Blanca Esther Femat Nuñez
Expediente 789/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 789/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Blanca Esther Femat Nuñez
Actuaciones
- Principal
El siete de noviembre de dos mil diecinueve la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, trascurrió del treinta de octubre al seis de noviembre del año en curso, con exclusión de los días uno, dos y tres del mes y año en curso, por ser inhábiles, contra el auto que desechó la demanda de derechos. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos para devolver a la parte quejosa con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Doy fe. En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a siete de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto que desechó la demanda de derechos; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, al no haber diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo definitivo del expediente en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Ahora bien, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, éste expediente es destruible. En consecuencia, dese el trámite correspondiente establecido en el punto décimo primero del referido Acuerdo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe. Regina.
- Principal
El veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, se da con un escrito registrado con folio 15590 y con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintitrés de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta signado por Blanca Esther Femat Núñez, por el que en atención al requerimiento formulado el diez de octubre del año en curso, da cumplimiento a las prevenciones que le fueron formuladas. En tales condiciones, se provee: Ahora bien, toda vez que del contenido de la demanda de derechos, se advierte que la quejosa señala como autoridades responsables y actos reclamados: Del Juzgado Primero Familiar de Zacatecas, la resolución interlocutoria dictada en el expediente 702/2012, en la que se determinó realizar descuentos vía nómina al esposo de la quejosa de nombre Uriel Collazo de la Rosa. Del Fiscal General de Zacatecas, reclama la acusación realizada a Uriel Collazo de la Rosa, en la causa penal 704/2019. Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de Zacatecas, a quien le reclama la determinación de no declarar procedente el sobreseimiento solicitado dentro la causa penal 704/2019. PROCEDENCIA DE LA SEPARACIÓN DE JUICIOS. Los artículos 71 y 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, respectivamente establecen: "Artículo 71. Después de que se haya admitido, por un tribunal, demanda para la decisión total o parcial de un litigio, y en tanto éste no haya sido resuelto por sentencia irrevocable, no puede tener lugar, para la decisión del mismo litigio, otro proceso, ni ante el mismo tribunal ni ante tribunal diverso, salvo cuando se presente, dentro del juicio iniciado, nueva demanda ampliando la primera a cuestiones que en ella fueron omitidas. Cuando, no obstante esta prohibición, se haya dado entrada a otra demanda, procederá la acumulación que, en este caso, no surte otro efecto que el de la total nulificación del proceso acumulado, con entera independencia de la suerte del iniciado con anterioridad." "Artículo 72. Dos o más litigios deben acumularse cuando la decisión de cada uno exige la comprobación, la constitución o la modificación de relaciones jurídicas, derivadas, en todo o en parte, del mismo hecho, el cual tiene necesariamente que comprobarse en todo caso, o tienden en todo o en parte al mismo efecto, o cuando, en dos o más juicios, debe resolverse, total o parcialmente, una misma controversia. Para que proceda la acumulación, es necesario que los juicios no estén para verificarse la audiencia final de la primera instancia. La acumulación se hará del más nuevo al más antiguo." En efecto, su interpretación permite colegir que procede la separación de juicios cuando la demanda de amparo la promueva el mismo quejoso, los actos reclamados emanen de juicios o procesos diversos, desvinculados entre sí, aunque las violaciones constitucionales sean distintas; pudiendo ser diversas las autoridades responsables. Conforme a los preceptos legales transcritos, el Incidente de Separación de Juicios de Amparo, tramitado de oficio por este Órgano Jurisdiccional, es procedente cuando en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos y desvinculados entre sí, pues si bien es cierto que dichos numerales prevén lo relativo a la acumulación de juicios, y que la separación de juicios no se encuentra regulada de manera específica en la Ley de Amparo, también lo es que dicha figura jurídica se considera incorporada a esa legislación a través de la jurisprudencia. En otras palabras, si los artículos mencionados regulan la acumulación de juicios; entonces, la separación de juicios será procedente cuando el Juez de Distrito se percate de la existencia de los supuestos para esa separación, interpretando en sentido contrario lo que establecen los preceptos legales citados. Por todo ello, se declara procedente la separación de Juicios de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio siguiente: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA. Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura ésta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación.". Establecido lo anterior, tememos que en el presente asunto la parte quejosa señaló como actos reclamados los siguientes: Del Juzgado Primero Familiar de Zacatecas, la resolución interlocutoria dictada en el expediente 702/2012, en la que se determinó realizar descuentos vía nómina al esposo de la quejosa de nombre Uriel Collazo de la Rosa. Del Fiscal General de Zacatecas, reclama la acusación realizada a Uriel Collazo de la Rosa, en la causa penal 704/2019. Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de Zacatecas, a quien le reclama la determinación de no declarar procedente el sobreseimiento solicitado dentro la causa penal 704/2019. Como puede verse, en el caso a estudio se está en presencia de actos reclamados emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí. Circunstancias que ponen de relieve que en la especie se actualiza la hipótesis normativa que establece el ordinal 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En suma, se ha puesto de manifiesto que los actos reclamados en la demanda de derechos que dio origen a la formación de este expediente, emanan de diversos procedimientos, el primero (juicio en materia familiar 702/2012) y el segundo (causa penal 704/2019); juicios que como se precisó, se encuentran desvinculados entre sí, siendo por ello que técnica y jurídicamente no pueden ser analizados y menos resueltos en un mismo juicio de amparo; en razón de que si con las reglas establecidas para la acumulación, lo que se pretende esencialmente por parte del legislador es que se atienda a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia que consagra el artículo 17 constitucional; puesto que con ello se analizaría y resolvería en una sola sentencia los actos que se reclamen, pero que guardan una relación en el juicio de origen; por tanto, la misma razón debe prevalecer cuando en sentido contrario, los juicios de los que se hacen depender los actos reclamados, se encuentran desvinculados y sean autónomos entre sí. Todo lo antes mencionado responde, también, a que los tribunales de amparo, por los objetivos que se persiguen, acaten las medidas propuestas, en aras de una adecuada administración de justicia, sirviendo de apoyo al respecto, en lo conducente, el artículo 72 del código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado a contrario sensu, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo vigente, pues si bien alude a la acumulación de juicios de amparo, la separación de éstos se impone, en la hipótesis que se analiza, precisamente porque si los actos reclamados en un solo asunto derivan de juicios o procesos diversos, desvinculados entre sí, nunca podrán darse los supuestos de acumulación que establece el último numeral citado, que requieren, como base fundamental, que se trate del mismo acto reclamado, lo que no acontece en la especie. En consecuencia, con copia certificada de la demanda de derechos que motivó la formación del juicio de amparo 789/2019, fórmese y regístrese diverso juicio de amparo, al que deberá asignársele el número que por su orden le corresponda, en tanto que en el presente juicio de amparo, será materia de análisis todas las actuaciones desahogadas dentro del juicio civil ordinario de reconocimiento de paternidad y filiación 702/2012; y realizado lo anterior, previa reanudación del procedimiento, continúese con el trámite legal del presente juicio de amparo 789/2019, y en su oportunidad resuélvase conforme a derecho proceda. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia siguiente: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. EL JUEZ DE DISTRITO, AL DECRETARLA, DEBERÁ TOMAR LAS MEDIDAS Y SEÑALAR EL TRATO QUE A CADA UNO CORRESPONDA. Al decretarse la separación el Juez proveerá automáticamente la formación de los expedientes que en derecho resulten, registrándolos y engrosándolos con las copias certificadas que sean necesarias para su integración. Integrados los diferentes expedientes, el Juez ordenará el trato que jurídicamente a cada uno le corresponda, si todos son de su competencia, los fallará por cuerda separada, si uno de ellos es competencia de otro órgano, sea de la Suprema Corte, de un Tribunal Colegiado o de otro Juez de Distrito, se dará el trámite correspondiente, todo ello en aras de una mejor administración de justicia.". Atento a lo anterior, hágase del conocimiento a la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito para que tome en cuenta lo aquí resuelto, en el sistema relativo al turno de las demandas de amparo y una vez hecho lo anterior, lo remita al Juzgado que por razón de turno le corresponda, en el entendido de que los actos reclamados serán los que derivan de la causa penal 704/2019, respecto de las autoridades Fiscal General de Zacatecas y Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de Zacatecas, adjuntándole copia certificada de la demanda de derechos presentada por Blanca Esther Femat Núñez, por sí y en representación de su hijo de iniciales A.U.C.F. DESECHAMIENTO. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa señala como autoridad responsable y acto reclamado lo siguiente: Juzgado Primero Familiar de Zacatecas, a quien se le reclama: La resolución interlocutoria dictada en el expediente 702/2012, en la que se determinó realizar descuentos vía nómina al esposo de la quejosa de nombre Uriel Collazo de la Rosa. Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "ARTICULO 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo examinará el escrito de demanda; y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del anterior artículo, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Respecto al concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, localizable en la página 77, número 68, agosto de 1993, Octava Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente, la tesis en cuestión interpreta que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo de demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Por ello, es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, como en el caso acontece. Ahora bien, respecto al acto reclamado señalado por la quejosa, el cual se traduce en la resolución interlocutoria dictada en el expediente 702/2012, en la que se determinó realizar descuentos vía nómina al esposo de la quejosa de nombre Uriel Collazo de la Rosa, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Dichas disposiciones normativas, señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]". Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional, en la presunción de conformidad o asentimiento que se sigue cuando una persona sufre una afectación por un acto de autoridad quien teniendo la posibilidad legal de impugnarlo en el juicio de amparo, dentro de un plazo perentorio determinado, no presenta la demanda en dicho plazo. En ese sentido, el artículo 18 de la Ley de Amparo establece tres supuestos para computar el término de quince días para la presentación de la demanda de amparo, los que son excluyentes entre sí y no guardan orden de preferencia alguno, y son: 1. Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. 2. Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución. 3. Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Es aplicable a lo anterior, por analogía, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, consultable en la página 1890, Tomo XXII, Agosto de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." De lo anterior es posible deducir que la norma en comento establece tres hipótesis distintas respecto al cómputo del término de quince días dentro de los cuales debe presentar la demanda de garantías, dependiendo de la situación diferenciada de la persona que ejerce la acción de amparo, lo cual implica que cada uno de esos supuestos se excluyan entre sí, por lo cual no siguen un orden de prelación. Por tanto, al ser excluyentes entre sí y no guardar orden de prelación las hipótesis en análisis, el inicio del cómputo para la promoción del juicio de garantías es a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres identificadas en el precepto legal en comento. Es sustento de lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia P./J. 115/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, Novena Época, enero de dos mil once, página cinco, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene por qué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar". En consecuencia, el plazo para la presentación de la demanda de amparo se contará desde el siguiente: al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que se haya ostentado sabedor del referido acto. En esta instancia constitucional, el quejoso combate: La resolución interlocutoria dictada en el expediente 702/2012, relativo al reconocimiento de paternidad y filiación, en la que se determinó realizar descuentos vía nómina al esposo de la quejosa de nombre Uriel Collazo de la Rosa. Luego, la promovente bajo protesta de decir verdad manifestó que tuvo conocimiento del citado acto reclamado el uno de septiembre de dos mil diecinueve, cuando observó se le notificó al esposo de la aquí quejosa la acusación de la causa penal 704/2019. Manifestaciones que adquieren fuerza probatoria plena con fundamento en los numerales 197 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, dado que se trata de afirmaciones espontaneas bajo protesta de decir verdad, de ahí que adquieren la naturaleza de confesión de parte. Es ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia, Novena Época, Registro: 200094, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Junio de 1996, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 27/96, Página: 57 "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo". Entonces, la fecha que ha de tomarse en cuenta para el inicio del cómputo del plazo para la promoción del juicio de amparo es la de tres de septiembre de dos mil diecinueve, toda vez que la quejosa bajo protesta de decir verdad manifestó ostentarse sabedora del acto reclamado el uno de septiembre del año en curso, esto es, un domingo, es decir, un día inhábil de labores de este órgano jurisdiccional; por tanto, el indicado lapso se prorrogó hasta el día siguiente dos de septiembre del presente año; por lo que el plazo de quince días que la ley precisa para promover la demanda de amparo, inició como se indicó el tres de septiembre de dos mil diecinueve y concluyó el veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, sin contar los días siete, ocho, catorce, quince, dieciséis, veintiuno y veintidós de septiembre del presente año, por ser inhábiles. Por tanto, si la demanda de amparo fue presentada por la quejosa el ocho de octubre de dos mil diecinueve, como se advierte del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en la ciudad del mismo nombre; es indudable, que se realizó fuera del plazo legal previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Sin que pase inadvertido lo dispuesto en la fracción IV del citado artículo 17, que establece lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: . Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". De lo transcrito, se desprende que el plazo de quince días para presentar demanda de amparo no es aplicable cuando los actos reclamados impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ya que en estos casos, la demanda de amparo podrá presentarse en cualquier tiempo. Como se estableció, el acto reclamado, no constituye un ataque a la libertad fuera de procedimiento, ni tampoco encuadra con alguno de los demás supuestos contemplados en la fracción IV del artículo 17 de la citada ley. Así las cosas, al haberse actualizado la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, por tanto, con fundamento en el diverso artículo 113, del cuerpo de leyes invocado, SE DESECHA DE PLANO la demanda de derechos promovida por Blanca Esther Femat Núñez, por sí y en representación de su menor hijo de iniciales A. U. C. F, respecto del acto reclamado consistente en la interlocutoria dictada en el expediente 702/2012. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza. Doy fe. Rimb/Regina.
- Principal
CUENTA. El diez de octubre de dos mil diecinueve, se da cuenta con lo siguiente: Demanda de amparo promovida por Blanca Esther Femat Núñez, registrada con el folio 14596, con cinco copias de ésta y anexos que se adjuntan. La circunstancia de que Danae Sarahí Collazo de la Rosa, no tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, diez de octubre de dos mil diecinueve. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Blanca Esther Femat Núñez, contra actos del Juzgado Primero del Ramo Familiar del distrito judicial de la capital y otras autoridades, por considerar que transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 789/2019 que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. PREVENCIÓN. El artículo 108 establece los requisitos que debe de contener la demanda de amparo que se promueva, a saber es del contenido siguiente: Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: . II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; . IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; . VIII. Los conceptos de violación. Por su parte, el diverso numeral del artículo 114 de la ley citada con antelación, establece lo siguiente: Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda De lo transcrito se advierten los requisitos que debe de contener una demanda de amparo, mismos que son primordiales para poder establecer la Litis constitucional, para así estar en aptitud de proveer lo que en derecho corresponda; luego, respecto al artículo 114 de la Ley de Amparo, se advierte que será motivo de prevención si se advierte alguna irregularidad en el escrito de demanda; se hubiere omitido alguno de los requisitos del artículo 108 de la ley en cita o no se hubieren exhibido copias necesarias de la demanda. Sentado lo anterior, del escrito de demanda se advierte que la quejosa fue omisa en dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el precepto 108 de la ley invocada. Ello en atención a que en el capítulo de "autoridades responsables" señala: Juzgado Primero de lo Familiar de Zacatecas, siendo responsable, de la Ejecución de Sentencia del expediente 702/2019 la Jueza Primera Familiar ERIKA VIOLETA MARQUEZ ESTRADA, quien violenta mis Derechos Fundamentales y la de mis hijos, resultando vicioso su sentencia en perjuicio de la aquí quejosa e hijos. Fiscalía General de Zacatecas, actuando en representación de esta Autoridad la Agente Fiscal AGELIA MONSERRAT SAUCEDO ESCOBEDO, quien realizó Acusación Penal en contra del C. URIEL COLLAZO DE LA ROSA en la Causa Penal 704/2019, quien es mi esposo, que además, en dicha ACUSACION hace mención de una propiedad que me corresponde conforme a derecho, siendo evidente que el objeto de la mención de mi propiedad es con un fin doloso, de mala fe y vicioso. JUZGADO DE CONTROL Y TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO DE ZACATECAS en contra de, lo determinado por el C. JUEZ ADRIAN RODRIGUEZ RODRÍGUEZ, quien fue el que presidió la Audiencia de Sobreseimiento y que determinó el NO DECLARAR PROCEDENTE EL SOBRESEIMIENTO CORRRESPONDIENTE". Sin embargo, existe incertidumbre sobre qué acto o actos les atribuye la demandante a cada a una de ellas, pues no se advierte capítulo de "actos reclamados"; aunado a que refiere dos expedientes de diferente naturaleza. Lo anterior es así, pues en primer lugar la solicitante del amparo, señala entre otras cuestiones, que de lo sentenciado por la juez primero familiar le resulta una transgresión a los derechos fundamentales de su persona, de su esposo Uriel Collazo de la Rosa y de sus hijo, al resultar excesiva la reducción del quince por ciento que se le realiza a Uriel Collazo, en favor del menor nacido fuera de matrimonio; solicitando la suspensión definitiva de la ejecución de sentencia del expediente 702/2012. Luego, aduce que respecto a la causa penal 704/2019, la Agente Fiscal realiza acusación contra Uriel Collazo de la Rosa, en la que se encuentra involucrada la propiedad ubicada en calle Sagitario número doscientos diecisiete, colonia Villas del Sol, Zacatecas, Zacatecas. Más adelante refiere la quejosa, que demanda el aseguramiento de los bienes que han sido generados dentro de su patrimonio con Uriel Collazo de la Rosa, en su favor y de sus hijos; asimismo, solicita el amparo en contra de cualquier tipo de acto de autoridad, que pretenda ejercer embargo sobre el bien inmueble en mención, así como los bienes muebles que se han generado en el régimen de sociedad conyugal, que existe entre la quejosa y Uriel Collazo de la Rosa. REQUERIMIENTO. De ahí que se estime que se deba requerir a la promovente para que dentro del término de CINCO días, contado a partir de la legal notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad cumpla con lo siguiente: 1. Precise la norma general, acto u omisión que de cada una de las autoridades que nombra responsables, así como la fecha en que tuvo conocimiento de los mismos. 2. Indique si la presente demanda la promueve por propio derecho y/o en representación de su menor hijo de iniciales A.U.C.F. 3. Señale bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. 4. Toda vez que la demanda no cuenta con capítulo respectivo en el que la promovente solicite expresamente la suspensión del acto reclamado, por tanto, deberá señalar si es su deseo que se aperture el incidente de suspensión y en su caso para que efectos la solicita. 5. Deberá exhibir copias suficientes de demanda y escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes, atendiendo a las autoridades que señale como responsables y para el caso de que señale tercero interesado, una copia de demanda para emplazar a la Agente del Ministerio Público adscrita, dos más en caso de que sea su deseo aperturar el incidente de suspensión. Tiene aplicación sobre el particular la jurisprudencia del contenido siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESION FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISION PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA.- Al señalar el artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con éste requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgado a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146, de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211, de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas" Además, se hace del conocimiento de la quejosa que es ella quien debe dar cumplimiento a las prevenciones formuladas en párrafos que anteceden en razón de que es la promovente quien bajo protesta de decir verdad, debe expresar los hechos y abstenciones que constituyen el acto reclamado, por ser el afectado con estos, lo anterior, atendiendo al principio de instancia de parte agraviada que rige el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, las tesis del rubro y contenido siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes.". APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la quejosa que de no dar cumplimiento en los términos indicados dentro del plazo concedido, se tendrá por no presentada, en términos del penúltimo párrafo del artículo 114, de la Ley de Amparo. Asimismo, se les hace del conocimiento el contenido del artículo 261 de la Ley de Amparo que se refiere a la imposición de pena de prisión y multa al quejoso, a su abogado autorizado, o a ambos, para el caso de que informen hechos falsos. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita la parte quejosa, se tiene únicamente para oír notificaciones e imponerse de autos a Danae Sarahí Collazo de la Rosa, toda vez que no tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y como domicilio para tal fin el ubicado en calle Sagitario número doscientos diecisiete (217), colonia Villa del Sol, Zacatecas, Zacatecas. Por otro lado, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza y da fe. rimb/Regina
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