Blanca Estela Hernández

Expediente 483/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 7 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
483/2015
Año
2015
Actuaciones
7
Última actuación
17/06/2015

Partes del expediente

  • Blanca Estela Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    En diecisiete de junio de dos mil quince, el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICO: Que el término de diez días que prevé el artículo 86, de la Ley de Amparo vigente, transcurrió del dos al quince de junio del presente año, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintiocho de mayo del presente año, en el juicio de amparo 483/2015.- DOY FE. En la misma fecha, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Juez con la certificación que antecede, con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a diecisiete de junio de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos, y certificación asentada por el Secretario adscrito a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo vigente, sin que se interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintiocho de mayo de dos mil quince, en la que se sobreseyó este juicio de garantías; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria en consulta, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. En mérito de lo anterior, y toda vez que el fallo de mérito no requiere ejecución material, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Consecuentemente, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se decretó el sobreseimiento en el presente asunto; además de que este Juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico que amerite su conservación. En consecuencia, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primer del Acuerdo en cita, remítase este expediente por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo proveyó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido del licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 483/2015; y, RESULTANDO: 1°. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado el seis de abril de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, BLANCA ESTELA HERNÁNDEZ, por su propio derecho, formuló demanda de amparo indirecto, contra las autoridades, actos y por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos constitucionales que enseguida se precisan: "III. DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE: EL H. Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Zacatecas. El jefe de Servicios Jurídicos de la Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Zacatecas. IV. LA NORMA GENERAL ACTO RECLAMADO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: La omisión de acordar y resolver sobre mi escrito de solicitud de pensión por viudez y orfandad para mi hija a que tenemos derechos, presentado el día veinticuatro (24) de febrero de dos mil quince (2015), ya que a la fecha no he recibido notificación alguna que informe sobre dicha petición, pese a que señalé domicilio procesal para recibir notificaciones". 2°. ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES VIOLADOS. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales transgredidos, el contemplado en el artículo 8, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 3°. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. La demanda de garantías de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, por lo que, su Titular dictó proveído el siete de abril de dos mil quince, en que ordenó: su admisión y su registro bajo el expediente 483/2015; pedir informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se ordenó dar intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. 4°. AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA. En ocurso presentado el dieciséis de abril de dos mil quince, la quejosa amplió la demanda de amparo, respecto del actos y autoridad siguiente: III. DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE: EL H. Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Zacatecas. IV. NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE SE RECLAMA: El acuerdo recaído a mi solicitud de pensión de viudez y orfandad, que presenté ante ese organismo el veinticuatro (24) de febrero de dos mil quince (2015, materia de la presente controversia constitucional, emitida con fecha 06 de los corrientes, mismo que, a manera de informe justificado remitió a ese H. Juzgado, el cual se me dio a conocer el trece (13) de los corrientes, suscrito por el Secretario del Consejo Consultivo Delegacional del Seguro Social en Zacatecas; el cual impugnó por carecer de fundamentación y motivación". 5°. ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES VIOLADOS. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales transgredidos, los contemplados en los artículos 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 6°. Admisión de la ampliación de demanda. Previa aclaración, mediante proveído de veintiuno de abril de dos mil quince, se tuvo por ampliando la demanda, respecto del acto y por la autoridad responsable ya precisada, de quienes además se requirió informe justificado. CONSIDERANDO: I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, tiene competencia legal para fallar en definitiva en el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 48 y 54, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por reclamarse actos de ejecución de autoridades residentes dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. II. Precisión y existencia del acto reclamado. II. 1. Precisión. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, en términos de las tesis, "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.." En ese sentido, de una lectura integral del libelo constitucional y anexos que forman un todo, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional, consisten en: A). La omisión de acordar y resolver sobre la solicitud de veinticuatro de febrero de dos mil quince, sobre pensión por viudez y orfandad a que tiene derecho la quejosa y su hija. B). El acuerdo dictado el seis de abril de dos mil quince, contenido en el oficio con número REF:34900142100.HCC.142/2015-2525, por carecer de fundamentación y motivación. II. 2. Inexistencia, certeza o presunción del acto reclamado. Una vez determinado cuáles son los actos reclamados, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia, certeza o presunción de los mismos, tal y como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación en la tesis del rubro: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." II. 2. 2. Certeza: En relación al primero acto reclamado, la autoridad responsable Titular de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social en Zacatecas y en representación del Consejo Consultivo Delegacional de dicha Delegación, al rendir su informe justificado reconoció que en veinticuatro de febrero de dos mil quince, fue presentada ante su instancia, escrito signado por la quejosa mediante el cual solicitaba se le otorgue la pensión de viuda concubina que le corresponde, en virtud a que su pareja de nombre José Miguel Trejo del Real falleció el doce de noviembre de dos mil trece; asimismo, señaló que ya dio contestación a su solicitud en fecha seis de abril de dos mil quince; y, anexa para el efecto, copia del oficio (foja 19). Respecto al segundo acto reclamado, el Consejo Consultivo Delegacional de dicha Delegación, fue omisa en rendir su informe justificado, no obstante obra a foja 33 el acuse de recibo correspondiente; por lo que se presume cierto el acto reclamado, máxime que ya obra en autos la constancia que se hace consistir en el acuerdo recaído a la solicitud de pensión de viudez y orfandad, emitida el seis de abril del año en curso. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia del rubro "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." III. Procedencia del juicio de amparo. El estudio de la procedencia del juicio de garantías es una cuestión de orden público y preferente a la materia de fondo de la litis constitucional, como lo dispone el artículo 62, de la Ley de Amparo vigente. Al respecto, es aplicable, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe y contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". El Titular de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social en Zacatecas y en representación del Consejo Consultivo Delegacional refiere que se actualiza la causal contemplada en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, toda vez que no tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando actúa como ente público asegurador. Resulta infundada la causal que hace valer el Titular de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social en Zacatecas y en representación del Consejo Consultivo Delegacional, toda vez que el acto que se le atribuye es la violación al derecho humano de petición consagrado en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que éste se traduce en que a toda solicitud de los gobernados presentada por escrito ante cualquier autoridad (incluyendo el Instituto Mexicano del Seguro Social), de manera respetuosa y pacífica, debe recaer una respuesta por escrito y en forma congruente, haciéndola del conocimiento de aquéllos en breve plazo, pero sin que el servidor esté vinculado a responder favorablemente a los intereses del solicitante. Asimismo, la omisión de acordar un asunto, ese acto es una violación directa al derecho de petición establecido en el citado artículo, mismo que no está condicionado al contenido de la promoción, pues pensar de otra forma significaría que el derecho de petición quede limitado, restringido o disminuido y condicionado, lo cual jurídicamente es inadmisible por virtud de la supremacía constitucional; por tanto, al transgredirse un derecho fundamental, procede el juicio de amparo indirecto con base en la fracción V del numeral 107 de la Ley de Amparo. A). ESTUDIO DEL PRIMERO ACTO RECLAMADO. - La omisión de acordar y resolver sobre la solicitud de veinticuatro de febrero de dos mil quince, sobre pensión por viudez y orfandad a que tiene derecho la quejosa y su hija. En la especie, el suscrito juez de amparo, advierte que, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, mismo que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De la demanda de garantías se advierte que la quejosa BLANCA ESTELA HERNÁNDEZ, reclama la omisión de acordar y resolver sobre la solicitud de veinticuatro de febrero de dos mil quince, consistente a que se le otorgue sobre pensión por viudez y orfandad a que tiene derecho la quejosa y su hija, en virtud a que su pareja de nombre José Miguel Trejo del Real falleció el doce de noviembre de dos mil trece. Ahora bien, la responsable adjuntó a su informe justificado copia certificada de la constancia con número de referencia REF: 34900142100.HCC.142/2015, la cual se advierte a foja 19, mediante el cual el Titular del Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social acordó: C. BLANCA ESTELA HERNÁNDEZ Calle Santa María, Número 180 Colonia las Quintas Guadalupe, Zac. PRESENTE. Me refiero a su petición recibida en la Jefatura de Servicios Jurídicos el día 24 de febrero de dos mil quince, en el cual solicita de viudez, por los motivos que refiere en su escrito. En atención a lo anterior y una vez efectuado al análisis de su solicitud, después de haber recibido el informe del área correspondiente de desprende que no es procedente la misma, por las siguientes consideraciones al respecto, en primer lugar de la sentencia que la misma solicitante exhibe se desprende que no se acreditó el concubinato, motivo por el cual no se le puede dar el carácter de concubina, además la situación particular incurre en el supuesto de lo señalado en el artículo 152 de la Ley del Seguro Social aplicable al caso concreto debido a que el C. José Miguel Trejo del Real no se encontraba libre de matrimonio en ese tiempo. Aunado a todo lo anterior, la promovente Blanca Estela Hernández, no cumple con los requisitos estipulados en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 23 de Octubre del año 2014, que habla de los trámites de prestaciones económicas. Sin otro particular por el momento, hago propia la ocasión para enviarle un cordial saludo. La presente se emite con fundamento en los artículos 85, 92 fracción II, 95 y demás relativos aplicables del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de septiembre de 2006." Así las cosas, de lo antes expuesto se pone de relieve que a la fecha han cesado los efectos del acto reclamado, tomando en consideración que de la constancia antes descrita se advierte que durante la substanciación del presente juicio constitucional y antes de la celebración de la audiencia constitucional, el Titular del Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social dio contestación a la solicitud de la quejosa, por tanto, al haber dejado de existir el acto de que se duele la impetrante de garantías, es inconcuso que ello se traduce en que fueron restituidos en el pleno goce de las garantías individuales que estimaron vulneradas en su perjuicio; y por ende, debe concluirse que en el caso a estudio cesaron los efectos del acto impugnado en esta instancia constitucional. Lo anterior encuentra apoyo en la Jurisprudencia que a la letra reza: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie durante la tramitación de este juicio constitucional cobra vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la nueva Ley de Amparo; y en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el numeral 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria en consulta, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías; lo anterior, en observancia a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Con independencia a lo anterior, en términos de la Jurisprudencia 211/2009, el Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado no es autoridad para efectos del juicio de amparo, pues el Derecho de petición es como asegurador. Sirve de apoyo la jurisprudencia de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE CUANDO SE RECLAMA AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN, QUE DEBE RESPONDERSE EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR (APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 211/2009). Conforme a la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a./J. 54/2012 (10a.), el auto inicial no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; sin embargo, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos en los que sí se actualice, por determinadas circunstancias, la consideración de que los actos reclamados no son de autoridad para efectos del juicio constitucional, ya que, de existir elementos de juicio indubitables de que se actualiza la causal de improcedencia; verbigracia, en los casos de que la actuación y sujeto (autoridad) a quien se les atribuya, subsumen en alguna hipótesis definida por el Alto Tribunal en el que se precise que determinado tipo de actuación u omisión no puede atribuirse a los emisores como autoridades para efectos del juicio de amparo, no sería posible arribar a una convicción diversa, de modo que, con independencia de los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, son innecesarios para configurar de manera notoria y manifiesta una improcedencia; dicho de otra forma, no se está en un supuesto de interpretación por parte del juzgador, sino de aplicación exacta de un criterio jurisprudencial por encuadrar en el caso concreto definido, pues denota que la causal se encuentre plenamente probada y no requiere inferirse con base en presunciones. En concordancia con ello, si la Sala referida, en la jurisprudencia 2a./J. 211/2009, precisó que contra la omisión atribuida al Instituto Mexicano del Seguro Social, de responder a una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición, en su carácter de ente asegurador, es improcedente el juicio constitucional, al no estar en presencia de un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que la relación que existe entre el asegurado y el Instituto en dicho supuesto es de coordinación, entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano (de igualdad), es indudable que si en una demanda inicial de amparo, el Juez de Distrito advierte de su lectura que se actualizan de manera patente las hipótesis indicadas en el criterio jurisprudencial aludido, ello constituye una causa manifiesta e indudable de improcedencia, pues sólo tendrá que aplicar los supuestos del caso concreto al criterio jurisprudencial reseñado. Ahora bien, el contenido de dicha jurisprudencia continúa vigente en el régimen jurídico de la actual Ley de Amparo, pues el Instituto Mexicano del Seguro Social, a la luz de las disposiciones de la Ley de Amparo abrogada y de las contenidas en la vigente, no ha cambiado su naturaleza jurídica y, por ello, no es autoridad para efectos del juicio constitucional, ni realiza actos equiparables a los de autoridad, tratándose de la omisión de dar respuesta, en su carácter de ente asegurador, a una solicitud elevada en ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Así como la diversa Jurisprudencia cuyo tenor es el siguiente: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO SE RECLAMA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDERSE EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio que cumple con la función del Estado de prestar el servicio público de seguridad social, y que además de tener la función de autoridad fiscal autónoma tiene el carácter de ente asegurador. Ahora bien, contra la omisión atribuida al Instituto Mexicano del Seguro Social, de responder a una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición, en su carácter de asegurador, no procede el juicio de garantías pues no se está en presencia de un acto de autoridad para efectos del amparo, pues la relación que existe entre el asegurado y el Instituto en comento en dicho supuesto es de coordinación, entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que en esta hipótesis, el juicio de amparo será improcedente". B). SEGUNDO ACTO RECLAMADO Por otra parte, en relación al segundo acto reclamado precisado por la quejosa, que se hace consistir en el acuerdo dictado el seis de abril de dos mil quince por carecer de fundamentación y motivación. En la especie, se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 1, fracción I y 5, fracción II, los dos últimos aplicados a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo; lo anterior es así, pues los numerales en comento disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.) Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De una interpretación sistemática de los preceptos transcritos, los dos últimos aplicados en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo es improcedente, cuando se promueve en contra de actos emitidos por entes que, por su naturaleza, no tienen el carácter de autoridad para efectos de la vía constitucional. Al respecto, cabe precisar que es criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse a la distinción de las relaciones jurídicas entre el gobernado y el ente emisor, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que dicho ente señalado como autoridad, actúe en un plano superior al particular. En esa tesitura, tenemos que es autoridad para los efectos del juicio de amparo, aquel ente de derecho o de hecho que de forma unilateral y en un plano de supra a subordinación, dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, a través del cual se crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello acudir a los órganos judiciales, ni del consenso de la voluntad del afectado. De ahí que, el Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de sus funcionarios en el Estado de Zacatecas, como es el Titular de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social en Zacatecas, no tienen el carácter de autoridad responsable en el presente asunto, pues en cuanto a la tramitación y resolución que se emite en relación a la solicitud de pensión por viudez en el expediente 34900142100.HCC.142/2015, solo actúan como parte integrante del ente asegurador, esto es, tramitar y posteriormente emitir la resolución correspondiente sobre dicha pretensión. Circunstancia que pone de manifiesto que, en el caso, dicho acto se emiten en una relación de coordinación, la cual es la entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, cuya nota distintiva es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, encontrándose ambas en el mismo nivel, existiendo bilateralidad en el funcionamiento de este tipo de relaciones, ya que en la especie, tratándose de las prestaciones de seguridad social, el legislador ha considerado que los conflictos que se susciten entre el referido instituto y sus asegurados, corresponden al ámbito competencial de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en términos de lo dispuesto en la fracción XX, del artículo 123, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 604 de la Ley Federal del Trabajo. Lo anterior, se apoya en la jurisprudencia 134/2011, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: SEGURO SOCIAL. EL INSTITUTO RELATIVO NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN EL QUE SE RECLAMAN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, BASTANDO ESE MOTIVO PARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter: a) De organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales; y, b) De ente asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero otorgadas por la Ley del Seguro Social. Bajo esas premisas, la resolución emitida por el Instituto, al decidir el recurso de inconformidad interpuesto, optativamente, por los asegurados o por sus beneficiarios, respecto de las prestaciones de seguridad social otorgadas por la citada Ley, no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, por una parte, porque si bien dicho Instituto puede determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver sólo verifica el cumplimiento de los requisitos para otorgar una prestación; y, por otra, debido a que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social prevé que las controversias entre el Instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que el Instituto no acude como autoridad. En consecuencia, si no se está en presencia de un acto de autoridad el juicio de amparo promovido contra la referida resolución resulta improcedente, lo que hace inconducente examinar si se agotaron con anterioridad recursos, juicios o medios de defensa ordinarios, porque basta que quede evidenciada la señalada causa de improcedencia. Así como la jurisprudencia de rubro y texto: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS). CARECE DEL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO SU ACTUACIÓN U OMISIÓN SE MATERIALIZA EN FUNCIÓN DE SUS ATRIBUCIONES COMO ENTE ASEGURADOR Y EN SUSTITUCIÓN DEL PATRÓN, COMO CONSECUENCIA DEL VÍNCULO LABORAL ENTRE ÉSTE Y EL TRABAJADOR Y NO SÓLO CUANDO SE RECLAME LA FALTA DE RESPUESTA A UNA SOLICITUD EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN (APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 211/2009). De la jurisprudencia 2a./J. 211/2009, publicada en la página 303 del Tomo XXX, diciembre de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO SE RECLAMA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDERSE EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR.", se advierte que para que al Instituto Mexicano del Seguro Social no se le considere como autoridad en el amparo, se requiere que en la demanda se reclame la falta de respuesta a una solicitud en ejercicio del derecho de petición consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, de la ejecutoria que le dio origen se conoce la razón jurídica que justifica ese criterio, y ésta se relaciona con el doble carácter que el referido organismo tiene legalmente reconocido, a saber: 1. Como organismo fiscal autónomo en la determinación y recaudación de las cuotas obrero patronales, caso en el cual actúa como autoridad con los atributos propios que la ley le otorga, esto es, bajo una relación de supra a subordinación; y 2. Como ente asegurador y en sustitución del patrón, como consecuencia del vínculo laboral entre éste y el trabajador o con base en un acto jurídico mediante el cual se obliga a otorgar determinadas prestaciones en servicios, especie o en dinero al asegurado o a sus beneficiarios, donde se conduce en un plano de igualdad, dado que involucra el cumplimiento de dicho acuerdo de voluntades. De ahí que, siguiendo esos lineamientos, cuando se trata de establecer si el indicado instituto efectivamente tiene el carácter de autoridad responsable, el rasgo determinante no obedece al tipo de garantías que el quejoso aduzca como violadas ni a la circunstancia de que reclame la falta de respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, pues ello sólo tiene que ver con el contenido de los conceptos de violación y con lo que el agraviado decida señalar como acto reclamado, pero no necesariamente involucra el tipo de atribuciones que, con su actuación u omisión ejerce, las que deben coincidir con las que la Suprema Corte de Justicia de la Nación identifica como propias de un organismo fiscal autónomo en la determinación y recaudación de las cuotas obrero patronales. A partir de lo anterior se afirma que el Instituto Mexicano del Seguro Social carece del carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando su actuación u omisión se materializa en función de sus atribuciones como ente asegurador en los términos descritos, pues entonces la expresión de sus atribuciones se agota en un plano de igualdad y no de supra a subordinación, sin importar que el acto reclamado no se identifique exclusivamente con el derecho de petición, ya que, según lo expuesto, no es esa la única hipótesis a la que resulta aplicable la citada jurisprudencia". Y la diversa jurisprudencia, cuyo rubro y texto es el siguiente: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO EMITE ACTOS POSITIVOS, NEGATIVOS U OMISIVOS, COMO ENTE ASEGURADOR, EN SUSTITUCIÓN DEL PATRÓN. De los criterios sustentados en las tesis 2a. CCIV/2001, 2a./J. 12/2002 y 2a. XXXVI/99, aprobadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.", "UNIVERSIDADES PÚBLICAS AUTÓNOMAS. LA DETERMINACIÓN MEDIANTE LA CUAL DESINCORPORAN DE LA ESFERA JURÍDICA DE UN GOBERNADO LOS DERECHOS QUE LE ASISTÍAN AL UBICARSE EN LA SITUACIÓN JURÍDICA DE ALUMNO, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO." y "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES.", se pone de manifiesto que la actual integración del Más Alto Tribunal de la Nación considera que es autoridad para efectos del amparo, el ente del Estado de hecho o de derecho que en una relación jurídica de subordinación emite actos a través de los cuales impone su voluntad en forma directa y unilateral, por la que crea, modifica o extingue, por sí o ante sí situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales, ni del consenso de la voluntad del afectado. En ese contexto, es importante destacar que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene reconocido un doble carácter: uno, como organismo fiscal autónomo, en la determinación y recaudación de las cuotas obrero patronales; caso en el cual, actúa como autoridad con atributos propios que la ley le otorga para realizar esos actos, esto es, bajo una relación de supra a subordinación y, otro, como ente asegurador, en sustitución del patrón, como consecuencia del vínculo laboral entre el trabajador y aquél, o con base en un acto jurídico, mediante el cual se obliga a otorgar determinadas prestaciones en servicios, especie o en dinero al asegurado o a sus beneficiarios; caso en el cual actúa en un plano de igualdad con el asegurado y sus beneficiarios, dado que involucra el cumplimiento de ese convenio. Por consiguiente, el Instituto Mexicano del Seguro Social no tiene el carácter de autoridad cuando realiza actos positivos, negativos u omisivos que tienen su origen en una relación jurídica con sus asegurados y, por tanto, esos actos no son de autoridad para efectos del amparo, dado que, en esos supuestos, se conduce bajo una relación de coordinación entablada entre particulares, en la que éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, ya que existe una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación por tratarse de las prestaciones de seguridad social, respecto de las cuales el legislador ha considerado que los conflictos que se susciten entre el referido instituto y sus asegurados, corresponden al ámbito competencial de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en términos de lo dispuesto en la fracción XX del artículo 123, apartado A, de la Constitución General de la República, y en el artículo 604 de la Ley Federal del Trabajo. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL OCTAVO CIRCUITO". Ahora bien, en el caso que nos ocupa, la quejosa reclama del Instituto Mexicano del Seguro Social la negativa a la pensión de viudez en el expediente 34900142100.HCC.142/2015, es un acto que no reúne los elementos necesarios para ser considerado como acto de autoridad y estimar procedente el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la negativa de pensión por viudez no tiene la naturaleza de un acto de autoridad que la Suprema Corte de Justicia de la Nación identifica como propias del Instituto Mexicano del Seguro Social, en su carácter de un organismo fiscal autónomo, pues resulta evidente que la negativa de pensión de viudez solicitada por la quejosa, no versa acerca de determinación y recaudación de las cuotas obrero patronales, sino más bien en su carácter de ente asegurador, por lo que con dicha circunstancia surge un plano de igualdad entre la quejosa y el referido instituto. De ahí que, deba establecerse que el acto reclamado, no es susceptible de impugnarse mediante el juicio constitucional, en términos del artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo. Por otra parte, no pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional, el artículo 5°, fracción II, segundo párrafo, que establece: "ARTÍCULO 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Como puede advertirse, el precepto invocado establece que para efectos del amparo, los particulares pueden tener la calidad de autoridad responsable, siempre y cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, por tanto, con independencia de la denominación y naturaleza formal de quien emita el acto, si este reúne las características de ser considerado como un acto de autoridad, debe tenerse a su emisor como autoridad responsable. Sin embargo, no todos los actos de los particulares son susceptibles de combatirse a través del juicio de amparo, sino sólo aquellos que sean equiparables a los actos de autoridad, los que como se indicó, exigen de requisitos indispensables que dependen básicamente del tipo de relación en la que se generen, esto es, que se emitan en un plano de supra a subordinación y de manera unilateral. Así es, no es posible reclamar a través del juicio constitucional todos los actos de particulares que vulneren los derechos fundamentales, sino sólo aquellos equivalentes a los de autoridad y que estén determinados por una norma general, en el supuesto en que la autoridad particular se ubique en una relación de supra a subordinación, respecto de un gobernado y ejerza una fuerza pública, entendida en el sentido de imperio y no de poder coactivo material y actuando como si fuera una entidad pública. Con base en esas premisas, se considera que el Titular de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social en Zacatecas, no han realizado actos equivalentes a los de una autoridad. Lo anterior, toda vez que como se precisó, es criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse a la distinción de las relaciones jurídicas entre el gobernado y el ente emisor, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que dicho ente señalado como autoridad, actúe en un plano superior al particular. Efectivamente, el servicio público de seguridad social, lo realiza el Estado, entre otros, a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, que forma parte de la Administración Pública Federal y que pese a ser un organismo descentralizado que cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio, en algunos casos se le da el carácter de organismo fiscal autónomo. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 90 Constitucional y 1° de la Ley Orgánica de la Administración Pública, ésta será centralizada y paraestatal, quedando dentro de la segunda categoría los organismos descentralizados. Además, el numeral 14 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, dispone que la prestación de servicios públicos o sociales esté a cargo de las personas jurídicas denominadas organismos descentralizados. Por su parte, la Ley del Seguro Social en sus artículos 1, 2, 3, 4, 5, 270 y 291, establece, en esencia, la finalidad de la seguridad social, a cargo de quién está, la naturaleza y carácter del instituto encargado de la organización y funcionamiento del seguro social y la sustitución patronal, los cuales son del tenor siguiente: "ARTÍCULO 1. La presente Ley es de observancia general en toda la República, en la forma y términos que la misma establece, sus disposiciones son de orden público y de interés social. ARTÍCULO 2. La seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado. ARTÍCULO 3. La realización de la seguridad social está a cargo de entidades o dependencias públicas, federales o locales y de organismos descentralizados, conforme a lo dispuesto por esta Ley y demás ordenamientos legales sobre la materia. ARTÍCULO 4. El Seguro Social es el instrumento básico de la seguridad social, establecido como un servicio público de carácter nacional en los términos de esta Ley, sin perjuicio de los sistemas instituidos por otros ordenamientos. ARTÍCULO 5. La organización y administración del Seguro Social, en los términos consignados en esta Ley, están a cargo del organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, de integración operativa tripartita, en razón de que a la misma concurren los sectores público, social y privado, denominado Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual tiene también el carácter de organismo fiscal autónomo. ARTÍCULO 270. El Instituto, en su carácter de organismo fiscal autónomo, se sujetará al régimen establecido en esta Ley, ejerciendo las atribuciones que la misma le confiere de manera ejecutiva, con autonomía de gestión y técnica, en los ámbitos regulados en la presente Ley. ARTÍCULO 291. El procedimiento administrativo de ejecución para el cobro de los créditos a que se refiere el artículo 287 de esta Ley, que no hubiesen sido cubiertos oportunamente al Instituto, se aplicará por éste, con sujeción a las normas del Código y demás disposiciones aplicables, a través de sus unidades administrativas facultadas al efecto.-- La enajenación de los bienes que el Instituto se adjudique con motivo de la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución, se realizará en subasta pública o por adjudicación directa, en los términos y condiciones que señale el reglamento respectivo, que se publicará en el Diario Oficial de la Federación. En el caso de valores, de renta fija o variable, éstos se enajenarán conforme a los lineamientos que al efecto emita el Consejo Técnico. Las cantidades que se obtengan respecto del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez de acuerdo a lo señalado en este artículo, deberán ser puestas a disposición de la Administradora de Fondos para el Retiro que lleve la cuenta individual del trabajador de que se trate, a más tardar dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de su cobro efectivo. En caso de no hacerlo, se causarán recargos y actualización a cargo del Instituto o de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, según corresponda, y a favor del trabajador, en los términos establecidos en el Código." De lo anterior, deriva que el Instituto Mexicano del Seguro Social es un organismo descentralizado con personalidad jurídica propia, forma parte de la Administración Pública Federal paraestatal y cumple con una función consistente en la prestación del servicio público de seguridad social con las peculiaridades indicadas, y en algunos casos, en sustitución de los patrones en las obligaciones de seguridad social que originalmente, respecto de sus trabajadores, corresponden a ellos. Por lo tanto, es inconcuso, que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene reconocido un doble carácter: Como organismo fiscal autónomo, al determinar y recaudar las cuotas obrero patronales; en este caso, lo hace actuando como autoridad con atributos propios, que le han sido otorgados por la ley, bajo una relación de supra a subordinación. Como ente asegurador, y en sustitución del patrón, en virtud de la relación laboral entre trabajador y patrón, o con base en un acto jurídico por el cual se obliga a otorgar determinadas prestaciones en servicios, especie o en dinero al asegurado o a sus beneficiarios, caso en el cual actúa en un plano de igualdad, puesto que involucra el cumplimiento de dicho acuerdo de voluntades. El carácter de organismo fiscal autónomo de la entidad que nos ocupa se deriva de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley del Seguro Social, pues tiene la atribución de hacer efectivas las obligaciones de los sujetos obligados a través de un procedimiento administrativo de ejecución regulado por el diverso artículo 291 de la misma ley, y, de manera complementaria, por el Código Fiscal de la Federación, dentro del capítulo III de su título V. Desde esa perspectiva, es válido sostener que son dos funciones del Instituto Mexicano del Seguro Social con finalidades diversas, ya que una se dirige a los patrones y demás sujetos obligados como una institución fiscal autónoma que cuenta con el poder de hacer efectivas las obligaciones consignadas en la ley que lo rige; y otra, enfocada hacia los asegurados y sus beneficiarios como institución pública descentralizada, con el fin de brindar un servicio de seguridad social. Es aplicable al caso, la tesis sustentada por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: SEGURO SOCIAL, INSTITUTO MEXICANO DEL, CUANDO ACTÚA COMO AUTORIDAD Y CUANDO NO TIENE ESE CARÁCTER. Con anterioridad a la reforma del artículo 135 de la Ley del Seguro Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social carecería del carácter de autoridad, en todos los casos; pero a partir de dicha reforma, asumió el carácter de organismo fiscal autónomo, y por ende, de autoridad, cuando actúa dentro de los términos de la citada reforma, o sea, cuando hace la determinación de créditos a su favor, por concepto de cuotas, o bien, cuando da las bases para su liquidación y los fija en cantidad líquida; mas cuando el aludido Instituto realiza cualquier otro acto no comprendido en las prevenciones del nuevo texto reformado, carece de carácter de autoridad y actúa como particular, es decir, como cualquier organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, tal como ocurre cuando el acto que se reclama de dicho organismo, en el amparo, consiste en la resolución que confirma la dictada por el Departamento Jurídico del propio Instituto, que niega la aclaración pedida por los interesados, y además se declara que al dejar de ser exigibles una o varias de las pensiones reconocidas a los deudos de un trabajador asegurado, que falleció a consecuencia de un accidente profesional, no se cambiaría el monto de las demás prestaciones; pues el acto reclamado no queda comprendido dentro de la prevenciones del artículo 135, reformado, de la Ley del Seguro Social, por no reclamarse del mencionado organismo, ni de ninguno de sus integrantes, alguna determinación de crédito en favor del propio Instituto, sino la negativa para hacer una aclaración relacionada con un crédito a favor de terceros y a cargo del susodicho Instituto, sin que el precepto invocado, pueda interpretarse en el sentido de que se refiere también a los créditos en favor de terceros. Por tanto, si en el caso, el Instituto del Seguro Social y el presidente de su Consejo Técnico obraron como particulares y no como autoridades, ya que actúan en sustitución del patrón, en los términos del artículo 46 de la misma Ley del Seguro Social, es de concluirse que el juicio de garantías es improcedente en los términos de la fracción XVIII del artículo 73, en relación con los 74, fracción III, y 1o., fracción I, de la Ley de Amparo, y con la fracción I, del artículo 103, de la Constitución Federal. En esa tesitura, es dable concluir que con relación al acto reclamado del Instituto Mexicano del Seguro Social, consistente en la negativa a la pensión de viudez en el expediente 34900142100.HCC.142/2015, lo es en su carácter de ente asegurador, supuesto en el cual, no actúan como autoridad para efectos del amparo, pues en esta hipótesis, la relación del particular con el instituto, se da en un plano de igualdad. Por tanto, este órgano jurisdiccional estima que el acto aquí reclamado no puede considerarse como de los equivalentes a los de una autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, pues como se indicó la negativa de pensión de viudez reclamada se atribuye en su carácter de ente asegurador, por lo que no se cumple con las notas distintivas para considerarlo como actos equivalentes a otros de autoridad, consistentes en ser emitidos en un plano de supra a subordinación y de manera unilateral. En las relatadas condiciones, cobra vigencia la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 1, fracción I y 5, fracción II, los dos últimos aplicados a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo; y en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el numeral 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria en consulta, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías. Cabe precisar que la autoridad competente para resolver la procedencia de este, es la Laboral, en términos a los criterios ya señalados. Por lo anteriormente expuesto y con apoyo además en los artículos 73, 74, 124 y 217 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se resuelve: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de garantías promovido por BLANCA ESTELA HERNÁNDEZ, respecto del acto reclamado al Titular de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social en Zacatecas y en representación del Consejo Consultivo Delegacional de dicha Delegación, por los motivos señalados en el considerando II.2.1 de esta sentencia. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y PERSONALMENTE A LAS DEMÁS PARTES. Así lo resolvió y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con la Secretaria que autoriza, licenciado Rebeca Isabel Medina Becerra, hoy veintiocho de mayo de dos mil quince, en que lo permitieron las labores del Juzgado.- DOY FE.

  3. Principal

    En dieciocho de mayo de dos mil quince, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Juez con un oficio con registro 8865.-CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a dieciocho de mayo de dos mil quince. Téngase por recibido el oficio signado por el Titular de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social y en representación del Consejo Consultivo Delegacional de dicha Delegación, por el que rinde informe justificado, y tomando en consideración que el catorce del mes y año en curso se celebró la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías; por tanto, el comunicado de mérito glósese a los presentes autos únicamente para que obre como corresponda. Ahora bien, tomando en consideración que en el presente expediente en que se actúa se encuentra pendiente de dictar sentencia; en tal virtud, con el comunicado de mérito fórmese el cuaderno relativo, y una vez que se emita, sin posterior acuerdo glósese al mismo. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    ZACATECAS, ZACATECAS, A VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por el licenciado José Alberto Zárate Juárez, en su carácter de autorizado de la quejosa Blanca Estela Hernández, en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo vigente, y en atención a su contenido, téngasele por dando cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de diecisiete de abril del presente año. En tales condiciones, se provee: Con fundamento en los artículos 111, fracción II, 112, 115, 116 y 117, de la Ley de Amparo vigente, téngasele por ampliando su demanda de garantías, respecto de nuevos actos reclamados, que reclama al Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Guadalupe, Zacatecas, que en el propio ocurso de ampliación se contienen. Solicítese a la citada autoridad responsable su informe justificado. Asimismo, hágase saber a las partes que, cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten; ello de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley de Amparo vigente. Con fundamento en el numeral 29 de la Ley Reglamentaria en consulta, notifíquese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, el trámite del presente asunto por medio de lista, quedando a su disposición copia del escrito de ampliación de demanda en la Secretaría de este Juzgado. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE, PERSONALMENTE AL QUEJOSO Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES.

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