Blanca Estela Martínez Valdez

Expediente 843/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 14 actuaciones registradas, la última del 9 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
843/2020
Año
2020
Actuaciones
14
Última actuación
09/04/2021

Partes del expediente

  • Blanca Estela Martínez Valdez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a nueve de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, dictada por este órgano jurisdiccional, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo promovido por -----, por propio derecho y como albacea de la sucesión de ------- y/o --------, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Ahora bien, vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en el juicio de amparo en que se actúa no existe diligencia ni trámite pendiente que realizar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo definitivo. Por otra parte, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno delConsejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; capítulo séptimo, artículo 18, fracción I, inciso a); capítulo octavo, artículo 20, fracción II, inciso a, y 21, inciso a, que dicen: "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: (.) II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; (.)" "CAPÍTULO SÉPTIMO EXPEDIENTES DEPURABLES Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: I. En los Juzgados de Distrito: a) Los incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas; CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DESTRUIBLES Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de seis meses. Los expedientes auxiliares y judiciales de las siguientes series documentales deberán ser destruidos, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos: II. Expedientes judiciales: a) Duplicados, siempre que se cuente con el original; y. Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados;." En este sentido, SE ESTIMA QUE EL EXPEDIENTE PRINCIPAL, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, de conformidad en lo previsto en los párrafos que anteceden; por ende, debe realizarse el procedimiento de la desincorporación y desintegración material total de este asunto, pues, se trata de un expediente en el cual este órgano jurisdiccional sobreseyó el juicio de amparo. En tanto el cuaderno original del incidente de suspensión al haberse concedido la medida cautelar provisional y definitiva es depurable, mientras que el duplicado es destruible, en términos del acuerdo general previamente transcrito. Asimismo, sin que se ordene glosar el duplicado del cuaderno incidental, pues en cumplimiento al artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General antes transcrito, dicho cuaderno deberá ser desincorporado de este expediente, para proceder a su posterior destrucción una vez que transcurra el término de seis meses referido en el citado acuerdo. No se omite precisar que el presente asunto, en términos del artículo 15 del citado acuerdo, no es considerado asunto de relevancia documental, ni tiene valor jurídico e histórico para su conservación. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    VISTOS, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 843/2020-V promovido por ----------, por propio derecho y como albacea de la sucesión de ---------- y/o ----------, contra actos de la Segunda Sala Colegiada Civil de Tlalnepantla, Estado de México y otra autoridad; y, RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el uno de octubre de dos mil veinte ante la autoridad responsable, ----------, por propio derecho y como albacea de la sucesión de ---------- y/o ----------, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos y autoridades siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES Autoridad ordenadora: La Segunda Sala Colegiada Civil de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México Autoridad ejecutora: El Juez Segundo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, con residencia en Cuautitlán Izcalli. IV. ACTO RECLAMADO De la Segunda Sala Colegiada Civil de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, lo constituye la sentencia del 8 (ocho) de septiembre de 2020 (dos mil veinte) dictada en el Toca 129/2020 Del Juzgado Segundo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, con residencia en Cuautitlán Izcalli, reclamo la reposición del procedimiento, en cumplimiento a la sentencia pronunciada por la Segunda Sala Colegiada Civil de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México" SEGUNDO. En auto de doce de noviembre de dos mil veinte, este Juzgado de Distrito aceptó la competencia declinada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, y realizó prevención para que la quejosa narrara los antecedentes el acto reclamado bajo protesta de decir verdad; posteriormente, por auto de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo; se requirió el informe justificado a la autoridad responsable; asimismo, se dio la intervención a la agente del Ministerio Público de la adscripción, quien no formuló pedimento. En acuerdo de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional precisó que para resolver el presente asunto tomaría en consideración las constancias remitidas por la autoridad responsable en el juicio de amparo 669/2020-III de este Juzgado de Distrito. Seguida la secuela procesal se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional la cual inició en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente resolución; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103 y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1, fracción I, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; y el Apartado Cuarto, fracción II, del Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, en relación con el Acuerdo General 53/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el quince de enero de dos mil diecinueve en el Diario Oficial de la Federación, que reforma el numeral segundo, fracción II número tres del citado Acuerdo General 3/2013; en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución dentro de la jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Ante todo, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, con el fin de estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, debe precisarse que de la lectura integral de la demanda, y demás constancias que obran en el expediente, se observa que los actos reclamados por la parte quejosa son: De la Segunda Sala Civil de Tlalnepantla, México: La sentencia de ocho de septiembre de dos mil veinte, dictada en el toca de apelación 129/2020, que ordenó reponer el procedimiento en el juicio de usucapión 851/2016, para llamar a juicio a María García Mesquida de Rangel. Del Juez Segundo Civil del Distrito Judicial de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México: La ejecución de la sentencia de ocho de septiembre de dos mil veinte, dictada por la Segunda Sala Civil de Tlalnepantla, México, en el toca de apelación 129/2020, que ordenó reponer el procedimiento en el juicio de usucapión 851/2016, para llamar a juicio a María García Mesquida de Rangel. TERCERO. La Segunda Sala Civil de Tlalnepantla, al rendir su informe justificado manifestó que fue cierto que emitió sentencia en el toca que ordenó reponer el procedimiento. Por su parte, el Juez Segundo Civil de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, adujo que no ha realizado acto tendiente a ejecutar la sentencia dictada por el Tribunal de Alzada, sin embargo, al tener el carácter de ejecutora, es evidente que se encuentra en posibilidad de ejecutar el acto reclamado, de ahí que se le tiene por cierto el acto de ejecución que se le atribuye. CUARTO. La procedencia del juicio de amparo, es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador aun de oficio, antes de analizarse las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En atención a lo anterior, este juzgador determina que en el presente juicio de amparo, respecto de los actos reclamados se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V, en sentido contrario, del mismo ordenamiento, que señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De igual forma, es conveniente señalar que el numeral 107, fracción V, de la ley de la materia, señala: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V.- Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.. ". Por su parte, el ordinal 107, fracción III, inciso b), Constitucional, dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetaran a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen de los tribunales judiciales, administrativos, o del trabajo, el amparo solo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en Juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan..." En este punto, es de señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado este precepto jurídico, específicamente, en la parte relativa a que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados por la Constitución como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus consecuencias, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio y, por el contrario, los actos de ejecución reparables no tocan tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Es decir, el prototipo de los actos irreparables está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón que éstos constituyen especies de los que la Ley Fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los reparables se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. El amparo indirecto procede, pues, contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, cuando los daños causados por éstos no tengan solución alguna para el gobernado, por afectar sus derechos sustantivos y no los adjetivos, de acuerdo con la siguiente distinción: Derechos sustantivos: son los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, los que se encuentran tutelados en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, en virtud que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga uná sentencia favorable en el juicio. Derechos adjetivos: son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de una resolución favorable; por lo que si esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Ahora bien, la sentencia de ocho de septiembre de dos mil veinte, dictada por la Segunda Sala Civil de Tlalnepantla, México, en el toca de apelación 129/2020, ordenó reponer el procedimiento en el juicio de usucapión 851/2016, para llamar a juicio a María García Mesquida de Rangel. Lo anterior, porque el documento con el que el actor basó su justo título de posesión, fue una copia certificada del contrato "preliminar" de compraventa con María García Mesquida de Rangel, signado el dieciséis de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro. La sala consideró que el litisconsorcio pasivo necesario puede configurarse cuando existe imposibilidad de emitir sentencia por afectar a diferentes personas que se encuentran unidas por un mismo interés, o bien, se hallan en estado de comunidad jurídica respecto del objeto litigioso, como sucedió en el caso, al estar vinculada María García Mesquida de Rangel, por haber celebrado con el actor el contrato de dieciséis de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro. Así, la reposición de un procedimiento jurisdiccional causa una mayor o menor molestia en el actor que tendrá que volver a intervenir en defensa de sus intereses; pero no justifica la procedencia del juicio de amparo en contra de la sentencia de segunda instancia que ordena la reposición, sino que se necesita una situación concreta capaz de cambiar el sentido de la sentencia que se llegue a dictar en relación con la revocada, como pudiera ser la nulificación del desahogo de pruebas que, ya para el nuevo juicio que se instaure, podría ser imposible que se desahogaran de nuevo, o el fallecimiento de testigos que ya rindieron testimonio, la destrucción de documentos, o cuando se encuentre privado de libertad la parte quejosa. Así pues, se estima que la resolución reclamada mediante la cual el tribunal de alzada ordenó reponer el procedimiento de origen con el fin de que se llamara a María García Mesquida de Rangel, no constituye acto cuya ejecución sea de imposible reparación, pues no se emitió pronunciamiento que hubiese causado una afectación material a los derechos sustantivos de la quejosa, consistentes en el patrimonio, la vida, la libertad, la posesión, o la propiedad. En todo caso sólo produce efectos de carácter formal o intraprocesal, que podrían extinguirse en la realidad, sin originar afectación alguna a sus derechos sustantivos, habida cuenta que la sentencia que llegare a pronunciarse en dicho procedimiento, podría nuevamente serle favorable y en caso contrario, se encontraría en aptitud de interponer en su contra el recurso ordinario procedente; por lo que no hay duda de que no se está en presencia de actos cuya ejecución sea de imposible reparación. Incluso, María García Mesquida de Rangel, se podría allanar a la demanda, con lo cual se podría reducir en breve tiempo la emisión de una nueva resolución. Es aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia 17/91, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 25, Tomo VII, Mayo de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PARA LOS EFECTOS DE SU PROCEDENCIA CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO, DEBE DETERMINARSE SI LAS CONSECUENCIAS DE LA INSUBSISTENCIA DEL FALLO Y DE LA REPOSICION, SON O NO DE IMPOSIBLE REPARACION. Para establecer si procede el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que deja insubsistente la de primera instancia y ordena la reposición del procedimiento por violaciones cometidas en éste, en cada caso concreto debe estudiarse y determinarse si las consecuencias producidas por la insubsistencia de la resolución de primera instancia y por la reposición ordenada, son o no de imposible reparación, y para ello debe acatarse el criterio sostenido en la jurisprudencia 6/1991, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en sesión privada de 22 de enero de 1991, con el rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCION QUE DESECHA LA EXCEPCION DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA.". En efecto, si bien la mera reposición del procedimiento, por regla general, no produce la afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo, consagrado por las garantías individuales, cuyas consecuencias no sean reparables aun cuando quien las sufra obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, en algunos casos las consecuencias de dicha reposición del procedimiento pueden llegar a producir tales afectaciones, caso en el que procederá el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que decretó la reposición. Por el contrario, si las consecuencias de la insubsistencia del fallo o de la reposición del procedimiento no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado por las garantías individuales, se estará frente a una violación del procedimiento reclamable en el amparo directo que llegare a intentarse contra la sentencia definitiva, pues tal caso es análogo, por su gravedad y efectos, a los previstos por el artículo 159 de la Ley de Amparo, y afecta las defensas de la parte agraviada pudiendo trascender al resultado del fallo." Asimismo, es aplicable a lo anterior, la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, visible a página 2488, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "LITISCONSORCIO NECESARIO. CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRAR A LOS LITISCONSORTES A LA RELACIÓN JURÍDICA PROCESAL, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO POR NO CONSTITUIR UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. A partir de la entrada en vigor de la Ley de Amparo, existen dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en los cuales la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse efectivamente. Ahora bien, el litisconsorcio necesario se actualiza cuando hay necesidad de que dos o más personas tengan intervención en el proceso, en virtud de que la cuestión litigiosa la constituye cierta relación jurídica en la que aquéllas están interesadas en forma indivisible y que, por ello, no admite resolverse por separado sin audiencia de todos ellos y en un mismo juicio, pues la sentencia que se dicte les puede deparar perjuicio, esto es, el objetivo de que exista dicha institución se concreta en que sólo pueda haber una sentencia válida cuando se llama a todos los litisconsortes, pues no sería posible resolver respecto de una parte, sin que lo decidido alcanzara a la otra y, precisamente, por esa teleología, el litisconsorcio necesario constituye un presupuesto procesal que, incluso, debe analizarse de oficio por el juzgador. Así, se considera que la resolución de segunda instancia que ordena reponer el procedimiento a fin de que sean llamados a juicio los litisconsortes que originalmente no fueron llamados, no constituye un acto que sea de imposible reparación, pues en la resolución reclamada no se emitió pronunciamiento que hubiese causado una afectación material a los derechos sustantivos de la quejosa, consistentes en el patrimonio, la vida, la libertad, la posesión o la propiedad, ya que, aun cuando es adversa a sus intereses, sólo ocasiona que el procedimiento se reponga a fin de que se integre a la relación jurídica procesal con las demás partes involucradas y prosiga el procedimiento hasta el dictado de la sentencia correspondiente lo que, en todo caso, sólo produce efectos de carácter formal o intraprocesal, que podrían extinguirse en la realidad, sin originar afectación alguna a sus derechos sustantivos, habida cuenta que la sentencia que llegare a pronunciarse en dicho procedimiento de origen, podría nuevamente serle favorable y, en caso contrario, se encontraría en aptitud de interponer en su contra el recurso ordinario procedente; por lo que se está en presencia de un acto cuya ejecución no es de imposible reparación para los efectos del amparo biinstancial, como lo exige el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo." Además de que el retardo en impartición de justicia, en este caso en específico, no justifica la procedencia del amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, pues ello no implica violación de derechos sustantivos (acceso a la justicia pronta previsto en el artículo 17 constitucional) en tanto que no toda dilación en el juicio trastoca dicho principio, si se tiene en cuenta que finalmente, el juicio continuará y cada parte tendrá derecho de alegar y ofrecer pruebas, sin que ello signifique que necesariamente, la sentencia será contraria a los intereses de la moral quejosa. En las relatadas consideraciones, al actualizarse la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 63, fracción V de la citada normatividad, lo que impone sobreseer en el presente juicio de amparo de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción V, de la mencionada legislación. En mérito de lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 62, 73, 74, 75, 124, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ------------, por propio derecho y como albacea de la sucesión de ------------ y/o ------------, respecto al acto precisado en el considerando segundo, por las razones y fundamentos expuestos en el diverso último de esta resolución. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  3. Incidental

    En Naucalpan de Juárez, Estado de México, siendo las nueve horas con quince minutos del veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, hora y día señalados para la celebración de la audiencia incidental correspondiente al juicio de amparo 843/2020-V, promovido por Blanca Estela Martínez Valdez, por propio derecho, y como albacea de la sucesión de Luis Martínez Calvillo y/o Luis Martínez y Calvillo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se procede a celebrarla ante la presencia de René Ramos Pérez, Juez Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, ante Germán Jaén León, Secretario que da fe, sin asistencia de las partes. A continuación, el Secretario hace relación de las constancias de autos entre las que se encuentran: 1. Copia simple de la demanda de garantías suscrita por Blanca Estela Martínez Valdez, por propio derecho, y como albacea de la sucesión de Luis Martínez Calvillo y/o Luis Martínez y Calvillo. 2. Proveído de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, por el que se formó por duplicado y separado la presente incidencia y se proveyó sobre la suspensión provisional del acto reclamado. 3. El dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, se reanudó el presente incidente de suspensión y se señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia incidental. Acto seguido el Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias para los efectos legales procedentes y con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, téngase por rendidos los informes previos de las autoridades responsables. Abierto el periodo de pruebas: El Secretario hace constar que ninguna de las partes ofreció pruebas. Acto seguido el Juez acuerda: Se tiene por precluido el derecho de las partes para ofrecer pruebas. Abierto el período de alegatos: El Secretario hace constar que ninguna de las partes hizo uso de este derecho. Acto seguido el Juez acuerda: Sin alegatos por reproducir se concluye con esta etapa. En los términos precedentes se tienen por desahogadas las etapas de ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas y alegatos de la audiencia incidental, por lo que se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la resolución que en derecho proceda, con la que concluirá dicha audiencia. V I S T O, para resolver los autos, relativos al incidente de suspensión 843/2020-V, promovido por Blanca Estela Martínez Valdez, por propio derecho, y como albacea de la sucesión de Luis Martínez Calvillo y/o Luis Martínez y Calvillo, contra los actos y autoridades precisados en la copia de la demanda con la que se formaron los cuadernos incidentales, los cuales en este acto se tienen por reproducidos como si se insertaran a la letra, en obvio de repeticiones innecesarias; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito recibido el diez de noviembre de dos mil veinte, Blanca Estela Martínez Valdez, por propio derecho, , y como albacea de la sucesión de Luis Martínez Calvillo y/o Luis Martínez y Calvillo, promovió demanda de amparo contra actos de la Segunda Sala Colegiada Civil de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y otra autoridad. SEGUNDO. Por auto de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, este Juzgado Federal ordenó formar por duplicado y separado los cuadernos incidentales, proveyó lo conducente respecto de la suspensión provisional, solicitó a la autoridad responsable informe previo y fijó hora y día para la celebración de la audiencia incidental, la cual previo diferimiento inició en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver la presente resolución incidental, de conformidad con los artículos 103 y 107, Constitucionales; 48 de la de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 140 y 144, de la Ley de Amparo, así como el Acuerdo General 3/2013, artículo primero fracción II, segundo fracción II y cuarto fracción II, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en relación al Acuerdo General 53/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el quince de enero de dos mil diecinueve en el Diario Oficial de la Federación, en virtud de que los efectos y consecuencias de los actos reclamados se ejecutan dentro de la jurisdicción este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. Ahora bien, con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo, procede hacer la fijación de los actos que por esta vía reclama la parte quejosa: La resolución de ocho de septiembre del dos mil veinte, dictada por la Segunda Sala Colegiado Civil de Tlalnepantla, Estado de México, en el toca de apelación 129/2020, por la cual se estableció dejar insubsistente la sentencia de primera instancia de catorce de febrero del dos mil veinte y se ordenó la reposición del procedimiento para llamar a juicio como litisconsorte pasiva necesaria a María García Mesquida de Rangel; y su ejecución. TERCERO. Aceptaron el acto a ellas reclamado las autoridades responsables siguientes: Magistrado Presidente de la Segunda Sala Colegiada Civil de Tlalnepantla, Estado de México. Juez Segundo Civil del Distrito Judicial de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. CUARTO. Procedencia de la suspensión definitiva. Ahora, para determinar la procedencia de la medida cautelar, se debe tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128 y 138, de la Ley de Amparo, los cuales disponen que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado, de acuerdo a su naturaleza, sea susceptible de suspenderse, debiéndose realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho. En principio debe decirse que para otorgar la medida cautelar solicitada, debe partirse de la premisa de que el acto reclamado sea susceptible de suspenderse, pues, de lo contrario, por más que se surtan los presupuestos exigidos por los artículos 128 y 138, de la Ley de Amparo, no existiría materia que preservar. Es así, pues, por regla general, la naturaleza de dicha medida cautelar es conservativa, ya que su fin específico es mantener una situación de hecho existente, esto es, preservar la materia del amparo. En ese sentido, para establecer si el acto reclamado es o no suspendible, debe analizarse el caso concreto y la naturaleza del acto. Si éste tiene un principio de ejecución, será posible decretar su suspensión, siempre y cuando se cumplan los requisitos de procedencia y efectividad previstos por la Ley de la materia. De igual forma, en el presente apartado, resulta necesario señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis que dio lugar a la jurisprudencia P./J. 15/96, estableció que la apariencia del buen derecho (también conocida como Ver similitud del Derecho Invocado o fumus boni iuris), es el consentimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. También el pleno estimó: 1. Que para la concesión de la medida se requiere la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el quejoso, de tal modo que según un cálculo de probabilidades sea posible anticipar que en el amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado; y, 2. Que tal examen debe realizarse sin prejuzgar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, que sólo puede determinarse en la sentencia de amparo, con base a un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que sólo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia del derecho. b) Que exista la solicitud del quejoso; y, c) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Fijado el acto reclamado en el considerando segundo, se procede al análisis de los requisitos precisados en líneas que anteceden, a efecto de determinar si se actualizan en el caso de que se trata, siendo por su orden: a) Que el acto reclamado, de acuerdo a su naturaleza, sea susceptible de suspenderse, debiéndose realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho. El acto reclamado es de naturaleza positiva y de inminente ejecución, pues implica una conducta activa por parte de la responsable. Por lo tanto, de acuerdo a sus características es un acto susceptible de suspenderse, puesto que no agota todos sus efectos con su dictado. b) Que exista solicitud del quejoso. Cumplido el requisito natural para la procedencia de la medida cautelar, se continúa con el estudio de los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo. Este precepto establece en su fracción I, que la suspensión se decretará "cuando la solicite el quejoso", lo que implica que exista solicitud, pero también que la petición la realice la persona que vea afectado su interés por el acto reclamado. En el caso, existe petición de suspensión y además la solicita quien resulta directamente agraviado con el acto reclamado, pues la parte quejosa aduce que el acto reclamado afecta materialmente su derecho a la administración de justicia de forma pronta y expedita. Además, la parte quejosa al ser parte del expediente de ejecución del cual emana el acto reclamado, acredita indiciariamente su interés suspensional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación de los Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, Tomo XI, Mayo 1993 que a la letra dice: "SUSPENSIÓN. PROCEDE DECRETARLA SI QUIEN LA SOLICITA ES PARTE DE UN PROCEDIMIENTO. Si de autos se advierte que quien promueve el juicio de amparo es parte demandada en el juicio natural del cual emanan los actos reclamados es evidente el interés que le asiste en obtener la suspensión definitiva de dichos actos y por tanto debe decretarse pues en el juicio de garantías el interés jurídico de quien la solicita se surte, si se es parte en el procedimiento del que derivan los actos que se impugnan; máxime cuando la autoridad de quien se reclaman admite la existencia de los mismos, y se satisfacen los requisitos que al efecto establece el artículo 124 de la Ley de Amparo." c) Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. La fracción II, del citado artículo 128, establece: "que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público", sobre el particular se entiende que se sigue perjuicio al interés social y que se contravienen disposiciones de orden público cuando se perjudica a la colectividad en un grado mayor, ya sea privándola de un beneficio que le otorgan las leyes o causándole un daño. En la especie, este requisito se estima cumplido, dado que al tratarse de un asunto en el cual, con la suspensión del acto reclamado, no se lesiona el interés social y no se contravienen disposiciones de orden público, pues la paralización de la ejecución del acto reclamado únicamente afecta a la parte quejosa, al ser la única parte en el procedimiento de origen. II. Efectos de la suspensión definitiva. Con fundamento en el artículo 139 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA, solicitada por la parte quejosa, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se encuentran, y que de momento no se ejecute la reposición del procedimiento que se decretó mediante la resolución reclamada; lo anterior, hasta en tanto la autoridad responsable sea notificada del auto que cause ejecutoria la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo del cual deriva la presente incidencia. De igual forma, orienta a lo anterior, la jurisprudencia 21/2011 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario de la Federación de los Tribunales Colegiados de Circuito, Decima Época, Tomo I, Marzo 2012, que a la letra dice: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE OTORGARLA RESPECTO DE LOS JUICIOS EN QUE SE DECRETA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Suspender el procedimiento implica interrumpir el desarrollo del juicio en cuanto a sus etapas procesales e impedir el dictado de la sentencia con que se decida la controversia de que se trate. En cambio, suspender la reposición del procedimiento significa detener la ejecución de una resolución que ha invalidado un juicio concluido en todas sus etapas procesales, en el que posiblemente se ha dictado sentencia de fondo. Por tanto, conforme a los artículos 124 y 138 de la Ley de Amparo, debe concederse la suspensión del acto reclamado, a consideración del juez, respecto de los juicios en que se decreta la reposición del procedimiento, ya que no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, sino que atiende a la preservación de la materia del amparo que implica la no modificación de cuestiones resueltas y que pueden confirmarse en la sentencia definitiva del juicio de garantías, pues de lo contrario se obligaría a la quejosa a litigar nuevamente con la consecuente inversión de tiempo y recursos, pudiendo ocasionar daños de difícil reparación." La medida cautelar otorgada surte sus efectos desde el momento en que se pronuncia este proveído; sin embargo, para que continúen los efectos de la medida cautelar otorgada a la incidentista deberá, cumplir con una garantía que enseguida se establece. La suspensión surte efectos de inmediato, pero dejará de hacerlo si la parte quejosa dentro del término de cinco días legalmente computados, no exhibe una garantía por la cantidad de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 moneda nacional), para garantizar los posibles daños y perjuicios de difícil reparación que se pudieran ocasionar a los terceros interesados, con motivo del otorgamiento de la medida cautelar, garantía que se fija de manera discrecional, al no contarse con elementos para fijarla. Es de aplicarse a lo anterior la tesis Jurisprudencial publicada a foja ochocientos doce, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, parte III, Segunda Parte-2, enero de 1989, de rubro siguiente: "SUSPENSIÓN, MONTO DE LA GARANTÍA PARA LA. PUEDE SER DISCRECIONALMENTE FIJADO". En el supuesto de que la parte quejosa, pretenda exhibir la garantía mediante depósito en efectivo o en valores, de conformidad al artículo 877, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de enero de dos mil quince, los mismos se recibirán en el Órgano Jurisdiccional únicamente mediante billete de depósito certificado u otro instrumento análogo. Cabe precisar que para el caso de presentar billete de depósito el mismo deberá ser expedido por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, en el rubro atinente a concepto deberá precisarse que es para garantizar los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse con motivo de la suspensión definitiva concedida dentro del incidente 843/2020-V, del índice del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. En caso de que se exhiba póliza de fianza, deberá ser a disposición de este juzgado y a favor de la Tesorería de la Federación, como lo establece el artículo 5, tercer párrafo, fracción V, de la Ley de Tesorería de la Federación y por tiempo indeterminado, conforme al precepto 174 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, y la compañía respectiva deberá comprometerse, en caso de que sea necesario hacerla efectiva, a sujetarse al trámite previsto en el numeral 282 del citado ordenamiento. La garantía decretada deberá ser cumplida, con el apercibimiento que de no hacerlo los efectos de la suspensión perderán su eficacia y, en consecuencia, se dejará a las autoridades responsables en completa aptitud de ejecutar los actos reclamados. Por lo expuesto y fundado con apoyo además, en los artículos 130, 136, 140, 144, 146 y 153 de la ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por ---------, y como albacea de la sucesión de Luis Martínez Calvillo y/o Luis Martínez y Calvillo, en términos del considerando cuarto de esta interlocutoria. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  4. Incidental

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos la promoción de cuenta, por medio de la cual rinde su informe previo la autoridad responsable siguiente: 1. Juez Segundo Civil del Distrito Judicial de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Atento a lo anterior, de conformidad con el artículo 140 de la Ley de Amparo, dése cuenta con dicho informe al momento de la celebración de la audiencia incidental. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

Quedan 10 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · 7,552 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano