Blanca Luz Orduña Ágeles

Expediente 685/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
685/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
11/08/2021

Partes del expediente

  • Blanca Luz Orduña Ágeles

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a once de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en el plazo que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que el auto de veintiséis de julio de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Blanca Luz Orduña Ángeles, por su propio derecho, HA CAUSADO ESTADO. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese como asunto concluido, ya que no existe diligencia ni trámite pendiente que realizar. Ahora bien, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su Capítulo Segundo, artículo 6, fracción II; y, Capítulo Octavo, numeral 21, inciso b), que dicen: "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL. Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: (.) II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; (.)" "CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DESTRUIBLES. Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; (.)" Por tanto, se ESTIMA QUE ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, de conformidad en lo previsto en los párrafos que anteceden; por ende, debe realizarse el procedimiento de la desincorporación y desintegración material total de este asunto, pues, se trata de un expediente en el cual este órgano jurisdiccional desechó la demanda de amparo. Finalmente, no se omite precisar que el presente asunto, en términos del artículo 15 del citado acuerdo, no es considerado asunto de relevancia documental, ni tiene valor jurídico e histórico para su conservación. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    CITATORIO.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE VEINIÉIS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO QUE INTERESA DICE: Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintiséis de julio de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por ****, por propio derecho, por medio del cual desahoga los puntos de prevención que se le formularon en auto de dieciséis de julio de dos mil veintiuno; por tanto, provéase lo que conforme a derecho corresponda. En ese orden de ideas, una vez analizado el escrito inicial de demanda de amparo y escrito aclaratorio, en el caso se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo, conformo lo señala el diverso numeral 113 del mismo ordenamiento legal: El artículo 113, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo de improcedencia, se debe desechar de plano, en relación con lo expuesto, diversos tribunales de la Federación, se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Ahora bien, de la lectura de la demanda y escrito aclaratorio se observa que el acto reclamado se hace consistir en: El auto de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, dictado por el Juzgado Séptimo Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza; Estado de México, dentro del juicio ordinario civil (acción reivindicatoria) 276/2019, en el que ordenó la ejecución del punto resolutivo cuarto de la sentencia dictada en ese procedimiento. Señalado lo anterior, se considera que en el caso se actualiza la causa de improcedencia señalada en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 158, 206 y 207, todos de la Ley de Amparo, mismos que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la Ley." "Artículo 158. Para la ejecución y cumplimiento del auto de suspensión se observaran las disposiciones relativas al Título Quinto de esta Ley. En caso de incumplimiento, cuando la naturaleza del acto lo permita el ´órgano jurisdiccional de amparo podrá hacer cumplir la resolución suspensional o podrá tomar las medidas para el cumplimiento." "Artículo 206. El incidente a que se refiere este Capítulo procede en contra de las autoridades responsables, por cualquier persona que resulte agraviada por el incumplimiento de la suspensión, sea de plano o definitiva, por exceso o defecto en su ejecución o por admitir, con notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente. Este incidente podrá promoverse en cualquier tiempo, mientras no cause ejecutoria la resolución que se dicte en el juicio de amparo. Artículo 207. Incidente se promoverá ante el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de la suspensión concedida en amparo indirecto, y ante el presidente del tribunal colegiado de circuito si la suspensión fue concedida en amparo directo." Del primero de los numerales transcritos se observa que la improcedencia del juicio de amparo puede resultar de las propias hipótesis que prevé ese numeral 61 de la Ley de Amparo, cualquier otro numeral de la misma legislación, o bien, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Mientras que los numerales señalados en segundo término, contemplan la procedente del incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión concedida en un juicio de amparo, ya sea directo o indirecto, el cual podrá promoverse por cualquier persona que resulte agraviado por su incumplimiento. Además, éste podrá ser tramitado en cualquier momento mientras no se haya dictado sentencia ejecutoriada dentro del juicio de amparo en el que se haya emitido esa medida suspensional, el cual, deberá tramitarse ante el Presidente del Tribunal Colegido de Circuito, en tratándose de amparo directo. Indicado lo anterior, y con base en los antecedentes, pruebas que exhibe la parte quejosa a su escrito de demanda y consulta que se realizó en el Sistema integral de Seguimiento de Expedientes, se considera que la parte quejosa debe agotar ese incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, puesto que contra la sentencia que se pretende cumplimentar a través del auto que se reclama, promovió juicio de amparo directo y se le concedió la suspensión del acto reclamado, sin que a la fecha en ese amparo uni-instancial se haya dictado sentencia ejecutoriada. Lo anterior es así, pues en sus antecedentes la parte quejosa indicó: Que con fecha dos de abril de dos mil diecinueve, Margarito Rodríguez Reyes, interpuso juicio ordinario civil (acción reivindicatoria) en contra de la hoy quejosa, mismo que fue admitido en dicha data por el Juzgado Séptimo Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza; Estado de México, bajo el expediente 276/2019. Por escrito de veinte de mayo de dos mil diecinueve la ahora quejosa Blanca Luz Orduña Ángeles, dio contestación a dicha demanda y formuló reconvención en contra de Margarito Rodríguez Reyes. Seguidos el procedimiento el Juzgado Séptimo Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza; Estado de México, dictó sentencia el once de noviembre de dos mil diecinueve, en la que determinó: "PRIMERO.- Ha sido procedente la VÍA ORDINARIA CIVIL ejercitada para la transmisión del presente juicio en la que la actora reconvencional BLANCA LUZ ORDUÑA ÁNGELES, no probó la acción de usucapio que ejerció, en contra de MARGARITO RODRÍGUEZ REYES; en consecuencia se absuelve a este último de las prestaciones reclamadas. SEGUNDO: El actor en lo principal MARGARITO RODRÍGUEZ REYES; acredito la acción reivindicatoria que ejercito contra BLANCA LUZ ORDUÑA ÁNGELES, en consecuencia. TERCERO: Se declara que MARGARITO RODRÍGUEZ REYES; tiene pleno dominio sobre el inmueble ubicado en AVENIDA DE LOS LAURELES NÚMERO 87, MANZANA 20, LOTE 15 FRACCIONAMIENTO JARDINES DE ATIZAPAN EN EL MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO, con las medidas y colindancias en el hecho dos de la demanda. CUARTO: Se condena a contra BLANCA LUZ ORDUÑA ÁNGELES, a la desocupación y entrega al actor reconvencional, de dicho inmueble con sus accesiones, lo que deberá de hacer dentro del término de OCHO DÍAS, siguientes al que cause ejecutoria la presente resolución. QUINTO: No se hace condena al pago gastos y costas judiciales en esta instancia." Inconforme con dicha determinación la hoy quejosa Blanca Luz Orduña Ángeles, interpuso recurso de revocación el veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, el cual toco conocer a la Segunda Sala Colegiada Civil de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, registrándolo bajo el número de toca 70/2020, quien en fecha cinco de marzo de dos mil veinte, confirmó la sentencia sujeta a revisión en ese procedimiento. La aquí quejosa Blanca Luz Orduña Ángeles, promovió demanda de amparo indirecto en contra de dicha resolución, y solicitó la suspensión del acto reclamado, esto es, se suspendió la ejecución de la resolución de primera instancia, para lo cual se le fijó una garantía por la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional), garantía que fue constituida ante la propia responsable, lo anterior por acuerdos de doce de agosto y tres de septiembre de dos mil veinte. De dicho sumario de amparo en la vía directa conoció el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con residencia en la Ciudad de México, bajo el número de amparo 227/2020; y por sentencia de tres de febrero de dos mil veintiuno determinó : "UNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE A BLANCA LUZ ORDUÑA ÁNGELES, por propio derecho contra la sentencia de cinco de marzo de dos mil veinte, dictada por la Segunda Sala Colegiada Civil de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en el toca de apelación de apelación 70/2020 y su ejecución atribuida al Juzgado Séptimo Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza; Estado de México." En contra de dicha sentencia de amparo, la parte aquí quejosa, el veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, interpuso recurso de revisión, el cual fue remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ocho de junio de dos mil veintiuno, sin que a la fecha este haya sido resuelto. De los antecedentes antes reproducidos se pone en evidencia que la aquí quejosa no estando conforme con la resolución que confirmó la sentencia de primera instancia interpuso juicio de amparo directo. Además, le fue concedida la suspensión del acto reclamado, a fin de que no se ejecute la sentencia de primera instancia, para lo cual se le fijó una garantía, misma que exhibió el tres de septiembre de dos mil veinte. Ahora, si bien es cierto que se negó la protección constitucional a la quejosa, también cierto es que dicha sentencia aún no se encuentra firme, por lo que la suspensión concedida en ese procedimiento sigue teniendo vigencia. De ahí que, si en este asunto la quejosa reclama el auto de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, dictado por el Juzgado Séptimo Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza; Estado de México, dentro del juicio ordinario civil (acción reivindicatoria) 276/2019, en el que ordenó la ejecución del punto resolutivo cuarto de la sentencia dictada en ese procedimiento, es evidente que contra dicha determinación debe promover el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión a que se refieren los artículos 206 y 207 de la Ley de Amparo, pues el mismo procede contra el incumplimiento de la suspensión y como se dijo, en el juicio de amparo en la vía directa que promovió la quejosa, a saber 227/2020, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con residencia en la Ciudad de México, se suspendió la ejecución de la sentencia, de ahí que si a su decir, se pretende ejecutar dicha resolución, ante el incumplimiento de la medida suspensional procede dicho procedimiento, y no este nuevo juicio de amparo que pretende la quejosa. Máxime que dicho procedimiento se puede interponer en cualquier momento mientras no exista sentencia ejecutoriada, y deberá plantearse ante el Presidente del Tribunal Colegiado donde se encuentra radicado el amparo directo. En mérito de lo anterior, al actualizarse la hipótesis normativa prevista en la fracción XXII, del numeral 61, en relación con el 128, 206 y 207, todos de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la presente demanda de amparo promovida por Blanca Luz Orduña Ángeles, por propio derecho. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintiséis de julio de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por ****, por propio derecho, por medio del cual desahoga los puntos de prevención que se le formularon en auto de dieciséis de julio de dos mil veintiuno; por tanto, provéase lo que conforme a derecho corresponda. En ese orden de ideas, una vez analizado el escrito inicial de demanda de amparo y escrito aclaratorio, en el caso se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo, conformo lo señala el diverso numeral 113 del mismo ordenamiento legal: El artículo 113, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo de improcedencia, se debe desechar de plano, en relación con lo expuesto, diversos tribunales de la Federación, se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Ahora bien, de la lectura de la demanda y escrito aclaratorio se observa que el acto reclamado se hace consistir en: El auto de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, dictado por el Juzgado Séptimo Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza; Estado de México, dentro del juicio ordinario civil (acción reivindicatoria) 276/2019, en el que ordenó la ejecución del punto resolutivo cuarto de la sentencia dictada en ese procedimiento. Señalado lo anterior, se considera que en el caso se actualiza la causa de improcedencia señalada en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 158, 206 y 207, todos de la Ley de Amparo, mismos que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la Ley." "Artículo 158. Para la ejecución y cumplimiento del auto de suspensión se observaran las disposiciones relativas al Título Quinto de esta Ley. En caso de incumplimiento, cuando la naturaleza del acto lo permita el ´órgano jurisdiccional de amparo podrá hacer cumplir la resolución suspensional o podrá tomar las medidas para el cumplimiento." "Artículo 206. El incidente a que se refiere este Capítulo procede en contra de las autoridades responsables, por cualquier persona que resulte agraviada por el incumplimiento de la suspensión, sea de plano o definitiva, por exceso o defecto en su ejecución o por admitir, con notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente. Este incidente podrá promoverse en cualquier tiempo, mientras no cause ejecutoria la resolución que se dicte en el juicio de amparo. Artículo 207. Incidente se promoverá ante el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de la suspensión concedida en amparo indirecto, y ante el presidente del tribunal colegiado de circuito si la suspensión fue concedida en amparo directo." Del primero de los numerales transcritos se observa que la improcedencia del juicio de amparo puede resultar de las propias hipótesis que prevé ese numeral 61 de la Ley de Amparo, cualquier otro numeral de la misma legislación, o bien, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Mientras que los numerales señalados en segundo término, contemplan la procedente del incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión concedida en un juicio de amparo, ya sea directo o indirecto, el cual podrá promoverse por cualquier persona que resulte agraviado por su incumplimiento. Además, éste podrá ser tramitado en cualquier momento mientras no se haya dictado sentencia ejecutoriada dentro del juicio de amparo en el que se haya emitido esa medida suspensional, el cual, deberá tramitarse ante el Presidente del Tribunal Colegido de Circuito, en tratándose de amparo directo. Indicado lo anterior, y con base en los antecedentes, pruebas que exhibe la parte quejosa a su escrito de demanda y consulta que se realizó en el Sistema integral de Seguimiento de Expedientes, se considera que la parte quejosa debe agotar ese incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, puesto que contra la sentencia que se pretende cumplimentar a través del auto que se reclama, promovió juicio de amparo directo y se le concedió la suspensión del acto reclamado, sin que a la fecha en ese amparo uni-instancial se haya dictado sentencia ejecutoriada. Lo anterior es así, pues en sus antecedentes la parte quejosa indicó: Que con fecha dos de abril de dos mil diecinueve, Margarito Rodríguez Reyes, interpuso juicio ordinario civil (acción reivindicatoria) en contra de la hoy quejosa, mismo que fue admitido en dicha data por el Juzgado Séptimo Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza; Estado de México, bajo el expediente 276/2019. Por escrito de veinte de mayo de dos mil diecinueve la ahora quejosa Blanca Luz Orduña Ángeles, dio contestación a dicha demanda y formuló reconvención en contra de Margarito Rodríguez Reyes. Seguidos el procedimiento el Juzgado Séptimo Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza; Estado de México, dictó sentencia el once de noviembre de dos mil diecinueve, en la que determinó: "PRIMERO.- Ha sido procedente la VÍA ORDINARIA CIVIL ejercitada para la transmisión del presente juicio en la que la actora reconvencional BLANCA LUZ ORDUÑA ÁNGELES, no probó la acción de usucapio que ejerció, en contra de MARGARITO RODRÍGUEZ REYES; en consecuencia se absuelve a este último de las prestaciones reclamadas. SEGUNDO: El actor en lo principal MARGARITO RODRÍGUEZ REYES; acredito la acción reivindicatoria que ejercito contra BLANCA LUZ ORDUÑA ÁNGELES, en consecuencia. TERCERO: Se declara que MARGARITO RODRÍGUEZ REYES; tiene pleno dominio sobre el inmueble ubicado en AVENIDA DE LOS LAURELES NÚMERO 87, MANZANA 20, LOTE 15 FRACCIONAMIENTO JARDINES DE ATIZAPAN EN EL MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO, con las medidas y colindancias en el hecho dos de la demanda. CUARTO: Se condena a contra BLANCA LUZ ORDUÑA ÁNGELES, a la desocupación y entrega al actor reconvencional, de dicho inmueble con sus accesiones, lo que deberá de hacer dentro del término de OCHO DÍAS, siguientes al que cause ejecutoria la presente resolución. QUINTO: No se hace condena al pago gastos y costas judiciales en esta instancia." Inconforme con dicha determinación la hoy quejosa Blanca Luz Orduña Ángeles, interpuso recurso de revocación el veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, el cual toco conocer a la Segunda Sala Colegiada Civil de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, registrándolo bajo el número de toca 70/2020, quien en fecha cinco de marzo de dos mil veinte, confirmó la sentencia sujeta a revisión en ese procedimiento. La aquí quejosa Blanca Luz Orduña Ángeles, promovió demanda de amparo indirecto en contra de dicha resolución, y solicitó la suspensión del acto reclamado, esto es, se suspendió la ejecución de la resolución de primera instancia, para lo cual se le fijó una garantía por la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional), garantía que fue constituida ante la propia responsable, lo anterior por acuerdos de doce de agosto y tres de septiembre de dos mil veinte. De dicho sumario de amparo en la vía directa conoció el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con residencia en la Ciudad de México, bajo el número de amparo 227/2020; y por sentencia de tres de febrero de dos mil veintiuno determinó : "UNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE A BLANCA LUZ ORDUÑA ÁNGELES, por propio derecho contra la sentencia de cinco de marzo de dos mil veinte, dictada por la Segunda Sala Colegiada Civil de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en el toca de apelación de apelación 70/2020 y su ejecución atribuida al Juzgado Séptimo Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza; Estado de México." En contra de dicha sentencia de amparo, la parte aquí quejosa, el veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, interpuso recurso de revisión, el cual fue remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ocho de junio de dos mil veintiuno, sin que a la fecha este haya sido resuelto. De los antecedentes antes reproducidos se pone en evidencia que la aquí quejosa no estando conforme con la resolución que confirmó la sentencia de primera instancia interpuso juicio de amparo directo. Además, le fue concedida la suspensión del acto reclamado, a fin de que no se ejecute la sentencia de primera instancia, para lo cual se le fijó una garantía, misma que exhibió el tres de septiembre de dos mil veinte. Ahora, si bien es cierto que se negó la protección constitucional a la quejosa, también cierto es que dicha sentencia aún no se encuentra firme, por lo que la suspensión concedida en ese procedimiento sigue teniendo vigencia. De ahí que, si en este asunto la quejosa reclama el auto de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, dictado por el Juzgado Séptimo Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza; Estado de México, dentro del juicio ordinario civil (acción reivindicatoria) 276/2019, en el que ordenó la ejecución del punto resolutivo cuarto de la sentencia dictada en ese procedimiento, es evidente que contra dicha determinación debe promover el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión a que se refieren los artículos 206 y 207 de la Ley de Amparo, pues el mismo procede contra el incumplimiento de la suspensión y como se dijo, en el juicio de amparo en la vía directa que promovió la quejosa, a saber 227/2020, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con residencia en la Ciudad de México, se suspendió la ejecución de la sentencia, de ahí que si a su decir, se pretende ejecutar dicha resolución, ante el incumplimiento de la medida suspensional procede dicho procedimiento, y no este nuevo juicio de amparo que pretende la quejosa. Máxime que dicho procedimiento se puede interponer en cualquier momento mientras no exista sentencia ejecutoriada, y deberá plantearse ante el Presidente del Tribunal Colegiado donde se encuentra radicado el amparo directo. En mérito de lo anterior, al actualizarse la hipótesis normativa prevista en la fracción XXII, del numeral 61, en relación con el 128, 206 y 207, todos de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la presente demanda de amparo promovida por Blanca Luz Orduña Ángeles, por propio derecho. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    CITATORIO.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE DIECISÉIS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO QUE INTERESA DICE: Vista la demanda de amparo promovida por ----------, por su propio derecho, contra actos del Juez Séptimo de lo Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México y otra autoridad responsable, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 685/2021-VII. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. Ahora bien, el numeral 114 de la Ley de Amparo establece: Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por presentada. En caso de falta de copias, se estará a los dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo se dará lugar a la postergación de su apertura. De lo transcrito se desprende que dicho artículo no limita las facultades del Juzgador Federal para exigir la aclaración de la demanda sólo cuando se omiten los requisitos del artículo 108 de la legislación en comento, sino en forma amplia y discrecional permite observar cualquier irregularidad que pudiese obstaculizar el trámite, dado que al promover en la vía indirecta es evidente que no se tienen más datos que los que son proporcionados por la parte que promueve, con lo cual se considera prevenir a los quejosos cuando se estime que: 1.- El escrito inicial de demanda contiene irregularidades. 2.- Si se hubiere omitido en él alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 108 de la Ley de Amparo vigente, consistentes en: Articulo 108.- La demanda de amparo de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que expresara: I. El nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlos así bajo protesta de decir verdad. III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la Ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o su publicación, el quejoso deberá señalaras con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1º de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalara el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; Los conceptos de violación. 3.- Si no se hubiese expresado con precisión el acto reclamado. 4.- Si no se hubieren exhibido las copias que señala el artículo 110 de la Ley de Amparo. 5.- Si el libelo de amparo contiene tales requisitos pero éstos fueren deficientes. Después de estudiar en forma integral la demanda de amparo, con apoyo en lo previsto en el artículo 114, en relación con el 108 y 110, todos de la Ley de Amparo, se considera necesario requerir a Blanca Luz Orduña Ángeles, para que dentro del plazo de CINCO DIAS, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito realice lo siguiente: Precise qué acto reclama en esta instancia constitucional, toda vez que en el capítulo correspondiente señala que reclama el auto de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, dictado por el Juez responsable dentro del juicio ordinario civil (acción reivindicatoria) 276/2019, en el que ordenó la ejecución del punto resolutivo cuarto de la sentencia dictada en ese procedimiento, mientras que en el último punto de sus antecedentes hace referencia al diverso auto de doce de mayo de dos mil veintiuno, sin que se tenga la certeza de la actuación que reclama en el asunto. Por otra parte, toda vez que de un estudio minucioso realizado a los antecedentes del acto reclamado, se desprende de los puntos 11 y 12 de su escrito inicial de demanda, que la quejosa interpuso apelación en contra de la sentencia definitiva dictada en primera instancia por el Juzgado Séptimo de lo Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia en Atizapán de Zaragoza Estado de México, misma que fue resuelta por la Segunda Sala Colegiada Civil de Tlalnepantla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, mediante sentencia emitida el cinco de marzo de dos mil veinte en el toca 70/2020, la cual confirmó la determinación dictada por la responsable. Asimismo, manifiesta que en contra de dicha determinación promovió juicio de Amparo Directo, el cual fue radicado ante el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, bajo el número de expediente 227/2020, el cual señala se encuentra subjudice toda vez que aun cuando fue dictada sentencia de tres de febrero de dos mil veintiuno que negó el amparo y protección de la justicia federal, a la quejosa inconforme con dicha determinación promovió recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalando que hasta la fecha no existe pronunciamiento al respecto. Bajo Protesta de decir Verdad", manifieste: Si al promover el amparo directo que señala, solicitó la suspensión del acto reclamado, y de ser el caso, en qué sentido se resolvió dicha medida suspensional. Señale si a la fecha conoce el estado procesal que guarda el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada por Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en los autos del JUICIO DE AMPARO DIRECTO 227/2020, competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o en su caso, el número con el que se registró ese trámite. Exhiba una copia más de su demanda de amparo, toda vez que únicamente exhibió cinco copias las cuales no son suficientes a efecto de correr traslado a cada una de las partes, a saber dos para las responsables, una para el tercero interesado, una para el Agente del Ministerio Público Federal adscrito y dos más para formar por duplicado el cuaderno incidental. Deberá exhibir seis copias del escrito de desahogo, para cada una de las partes en el presente asunto. La exhibición de las copias del desahogo, es con la finalidad de correr traslado a las partes, ya que este supuesto procesal no es cuestión que únicamente incumba a la parte quejosa y al juzgador de amparo, o que no trascienda a la litis constitucional sino que por el contrario, al ser uno de los requisitos de la demanda (en términos de lo dispuesto en el artículo 108, de la Ley de Amparo), incide en las defensas de las demás partes, en la medida en que tienen derecho de conocer, que acto se reclama, para impulsar la actividad jurisdiccional con el propósito de resolver el conflicto, y este derecho a conocer el contenido del escrito de la demanda, por disposición expresa del artículo 110 de la ley de la materia, se logra a través de una copia del referido ocurso, carga que corresponde al propio quejoso. Se apercibe a la quejosa que de no dar cumplimiento a los requerimientos insertos en el presente proveído en los numerales uno, dos y cuatro, dentro del plazo concedido para tal efecto, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, ello de conformidad con artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Y para el caso de que no exhiba la copia de la demanda señalada en el punto tres, se postergará la apertura del incidente de suspensión, hasta en tanto sea exhibida la copia solicitada, ello en términos de lo previsto por el artículo 110 de la Ley de Amparo De igual modo se hace del conocimiento a la parte quejosa y a sus abogados que la información que se desprenda de las manifestaciones que viertan serán confrontadas con las constancias que en su momento obren en autos, por lo que de realizar manifestaciones que se traduzcan en hechos falsos, se les impondrá una multa de $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cincuenta unidades diarias de medida y actualización, de conformidad con el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo , del cual se desprende la sanción correspondiente cuando se afirmen hechos falsos. Cabe precisar que la multa a que se hace referencia en el presente acuerdo, está fundamentada en los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, el valor de dicha unidad emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, divulgada en el mencionado medio de difusión oficial de ocho de enero de dos mil veintiuno, cuyo monto vigente es de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional). Asimismo, de ser procedente, al momento de resolver el asunto, se dará vista al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, para que investigue sobre la posible comisión de delitos. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.) del Pleno del Alto Tribunal, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, agosto de dos mil diecisiete, tomo I, página cinco, de rubro siguiente: VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. En otro orden de ideas, en términos del numeral 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el ubicado en el Despacho ---------------, Colonia Centro, Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, Código Postal 53000.------ Además, de conformidad con el numeral 21 de la Ley de Amparo, se faculta al fedatario judicial adscrito para que, de ser necesario, en días y horas inhábiles lleve a cabo las notificaciones que deriven del asunto, y tome las medidas necesarias para proteger su salud y la de los justiciables, ante la pandemia mundial que existe. También, se tienen por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los profesionista Luis Victoria Tahuas y Oralia Orduña Ángeles, toda vez que los mismos tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no así a los demás profesionistas y pasantes que menciona quienes únicamente quedan autorizados para oír y recibir notificaciones y documentos, hasta en tanto acrediten tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. En diverso aspecto, en términos del Acuerdo General 21/2020, artículo 22 y cuarto transitorio, se sugiere a la parte quejosa, que de ser posible transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en donde podrán acceder al micrositio de "servicios jurisdiccionales" en el siguiente enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, además, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se pueda entablar el contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios, y así estar en mayor posibilidad de dar la expedites y celeridad para la integración del asunto, como lo prevé el precepto 17, constitucional. Se hace del conocimiento de las partes el número telefónico oficial del Secretario encargado del asunto Jesús Facio Rodriguez, siendo el número 55 53870500, extensión 1387, para la atención del presente asunto en un horario de nueve a quince horas, de lunes a viernes. Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Finalmente, que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese personalmente a la quejosa.

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