Blanca Estela Trujillo Domínguez
Expediente 258/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 258/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Blanca Estela Trujillo Domínguez
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a siete de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guarda el juicio de amparo, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en el plazo que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que el auto de veintidós de abril de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por --------, por su propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales I.M.T., HA CAUSADO ESTADO. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese como asunto concluido, ya que no existe diligencia ni trámite pendiente que realizar. Ahora bien, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su Capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, Capítulo Octavo, numeral 21, inciso b), que dicen: "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: (.) II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; (.)" "CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DESTRUIBLES. (...) Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; (.)" Por tanto, SE ESTIMA QUE ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, de conformidad en lo previsto en los párrafos que anteceden; por ende, debe realizarse el procedimiento de la desincorporación y desintegración material total de este asunto, pues, se trata de un expediente en el cual este órgano jurisdiccional desechó la demanda de amparo. En ese orden, no se omite precisar que el presente asunto, en términos del artículo 15 del citado acuerdo, no es considerado asunto de relevancia documental, ni tiene valor jurídico e histórico para su conservación. Por otra parte, con fundamento en el artículo 20 del referido Acuerdo General, se deja a disposición de la parte quejosa la documental que exhibió conjuntamente con su escrito aclaratorio, en el entendido que, cuando se presente a su recolección deberá dejarse en autos copia certificada de la misma; previa toma de razón que por su recibo asiente en autos, apercibida que de no solicitarla en el término de noventa días posteriores al presente acuerdo, correrá la misma suerte que el expediente principal. Finalmente, se precisa que para poder acudir a recoger la documental que anexó al presente asunto, conforme a los artículos 3° y 4° del indicado Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá generar una cita en el Portal de Servicios en Línea, micrositio "Servicios jurisdiccionales", en el que encontrará el sistema "Agenda OJ", a fin de que este Juzgado esté en posibilidad de darle acceso al mismo, para lo cual deberá cumplir además con las medidas que establece el capítulo II del Acuerdo General en consulta, y los controles sanitarios que al efecto se establezcan. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintidós de abril de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por ---------, mediante el cual desahoga los puntos de prevención insertos en proveído de nueve de abril de dos mil veintiuno, y refiere promover también la demanda en representación de la menor de iniciales I.M.T., y para tal efecto exhibe copia certificada del acta de nacimiento de la aludida menor, y agrega las copias de traslado que le fueron solicitadas; por tanto, provéase lo que conforme a derecho corresponda, respecto de la demanda de amparo de que se trata. Atento a lo anterior, vista nuevamente la demandad de amparo y escrito aclaratorio suscrito por Blanca Estela Trujillo Domínguez, por su propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales I.M.T., se advierte que el acto reclamado se hace consistir en: Las determinaciones adoptada por el Juez Cuarto Familiar de Cuautitlán, México, en audiencia inicial de diez de marzo de dos mil veintiuno, dentro del expediente 643/2020, respecto a lo siguiente: La fijación de la litis en ese procedimiento. Admisión de pruebas de la parte demandada en ese procedimiento, aquí tercero interesado. Inadmisión de pruebas ofertadas por la quejosa. La determinación emitida en la etapa de revisión de medidas provisionales, en la que se decreta que la menor quejosa deberá quedar provisionalmente al cuidado de su progenitor. Precisado lo anterior, se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. Asimismo, de conformidad con el artículo 113 de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situaciones que en el caso a estudio acontecen. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4 publicada en la página 890, tomo VII, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Precisado lo anterior, se estima que respecto de la determinación adoptada por el Juez Cuarto Familiar de Cuautitlán, México, en audiencia inicial de diez de marzo de dos mil veintiuno, dentro del expediente 643/2020, respecto a la fijación de la litis en ese procedimiento y la admisión de pruebas de su contrario en el de origen, opera la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De igual forma, es conveniente señalar que el numeral 107, fracción V, de la ley de la materia, señala: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V.- Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". Por su parte, el ordinal 107, fracción III, inciso b), Constitucional, dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetaran a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo solo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan." En este punto, es de señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado este precepto jurídico, específicamente, en la parte relativa a que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados por la Constitución a través de los derechos humanos, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus consecuencias, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio y, por el contrario, los actos de ejecución reparables no tocan tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Es decir, el prototipo de los actos irreparables está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón que éstos constituyen especies de los que la Ley Fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los reparables se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. El amparo indirecto procede, pues, contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, cuando los daños causados por éstos no tengan solución alguna para el gobernado, por afectar sus derechos sustantivos y no los adjetivos, de acuerdo con la siguiente distinción: Derechos sustantivos: son los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, los que se encuentran tutelados en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, a través de los llamados derechos humanos, en virtud que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia favorable en el juicio. Derechos adjetivos: son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de una resolución favorable; por lo que sí esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Resulta ilustrativa, a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 189, visible en la página 154 del Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." Así como la tesis: I.5o.C.8 K (10a.), sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, Junio de 2015, Tomo III, Décima Época, Página 1947, que dice: "AMPARO CONTRA ACTOS DENTRO DE JUICIO. SÓLO PROCEDE CUANDO EXISTE UNA AFECTACIÓN MATERIAL A DERECHOS SUSTANTIVOS TUTELADOS EN LA CONSTITUCIÓN O EN LOS TRATADOS, Y NO CUANDO SE TRATE DE UNA EVENTUAL VIOLACIÓN FORMAL O INDIRECTA (INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE)." Luego entonces, si la quejosa reclama las determinaciones tomadas en audiencia inicial de diez de marzo de dos mil veintiuno, emitida por el Juez Cuarto Familiar de Cuautitlán, Estado de México, en el que aduce que fijó de manera incorrecta la litis en el asunto de origen, pues a su decir el demandado no formuló pretensiones, por lo que se le tuvo que haber tenido allanándose a las que ésta formuló, y también refiere que no se tuvieron que admitir y preparar las pruebas de su contrario ya que si no se formularon pretensiones, no existen puntos controvertidos que probar, aunado a que refiere que su ofrecimiento ocurrió fuera de tiempo para ello. En ese sentido, dichos actos reclamados no constituyen para la parte quejosa, un acto de imposible reparación, que transgreda en su perjuicio algún derecho fundamental tutelado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde a lo previsto en los artículos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), Constitucional. Lo anterior es así, pues, resulta notorio que las actuaciones reclamadas, no quebrantan en perjuicio de la agraviada, de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos humanos, ya que sólo produce efectos formales o intraprocesales, por tratarse de actos que carecen de una consecuencia de imposible reparación. En ese sentido, esos actos reclamados analizados no reúnen las características de imposible reparación, en tanto que sus consecuencias no afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos previstos en la Constitución Federal, pues únicamente tiene que ver con cuestiones carentes de efectos de imposible reparación. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la jurisprudencia número IV.2o.C J/2 (10a.), de los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 1539, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Décima Época, que versa al tenor literal siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). Así como, por el criterio que sostiene la tesis IV.3o.T.330 L, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Agosto de 2011, página 1281, Novena Época, que dice: "ALLANAMIENTO PARCIAL DE LA DEMANDA EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. LA OMISIÓN DE ACORDARLO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO Y NO UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, emitió las tesis LVII/2004 y LVIII/2004, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, octubre de 2004, páginas 9 y 10, de rubros: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." y "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS.", respectivamente. De dichos criterios se concluye que la omisión de la Junta de acordar el allanamiento parcial que la quejosa hizo a las prestaciones demandadas por su contraparte, constituye una infracción procesal y no un acto de ejecución irreparable, toda vez que no afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que se tutelan por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, cuya afectación o sus efectos no podrían repararse ni obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado de manera irreversible la violación de la garantía individual, sino que únicamente tiene efectos formales o intraprocesales derivados de la eventual infracción a derechos adjetivos o procesales, que no necesariamente van a ocasionar que en el laudo la responsable no lo tome en cuenta y en dicha forma, sea desfavorable a los intereses del quejoso, quien pretende que en esa parte se evite la controversia; es decir, sólo inciden en la tramitación del juicio, sin que necesariamente trascienda al sentido definitivo de la resolución final, por lo que, cuando la responsable considere dicho allanamiento al dictar el laudo, esos efectos se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica; de ahí que dicha violación adjetiva sea reclamable en amparo directo y no en la vía biinstancial, de acuerdo con el artículo 159, fracción XII, de la Ley de Amparo." Sirve de apoyo, a lo anterior la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, Novena Época, Página 2812, que dice: "PRUEBAS. LAS VIOLACIONES COMETIDAS RESPECTO DE LA FORMA Y MEDIOS DE RECIBIRLAS NO SON MATERIA DE AMPARO INDIRECTO. Este Tribunal Colegiado abandona el criterio sustentado en la tesis aislada de la Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Segunda Parte-2, enero a junio de 1988, página 557, de rubro "PRUEBAS, LAS VIOLACIONES COMETIDAS RESPECTO DE LA FORMA Y MEDIOS DE RECIBIRLAS SE RECLAMAN EN AMPARO.", porque de acuerdo con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede cuando el acto reclamado está dictado dentro de juicio y tiene una ejecución cuyos efectos sean de imposible reparación; por tanto si el acto reclamado consiste en la forma y medios para recibir y desahogar una prueba, salvo que afecte un derecho sustantivo, no puede desligarse de su admisión y desahogo, que en su caso afecta un derecho procesal que no surte la procedencia del amparo indirecto, porque para que éste proceda, respecto de un acto dentro de juicio es indispensable que la consecuencia directa e inmediata afecte un derecho sustantivo, o que afecte un derecho procesal de carácter predominante o superior. " Siendo así, es claro que las consecuencias de la posible irregularidad del acto reclamado, son susceptibles de extinguirse sin originar afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica; por lo tanto es evidente que dicho acto no resulta irreparable, ya que sólo produce efectos intraprocesales, sin causar perjuicio ni afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos, como propiedades, posesiones o derechos, al no implicar por sí mismo la obtención de una resolución desfavorable en la contienda judicial. Lo cual evidencia que los derechos que aduce la quejosa fueron violados, no revisten la categoría de "sustantivos", expresión que resulta antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, pues únicamente se alegan violaciones al debido proceso y a los principios de legalidad en su vertiente de debida fundamentación y motivación. En ese sentido la afectación que pudiera resentir derivado de la violación de la que se duele, no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento. Sirve de apoyo, la jurisprudencia consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Noviembre de 2008, página 1220, Materia Común, Novena Época, que dice: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE ARGUMENTA QUE EL ACTO RECLAMADO CARECE DE FUNDAMENTACIÓN Y/O MOTIVACIÓN, LO QUE GENERA LA VIOLACIÓN A LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y DEFENSA, PUES ÉSTAS NO SON DERECHOS SUSTANTIVOS. El hecho de que la resolución reclamada en el amparo no se encuentre debidamente fundada y/o motivada, y ello derive en la violación a las garantías de legalidad y defensa, no hace procedente el juicio de garantías en la vía indirecta, en términos del artículo 114, fracción IV, de la ley de la materia, ya que tal precepto exige para la procedencia de la acción constitucional que el acto se realice dentro del juicio y que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, esto es, sólo sería procedente el amparo en esta vía, si se afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos del gobernado, y las garantías individuales no son derechos sustantivos sino un instrumento constitucional establecido para salvaguardarlos." En efecto, los actos reclamados no lesionan derechos sustantivos de la justiciable, ya que sólo pueden considerarse como violaciones al procedimiento, encuadrables en el artículo 172, de la Ley de Amparo. En esas condiciones, se observa que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, con relación con el diverso 107, fracción III, inciso b), Constitucional, y por ende, se desecha la demanda de amparo respecto a las determinaciones aludidas. Por otra parte, este Órgano Jurisdiccional advierte que respecto a las determinaciones adoptada por el Juez Cuarto Familiar de Cuautitlán, México, en audiencia inicial de diez de marzo de dos mil veintiuno, dentro del expediente 643/2020, respecto a la inadmisión de pruebas ofertadas por la quejosa y la emitida en la etapa de revisión de medidas provisionales, en la que se decreta que la menor quejosa deberá quedar provisionalmente al cuidado de su progenitor, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, relativa a que para que sea procedente el juicio de amparo, previamente debieron agotarse los recursos ordinarios o medios de defensa que señale la ley que rija el acto que se reclame (principio de definitividad), salvo las excepciones que la misma establece, numeral que en lo que interesa, señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.)" Del dispositivo transcrito se advierte que los elementos con los que se integra la causa de improcedencia en comento, son los siguientes: Que el acto reclamado constituya una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) Que, por virtud de dicho medio de defensa o recurso, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Consecuentemente, si se actualizan esos supuestos, entonces agotar el medio de defensa ordinario, resulta una carga ineludible para la parte quejosa, aun cuando se pretenda interponer el juicio de amparo contra actos que puedan producir un perjuicio irreparable y aun cuando en la contienda jurídica se encuentre involucrado un menor de edad (como es el caso); tal como lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 113/2013 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 350, de rubro y texto: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." No obstante lo anterior, la propia Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la diversa contradicción de tesis 139/2013, refirió una excepción para la actualización de la causal de improcedencia en estudio, cuando estuviera involucrado un menor de edad: "en términos del artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [.] será posible dejar de observar la regla de la definitividad en el juicio de amparo indirecto en aquellos casos en los que esté involucrada una persona menor de edad (desde la perspectiva de su interés superior), cuando el recurso ordinario que deba ser agotado no admita suspensión y, por ende, no sea adecuado y eficaz para alejar al niño o a la niña de una situación de vulnerabilidad en la que se encuentre y cuyo riesgo, para el caso de ejecutarse la resolución impugnada, sea alegado por cualquiera de las partes." Lo cual busca el objetivo de que haya un órgano jurisdiccional que valore de manera inmediata las circunstancias del caso y que decida lo pertinente, "no solamente para evitar un perjuicio al menor sino para lograr su mayor beneficio al estar en condiciones de acceder plenamente a la jurisdicción del Estado". Dicha excepción puede constatarse en el texto de la jurisprudencia 1a./J. 77/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, página 990, de rubro y texto: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO. En términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y, particularmente, otorgar una protección especial a los derechos de la infancia por las circunstancias de vulnerabilidad en que se hallan. Por lo anterior, y en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la propia Constitución y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se sigue que se actualiza una excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto en aquellos casos en los que esté involucrado un menor de edad, cuando, de acuerdo con la legislación aplicable al caso, el recurso ordinario que deba agotarse no admita suspensión y cualquiera de las partes alegue un riesgo para el menor en caso de ejecutarse la resolución impugnada, pues en ese supuesto el recurso es inadecuado o ineficaz para alejarlo de la situación de vulnerabilidad en que pueda encontrarse. Lo anterior es así, pues el principio de definitividad supone la existencia de recursos idóneos, efectivos, oportunos y aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes cometidas en el acto o resolución impugnada." Por lo tanto, en el caso en concreto, para estimar que se actualiza la causal de improcedencia referida, se debe constatar que se cumplan los primeros cuatro criterios generales; y además, al estar involucrado el interés superior de la menor de identidad reservada I.M.T., es preciso además, constatar que el medio ordinario de defensa no sea inadecuado o ineficaz para alejarlo de la situación de vulnerabilidad en que pueda encontrarse; es decir, también debe constatarse que no se actualice la excepción al principio de definitividad. Pues bien, como se adelantó, en contra del acto reclamado consisten en las determinaciones adoptada por el Juez Cuarto Familiar de Cuautitlán, México, en audiencia inicial de diez de marzo de dos mil veintiuno, dentro del expediente 643/2020, respecto a la inadmisión de pruebas ofertadas por la quejosa y la emitida en la etapa de revisión de medidas provisionales, en la que se decreta que la menor quejosa deberá quedar provisionalmente al cuidado de su progenitor, en principio, procede el recurso de revocación previsto en la legislación adjetiva aplicable, de conformidad con lo previsto en los artículos 5.75, en relación con el 5.44, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, que establecen: "Artículo 5.75. En audiencia, el recurso de revocación sólo procede en contra de: El auto que resuelva excepciones procesales El que inadmita pruebas El auto que declare o niegue tener por confesa a alguna e las partes; y El que resuelva sobre la revisión de medidas provisionales. Los demás decretos y autos dictados en audiencia serán irrecurribles. La revocación sólo podrá plantearse en la audiencia y al momento de emitirse el auto o decreto, interpuesta, el juez dará vista a la contraria, de estar presente para que en el acto la desahogue y dictará resolución." "Artículo 5.44. Cuando se controviertan derechos de menores o incapaces, el juez podrá dictar las medidas provisionales que estime pertinentes para salvaguardar los derechos de aquellos, ya sea a petición de parte o de oficio, con conocimiento de la posición de las partes sobre el particular." De esos preceptos, se arriba a la conclusión de que los cuatro primeros requisitos para que se actualice la causa de improcedencia en estudio, se encuentran satisfechos. En primer lugar, el acto reclamado fue dictado por el Juez Cuarto Familiar de Cuautitlán, México, en el expediente 643/2020, con lo cual se cumple con el primero de los requisitos antes precisados, al provenir de un tribunal judicial. El segundo y tercero de los requisitos antes señalados también se colman en el caso a estudio, si se tiene en consideración el contenido del artículo 5.75 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, del cual se advierte la procedencia de un medio de impugnación dentro del propio procedimiento familiar, que debió interponer la parte quejosa en el procedimiento de origen, previo a la promoción del juicio de amparo. Aunado a lo anterior, el recurso de revocación previsto en el artículo 5.75, del citado Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, en relación al diverso 5.44, resulta un medio idóneo, a través del cual se pudo haber modificado, revocado o nulificado las determinaciones reclamadas, con lo cual se colma el cuarto de los requisitos precisados en párrafos precedentes. Es decir, era exigible que la quejosa, previo a acudir al juicio de amparo indirecto, agotara el recurso ordinario previsto por la Ley que rige la contienda de origen, el cual se encuentra a su alcance, dado que se trata de una de las partes formales dentro de la controversia de origen. Aunado a lo anterior, se estima cumplido también el quinto requisito, porque no se actualiza la excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo aun cuando en el caso, sí está involucrada una menor de edad. Porque, conforme a la legislación aplicable el recurso de revocación sí permite suspender los efectos del auto reclamado, lo cual resulta idóneo para alejar a la menor de cualquier sutiación de riesgo o vulneración en que pudiera haberse encontrado, por la emisión o ejecución del auto aquí reclamado. Si bien el artículo que regula la tramitación de ese medio de defensa no establece de manera expresa que con su interposición se suspenda la ejecución del acto reclamado, de una interpretación sistemática del sistema de recursos y medios de impugnación previsto en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, es posible advertir que el único recurso que expresamente no admite la suspensión de los efectos del auto recurrido, es el recurso de apelación sin efecto suspensivo. En tanto que del aludido numeral 5.44, del aludido Código se colige que el juez en el juicio relativo a cuestiones de menores tiene la facultad de decretar medidas provisionales, de oficio, o en revisión oficiosa de las que se hayan solicitado por las partes. Además, de forma contraria a los demás recursos, incluyendo el de apelación con efectos suspensivos, respecto del cual el legislador mexiquense únicamente señaló: "Artículo 1.368.- La apelación admitida con efecto suspensivo impide la ejecución de la resolución; entre tanto, sólo podrán dictarse las resoluciones que se refieren a la administración, custodia y conservación de bienes embargados o intervenidos judicialmente, siempre que la apelación no verse sobre alguno de estos puntos." Al momento de regular aquellos casos, en que la interposición del medio de impugnación, no suspendería la ejecución de la determinación reclamada, definió un sistema para garantizar posibles daños a la parte a ejecutar, en caso de resulta improcedente ese medio; así se puede advertir del artículo 1.1373 de la referida legislación, que establece lo siguiente: "Artículo 1.373.- Para ejecutar la sentencia, definitiva o interlocutoria, apelada sin efecto suspensivo, se otorgará previamente garantía que podrá consistir en: Hipoteca sobre bienes bastantes, a juicio del Juez, ubicados dentro del Estado; II. Depósito de dinero en efectivo." Exceptuándose únicamente aquellas resoluciones que concedan alimentos, custodia temporal o convivencia, las cuales se ejecutarán sin necesidad de garantía. Aunado a lo anterior, incluso en el recurso de apelación sin efectos suspensivos, la legislación adjetiva en estudio establece que es posible evitar la ejecución, si el ejecutado otorga a su vez, garantía bastante para responder de los daños y perjuicios, pagando el importe de los gastos de la garantía que se hubiere otorgado. En consecuencia, debe estimarse si en tratándose del recurso de revocación, el legislador no estableció un sistema similar a fin de reparar los posibles daños y perjuicios que se causen con la ejecución de una determinación impugnada, ni para impedir que ello ocurra mediante una contragarantía, la lógica indica que ello es porque en principio, la simple interposición de ese medio de defensa suspende la ejecución del acto recurrido; pues de otra forma se llegaría al absurdo de considerar que la ley permite que se ejecuten actos que posteriormente puedan ser revocados, sin ninguna protección para las personas que puedan sufrir daños o perjuicios con esa ejecución. Así, de una lectura integral del sistema de recursos previsto en la legislación adjetiva se puede concluir que la regla general es que la interposición de un recurso suspende la ejecución de la resolución impugnada, para lo cual es innecesario otorgar garantía o cumplir algún tipo de requisito adicional; pues a contrario sensu, cuando el legislador estimó que la interposición de un recurso no tenía el efecto de suspender la ejecución, así lo expresó (apelación sin efectos suspensivos), e incluso en aquel recurso que si permite la ejecución, instauró un mecanismo gracias al cual para poder llevarla a cabo es, en principio, necesario que quien pretenda ejecutarla otorgue una garantía suficiente para "garantizar la devolución de lo que se deba percibir; sus frutos e intereses; la indemnización de daños y perjuicios y, en general, la restitución de las cosas al estado en que se hallaban antes de la ejecución". De esa forma, se debe concluir que la regulación del recurso de revocación, no impide de manera alguna que se suspenda la ejecución de la determinación impugnada; por lo tanto, no se actualiza la excepción al principio de definitividad en comento; ya que ningún riesgo se generaría para la menor quejosa, con la interposición de dicho medio ordinario de defensa de manera previa a acudir al juicio de amparo. Es decir, el recurso de revocación previsto en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, resultaba adecuado y eficaz para alejar a la menor quejosa de la situación de vulnerabilidad en que pueda encontrarse. Además, la legislación adjetiva en estudio establece un trámite sumario para la interposición, tramitación y resolución de ese medio de impugnación, pues la interposición del recurso debió acontecer en la propia audiencia en la que se emitieron las determinaciones que ahora se reclaman, y en la propia audiencia debe de resolverse una vez escuchas a las partes. En efecto, el lapso ocurrido entre el dictado de la determinación reclamada, la interposición y resolución del recurso de revocación es muy breve, ya que se trata de una actuación eminentemente oral, cuyas actuaciones y pedimentos de las partes son realizadas en ese mismo acto, motivo por el cual no podría surgir un momento en el cual se gozara de la suspensión del acto impugnado, ya que de haberse interpuesto el aludido recurso en la respectiva etapa de la audiencia inicial, el juez de origen hubiese tenido que resolver lo conducente, sin que se pudiera ejecutar el acto reclamado, al no haberse cerrado la audiencia, y con ello se advierte que el trámite del referido recurso es incluso más expedito y requiere menos formalidades que el propio juicio de amparo indirecto. En conclusión, el recurso de revocación cumple los requisitos fijados en cuanto a que es idóneo, efectivo, oportuno y apto para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes cometidas en el acto o resolución impugnada. Consecuentemente, si la interposición del recurso de revocación correspondiente, podría suspender la ejecución del acuerdo reclamado, la parte quejosa debió haberlo agotado de manera previa a combatir el acto reclamado en este juicio constitucional; y al no haberlo hecho así, se debe estimar que se actualiza la causal de improcedencia en comento, relativa al principio de definitividad. En ese orden de ideas, al actualizarse en la especie la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, en relación con el 113, ambos de la Ley de Amparo, PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE GARANTÍAS, promovida por -------, por propio derecho y en representación de la menor de iniciales I.M.T., respecto de los actos antes indicados. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a nueve de abril de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ----------, por propio derecho, contra actos del Juez Cuarto de lo Familiar de Cuautitlán, Estado de México, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo, 87, 88 y 89 del Acuerdo General Conjunto 12/2020, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se instruye a los secretarios y demás personal de este juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 258/2021-VII. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo, deben digitalizar las constancias que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. Ahora bien, el numeral 114 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente: No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias por el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." De lo antes transcrito se desprende que dicho artículo no limita las facultades del Juzgador Federal para exigir la aclaración de la demanda sólo cuando se omiten los requisitos del artículo 108 de la legislación en comento, sino en forma amplia y discrecional permite observar cualquier irregularidad que pudiese obstaculizar el trámite, dado que al promover en la vía indirecta es evidente que no se tienen más datos que los que son proporcionados por la parte que promueve, con lo cual se considera prevenir a la parte quejosa cuando se estime que: 1.- Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda. 2.- Si se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de la ley de la materia, consistentes en: "Artículo 108.- La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgado de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; Los preceptos que conforme al artículo 1º de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1° de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los Estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo se señalara el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y, Los conceptos de violación." 3.- No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente. 4.- No hubiere expresado con precisión el acto reclamado. 5.- No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Precisado lo anterior y con apoyo en lo previsto en el artículo 114, en relación con el 108, ambos de la Ley de Amparo, se considera necesario requerir a Blanca Estela Trujillo Domínguez, para que dentro del plazo de cinco días, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, realice lo siguiente: Deberá manifestar si el presente asunto lo promueve únicamente por su propio derecho, o también en representación de la menor de iniciales I.M.T.; ello, toda vez que del preámbulo de su escrito inicial de demanda se advierte que únicamente la promueve defendiendo sus derechos, en tanto que en los actos reclamados y antecedes que le precedieron, hace referencia a la afectación de dicha menor respecto de la resolución que reclama. Para el caso de que también promueva el juicio de amparo en representación de la menor de iniciales I.M.T., deberá exhibir documento fehaciente con el que acredite la personalidad con la que se ostente en el presente juicio de amparo. Ello es así, en virtud de que el artículo 17 Constitucional, prevé la garantía relativa a la pronta y expedita impartición de justicia, que obliga a considerar que en todos los juicios deben regir principios que, orientados a satisfacerla, permitan a los gobernados un efectivo acceso a la jurisdicción, los cuales evidentemente son aplicables al juicio de amparo, por cuanto éste se haya instituido por los artículos 103 y 107 del mismo ordenamiento fundamental, como el medio de control judicial de la constitucionalidad de los actos de autoridades públicas en defensa de los derechos fundamentales de los gobernados, es decir, que estos adquieren matices propios con relación al tema de la personalidad de la promovente en el juicio de amparo. En consecuencia, si en todos los procedimientos la personalidad constituye un requisito de procedibilidad de la acción, en el juicio de amparo, a diferencia de otros, en donde el examen de la misma queda librado a la instancia de las partes que por vía de excepción deben provocar al Órgano Jurisdiccional para que la analice, corresponde al Juez de Amparo analizarla considerando que la materia del debate no son intereses puramente privados sino el interés supremo de salvaguardar el orden constitucional, lo que explica, que el Juez de Distrito debe acatar lo precisado por el más alto tribunal en la jurisprudencia número 2ª./J. 1/96, visible en la página 48, tomo III, enero de mil novecientos noventa y seis del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA AL PROVEER SOBRE LA DEMANDA Y SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE CONFORME AL ARTICULO 114 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.", En el entendido de que el documento con el que pretenda acreditar su personalidad deberá ser anterior a la fecha de presentación de la demanda de amparo. Norma criterio a lo anterior la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Enero de 1992, Octava Época, consultable en la página 243, que al rubro señala "REPRESENTACION, NO PUEDE OTORGARSE DESPUES DE INTERPUESTO EL RECURSO O JUICIO RESPECTIVO. Deberá exhibir cinco copias del escrito de desahogo y del documento con el que acredite la personalidad con la que se ostenta en el presente asunto, para correr traslado a cada una de las partes en el presente asunto. Las copias del desahogo y del documento con el cual acredita su personalidad, es con la finalidad de correr traslado a las partes, ya que este supuesto procesal no es cuestión que únicamente incumba a la promovente y al juzgador de amparo, o que no trascienda a la litis constitucional sino que por el contrario, al ser uno de los requisitos de la demanda (en términos de lo dispuesto en el artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo), incide en las defensas de las demás partes, en la medida en que tienen derecho de conocer si quien se ostenta como sujeto de válida expresión de otro, para excitar la actividad jurisdiccional con el propósito de resolver el conflicto, efectivamente cuenta con dicha facultad, y este derecho a conocer el contenido del escrito de la demanda, por disposición expresa del artículo 110 de la ley de la materia, se logra a través de una copia del referido ocurso, carga que corresponde al propio quejoso. Es de aplicarse la Jurisprudencia número P.VII/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos veinticinco, tomo XIII, abril dos mil uno, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación que al rubro dice "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. FINALIDAD DE LOS REQUISITOS QUE DEBE CONTENER EL ESCRITO RELATIVO Y DE LAS COPIAS QUE DEBEN EXHIBIRSE." Asimismo, deberá indicar si contra la resolución que aquí reclama interpuso algún medio de defensa. También, tendrá que exhibir una copia de su escrito inicial de demanda, toda vez que únicamente anexó cuatro, siendo necesarias cinco para ser distribuidas de la siguiente manera, una para la autoridad responsable, dos para correr traslado al tercero interesado y al Agente del Ministerio Público y dos más para formar por duplicado y cuerda separada el incidente respectivo. Se apercibe a la parte promovente del amparo que de no dar cumplimiento a los puntos de prevención del uno al cuatro, se acordara únicamente lo que conforme a derecho corresponda por su propio derecho, mientras que de no atender el último punto de aclaración, se postergara la apertura del incidente de suspensión. En otro orden de ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en Avenida ------------, Municipio de Cuautitlán, Estado de México. ----------- De conformidad con el numeral 21, de la ley de la materia, se faculta al fedatario adscrito para que de ser necesario, realice las diligencias de este sumario, en días y horas inhábiles. También, se hace del conocimiento al Actuario Judicial de la adscripción, que para llevar a cabo las notificaciones que deriven del presente juicio, deberá´ dar cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la salud de quien realice la notificación y de las personas justiciables. Por otro lado, se tiene por autorizada a Sandra Berenice Picazo Lerma, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, y en su caso podrá gozar de las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, una vez que acredite tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, mientras que las diversas personas que se indican, únicamente quedan acreditadas para oír y recibir notificaciones, e imponerse de autos, por así haberlo indicado la quejosa. Ahora bien, en términos del Acuerdo General 21/2020, artículo 222 y cuarto transitorio, se sugiere a la parte quejosa, que de ser posible transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en donde podrán acceder al micrositio de "servicios jurisdiccionales" en el siguiente enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, además, proporcione un número de teléfono móvil para que se pueda entablar el contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios, y así estar en mayor posibilidad de dar la expedites y celeridad para la integración del asunto, como lo prevé el precepto 17, constitucional. Por otra parte, se hace del conocimiento de la parte quejosa el número telefónico del Secretario encargado del asunto Jesús Facio Rodríguez, a saber 5553870500, extensión 1387, a quien de ser necesario para atención del expediente, se podrá contactar en un horario de nueve a quince horas de lunes a viernes. En diverso aspecto, se hace del conocimiento de la parte quejosa que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Finalmente, que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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