no requiere de algún acto concreto por parte de una autoridad para que se ejecute y, en esa medida al únicamente reclamar dicha disposición, la cual se reitera, no tiene ejecución material, es que se actualiza el supuesto del artículo 37, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Sin que obste a lo anterior el contenido del criterio, correspondiente a la tesis de jurisprudencia 2a. 11, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 19-21, Julio- septiembre de mil novecientos ochenta y nueve, página 75, Octava Época, de rubro siguiente: "LEYES FEDERAL AUTOAPLICATIVAS, COMPETENCIA PARA CONOCER DE AMPARO CONTRA. CORRESPONDE AL JUEZ QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR EN QUE LOS DESTINATARIOS DEBAN ACATARLAS." Sin embargo, ese criterio no es aplicable al caso concreto, pues en el mismo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, interpretó el artículo 36, de la Ley de Amparo abrogada y, estableció que la competencia para conocer y resolver de un juicio de amparo en el que se reclame una norma o disposición general con el carácter de autoaplicativa, deberá tener en cuenta el lugar en el que el destinatario de la norma deba acatarla, lo que en el caso no se actualiza. Pues la normatividad aplicada -Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Minera, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de les Residuos, en materia de concesiones mineras y agua- no tiene hasta este momento ejecución material. Aun tomando en cuenta que las norma reclamadas pudieran tener ejecución, el suscrito Juzgador Federal advierte que no es evidente que la ejecución necesariamente se deba dar en el lugar donde se encuentran las minas, en el caso, en el Estado de Sinaloa, esto, debido a que el decreto obliga y conmina a los gobernados a realizar trámites ante diversas dependencias, en cuyo caso el decreto y todos los actos en que incide, pudieran tener ejecución en un distrito diverso. Es decir, se estima que el decreto impugnado no impacta solamente en las zonas en las que se encuentren las concesiones mineras de la parte quejosa, en tanto como se indicó, la ejecución de las normas reclamadas depende, según se advierte, que se solicite el otorgamiento de una nueva concesión, o bien, de que, por ejemplo, se deba presentar el "vehículo financiero" a que la Ley de Minería se refiere en su décimo transitorio (por cuanto hace a las personas que, a la entrada en vigor del decreto reclamado, como el quejoso, ya sean titulares de una concesión), obligación ésta última, que se deberá cumplir ante la Secretaría de Economía o la Tesorería de la Federación y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con residencia en la Ciudad de México. En tal virtud, se surte el supuesto previsto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece que, si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda de garantías. Por lo tanto, hasta este momento procesal, con las constancias que se acompañan al escrito inicial de demanda, se concluye que quien debe conocer de este asunto es el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Determinación que es coincidente con los argumentos que dieron sustento a la ejecutoria emitida dentro del conflicto competencial administrativo 39/2023, del índice del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con sede an la Ciudad de México, emitida el treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. En consecuencia, por las razones dadas el suscrito no acepta la competencia para conocer del presente juicio de amparo promovido por Alfonso José Isidro González Costa, también conocido como Alfonso González Acosta. Atento lo anterior, de conformidad con el artículo 48, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, devuélvase el juicio de amparo y las copias de la demanda que nos ocupa, así como sus anexos, al Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, para los efectos del precitado precepto legal. Expediente electrónico. Asimismo, se hace del conocimiento de la autoridad homologa, que la totalidad de las constancias que integran el expediente electrónico en que se actúa se encuentran en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y debidamente disponible para su vinculación, consulta y obtención de constancias. Atento a lo anterior, se comisiona a la oficial judicial "A" para que habilite electrónicamente la disposición del expediente electrónico para su vinculación.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · 7,966 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano