Blanca Josefina López Resendez
Expediente 633/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 633/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/07/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Blanca Josefina López Resendez
Actuaciones
- Principal
CUENTA. El doce de julio de dos mil diecisiete, la secretaria licenciada María Elena Gómez Magaña da cuenta al secretario encargado del despacho con la demanda, su escrito aclaratorio con folio 9566 y con el estado que guardan los presentes autos, particularmente con la demanda de amparo. Zacatecas, Zacatecas, doce de julio de dos mil diecisiete. CUMPLIMIENTO DE PREVENCIÓN. Téngase por recibido el escrito signado por Blanca Josefina López Resendez, por el cual da cumplimiento a la prevención de treinta de junio de dos mil diecisiete, en la que se le requirió a efecto de que: Proporcionara la denominación correcta de la autoridad a la que atribuía el carácter de responsable. Aclarara la fecha en que se emitió el acto reclamado. Narrara de manera clara, precisa y completa los hechos que constituían los antecedentes del acto reclamado, es decir, precisara las prestaciones y montos que le fueron reclamados en el juicio de origen, así como el contenido íntegro del proveído reclamado. Al respecto, en relación al primer punto, la quejosa aduce que la denominación correcta de la autoridad responsable es Juez Segundo del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de la Capital, así como que el acto reclamado se emitió el veintiuno de junio de dos mil diecisiete. De igual forma precisó que los montos y las prestaciones que le fueron reclamados en el juicio de origen son los siguientes: A) Pago de la cantidad de $33,009.13 (treinta y tres mil nueve pesos 13/100 M.N.), por concepto de suerte principal. B) Pago de intereses ordinarios no cubiertos, más los que se siguieran generando hasta la tota liquidación del adeudo a razón de 2.3% mensual. C) Pago del impuesto al valor agregado (IVA), a razón del 16% mensual o el porcentaje que se encontrara vigente a la liquidación sobre intereses tanto normales como moratorios. En consecuencia, este juzgado provee lo siguiente: PRECISIÓN DEL PROBLEMA. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la promovente reclama: Del Juez Segundo del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de la Capital: El acuerdo de veintiuno de junio de dos mil diecisiete, por el que se desechó le recurso de revocación interpuesto contra el diverso proveído de nueve del mismo mes y año, por el que se decretó la caducidad del juicio ejecutivo mercantil promovido por Libertad Servicios Financieros, Sociedad Anónima de Capital Variable contra Blanca Josefina López Reséndez, aquí quejosa. El citado acuerdo de caducidad se dictó, según se desprende de los hechos narrados en la demanda de derechos, después de que se tuviera a la peticionaria de amparo dando contestación a la demanda. Por su parte, del escrito aclaratorio de demanda, se advierte que las prestaciones que se le reclamaron en el juicio principal a la aquí quejosa, se integraron por la cantidad de $33,009.13 (treinta y tres mil nueve pesos 13/100 M.N.), por concepto de suerte principal, así como por el pago de intereses ordinarios e impuesto al valor agregado cuantificables, en su caso, en sentencia o en ejecución de ésta. INCOMPETENCIA. Este órgano jurisdiccional considera carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, por los motivos que se exponen a continuación: Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado considera carecer de competencia legal para conocer de la demanda de que se trata, conforme a lo dispuesto por el artículo 47, de la Ley de Amparo, como se pondrá de manifiesto a continuación. El artículo 47, antes invocado, establece: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen autos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda.". Del contenido del precepto legal transcrito, se desprende que cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito, en la que se reclamen actos que se estimen sean materia de amparo directo, se declarará incompetente y mandará remitir al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda. Por su parte, el artículo 170 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo". De los preceptos transcritos se desprende que el amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o durante el procedimiento, y con ello se afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo, así como contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. De lo anterior se destaca que el amparo directo puede promoverse contra resoluciones que pongan fin al juicio, entendiéndose por éstas las que sin decidirlo en lo principal lo dan por concluido. En otro orden de ideas, la naturaleza de la determinación que desecha un recurso idóneo, constituye una resolución que ponen fin al juicio para efectos del amparo directo, lo cual se asemeja a los efectos de la sentencia dictada en el recurso por el que se deja firme o se confirma la determinación recurrida; de ahí que pueda afirmarse que una resolución impugnada queda sustituida procesalmente por la determinación que desecha un recurso idóneo (que tiende a modificar o revocar la resolución impugnada) interpuesto en su contra. Lo anterior es así, toda vez que el desechamiento del recurso y el efecto que éste genera, hacen que la resolución que se pretende recurrir quede firme, como si se hubiera confirmado de haberse admitido el recurso. Lo anterior, se insiste, en el entendido de que dicha sustitución procesal opera exclusivamente tratándose de desechamientos de recursos idóneos, es decir, procedentes conforme a la ley, ya que cuando el medio ordinario de defensa se interpone contra una resolución irrecurrible, su desechamiento no actualiza el supuesto de tratarse de una resolución que puso fin al juicio, debido a que por disposición de la ley la determinación recurrida es la que se constituye en definitiva. Así se desprende, de la parte conducente, de la jurisprudencia 1a./J. 77/2012 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 841, Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 1, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "RECURSO IDÓNEO. SU DESECHAMIENTO Y EL EFECTO QUE ÉSTE GENERA PROVOCAN QUE LA RESOLUCIÓN QUE PRETENDE RECURRIR QUEDE FIRME, SUSTITUYA PROCESALMENTE A LA IMPUGNADA Y, POR ENDE, QUE SE ACTUALICE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DE AMPARO, SI SE RECLAMA EN UN JUICIO DE GARANTÍAS. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 1a./J. 51/2004 y 1a./J. 97/2008, de rubros: "APELACIÓN, AUTO DE DESECHAMIENTO. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO." y "DENEGADA APELACIÓN. LA DETERMINACIÓN QUE DESECHA O DECLARA INFUNDADO ESE RECURSO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO DIRECTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE PUEBLA).", al pronunciarse en torno a la naturaleza de la determinación que desecha un recurso de apelación o el diverso de denegada apelación, sostuvo que dichas decisiones constituyen resoluciones que ponen fin al juicio para efectos del amparo directo, lo cual se asemeja a los efectos de la sentencia dictada en el recurso de apelación, cuando en ella se confirma la de primera instancia declarando infundado el recurso intentado; de ahí que pueda afirmarse que una resolución impugnada queda sustituida procesalmente por la determinación que desecha un recurso idóneo (que tiende a modificar o revocar la resolución impugnada) interpuesto en su contra. Lo anterior es así, toda vez que el desechamiento del recurso y el efecto que éste genera, hacen que la resolución que se pretende recurrir quede firme, como si se hubiera confirmado de haberse admitido el recurso. En ese sentido, al sustituirse procesalmente la resolución impugnada por la determinación que desecha el recurso idóneo respectivo, deja de tener efectos legales propios, por lo que de reclamarse en un juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la ley de la materia, de manera similar a como ocurre con la sentencia de primera instancia cuando se dicta la de alzada; lo anterior, en el entendido de que dicha sustitución procesal opera exclusivamente tratándose de desechamientos de recursos idóneos, es decir, procedentes conforme a la ley, ya que cuando el medio ordinario de defensa se interpone contra una resolución irrecurrible, su desechamiento no actualiza la referida causal de improcedencia, debido a que por disposición de la ley aquélla se constituye en definitiva." En ese tenor, cabe precisar que del artículo 1076, fracción VII, del Código de Comercio, se advierte que tratándose de juicios mercantiles, la resolución que decrete la caducidad es impugnable a través del recurso de apelación, en caso de que el juicio admita la alzada. Al respecto, el artículo 1340 del mismo ordenamiento, condiciona la procedencia del recurso de apelación al monto o cuantía del asunto, por lo que si la resolución que decretó la caducidad en la primera instancia se dicta en un juicio que no admite dicho recurso, puede controvertirse a través del recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del citado código, que procede contra los autos que no son apelables y los decretos. Lo anterior es así, porque la declaratoria de caducidad es un auto definitivo que extingue la instancia pero no la acción; convierte en ineficaces las actuaciones del juicio y vuelve las cosas al estado que tenían antes de la presentación de la demanda. Esto es, no se trata de una sentencia definitiva, ya que no decide la controversia de fondo; no analiza las acciones deducidas ni las excepciones opuestas, ni absuelve o condena como lo exigen los artículos 1077, primer párrafo, 1325, 1326 y 1327 del Código de Comercio, de ahí que se ajuste al supuesto de procedencia del recurso de revocación. Así se desprende de la tesis jurisprudencial 1a./J. 96/2011 (9a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 709, Libro I, Octubre de 2011, Tomo 2, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del contenido siguiente: "CADUCIDAD EN EL JUICIO MERCANTIL. PROCEDE EL RECURSO DE REVOCACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LA DECRETA EN LA PRIMERA INSTANCIA, CUANDO POR RAZÓN DE CUANTÍA NO PROCEDE EL DE APELACIÓN. Del artículo 1076, fracción VII, del Código de Comercio, se advierte que tratándose de juicios mercantiles, la resolución que decrete la caducidad es impugnable a través del recurso de apelación, en caso de que el juicio admita la alzada. Al respecto, el artículo 1340 del mismo ordenamiento, condiciona la procedencia del recurso de apelación al monto o cuantía del asunto, por lo que si la resolución que decretó la caducidad en la primera instancia se dicta en un juicio que no admite dicho recurso, puede controvertirse a través del recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del citado código, que procede contra los autos que no son apelables y los decretos. Lo anterior es así, porque la declaratoria de caducidad es un auto definitivo que extingue la instancia pero no la acción; convierte en ineficaces las actuaciones del juicio y vuelve las cosas al estado que tenían antes de la presentación de la demanda. Esto es, no se trata de una sentencia definitiva, ya que no decide la controversia de fondo; no analiza las acciones deducidas ni las excepciones opuestas, ni absuelve o condena como lo exigen los artículos 1077, primer párrafo, 1325, 1326 y 1327 del Código de Comercio, de ahí que se ajuste al supuesto de procedencia del recurso de revocación." En ese orden de ideas, el auto que desecha el recurso de revocación interpuesto contra el acuerdo que decreta la caducidad en un juicio ejecutivo mercantil que por cuantía no admite apelación, constituye una resolución que pone fin al juicio, por tanto, en su contra procede el juicio de amparo directo. Ahora, de la lectura de la demanda y su escrito aclaratorio se desprende que la peticionaria de amparo reclama del Juez Segundo del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de la Capital, el acuerdo por el que desechó el recurso de revocación interpuesto contra el diverso auto por el que se decretó la caducidad de la instancia. De igual forma se advierte que el juicio ejecutivo mercantil es de cuantía menor ($33,009.13 treinta y tres mil nueve pesos 13/100 moneda nacional por concepto de suerte principal), por lo que el recurso idóneo para recurrir la caducidad, es precisamente el de revocación. Entonces, es claro que dicha determinación reclamada constituye una resolución que pone fin al juicio para efectos de la procedencia del juicio de amparo directo y, por ello, la competencia para conocer de la demanda de que se trata, se surte en favor del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, residente en esta ciudad, salvo que dicha Superioridad determine lo contrario; por tanto, con fundamento en el citado artículo 47 de la Ley de Amparo, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado se declara legalmente incompetente para conocer de la aludida demanda y se ordena remitir el original del expediente, las copias de la demanda y del escrito aclaratorio, al Tribunal Colegiado de mérito, para los efectos legales a que haya lugar, previo cuaderno de antecedentes que con copia de los líbelos de cuenta se deje en este juzgado. Sirve de apoyo a lo anterior, aplicada en sentido contrario, la jurisprudencia por contradicción de tesis, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada como Tesis P./J. 40/97, consultable en la página 6, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, junio de 1997, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA ANTE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. ÉSTE, EN NINGÚN CASO, DEBE DESECHARLA, SINO DECLARAR SU INCOMPETENCIA Y REMITIRLA AL JUZGADO DE DISTRITO CORRESPONDIENTE." Conforme a lo dispuesto en los artículos 158 de la Ley de Amparo y 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Tribunales Colegiados de Circuito conocerán del juicio de amparo directo en los términos de lo señalado en el artículo 107, fracciones V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin al juicio, entendiéndose, en términos del artículo 46 de la ley de la materia, por sentencias definitivas, las que decidan el juicio en lo principal, y por resoluciones que ponen fin al juicio, aquellas que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún medio de defensa ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. Por tanto, ante la presentación de una demanda de amparo de la que deba conocer un Juez de Distrito, el Tribunal Colegiado deberá ajustar su actuación a lo previsto por el artículo 47, tercer párrafo, de la referida ley reglamentaria, declarando su incompetencia de plano y remitiendo la demanda de cuenta, con sus anexos, al Juzgado de Distrito correspondiente, no pudiendo, en consecuencia, ni siquiera por economía procesal, desechar la demanda por estimar que ésta es improcedente, habida cuenta de que las cuestiones de procedencia o improcedencia del juicio de amparo corresponde decidirlas únicamente al tribunal competente. Además, si bien es cierto que compete al Tribunal Colegiado conocer del amparo indirecto en grado de revisión, según se advierte de los artículos 83, 84 y 85 de la ley en cita, también lo es que su competencia no es absoluta, pues sólo opera cuando se plantean cuestiones de legalidad, dado que si se controvierten aspectos de constitucionalidad, el conocimiento del recurso compete a la Suprema Corte, de modo que con la alteración de la competencia que implicaría esa facultad para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, el Tribunal Colegiado estaría decidiendo la competencia del máximo tribunal en segunda instancia." NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por licencia de la titular, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y autorización concedida por el Presidente del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio 3424/2017, signado por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ante la licenciada María Elena Gómez Magaña, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
CUENTA. El treinta de junio de dos mil diecisiete, la secretaria licenciada María Elena Gómez Magaña da cuenta a la juez con lo siguiente: Demanda de amparo promovida por Blanca Josefina López Resendez, registrada con el número de folio 8987 y seis copias de ésta que se adjuntan. La circunstancia de que los licenciados Ramón Ortega Becerril, Juan Pablo Ortega Becerril, Pedro Edmundo Becerril de Haro y Pedro Edmundo Becerril Alba cuentan con cédula profesional con números 2325273, 3677840, 186986 y 34618880, registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, treinta de junio de dos mil diecisiete. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Blanca Josefina López Resendez contra actos del Juez Segundo de lo Mercantil en el Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, por considerar que se transgrede en su perjuicio los derechos consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 17 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 633/2017, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. PREVENCIÓN. El artículo 114, fracciones I, II y IV, de la Ley de Amparo, establecen: Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; . IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; . De la porción normativa se deduce que es motivo de prevención la existencia de alguna irregularidad en el escrito de demanda, la omisión de alguno de los requisitos del artículo 108 de la ley de la materia, o bien, la inexacta precisión del acto reclamado en la instancia constitucional. Por su parte, el artículo 108, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo disponen: Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: . IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; Del numeral transcrito se desprende que son requisitos de la demanda de amparo indirecto la expresión del acto u omisión reclamada, así como la manifestación precisa, bajo protesta de decir verdad, de los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. Del ocurso de demanda se desprende que el peticionario de amparo señala como autoridad responsable y acto reclamado: AUTORIDAD RESPONSABLE: C. JUEZ SEGUNDO DE LO MERCANTIL, EN EL ESTADO DE ZACATECAS ACTO RECLAMADO: EL AUTO DE FECHA VEINTIUNO DE JUNIO MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, QUE NEGÓ LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE REVOCACIÓN EN CONTRA DEL AUTO DE FECHA 9 DE JUNIO DEL 2017, QUE DECLARÓ LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA, SIN CONDENAR A LA ACTORA AL PAGO DE LAS COSTAS DEL JUICIO, dictada en el EXP. 157/2016. De lo anterior se advierte, en primer término, que señala al Juez Segundo de lo Mercantil en el Estado, como autoridad responsable, sin embargo, es omiso en especificar el municipio al que corresponde éste, es decir, el lugar de residencia de dicha autoridad. Mientras que al precisar el acto reclamado refiere que este se dictó el nueve de "junio marzo" de la presente anualidad, sin que exista certeza sobre la fecha correcta del proveído que se reclama. Por su parte, en el apartado correspondiente a los antecedentes del acto reclamado, se desprende que el quejoso se limitó a decir que era demandado en el juicio ejecutivo mercantil 157/2016, sin especificar las prestaciones y cuantía que le fueron reclamadas. REQUERIMIENTO. En consecuencia, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se requiere al promovente para que dentro del término de CINCO días, contado a partir de la legal notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad, haga lo siguiente: Proporcione la denominación correcta de la autoridad a la que atribuye el carácter de responsable. Aclare la fecha en que se emitió el acto reclamado. Narre de manera clara, precisa y completa los hechos que constituyan antecedentes del acto reclamado, esto es, precise las prestaciones y montos que le fueron reclamados en el juicio de origen, así como el contenido íntegro del proveído reclamado. De igual forma, deberá exhibir copias suficientes del escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes; salvo que el cumplimiento de la prevención se realice de forma electrónica en términos del artículo 110, párrafo primero, de la ley de la materia. Además, se hace del conocimiento del quejoso que es él quien debe de dar cumplimiento a la prevención formulada en párrafos que anteceden en razón de que ésta debe ser cumplida por el propio promovente del amparo, ya que es él quien, bajo protesta de decir verdad, debe manifestar los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamo o sirven de fundamento a los conceptos de violación, pues constituye un acto personalísimo que solo puede realizar quien promovió el juicio. Aunado a que al ser el agraviado con el acto de autoridad, es quien puede proporcionar los datos correctos y especificar cuál es el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, las tesis del rubro y contenido siguiente: AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad que se omitió en la presentación de la demanda pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la parte quejosa que de no dar cumplimiento en los términos indicados dentro del plazo concedido, se tendrá por no presentada la demanda, en términos del penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como así lo solicita el promovente, se tiene como autorizados en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Ramón Ortega Becerril, Juan Pablo Ortega Becerril, Pedro Edmundo Becerril de Haro y Pedro Edmundo Becerril Alba, toda vez que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para oír notificaciones e imponerse de autos a José Ignacio Ortega Becerril; y como domicilio para tal fin el ubicado en calle Constitución, número doscientos ocho, de la colonia Lomas de la Soledad, en Zacatecas. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada María Elena Gómez Magaña, Secretaria que autoriza y da fe. Karla
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · 11,540 expedientes
- Blanca Estela Ramírez Hernández332/2018
- Blanca Esthela Sánchez Cocolán306/2015
- Blanca Esther Femat Nuñez789/2019
- Blanca Fabiola Salazar Hernández593/2015
- Blanca Hortencia Hernandez Sifuentes1178/2015
- Blanca Jazmin Hernandez Estrada2614/2014
- Blanca Laura González Garay888/2015
- Blanca Lilia Martínez de la Cruz3482/2014
- Blanca Marina Trejo Vazquez939/2022
- Blanca Marlian López López105/2020
- Blanca Patricia Mendoza Encino71/2021
- Blanca Perla González Rodríguez1710/2015