Blanca Elena Castillo Rivera

Expediente 236/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 9 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
236/2018
Año
2018
Actuaciones
9
Última actuación
07/06/2018

Partes del expediente

  • Blanca Elena Castillo Rivera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, siete de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 236/2018-V, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 236/2018-V-B, promovido por Blanca Elena Castillo Rivera, por su propio derecho; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el trece de febrero de dos mil dieciocho ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida ese día en este juzgado, Blanca Elena Castillo Rivera, por su propio derecho, solicitó la protección de la justicia federal contra actos del Registro Agrario Nacional Delegación Morelos. SEGUNDO. Trámite. Por auto de catorce de febrero de dos mil dieciocho se admitió a trámite la demanda, se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado y se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (fojas 13 a 18). Seguida la secuela procesal, por auto de doce de marzo de dos mil dieciocho se dio vista a la parte quejosa por el término de quince días a fin de que, si a sus intereses convenía, ampliara su demanda de amparo por cuanto a la autoridad Titular de la Dirección General de Registro y Control Documental de Oficinas Centrales del Registro Agrario Nacional con residencia en la Ciudad de México (fojas 29 a 30). El siete de mayo de este año se fijaron las once horas con cincuenta y cinco minutos del catorce de mayo del año en curso, para celebrar la audiencia constitucional (foja 40). Mediante acuerdo de once de mayo del año en curso se tuvo a la promovente de amparo por desinteresada en la ampliación de la demanda por cuanto a la autoridad con residencia en la Ciudad de México (foja 42). CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado, carente de ejecución material. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. Así, el acto reclamado consiste en: La omisión de actuar dentro del ámbito de sus funciones a efecto de emitir las constancias de inscripción de la transmisión de derechos por sucesión del finado Francisco Hernández Rodríguez, en la solicitud 17170003925. Y la inscripción en el padrón de ejidatarios del Ejido de Chapultepec Municipio de Cuernavaca, Morelos. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado, no obstante que el Subdelegado Técnico en ausencia del Titular del Registro Agrario Nacional Delegación Morelos, al rendir el informe justificado, manifestó que es parcialmente cierto. Tal inexistencia se desprende de las constancias que adjuntó la responsable a su informe justificado (fojas 26 a 28); las cuales ameritan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En efecto, de las referidas documentales se desprende que: El veintidós de mayo de dos mil diecisiete Blanca Elena Castillo Rivera, efectuó la solicitud 17170003925, mediante la cual pidió constancia de inscripción de la transmisión de derechos por sucesión y su inscripción al padrón de ejidatarios del Ejido de Chapultepec, Municipio de Cuernavaca, Morelos. El cinco de julio de dos mil diecisiete la autoridad responsable emitió acuerdo de prevención en atención a la solicitud efectuada por la parte quejosa. El veintiséis de julio de dos mil diecisiete fue notificada la impetrante respecto a la prevención aludida. El veintitrés de agosto del año pasado una vez desahogada la prevención de mérito, se expidió el oficio SR/DRAJ-1327/2017, del que se desprende que remitió al Director General del Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, el expediente originado con motivo de la solicitud de la quejosa, a efecto de que interviniera en el asunto y emitiera la respuesta correspondiente, al considerarse incompetente para emitir contestación. Ahora bien, la parte quejosa presentó la demanda de amparo el trece de febrero de dos mil dieciocho, por la que impugnó la omisión del Registro Agrario Nacional Delegación Morelos de actuar dentro del ámbito de sus funciones a efecto de emitir las constancias de inscripción de la transmisión de derechos por sucesión de Francisco Hernández Rodríguez, en la solicitud 17170003925, así como la inscripción en el padrón del Ejido de Chapultepec Municipio de Cuernavaca, Morelos. El doce de marzo de dos mil dieciocho este órgano jurisdiccional ordenó dar vista a la parte quejosa con el informe justificado aludido, y se concedió un término de quince días a fin de que manifestara si deseaba ampliar su demanda para señalar como responsable a la Dirección General del Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional. El once de mayo del año en curso vencido el plazo concedido a la impetrante, se tuvo por desinteresada en el señalamiento de la autoridad referida. De lo relatado con anterioridad, se desprende la inexistencia de la omisión reclamada, toda vez que el veintitrés de agosto de dos mil diecisiete la autoridad declinó competencia en favor de la Dirección General del Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional con residencia en la Ciudad de México, por lo que a la fecha de presentación de la demanda de amparo trece de febrero de dos mil dieciocho, la responsable no había incurrido en conducta omisiva alguna, dado que ya no se encontraba conminada a atender la solicitud de la impetrante. Consecuentemente, es evidente la inexistencia del acto atribuido al Registro Agrario Nacional Delegación Morelos, ya que tal aspecto debe analizarse, por regla general, en atención a la fecha de presentación del amparo, para evitar que la sentencia se ocupe de actos posteriores y distintos de los que dan origen a la queja. La aludida regla general se funda en la jurisprudencia 2a./J.3/94 de la Octava Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA". Asimismo, no debe soslayarse que al tratarse de un acto de naturaleza omisiva, no resulta dable presumir la existencia del mismo, ya que para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de éste, debe acudirse en principio a las normas generales que prevén la competencia de las autoridades señaladas como responsables para verificar si en realidad están obligadas a realizar la conducta que se impugna, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la parte quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta. Lo antes considerado, encuentra apoyo en la tesis XXIV/98 de la Novena Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO". En ese sentido, se aprecia que a la fecha de presentación de la demanda no era jurídicamente reprochable la omisión combatida al Registro Agrario Nacional, pues de manera previa ya había actuado en el sentido de remitir la petición de que se trata a la autoridad competente para ello, por lo que resulta evidente que no estaba facultada para actuar en la forma que reclama la quejosa en esta vía; sin soslayar que la autoridad que conoce del trámite iniciado por la quejosa actualmente es la Dirección General de Registro y Control Documental de Oficinas Centrales del Registro Agrario Nacional con residencia en la Ciudad de México, ya que el artículo 16 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional publicado el once de octubre de dos mil doce, establece que entre las atribuciones de la citada dirección, se encuentran la inscripción de documentos objeto de registro y expedición de constancias a los núcleos agrarios; sin embargo, la quejosa no amplió su demanda para señalarla como responsable en el presente juicio de amparo, no obstante de haberse dado vista personalmente para ello; y por ende no es posible analizar la actuación de una autoridad inaudita en este controvertido. Por ello, ante la inexistencia del citado acto combatido a la autoridad señalada como responsable, debe sobreseerse el presente juicio de amparo con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee el juicio de amparo promovido por Blanca Elena Castillo Rivera, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo y por las razones indicadas en el considerando tercero. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe hasta el día de hoy veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, que lo permitieron las labores de este juzgado.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, once de mayo de dos mil dieciocho. Vista la certificación secretarial que antecede y, tomando en consideración que el término de quince días concedido a la parte quejosa en proveído de doce de marzo de dos mil dieciocho, ha transcurrido sin que haya hecho manifestación alguna respecto si es su interés en ampliar la demanda de amparo, por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado ahí decretado y no se tiene como autoridad responsable al Titular de la Dirección General de Registro y Control Documental de Oficinas Centrales del Registro Agrario Nacional, con residencia en la Ciudad de México. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por licencia del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 43, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada en sesión celebrada el trece de marzo de dos mil dieciocho, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/1275/2018, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, siete de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, tomando en consideración que el titular del juzgado tiene licencia para ausentarse el día de hoy, y el licenciado Jadilson Alonso Navarro, está como encargado del despacho, de conformidad con el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Ahora bien, según lo dispuesto en el citado artículo 43, párrafo primero, de la ley en comento, el Secretario encargado del despacho únicamente se encuentra facultado para practicar las diligencias y dictar las providencias de mero trámite y resoluciones de carácter urgente, es decir, no puede dictar resolución definitiva en este asunto; en esas condiciones, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan, las ONCE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL CATORCE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

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