Blanca Elizabeth Arvilla Yáñez

Expediente 105/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 11 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2016.

Datos del expediente

Expediente
105/2016
Año
2016
Actuaciones
11
Última actuación
27/04/2016

Partes del expediente

  • Blanca Elizabeth Arvilla Yáñez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    En veintisiete de abril de dos mil dieciséis, el licenciado Juan García Trejo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICA Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, transcurrió para la parte quejosa del doce al veinticinco del mes y año que transcurre, sin que se haya interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este Juzgado el cuatro de abril de dos mil dieciséis, dentro del juicio de amparo 105/2016.- DOY FE. En la misma fecha, el licenciado Juan García Trejo, da cuenta al Secretario encargado del despacho con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, A VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido la resolución de cuatro de abril de dos mil dieciséis, que sobreseyó el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha CAUSADO EJECUTORIA. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Por otra parte, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el expediente principal como el cuaderno original del incidente de suspensión SÍ SON SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN, en virtud que en relación al primero se decretó el sobreseimiento en el presente asunto y en el segundo se negó la suspensión definitiva; además de que este Juzgado considera que no revisten valor jurídico o histórico que amerite su conservación; en atención a ello, glósese al principal el original del incidente. Asimismo, el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. En consecuencia, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del Acuerdo en cita, remítase este expediente por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por licencia de la titular, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe. *Amci

  2. Principal

    VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 105/2016; y, RESULTANDO: PRIMERO. BLANCA ELIZABETH ARVILLA YÁÑEZ, por su propio derecho, el veinticinco de enero de dos mil dieciséis, presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, demanda de amparo indirecto contra actos del Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Loreto, Zacatecas, que hace consistir en la omisión de dictar interlocutoria en el incidente de nulidad de actuaciones judiciales por ella promovido en el juicio sucesorio intestamentario a bienes de Antonio Arvilla Pérez, derivado del expediente 211/2014, no obstante estar citado para sentencia. SEGUNDO. La demanda de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas y en proveído de veintisiete de enero del año en curso, se admitió a trámite; se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención legal que por derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó en términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, tiene competencia legal para fallar en definitiva en el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 55, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse una omisión de un Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar residente dentro de la demarcación territorial en que este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previo a analizar la certeza del acto reclamado, debe precisarse cuál es éste, en términos de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme las jurisprudencias del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese sentido, de una lectura integral del libelo constitucional y anexos que forman un todo, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, consiste en: La omisión de dictar interlocutoria en el incidente de nulidad de actuaciones judiciales promovido por la quejosa en el juicio sucesorio intestamentario a bienes de Antonio Arvilla Pérez, expediente 211/2014, no obstante estar citado para sentencia. TERCERO. Existencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez precisado el acto reclamado, por cuestión de técnica, a continuación se analizará su inexistencia, certeza o presunción, como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis del rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." La autoridad responsable Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Loreto, Zacatecas, al rendir su informe justificado reconoció la omisión o abstención de emitir la interlocutoria reclamada; sin embargo, agregó, el diecisiete de febrero del año que transcurre la dictó, en la que declaró improcedente el incidente de nulidad y para demostrar su afirmación anexó copia certificada de los documentos respectivos. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Asimismo, es de precisarse que con el contenido del informe justificado y anexos, mediante proveído de veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordenó dar vista a la quejosa a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que se haya hecho argumentación alguna. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. La procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y de estudio preferente previo a la materia del fondo del asunto, ya sea de oficio o por planteamiento de alguna de las partes, de conformidad con lo establecido en el último párrafo, del artículo 62 de la Ley de Amparo y con la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Atendiendo a lo anterior, la suscrita resolutora advierte que durante la tramitación del juicio en que se actúa cobró vigencia la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Acorde a lo anterior tenemos que de una correcta interpretación del contenido de los artículos 61, fracción XXI, y 77, de la Ley de Amparo para que la referida causa de improcedencia, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, se actualice, no basta que la autoridad responsable en su caso, derogue, revoque o nulifique el acto que se le reclame sino que es necesario que los actos, consecuencias y efectos emanados con motivo del reclamo constitucional, queden superados en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del quejoso o, en su defecto, que habiéndola transgredido, la cesación que sobrevenga no deje huella alguna, puesto que la razón que justifica la improcedencia a que se ha hecho mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos, ni los surtirá porque ya no existe, además de que no dejó secuela alguna en la esfera jurídica de la quejosa que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De la demanda se advierte que la quejosa BLANCA ELIZABETH ARVILLA YÁÑEZ reclama del Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Loreto, Zacatecas, la omisión de dictar interlocutoria en el incidente de nulidad de actuaciones judiciales promovido por la quejosa en el juicio sucesorio intestamentario a bienes de Antonio Arvilla Pérez, expediente 211/2014, no obstante estar citado para sentencia. Lo anterior se trae a cuenta, toda vez que del análisis de las constancias que remitió la citada autoridad al rendir su informe justificado, se desprende que el diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, se dictó la interlocutoria correspondiente en el juicio de nulidad de actuaciones, que lo declaró improcedente. Así las cosas, las consideraciones expuestas ponen de relieve que a la fecha han cesado los efectos del acto reclamado, tomando en consideración que de las constancias aludidas se advierte que durante la substanciación del presente juicio constitucional y antes de la celebración de la audiencia constitucional, la autoridad responsable Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Loreto, Zacatecas, el diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, dictó resolución a través de la cual declaró improcedente el incidente de nulidad plateado por la quejosa; por ende, debe concluirse que en el caso a estudio cesaron los efectos del acto impugnado en esta instancia constitucional. Lo anterior encuentra apoyo por analogía en la jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie durante la tramitación de este juicio constitucional cobra vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; y, en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el diverso 63, fracción V, de la ley en consulta, procede SOBRESEER en el juicio promovido por BLANCA ELIZABETH ARVILLA YÁÑEZ, por su propio derecho. Sin que resulte obstáculo para resolver el presente juicio la circunstancia de que no se realizó el emplazamiento del tercero interesado GUMARO ARVILLA GÓMEZ, pues, dado el sentido de esta sentencia de ningún modo se le causa perjuicio. Por lo anteriormente expuesto y con apoyo además en los artículos 73, 74, 124 y 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido BLANCA ELIZABETH ARVILLA YÁÑEZ, por su propio derecho, contra la autoridad responsable y en cuanto al acto precisado en el considerando segundo de esta sentencia. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Así lo resolvió y firma la licenciada ISAURA ROMERO MENA, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Juan García Trejo, secretario que autoriza, hasta el cuatro de abril de dos mil dieciséis, en que lo permitieron las labores del Juzgado. DOY FE.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA RESOLUCIÓN DE CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS (2016), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b) DE LA LEY DE AMPARO: " PRIMERO. BLANCA ELIZABETH ARVILLA YÁÑEZ, por su propio derecho, el veinticinco de enero de dos mil dieciséis, presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, demanda de amparo indirecto contra actos del Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Loreto, Zacatecas, que hace consistir en la omisión de dictar interlocutoria en el incidente de nulidad de actuaciones judiciales por ella promovido en el juicio sucesorio intestamentario a bienes de Antonio Arvilla Pérez, derivado del expediente 211/2014, no obstante estar citado para sentencia. SEGUNDO. La demanda de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas y en proveído de veintisiete de enero del año en curso, se admitió a trámite; se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención legal que por derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó en términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, tiene competencia legal para fallar en definitiva en el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 55, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse una omisión de un Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar residente dentro de la demarcación territorial en que este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previo a analizar la certeza del acto reclamado, debe precisarse cuál es éste, en términos de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme las jurisprudencias del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese sentido, de una lectura integral del libelo constitucional y anexos que forman un todo, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, consiste en: La omisión de dictar interlocutoria en el incidente de nulidad de actuaciones judiciales promovido por la quejosa en el juicio sucesorio intestamentario a bienes de Antonio Arvilla Pérez, expediente 211/2014, no obstante estar citado para sentencia. TERCERO. Existencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez precisado el acto reclamado, por cuestión de técnica, a continuación se analizará su inexistencia, certeza o presunción, como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis del rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." La autoridad responsable Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Loreto, Zacatecas, al rendir su informe justificado reconoció la omisión o abstención de emitir la interlocutoria reclamada; sin embargo, agregó, el diecisiete de febrero del año que transcurre la dictó, en la que declaró improcedente el incidente de nulidad y para demostrar su afirmación anexó copia certificada de los documentos respectivos. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Asimismo, es de precisarse que con el contenido del informe justificado y anexos, mediante proveído de veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordenó dar vista a la quejosa a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que se haya hecho argumentación alguna. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. La procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y de estudio preferente previo a la materia del fondo del asunto, ya sea de oficio o por planteamiento de alguna de las partes, de conformidad con lo establecido en el último párrafo, del artículo 62 de la Ley de Amparo y con la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Atendiendo a lo anterior, la suscrita resolutora advierte que durante la tramitación del juicio en que se actúa cobró vigencia la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Acorde a lo anterior tenemos que de una correcta interpretación del contenido de los artículos 61, fracción XXI, y 77, de la Ley de Amparo para que la referida causa de improcedencia, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, se actualice, no basta que la autoridad responsable en su caso, derogue, revoque o nulifique el acto que se le reclame sino que es necesario que los actos, consecuencias y efectos emanados con motivo del reclamo constitucional, queden superados en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del quejoso o, en su defecto, que habiéndola transgredido, la cesación que sobrevenga no deje huella alguna, puesto que la razón que justifica la improcedencia a que se ha hecho mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos, ni los surtirá porque ya no existe, además de que no dejó secuela alguna en la esfera jurídica de la quejosa que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De la demanda se advierte que la quejosa BLANCA ELIZABETH ARVILLA YÁÑEZ reclama del Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Loreto, Zacatecas, la omisión de dictar interlocutoria en el incidente de nulidad de actuaciones judiciales promovido por la quejosa en el juicio sucesorio intestamentario a bienes de Antonio Arvilla Pérez, expediente 211/2014, no obstante estar citado para sentencia. Lo anterior se trae a cuenta, toda vez que del análisis de las constancias que remitió la citada autoridad al rendir su informe justificado, se desprende que el diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, se dictó la interlocutoria correspondiente en el juicio de nulidad de actuaciones, que lo declaró improcedente. Así las cosas, las consideraciones expuestas ponen de relieve que a la fecha han cesado los efectos del acto reclamado, tomando en consideración que de las constancias aludidas se advierte que durante la substanciación del presente juicio constitucional y antes de la celebración de la audiencia constitucional, la autoridad responsable Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Loreto, Zacatecas, el diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, dictó resolución a través de la cual declaró improcedente el incidente de nulidad plateado por la quejosa; por ende, debe concluirse que en el caso a estudio cesaron los efectos del acto impugnado en esta instancia constitucional. Lo anterior encuentra apoyo por analogía en la jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie durante la tramitación de este juicio constitucional cobra vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; y, en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el diverso 63, fracción V, de la ley en consulta, procede SOBRESEER en el juicio promovido por BLANCA ELIZABETH ARVILLA YÁÑEZ, por su propio derecho. Sin que resulte obstáculo para resolver el presente juicio la circunstancia de que no se realizó el emplazamiento del tercero interesado GUMARO ARVILLA GÓMEZ, pues, dado el sentido de esta sentencia de ningún modo se le causa perjuicio. Por lo anteriormente expuesto y con apoyo además en los artículos 73, 74, 124 y 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido BLANCA ELIZABETH ARVILLA YÁÑEZ, por su propio derecho, contra la autoridad responsable y en cuanto al acto precisado en el considerando segundo de esta sentencia."

  4. Principal

    CERTIFICACIÓN: EL SUSCRITO LICENCIADO JUAN GARCÍA TREJO, SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE ZACATECAS, HACE CONSTAR Y CERTIFICA QUE MEDIANTE OFICIO SEADS/455/2016, DE VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS, EL SECRETARIO EJECUTIVO DE ADSCRIPCIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, INFORMÓ QUE EL PLENO EN SESIÓN CELEBRADA EL PROPIO DÍA, ACORDÓ LA ADSCRIPCIÓN DE LA LICENCIADA ISAURA ROMERO MENA, COMO TITULAR DE ESTE JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE ZACATECAS, CON EFECTOS A PARTIR DEL UNO DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS; LO QUE SE ASIENTA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES. DOY FE. EL SECRETARIO. LIC. JUAN GARCÍA TREJO. En uno de marzo de dos mil dieciséis, el Secretario da cuenta a la Jueza con la certificación que antecede, así como con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a uno de marzo de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta, hágase del conocimiento de las partes que mediante oficio SEADS/455/2016, de veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que el Pleno en sesión celebrada el propio día, acordó la adscripción de la licenciada Isaura Romero Mena, como titular de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con efectos a partir del uno de marzo de dos mil dieciséis, ello para los efectos legales conducentes. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que se encuentran señaladas las nueve horas con diez minutos del día de la fecha, para llevar a cabo la audiencia constitucional en el expediente en que se actúa; y tomando en consideración a partir de esta fecha la titular de éste órgano jurisdiccional lo es la licenciada Isaura Romero Mena, luego, a fin de que las partes se impongan de tal evento y que en su oportunidad pudieran plantear algún impedimento, conforme al artículo 51 de la Ley de Amparo, la audiencia a verificarse el día de hoy se DIFIERE y en su lugar se señalan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS, para que tenga verificativo. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES y PERSONALMENTE A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe. *Amci

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