Blanca Elsa Lopez Huesca

Expediente 723/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 21 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
723/2019
Año
2019
Actuaciones
21
Última actuación
27/11/2019

Partes del expediente

  • Blanca Elsa Lopez Huesca
  • Juez Segundo Civil del Sexto Distrito Judicial En el Estado de Morelos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 723/2019-III, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido la sentencia terminada de engrosar el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 34 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que en dicha sentencia determinó en el único punto resolutivo negar el amparo y protección a la parte quejosa; ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, agréguese a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de amparo como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Ahora, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo se negó el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa, por consiguiente, de acuerdo al supuesto previsto en la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de depuración. Asimismo, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, debido que tal medida suspensiva se concedió. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. Finalmente, toda vez que las autoridades responsables, remitieron diversas constancias debiendo formarse del anexo I al VI; en esas condiciones, devuélvanse a las autoridades responsables los anexos de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cinco de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la razón actuarial que antecede, mediante la cual el Actuario de la adscripción manifiesta la imposibilidad de notificar el contenido de la sentencia de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, a la parte tercero interesada Florinda Magdalena López Huesca y Luis Enrique López Huexca en su carácter de tutor de la menor Paola Michelle Jiménez López, por las razones que en la misma expone; en mérito de lo anterior, de conformidad con la fracción III, del artículo 26, de la Ley de Amparo, practíquese a la referida parte, la notificación de la sentencia de referencia, así como los subsecuentes, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 723/2019-III, promovido por BLANCA ELSA LÓPEZ HUESCA, por derecho propio; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida al día siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, BLANCA ELSA LÓPEZ HUESCA, solicitó la protección de la justicia federal contra actos de la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y Juez Segundo Civil del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos (fojas 3 a18). SEGUNDO. Trámite. Una vez subsanada la prevención, por auto de diecisiete de junio de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda de amparo, se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado, se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y a la parte tercero interesada. (fojas 53 a 56). Seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 1º, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y residen las autoridades a las que se les atribuye el acto reclamado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado, en ese sentido se precisa que lo que la parte quejosa reclama es: La resolución de treinta de abril de dos mil diecinueve, emitida por la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, que resuelve el recurso de apelación incoado contra la resolución de reconocimiento de herederos y designación de albacea del juicio sucesorio intestamentario 556/2017-1. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado pues así lo informaron las autoridades responsables al rendir sus respectivos informes justificados (fojas 84 y 90), lo que se corrobora además de las fotocopias certificadas del expediente 556/2017 así como del toca civil 508/2018, que adjuntaron a sus respectivos informes. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, toda vez que fueron autorizados por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, sin que además, haya sido objetada su autenticidad. CUARTO. ESTUDIO DEL ACTO RECLAMADO. Al no existir causa de improcedencia hecha valer por las partes o que este tribunal de oficio advierta que se actualice, procede realizar el estudio de la cuestión planteada. Son inoperantes por una parte e infundados en otra los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, como se expondrá con posterioridad. Antecedentes del acto reclamado: 1.-Por escrito presentado ante la Oficialía de Partes Común del Sexto Distrito Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, el veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, ADRIANA GUADALUPE JIMÉNEZ SOBERANES y MARIANA JIMENEZ SOBERANES, presentaron denuncia intestamentaria a bienes de PEDRO JIMÉNEZ MARTÍNEZ (fojas 3 a 7 anexo VI). 2.- Por acuerdo de doce de septiembre de dos mil diecisiete, el Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, admitió a trámite el juicio sucesorio intestamentario a bienes de PEDRO JIMÉNEZ MARTÍNEZ (foja 14). 3.- Por escrito presentado el diecinueve de octubre de dos mil diecisiete ante el Juez responsable, BLANCA ELSA LÓPEZ HUESCA por derecho propio en su calidad de concubina supérstite y en su calidad de representante legal de su menor hija, se apersonó en su carácter de coadyuvante de la sucesión a bienes de PEDRO JIMÉNEZ MARTÍNEZ (fojas 38 a 42 anexo VI). 4.- El veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, se emitió resolución que resolvió de manera interlocutoria sobre el reconocimiento de herederos y designación de albacea, en cuyo segundo punto resolutivo el A quo declaró improcedente la declaratoria de concubinato entre BLANCA ELSA LÓPEZ HUESCA y PEDRO JIMENEZ MARTINEZ (fojas 294 a 312 anexo VI). 5.- En contra de la anterior resolución la ahora quejosa promovió recurso apelación, el cual fue radicado con el toca civil 508/2018 por la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, quien lo resolvió el treinta de abril de dos mil diecinueve, y confirmó la interlocutoria de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho (fojas 326 a 327). La sentencia anterior es el acto que se reclama en el presente juicio de amparo. En vía de conceptos de violación en esencia se arguye lo siguiente: Que la resolución reclamada es contraria a derecho pues la estigmatiza y discrimina en su condición o estado civil de concubina y le impide tener acceso a la tutela judicial efectiva para reclamar, en defensa del patrimonio familiar, así como a los derechos subjetivos adquiridos por la relación que de hecho existió entre las partes, asimismo, que la sentencia emitida carece de fundamentación y motivación, al dejar de analizar sus agravios en especificó que se dejó de observar que existe la ejecutoria del amparo 2038/2017 del índice de este juzgado federal. Que la responsable viola la garantía de legalidad y seguridad jurídica, pues dejó de analizar que en sus agravios lo siguiente: Que hizo valer cuestiones relativas al cumplimiento de la ejecutoria 2038/2017, la cual se tuvo por cumplida y se dejaron a salvo sus derechos a MAGDALENA SOBERANES BARRANCO, para que los hiciera valer en la vía y forma correspondiente, por lo que se le tuvo por reconocido el carácter de concubina supérstite a la hoy quejosa, en razón de la existencia de un decreto emitido por el legislativo. Que el matrimonio se celebró un día antes de que el autor de la sucesión perdiera la vida, por lo que no se lograron los fines propios del matrimonio, como lo son la ayuda mutua, cooperación y cohabitación. Que consta en autos que el autor de la sucesión, se encontraba el día del supuesto acto jurídico denominado matrimonio en actividades propias a su trabajo, por lo que no es factible que haya celebrado matrimonio civil con MAGDALENA SOBERANES BARRANCO, lo que se comprueba con la fotocopia certificada de la supuesta acta de matrimonio. Que existe un decreto emitido por el Poder Legislativo en el cual se le reconoce el derecho de concubina supérstite y el cual al ser una resolución, aprobada, publicada y sancionada, debe tenérsele como una resolución y un acto consumado, el cual debe de ser aplicado con todas sus consecuencias jurídicas hasta en tanto no haya nulidad en el mismo. Que demostró en el procedimiento que hacían vida pública y privada como si fueran esposos, que procrearon una hija, que vivían en el mismo domicilio y que el autor de la sucesión se encontraba separado y divorciado. La autoridad responsable no analizó ni expresó el motivo o causa por el cual declaró infundado su primer agravio, concretándose a manifestar de forma dogmática que es infundado por falso. 4. Que no respondió su tercer agravio en el que aseveró que la juez natural interpreta y tergiversa en sentido contrario, pues no le otorga valor al decreto, pero por otra parte deja a salvo los derechos de MAGDALENA SOBERANES BARRANCO, para que haga valer en la vía y forma correcta sus derechos, por lo que sin hacer un análisis de las hipótesis que prevén dicha documental pública le resta valor. 5. No analizó exhaustivamente las pruebas siguientes, "APENDICE DE ACTA, FECHA DEL DECRETO, VITACORA DE AUTORIDADES Y UBICACIÓN DEL AUTOR DE LA SUCESIÓN EL DÍA QUE CELEBRÓ MATRIMONIO". 6. Omite dar cabal respuesta a su segundo agravio, cuando sostuvo que se debería iniciar las investigaciones correspondientes por la posible comisión de diversos delitos cuando sostuvo que se debería iniciar las investigaciones correspondientes por la posible comisión de diversos delitos, del cual con las más amplias facultades la juez o el ministerio publico pudieron iniciar a petición de parte o de manera oficiosa. 7. La responsable de manera incorrecta consideró que no era posible reconocerle la calidad de concubina, en razón de que no justificó ni acreditó dicha relación, ello no obstante de que ofreció como prueba el decreto legislativo con el cual acredita que tiene el carácter de concubina reconocido, pues dicho decreto es jurídicamente valido al no ser objetado, impugnado ni nulificado, por lo que la responsable no puede dejar sin valor dicho decreto. Debe precisarse, que la expresión de conceptos de violación ha abandonado las formalidades rígidas y solemnes que regían anteriormente, bastando ahora la manifestación clara de la causa pedir; esto es, la precisión clara de cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada; y, los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo. Empero, para que proceda su estudio, no basta que la parte quejosa realice afirmaciones sin fundamento, pues es obvio que a ella corresponde [salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja] exponer razonadamente el por qué estima inconstitucionales o ilegales los actos reclamados. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1ª./J. 81/2002, visible en la página 61, Tomo XVI, Diciembre de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Registro 185 425, del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS, AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO." Ahora, por cuestión de técnica jurídica, los argumentos expuestos por la parte quejosa no serán estudiados en el orden planteado por la quejosa. Por lo que en primer orden se abordarán los conceptos de violación sintetizado en el numerales 2 y 7, los cuales son inoperantes, pues de su lectura, así como de la lectura del recurso de apelación incoado en contra de la resolución de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, se advierte que se concreta a repetir los agravios expuestos en dicho recurso, pero omite atacar las consideraciones y fundamentos que consideró la autoridad responsable para confirmar la resolución combatida. De ahí que si los conceptos de violación antes detallados se limitan a reproducir el planteamiento originario que se esbozó en el recurso de apelación, en vez de controvertir la omisión o inexactitud de la Sala responsable en el análisis de los agravios formulados en segunda instancia, es que resultan inoperantes, pues no controvierten los argumentos jurídicos sustentados por el órgano jurisdiccional, que posibiliten su análisis, pues el examen de la constitucionalidad de la determinación en esta instancia reclamada constituye la litis en el juicio de garantías, y no el tema controvertido en el contexto primario que se plasmó en el recurso inicial ante el Ad quem. Por lo que, efectuar su análisis implicaría revisar la decisión del juez del conocimiento que no es materia del acto reclamado, dado que el objeto del juicio constitucional es el estudio de la resolución dictada al resolver el recurso enunciado, para determinar si los motivos y fundamentos existentes en ella violan o no los derechos humanos del gobernado. Apoya lo anterior la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de número de registro 169974, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Abril de 2008, página 376, del rubro siguiente: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE REPRODUCEN, CASI LITERALMENTE, LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SIN CONTROVERTIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA." La Jurisprudencia de la Novena Época, de número de registro 184999, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 43, del rubro siguiente: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE REPRODUCEN CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA." Así la jurisprudencia de número de número de registro 216777, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 40, del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES, SI SE CONCRETAN A REPETIR LOS AGRAVIOS Y NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL FALLO." Resulta inoperante por novedoso el concepto de violación marcado con el número 5 en que aduce que la Sala autoridad responsable no analizó exhaustivamente las pruebas consistentes en "APENDICE DE ACTA, FECHA DEL DECRETO, VITACORA DE AUTORIDADES Y UBICACIÓN DEL AUTOR DE LA SUCESIÓN EL DÍA QUE CELEBRÓ MATRIMONIO". Lo anterior es así, pues dicho argumento no fue planteado en el escrito con el que interpuso recurso de apelación, tal y como se puede apreciar de la lectura del ocurso antes referido, por lo tanto, este juzgado federal se ve imposibilitado para analizar dicho concepto de violación, en atención al principio de congruencia que debe de regir toda resolución, además que la autoridad responsable examinó el recurso de apelación planteado en función de los hechos propuestos por la accionante, por lo tanto, resulta inconcuso que aquél no debe modificar o ampliar lo expuesto en beneficio de éste. Sirve de sustento a lo anterior por similitud jurídica la jurisprudencia de la Novena Época, de número de registro 169923, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Abril de 2008, página 39, del siguiente rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. TIENEN ESTA CALIDAD SI SE REFIEREN A CUESTIONES NO ADUCIDAS EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE APELACIÓN Y NO SE DEJÓ SIN DEFENSA AL APELANTE." Asimismo, sirve de sustento a lo anterior la Jurisprudencia de la Novena Época, de número de registro 173077, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Marzo de 2007, Materia Administrativa, página 1487, del siguiente rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO DIRECTO. SON INOPERANTES POR NOVEDOSOS SI SE REFIEREN A LA FALTA DE FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA TERRITORIAL DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA EN EL JUICIO FISCAL Y ELLO NO SE PLANTEÓ ANTE LA SALA DEL CONOCIMIENTO (ALCANCES DE LA TESIS 2ª. LXXII/2006)." Son infundados los conceptos de violación marcados con los incisos 1), 3), 4) y 6), pues que contrario a lo que aduce la quejosa, la responsable si dio contestación a éstos como a continuación se detallará. Al respecto se debe precisar que la Sala responsable consideró que los agravios hechos valer por la ahora quejosa conformaban una íntima argumentación, por lo que los analizó de manera conjunta, pronunciamiento que no es controvertido por el impetrante, de ahí que no sea materia de análisis. Así, la impetrante aduce en su concepto de violación detallado con el número 3) que la Sala responsable no analizó ni expresó el motivo o causa por el cual declaró infundado su primer agravio, concretándose a manifestar de forma dogmática que es infundado por falso. En ese sentido, es de precisarse que la quejosa como primer agravio en su escrito de apelación hizo valer en esencia los siguientes puntos: 1.- Que la Juez responsable hace un análisis defectuoso de la valoración de las pruebas ofertadas durante la tramitación de la primera etapa denominada declaratoria de herederos y designación de albacea, para llegar a la conclusión y reconocer el derecho a MAGDALENA SOBERANES BARRANCO, lo anterior lo considera así puesto que de las documentales se advierte que la fecha de la celebración del matrimonio del autor de la sucesión con MAGDALENA SOBERANES BARRANCO, fue un día antes de su deceso, por lo que no se alcanzaron los fines del matrimonio, pues no se logró establecer la cohabitación, la ayuda, mutua, cooperación, respeto, por lo que fue una en la que no se logró el fortalecimiento de los lazos del matrimonio, ello puesto que no hicieron vida en común, puesto que la cohabitación en un acto fundamental para lograr establecer el matrimonio como jurídicamente valido. 2.- Que el matrimonio no reunía los requisitos para celebrarse, como lo es estar libre de matrimonio al momento de la celebración del acto, pues no se adjuntó constancia de inexistencia de matrimonio ni acta de divorcio. 3.- Que no se le otorga valor indiciario ni valor alguno al decreto legislativo en el cual se le reconoce la calidad de cónyuge supérstite para gozar de una pensión por viudez y orfandad, dado que solventó todos y cada uno de los requisitos establecidos por el Poder Legislativo, por lo que al restarle valor la Juez invade esferas competenciales, pues minimiza la resolución de un órgano que se encuentra en igualdad de circunstancias, aunado que dicho decreto es un acto consumado. Sin embargo, de la lectura de la resolución reclamada se advierte que la Sala responsable si dio contestación a los anteriores planteamientos, lo cual lo hizo de la manera siguiente: Respecto al punto 1, en la resolución de apelación proveyó lo siguiente: "La juez primaria al momento de estudiar las constancias que integran los autos, precisamente aquellas en las que el apelante considera que no se tiene acreditada la relación matrimonial, entre el autor de la sucesión PEDRO JIMENEZ MARTÍNEZ y MAGDALENA SOBERANES BARRANCO", ya que considera que no se reunieron los requisitos para acreditar tal vínculo matrimonial, no obstante tales afirmaciones son infundadas, toda vez que para la acreditación del vínculo matrimonial se requiere únicamente las manifestaciones de voluntad de los contrayentes ante el órgano competente, para acreditar la relación matrimonial, no así aquello requisitos que afirma la apelante en sus agravios esgrimidos, ya que la misma confunde los requisitos de la figura del concubinato, con los del matrimonio, lo que incluso hizo resaltar la juez de origen..."  Lo resaltado es propio- Respecto al punto 2 se determinó que: "De igual manera es infundado el agravio que hizo valer la apelante, en el sentido que de la juez de origen no valoró debidamente el acta de matrimonio exhibida en autos, ya que bajo su concepto considera que no se reúnen los requisitos para la validez del matrimonio celebrado el veinte de agosto de dos mil dieciséis, entre el autor de la sucesión PEDRO JIMÉNEZ MARTÍNEZ y MAGDALENA SOBERANES BARRANCO, ya que afirma la apelante existen datos que restan valor probatorio a dicha documental, circunstancia que la propia juez de origen demerito al momento de valorar la documental en comento, esto es así en razón de que fue atinada su consideración al establecer que dicha documental tiene valor probatorio pleno al no haberse acreditado en autos que la misma carece de validez jurídica por lo que dicha documental tiene valor probatorio pleno al no haberse acreditado en autos que misma carece de validez jurídica, por lo que la misma cuenta con validez jurídica para tener por acreditada la relación matrimonial entre el autor de la sucesión y MAGDALENA SOBERANES BARRANCO, esto es así ya que el hecho de que el deceso del autor de la sucesión haya sucedido el día después de su matrimonio, no le resta valor probatorio a dicha documental, ya que dicha acta se asentó, por parte del oficial del Registro Civil de la localidad donde contrajeron nupcias, la voluntad de los contrayentes para formalizar su unión matrimonial, la que quedara inscrita en el respectivo libro de registro de matrimonio, y de la que se expidiera copia certificada de tal acto, sin que sea correcta la apreciación de la apelante que hace valer, en el sentido de que no hicieron vida en común, circunstancia que no es requisito para la existencia de la relación matrimonial, ya que para la ley no hay mayor requisito que el de la manifestación de la voluntad de los contrayentes de contraer nupcias, aunado a que no había impedimento legal alguno para que los mismos no contrajeran nuevamente nupcias, por tanto, al no haber acreditado la nulidad del acta de matrimonio en comento, el acto que se registra es válido [.]  Lo resaltado es propio- Respecto al punto 3, la responsable precisó lo siguiente: "De igual manera el agravio que hace consistir en que le resto valor probatorio al decreto emitido por los legisladores al momento de resolver sobre la pensión en favor del apelante y respecto del autor de la sucesión, incluso denominando al hecho un acto consumado, el mismo igual resulta infundado, esto es así en razón de que como lo consideró la juez de origen, los legisladores tuvieron por acreditada la figura del concubinato con una documental que carece de valor probatorio, al no haber sido expedida por autoridad con facultades para ello, toda vez que la constancia que emite el juez de paz que emitió tal constancia, no es válida a la luz de la propia ley, ya que de acuerdo con la legislación familiar la autoridad con facultades para acreditar en la vía del procedimiento no contencioso, la existencia del concubinato corresponde a la autoridad judicial en materia civil en el Estado de Morelos, y que si bien fue considerada por el poder legislativo en el Estado de Morelos, la misma resulta insuficiente para acreditar la relación de concubinato, sin que pase desapercibido que aún las resoluciones emitidas por la autoridad judicial, en las diligencias de jurisdicción voluntaria de conformidad con lo dispuesto por el artículo 474 de la ley adjetiva familiar vigente en el Estado, no constituyen cosa juzgada ni resultan aptas para acreditar derechos sustantivos, debido a que se tramitan de manera unilateral por el interesado, sin las intervención de quien pudiera tener derechos opuestos, por lo que se aprueban salvo prueba en contrario, por lo que no obstante de que se haya otorgado la pensión a favor de la apelante por parte del poder legislativo del estado, mediante el decreto correspondiente, tal circunstancia no vincula a la autoridad judicial, ya que tal decreto no puede ir más allá de lo que la propia ley familiar establece, respecto de las cuestiones en los que se involucran relaciones familiares, ni mucho menos se trata de una invasión de competencias como lo pretende hacer valer la apelante, ya que, se insiste, el poder legislativo carece de facultades para emitir resoluciones judiciales en los que reconozca derechos en favor de personas vinculadas por parentesco, ya que es únicamente a la autoridad judicial a quien compete determinar sobre la existencia de la relación filial existente entre personas[.]" De lo antes trascrito se advierte lo infundado del concepto de violación marcado con el número 3, pues resulta inconcuso que la responsable si dio contestación a los agravios expuestos por la ahora promovente de amparo, sin que en el caso dichos argumentos vertidos por la Sala responsable hayan sido controvertidos en el presente juicio de amparo. Respecto del concepto de violación marcado con la número 4 en esencia la quejosa aduce que la responsable no respondió su tercer agravio en el que aseveró que la juez natural interpreta y tergiversa en sentido contrario, pues no le otorga valor al decreto, pero por otra parte deja a salvo los derechos de MAGDALENA SOBERANES BARRANCO, para que haga valer en la vía y forma correcta sus derechos, por lo que no realiza un análisis de la hipótesis prevista. Al respecto la responsable proveyó lo siguiente: "Igualmente es infundado el agravio relativo a que se contravino con la resolución emitida, la ejecutoria de amparo en la que se afirma que es dicha autoridad quien al dejarle a salvo los derechos para que los hiciera valer en la vía y forma correspondiente, le reconoce el carácter de concubina supérstite, sin embargo, es errónea la conclusión de la apelante, ya que los efectos del amparo fueron para que la juez fundara y motivara la determinación decretada mediante auto de tres de octubre de dos mil diecisiete, más no que le reconocía la calidad de concubina supérstite, como así lo asevera la apelante, luego entonces no se contradice la resolución interlocutoria materia de alzada [.]" De lo anterior se advierte que en esencia la responsable arguyó que era errónea la conclusión de la apelante, ya que los efectos del juicio de amparo fueron para que la juez fundara y motivara la determinación decretada mediante auto de tres de octubre de dos mil diecisiete, más no para que se le reconociera la calidad de concubina supérstite, por lo tanto, la resolución que en apelación combate la ahora quejosa no es contradictoria con la ejecutoria de amparo. Precisado lo anterior, se advierte que la Sala responsable si dio contestación al planteamiento formulado por la apelante hoy quejosa, asimismo, como se redactó en párrafos precedentes, la Sala responsable expuso las razones por las que no le otorgó valor probatorio al decreto aducido por impetrante, de ahí lo infundado del concepto de violación plasmado por la quejosa, y, al margen de lo correcto o incorrecto de lo manifestado por la Sala responsable, quien resuelve se ve imposibilitado para estudiar los argumentos vertidos, pues la quejosa no atacó de manera frontal las consideraciones expuestas por la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, es decir no realizó argumentos tendientes a combatir o controvertir la valoración que la responsable realizó del decreto citado, así como tampoco controvirtió lo expuesto por ésta en el sentido de que el amparo referido por la hoy impetrante no tuvo como efecto el que se le reconociera la calidad de concubina supérstite, y que por lo tanto, la resolución combatida en la alzada no era contradictoria con la ejecutoria de amparo. Asimismo es infundado el concepto de violación detallado con el inciso 6), en la que arguyó que la responsable omitió dar cabal respuesta a su segundo agravio cuando sostuvo que se debería iniciar las investigaciones correspondientes por la posible comisión de diversos delitos, la cual con las más amplias facultades la juez o el ministerio publico pudieron iniciar a petición de parte o de manera oficiosa. Sin embargo, dicho concepto de violación también resulta infundado, pues de la simple lectura del agravio citado por la quejosa, no se advierte que haya hecho valer tal argumento ante la Sala responsable, pues de su lectura se evidencia que en esencia en dicho agravio manifestó que si bien no existe suplencia de la queja, el juez tiene facultades para investigar, y que en ese sentido dejó de observar que existe un cumplimiento de una ejecutoria de amparo en el cual se le dejaron a salvo los derechos a MAGDALENA SOBERANES BARRANCO, para que los hiciera valer en la vía y forma correspondiente, por lo que se le tuvo por reconocido el carácter de concubina supérstite a la ahora quejosa, ello en razón de la existencia del decreto emitido por el legislativo, por lo que el Juez de origen se estaría retractando de dicho reconocimiento. Agravio sobre el cual la responsable además dio respuesta puntual como ya quedo precisado en párrafos precedentes de la presente sentencia, en específico cuando se estudió el concepto de violación número 4). De lo anterior se advierte que contrario a lo aducido por la quejosa, la autoridad responsable si dio contestación a sus agravios al momento de resolver el recurso de apelación planteado, exponiendo las razones y motivos por los que los consideró infundados, sin que en el caso dichos razonamientos fueran controvertidos por el ahora quejoso en el presente juicio de amparo. De ahí que resulte infundado también el motivo de disenso, identificado por este Juzgado con el número 1), en que se alega que el acto de reclamo fue emitido sin fundamento y motivación, porque a su decir, la autoridad responsable se limitó a declarar que los agravios eran infundados sin dar contestación cabal a éstos; pues como quedo precisado en párrafos precedentes, contrario a lo apuntado por el quejoso, la Sala responsable sí invocó los fundamentos legales que estimó necesarios al caso, así como también la motivación atinente acorde a tal sustento. Para arribar a dicha conclusión, debe tenerse en cuenta lo que dispone el artículo 16 constitucional, mismo que en su parte conducente dice lo siguiente: "16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. [.]." Tal dispositivo legal contiene establecida la garantía de legalidad, que consiste, esencialmente, en el cumplimiento efectivo de todos aquellos requisitos, condiciones, elementos o circunstancias cuya observancia sea jurídicamente necesaria para que un acto de autoridad produzca, válidamente, afectación en la esfera jurídica del gobernado a sus diversos derechos, pues sólo mediante el cumplimiento de todos esos elementos podrá satisfacerse. Así, para que pueda considerarse que un acto de autoridad cumple con la prerrogativa constitucional citada, debe estar suscrito por un servidor público competente y encontrarse fundado y motivado. En ese tenor, la responsable cumple con el requisito de fundamentación y motivación, pues señala con precisión el precepto o preceptos legales aplicables al caso, así como las fracciones o incisos correspondientes a fin de que el gobernado conozca las disposiciones legales en que la autoridad basa su actuación; razonando adecuadamente las causas que lo llevan a tal conclusión, expresando los motivos determinantes, estableciendo comparativamente lo que ordena el precepto legal, la situación concreta en que se encuentra el gobernado y la conclusión; es decir, su resolución en cuanto al caso concreto que se le plantea, permitiendo de esta manera que los gobernados conozcan las causas y valores y si la actuación de la autoridad se encuentra ajustada a derecho y, de considerar que afecta su esfera jurídica, impugnarla por los medios legales establecidos. En tales condiciones, conforme al marco constitucional aludido, tenemos que efectivamente, basta imponerse del contenido de la resolución reclamada dictada el treinta de abril de dos mil diecinueve, para advertir que la autoridad responsable si fundo y motivo, las razones por las que calificó de infundados los agravios plasmados por la apelante hoy quejosa, pues como ya se puntualizó en las trascripciones anteriormente citadas, expuso suficientemente los argumentos lógico-jurídicos que estimó determinantes para emitir la resolución reclamada atendiendo a la situación concreta acaecida en el juicio génesis, esto es, la razón de porqué en el caso concreto determinó declarar infundados los agravios expuestos por la ahora quejosa y en consecuencia determinó confirmar la resolución de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, motivación que este Juzgado Federal estima suficiente y acorde con la formalidad de estudio establecida en el numeral 16 de la Carta Magna, ya que con ello el quejoso estuvo en aptitud de conocer las causas y valores, legales y prudentes, que tuvo la responsable para dictar la resolución reclamada para en dado momento y estar en aptitud de impugnarla a través de los medios legales establecidos. Por consiguiente, contrario a lo alegado por el quejoso, no es verdad que la resolución reclamada carezca de fundamentación y motivación. También es infundado lo manifestado por la quejosa cuando aduce que la resolución reclamada es contraria a derecho ya que se le estigmatiza y discrimina en su condición o estado civil de concubina y le impide tener acceso a la tutela judicial efectiva para reclamar en defensa del patrimonio los derechos subjetivos adquiridos por la relación que de hecho existió entre las partes. De autos se advierte que contario a lo que aduce la quejosa, no se advierte violación alguna a las formalidades del procedimiento, pues se observa que ha contado con el acceso a la tutela jurisdiccional como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijan las leyes, para acceder ante los tribunales a plantear una pretensión y sobre la cual hubo pronunciamiento por parte de dichas autoridades, como en el caso lo es la resolución de treinta de abril de dos mil diecinueve, emitida por la Sala señalada como responsable. Lo anterior es así, pues ya quedó asentado, ADRIANA GUADALUPE JIMÉNEZ SOBERANES y MARIANA JIMENEZ SOBERANES, presentaron denuncia intestamentaria a bienes de PEDRO JIMÉNEZ MARTÍNEZ (fojas 3 a 7 anexo VI), por lo que el Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, admitió a trámite dicho juicio sucesorio intestamentario (foja 14). El diecinueve de octubre de dos mil diecisiete BLANCA ELSA LÓPEZ HUESCA se apersonó en su carácter de coadyuvante de la sucesión a bienes de PEDRO JIMÉNEZ MARTÍNEZ (fojas 38 a 42 anexo VI), y seguida la secuela del procedimiento el veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, se emitió resolución que resolvió de manera interlocutoria sobre el reconocimiento de herederos y designación de albacea, por lo que en contra de la anterior resolución la ahora quejosa promovió recurso apelación, el cual fue radicado con el toca civil 508/2018 por la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, quien lo resolvió el treinta de abril de dos mil diecinueve (fojas 326 a 327). De lo anterior no se advierte que se hayan violado las leyes del procedimiento, pues la ahora quejosa, ha tenido acceso a los tribunales en donde ha hecho valer sus pretensiones, con la oportunidad de ofrecer medios de convicción, además asistida por su abogado patrono, y no por el hecho de que la Sala responsable haya confirmado la resolución de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, indica que dicho supuesto se haya actualizado. Por lo tanto, resulta inconcuso que la autoridad responsable no emitió actos de discriminación en contra de la ahora quejosa, ni que se haya violado el debido proceso ni su derecho a la administración de justicia, pues es la autoridad quien efectivamente, se encuentra obligada a respetar las formalidades del procedimiento, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios o en su caso no admitir recursos que no son procedentes, y en ese sentido al no advertir ninguna violación al debido proceso es que deviene infundado el concepto de violación esgrimido por la impetrante. Además, de los artículos 1º., párrafo tercero, y 4º., párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que la no discriminación consiste en el derecho subjetivo público del gobernado de ser tratado en la misma forma que todos los demás y el correlativo deber jurídico de la autoridad de garantizar un trato idéntico a todas las personas ubicadas en las mismas circunstancias, tales principios impiden el establecimiento de distinciones o diferencias arbitrarias sobre las condiciones de las mujeres y los varones, sin que en el caso en estudio de advierta que al dictar la sentencia que hoy se recurre, la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, haya hecho un tratado diferenciado a la hoy promovente. En ese sentido, respecto al tema abordado en el presente juicio de amparo, el Máximo Tribunal ha reconocido que en atención a la protección a la familia, existen ciertos derechos que se reconocen a las personas que viven en concubinato en igualdad de circunstancias que a quienes optan por el matrimonio, tales como el derecho de alimentos, la pensión de "viudez o concubinato" y el reconocimiento de paternidad y, por otro lado, ha destacado que existen distinciones entre el concubinato y el matrimonio sin que éstas tengan la misma protección jurídica de los derechos y obligaciones que surgen del matrimonio civil. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideró que, para efectos de categoría sospechosa, la igualdad o distinciones de condiciones entre los cónyuges, los concubinos y las personas solteras deben considerarse dentro de la categoría de estado marital, la cual tiene como finalidad abordar los intereses, beneficios o perjuicios de estar casado o no casado y, dentro de éste último, de vivir en pareja o ser soltero, sin embargo, corresponderá a cada caso específico determinar si las distinciones realizadas son o no discriminatorias, pues no toda diferencia en el trato hacia una persona o grupo de personas es discriminatoria, por lo que resulta importante diferenciar entre "distinciones" y "discriminación", siendo que las primeras constituyen "diferencias (.) razonables y objetivas, las segundas constituyen diferencias arbitrarias que redundan en detrimento de los derechos humanos", por lo que habría que determinar en cada caso concreto, si dichas distinciones son razonables. Precisado lo anterior, si bien la quejosa aduce que la autoridad responsable le da un trato diferenciado a razón de su calidad de concubina con la que se ostenta en el juicio de origen, se advierte que la impetrante introduce una falsa premisa al partir de un postulado no verídico, es decir pretende que a la luz del carácter con el que se ostenta (concubina de PEDRO JIMÉNEZ MARTÍNEZ) alegar un trato diferenciado, sin embargo, fue precisamente el no reconocimiento del carácter con el que se ostentó lo que condujo al dictado del fallo hoy reclamado, luego pretende descansar su derecho con lo que no se probó en el juicio natural, máxime que las consideraciones torales que emitió la Sala responsable para considerar que la hoy quejosa no acreditó el concubinato con el que se ostentó en el juicio de origen no fueron controvertidas de manera frontal por ésta, y quien resuelve no advierte que la responsable haya efectuado actos que constituyan diferencias arbitrarias en contra de la hoy impetrante de amparo. Consecuentemente, ante lo inoperantes e infundados de los conceptos de violación de estudio; procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por el quejoso, respecto el acto reclamado a la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, determinación que se extiende al acto atribuido al Juez Segundo Civil del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, ya que no fue reclamado por vicios propios, sino como consecuencia de la resolución emitida por la Sala responsable. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión No Ampara Ni Protege a BLANCA ELSA LÓPEZ HUESCA, contra el acto reclamado y autoridades precisadas en el considerando de esta sentencia, por los motivos y para los efectos indicados en el considerando último. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe hasta hoy treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, en que las labores del juzgado lo permitieron.

  4. Principal

    En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución que en lo conducente dice: Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 723/2019-III, promovido por BLANCA ELSA LÓPEZ HUESCA, por derecho propio; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida al día siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, BLANCA ELSA LÓPEZ HUESCA, solicitó la protección de la justicia federal contra actos de la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y Juez Segundo Civil del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos (fojas 3 a18). SEGUNDO. Trámite. Una vez subsanada la prevención, por auto de diecisiete de junio de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda de amparo, se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado, se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y a la parte tercero interesada. (fojas 53 a 56). Seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 1º, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y residen las autoridades a las que se les atribuye el acto reclamado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado, en ese sentido se precisa que lo que la parte quejosa reclama es: La resolución de treinta de abril de dos mil diecinueve, emitida por la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, que resuelve el recurso de apelación incoado contra la resolución de reconocimiento de herederos y designación de albacea del juicio sucesorio intestamentario 556/2017-1. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado pues así lo informaron las autoridades responsables al rendir sus respectivos informes justificados (fojas 84 y 90), lo que se corrobora además de las fotocopias certificadas del expediente 556/2017 así como del toca civil 508/2018, que adjuntaron a sus respectivos informes. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, toda vez que fueron autorizados por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, sin que además, haya sido objetada su autenticidad. CUARTO. ESTUDIO DEL ACTO RECLAMADO. Al no existir causa de improcedencia hecha valer por las partes o que este tribunal de oficio advierta que se actualice, procede realizar el estudio de la cuestión planteada. Son inoperantes por una parte e infundados en otra los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, como se expondrá con posterioridad. Antecedentes del acto reclamado: 1.-Por escrito presentado ante la Oficialía de Partes Común del Sexto Distrito Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, el veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, ADRIANA GUADALUPE JIMÉNEZ SOBERANES y MARIANA JIMENEZ SOBERANES, presentaron denuncia intestamentaria a bienes de PEDRO JIMÉNEZ MARTÍNEZ (fojas 3 a 7 anexo VI). 2.- Por acuerdo de doce de septiembre de dos mil diecisiete, el Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, admitió a trámite el juicio sucesorio intestamentario a bienes de PEDRO JIMÉNEZ MARTÍNEZ (foja 14). 3.- Por escrito presentado el diecinueve de octubre de dos mil diecisiete ante el Juez responsable, BLANCA ELSA LÓPEZ HUESCA por derecho propio en su calidad de concubina supérstite y en su calidad de representante legal de su menor hija, se apersonó en su carácter de coadyuvante de la sucesión a bienes de PEDRO JIMÉNEZ MARTÍNEZ (fojas 38 a 42 anexo VI). 4.- El veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, se emitió resolución que resolvió de manera interlocutoria sobre el reconocimiento de herederos y designación de albacea, en cuyo segundo punto resolutivo el A quo declaró improcedente la declaratoria de concubinato entre BLANCA ELSA LÓPEZ HUESCA y PEDRO JIMENEZ MARTINEZ (fojas 294 a 312 anexo VI). 5.- En contra de la anterior resolución la ahora quejosa promovió recurso apelación, el cual fue radicado con el toca civil 508/2018 por la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, quien lo resolvió el treinta de abril de dos mil diecinueve, y confirmó la interlocutoria de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho (fojas 326 a 327). La sentencia anterior es el acto que se reclama en el presente juicio de amparo. En vía de conceptos de violación en esencia se arguye lo siguiente: Que la resolución reclamada es contraria a derecho pues la estigmatiza y discrimina en su condición o estado civil de concubina y le impide tener acceso a la tutela judicial efectiva para reclamar, en defensa del patrimonio familiar, así como a los derechos subjetivos adquiridos por la relación que de hecho existió entre las partes, asimismo, que la sentencia emitida carece de fundamentación y motivación, al dejar de analizar sus agravios en especificó que se dejó de observar que existe la ejecutoria del amparo 2038/2017 del índice de este juzgado federal. Que la responsable viola la garantía de legalidad y seguridad jurídica, pues dejó de analizar que en sus agravios lo siguiente: Que hizo valer cuestiones relativas al cumplimiento de la ejecutoria 2038/2017, la cual se tuvo por cumplida y se dejaron a salvo sus derechos a MAGDALENA SOBERANES BARRANCO, para que los hiciera valer en la vía y forma correspondiente, por lo que se le tuvo por reconocido el carácter de concubina supérstite a la hoy quejosa, en razón de la existencia de un decreto emitido por el legislativo. Que el matrimonio se celebró un día antes de que el autor de la sucesión perdiera la vida, por lo que no se lograron los fines propios del matrimonio, como lo son la ayuda mutua, cooperación y cohabitación. Que consta en autos que el autor de la sucesión, se encontraba el día del supuesto acto jurídico denominado matrimonio en actividades propias a su trabajo, por lo que no es factible que haya celebrado matrimonio civil con MAGDALENA SOBERANES BARRANCO, lo que se comprueba con la fotocopia certificada de la supuesta acta de matrimonio. Que existe un decreto emitido por el Poder Legislativo en el cual se le reconoce el derecho de concubina supérstite y el cual al ser una resolución, aprobada, publicada y sancionada, debe tenérsele como una resolución y un acto consumado, el cual debe de ser aplicado con todas sus consecuencias jurídicas hasta en tanto no haya nulidad en el mismo. Que demostró en el procedimiento que hacían vida pública y privada como si fueran esposos, que procrearon una hija, que vivían en el mismo domicilio y que el autor de la sucesión se encontraba separado y divorciado. La autoridad responsable no analizó ni expresó el motivo o causa por el cual declaró infundado su primer agravio, concretándose a manifestar de forma dogmática que es infundado por falso. 4. Que no respondió su tercer agravio en el que aseveró que la juez natural interpreta y tergiversa en sentido contrario, pues no le otorga valor al decreto, pero por otra parte deja a salvo los derechos de MAGDALENA SOBERANES BARRANCO, para que haga valer en la vía y forma correcta sus derechos, por lo que sin hacer un análisis de las hipótesis que prevén dicha documental pública le resta valor. 5. No analizó exhaustivamente las pruebas siguientes, "APENDICE DE ACTA, FECHA DEL DECRETO, VITACORA DE AUTORIDADES Y UBICACIÓN DEL AUTOR DE LA SUCESIÓN EL DÍA QUE CELEBRÓ MATRIMONIO". 6. Omite dar cabal respuesta a su segundo agravio, cuando sostuvo que se debería iniciar las investigaciones correspondientes por la posible comisión de diversos delitos cuando sostuvo que se debería iniciar las investigaciones correspondientes por la posible comisión de diversos delitos, del cual con las más amplias facultades la juez o el ministerio publico pudieron iniciar a petición de parte o de manera oficiosa. 7. La responsable de manera incorrecta consideró que no era posible reconocerle la calidad de concubina, en razón de que no justificó ni acreditó dicha relación, ello no obstante de que ofreció como prueba el decreto legislativo con el cual acredita que tiene el carácter de concubina reconocido, pues dicho decreto es jurídicamente valido al no ser objetado, impugnado ni nulificado, por lo que la responsable no puede dejar sin valor dicho decreto. Debe precisarse, que la expresión de conceptos de violación ha abandonado las formalidades rígidas y solemnes que regían anteriormente, bastando ahora la manifestación clara de la causa pedir; esto es, la precisión clara de cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada; y, los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo. Empero, para que proceda su estudio, no basta que la parte quejosa realice afirmaciones sin fundamento, pues es obvio que a ella corresponde [salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja] exponer razonadamente el por qué estima inconstitucionales o ilegales los actos reclamados. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1ª./J. 81/2002, visible en la página 61, Tomo XVI, Diciembre de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Registro 185 425, del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS, AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO." Ahora, por cuestión de técnica jurídica, los argumentos expuestos por la parte quejosa no serán estudiados en el orden planteado por la quejosa. Por lo que en primer orden se abordarán los conceptos de violación sintetizado en el numerales 2 y 7, los cuales son inoperantes, pues de su lectura, así como de la lectura del recurso de apelación incoado en contra de la resolución de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, se advierte que se concreta a repetir los agravios expuestos en dicho recurso, pero omite atacar las consideraciones y fundamentos que consideró la autoridad responsable para confirmar la resolución combatida. De ahí que si los conceptos de violación antes detallados se limitan a reproducir el planteamiento originario que se esbozó en el recurso de apelación, en vez de controvertir la omisión o inexactitud de la Sala responsable en el análisis de los agravios formulados en segunda instancia, es que resultan inoperantes, pues no controvierten los argumentos jurídicos sustentados por el órgano jurisdiccional, que posibiliten su análisis, pues el examen de la constitucionalidad de la determinación en esta instancia reclamada constituye la litis en el juicio de garantías, y no el tema controvertido en el contexto primario que se plasmó en el recurso inicial ante el Ad quem. Por lo que, efectuar su análisis implicaría revisar la decisión del juez del conocimiento que no es materia del acto reclamado, dado que el objeto del juicio constitucional es el estudio de la resolución dictada al resolver el recurso enunciado, para determinar si los motivos y fundamentos existentes en ella violan o no los derechos humanos del gobernado. Apoya lo anterior la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de número de registro 169974, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Abril de 2008, página 376, del rubro siguiente: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE REPRODUCEN, CASI LITERALMENTE, LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SIN CONTROVERTIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA." La Jurisprudencia de la Novena Época, de número de registro 184999, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 43, del rubro siguiente: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE REPRODUCEN CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA." Así la jurisprudencia de número de número de registro 216777, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 40, del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES, SI SE CONCRETAN A REPETIR LOS AGRAVIOS Y NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL FALLO." Resulta inoperante por novedoso el concepto de violación marcado con el número 5 en que aduce que la Sala autoridad responsable no analizó exhaustivamente las pruebas consistentes en "APENDICE DE ACTA, FECHA DEL DECRETO, VITACORA DE AUTORIDADES Y UBICACIÓN DEL AUTOR DE LA SUCESIÓN EL DÍA QUE CELEBRÓ MATRIMONIO". Lo anterior es así, pues dicho argumento no fue planteado en el escrito con el que interpuso recurso de apelación, tal y como se puede apreciar de la lectura del ocurso antes referido, por lo tanto, este juzgado federal se ve imposibilitado para analizar dicho concepto de violación, en atención al principio de congruencia que debe de regir toda resolución, además que la autoridad responsable examinó el recurso de apelación planteado en función de los hechos propuestos por la accionante, por lo tanto, resulta inconcuso que aquél no debe modificar o ampliar lo expuesto en beneficio de éste. Sirve de sustento a lo anterior por similitud jurídica la jurisprudencia de la Novena Época, de número de registro 169923, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Abril de 2008, página 39, del siguiente rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. TIENEN ESTA CALIDAD SI SE REFIEREN A CUESTIONES NO ADUCIDAS EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE APELACIÓN Y NO SE DEJÓ SIN DEFENSA AL APELANTE." Asimismo, sirve de sustento a lo anterior la Jurisprudencia de la Novena Época, de número de registro 173077, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Marzo de 2007, Materia Administrativa, página 1487, del siguiente rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO DIRECTO. SON INOPERANTES POR NOVEDOSOS SI SE REFIEREN A LA FALTA DE FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA TERRITORIAL DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA EN EL JUICIO FISCAL Y ELLO NO SE PLANTEÓ ANTE LA SALA DEL CONOCIMIENTO (ALCANCES DE LA TESIS 2ª. LXXII/2006)." Son infundados los conceptos de violación marcados con los incisos 1), 3), 4) y 6), pues que contrario a lo que aduce la quejosa, la responsable si dio contestación a éstos como a continuación se detallará. Al respecto se debe precisar que la Sala responsable consideró que los agravios hechos valer por la ahora quejosa conformaban una íntima argumentación, por lo que los analizó de manera conjunta, pronunciamiento que no es controvertido por el impetrante, de ahí que no sea materia de análisis. Así, la impetrante aduce en su concepto de violación detallado con el número 3) que la Sala responsable no analizó ni expresó el motivo o causa por el cual declaró infundado su primer agravio, concretándose a manifestar de forma dogmática que es infundado por falso. En ese sentido, es de precisarse que la quejosa como primer agravio en su escrito de apelación hizo valer en esencia los siguientes puntos: 1.- Que la Juez responsable hace un análisis defectuoso de la valoración de las pruebas ofertadas durante la tramitación de la primera etapa denominada declaratoria de herederos y designación de albacea, para llegar a la conclusión y reconocer el derecho a MAGDALENA SOBERANES BARRANCO, lo anterior lo considera así puesto que de las documentales se advierte que la fecha de la celebración del matrimonio del autor de la sucesión con MAGDALENA SOBERANES BARRANCO, fue un día antes de su deceso, por lo que no se alcanzaron los fines del matrimonio, pues no se logró establecer la cohabitación, la ayuda, mutua, cooperación, respeto, por lo que fue una en la que no se logró el fortalecimiento de los lazos del matrimonio, ello puesto que no hicieron vida en común, puesto que la cohabitación en un acto fundamental para lograr establecer el matrimonio como jurídicamente valido. 2.- Que el matrimonio no reunía los requisitos para celebrarse, como lo es estar libre de matrimonio al momento de la celebración del acto, pues no se adjuntó constancia de inexistencia de matrimonio ni acta de divorcio. 3.- Que no se le otorga valor indiciario ni valor alguno al decreto legislativo en el cual se le reconoce la calidad de cónyuge supérstite para gozar de una pensión por viudez y orfandad, dado que solventó todos y cada uno de los requisitos establecidos por el Poder Legislativo, por lo que al restarle valor la Juez invade esferas competenciales, pues minimiza la resolución de un órgano que se encuentra en igualdad de circunstancias, aunado que dicho decreto es un acto consumado. Sin embargo, de la lectura de la resolución reclamada se advierte que la Sala responsable si dio contestación a los anteriores planteamientos, lo cual lo hizo de la manera siguiente: Respecto al punto 1, en la resolución de apelación proveyó lo siguiente: "La juez primaria al momento de estudiar las constancias que integran los autos, precisamente aquellas en las que el apelante considera que no se tiene acreditada la relación matrimonial, entre el autor de la sucesión PEDRO JIMENEZ MARTÍNEZ y MAGDALENA SOBERANES BARRANCO", ya que considera que no se reunieron los requisitos para acreditar tal vínculo matrimonial, no obstante tales afirmaciones son infundadas, toda vez que para la acreditación del vínculo matrimonial se requiere únicamente las manifestaciones de voluntad de los contrayentes ante el órgano competente, para acreditar la relación matrimonial, no así aquello requisitos que afirma la apelante en sus agravios esgrimidos, ya que la misma confunde los requisitos de la figura del concubinato, con los del matrimonio, lo que incluso hizo resaltar la juez de origen..."  Lo resaltado es propio- Respecto al punto 2 se determinó que: "De igual manera es infundado el agravio que hizo valer la apelante, en el sentido que de la juez de origen no valoró debidamente el acta de matrimonio exhibida en autos, ya que bajo su concepto considera que no se reúnen los requisitos para la validez del matrimonio celebrado el veinte de agosto de dos mil dieciséis, entre el autor de la sucesión PEDRO JIMÉNEZ MARTÍNEZ y MAGDALENA SOBERANES BARRANCO, ya que afirma la apelante existen datos que restan valor probatorio a dicha documental, circunstancia que la propia juez de origen demerito al momento de valorar la documental en comento, esto es así en razón de que fue atinada su consideración al establecer que dicha documental tiene valor probatorio pleno al no haberse acreditado en autos que la misma carece de validez jurídica por lo que dicha documental tiene valor probatorio pleno al no haberse acreditado en autos que misma carece de validez jurídica, por lo que la misma cuenta con validez jurídica para tener por acreditada la relación matrimonial entre el autor de la sucesión y MAGDALENA SOBERANES BARRANCO, esto es así ya que el hecho de que el deceso del autor de la sucesión haya sucedido el día después de su matrimonio, no le resta valor probatorio a dicha documental, ya que dicha acta se asentó, por parte del oficial del Registro Civil de la localidad donde contrajeron nupcias, la voluntad de los contrayentes para formalizar su unión matrimonial, la que quedara inscrita en el respectivo libro de registro de matrimonio, y de la que se expidiera copia certificada de tal acto, sin que sea correcta la apreciación de la apelante que hace valer, en el sentido de que no hicieron vida en común, circunstancia que no es requisito para la existencia de la relación matrimonial, ya que para la ley no hay mayor requisito que el de la manifestación de la voluntad de los contrayentes de contraer nupcias, aunado a que no había impedimento legal alguno para que los mismos no contrajeran nuevamente nupcias, por tanto, al no haber acreditado la nulidad del acta de matrimonio en comento, el acto que se registra es válido [.]  Lo resaltado es propio- Respecto al punto 3, la responsable precisó lo siguiente: "De igual manera el agravio que hace consistir en que le resto valor probatorio al decreto emitido por los legisladores al momento de resolver sobre la pensión en favor del apelante y respecto del autor de la sucesión, incluso denominando al hecho un acto consumado, el mismo igual resulta infundado, esto es así en razón de que como lo consideró la juez de origen, los legisladores tuvieron por acreditada la figura del concubinato con una documental que carece de valor probatorio, al no haber sido expedida por autoridad con facultades para ello, toda vez que la constancia que emite el juez de paz que emitió tal constancia, no es válida a la luz de la propia ley, ya que de acuerdo con la legislación familiar la autoridad con facultades para acreditar en la vía del procedimiento no contencioso, la existencia del concubinato corresponde a la autoridad judicial en materia civil en el Estado de Morelos, y que si bien fue considerada por el poder legislativo en el Estado de Morelos, la misma resulta insuficiente para acreditar la relación de concubinato, sin que pase desapercibido que aún las resoluciones emitidas por la autoridad judicial, en las diligencias de jurisdicción voluntaria de conformidad con lo dispuesto por el artículo 474 de la ley adjetiva familiar vigente en el Estado, no constituyen cosa juzgada ni resultan aptas para acreditar derechos sustantivos, debido a que se tramitan de manera unilateral por el interesado, sin las intervención de quien pudiera tener derechos opuestos, por lo que se aprueban salvo prueba en contrario, por lo que no obstante de que se haya otorgado la pensión a favor de la apelante por parte del poder legislativo del estado, mediante el decreto correspondiente, tal circunstancia no vincula a la autoridad judicial, ya que tal decreto no puede ir más allá de lo que la propia ley familiar establece, respecto de las cuestiones en los que se involucran relaciones familiares, ni mucho menos se trata de una invasión de competencias como lo pretende hacer valer la apelante, ya que, se insiste, el poder legislativo carece de facultades para emitir resoluciones judiciales en los que reconozca derechos en favor de personas vinculadas por parentesco, ya que es únicamente a la autoridad judicial a quien compete determinar sobre la existencia de la relación filial existente entre personas[.]" De lo antes trascrito se advierte lo infundado del concepto de violación marcado con el número 3, pues resulta inconcuso que la responsable si dio contestación a los agravios expuestos por la ahora promovente de amparo, sin que en el caso dichos argumentos vertidos por la Sala responsable hayan sido controvertidos en el presente juicio de amparo. Respecto del concepto de violación marcado con la número 4 en esencia la quejosa aduce que la responsable no respondió su tercer agravio en el que aseveró que la juez natural interpreta y tergiversa en sentido contrario, pues no le otorga valor al decreto, pero por otra parte deja a salvo los derechos de MAGDALENA SOBERANES BARRANCO, para que haga valer en la vía y forma correcta sus derechos, por lo que no realiza un análisis de la hipótesis prevista. Al respecto la responsable proveyó lo siguiente: "Igualmente es infundado el agravio relativo a que se contravino con la resolución emitida, la ejecutoria de amparo en la que se afirma que es dicha autoridad quien al dejarle a salvo los derechos para que los hiciera valer en la vía y forma correspondiente, le reconoce el carácter de concubina supérstite, sin embargo, es errónea la conclusión de la apelante, ya que los efectos del amparo fueron para que la juez fundara y motivara la determinación decretada mediante auto de tres de octubre de dos mil diecisiete, más no que le reconocía la calidad de concubina supérstite, como así lo asevera la apelante, luego entonces no se contradice la resolución interlocutoria materia de alzada [.]" De lo anterior se advierte que en esencia la responsable arguyó que era errónea la conclusión de la apelante, ya que los efectos del juicio de amparo fueron para que la juez fundara y motivara la determinación decretada mediante auto de tres de octubre de dos mil diecisiete, más no para que se le reconociera la calidad de concubina supérstite, por lo tanto, la resolución que en apelación combate la ahora quejosa no es contradictoria con la ejecutoria de amparo. Precisado lo anterior, se advierte que la Sala responsable si dio contestación al planteamiento formulado por la apelante hoy quejosa, asimismo, como se redactó en párrafos precedentes, la Sala responsable expuso las razones por las que no le otorgó valor probatorio al decreto aducido por impetrante, de ahí lo infundado del concepto de violación plasmado por la quejosa, y, al margen de lo correcto o incorrecto de lo manifestado por la Sala responsable, quien resuelve se ve imposibilitado para estudiar los argumentos vertidos, pues la quejosa no atacó de manera frontal las consideraciones expuestas por la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, es decir no realizó argumentos tendientes a combatir o controvertir la valoración que la responsable realizó del decreto citado, así como tampoco controvirtió lo expuesto por ésta en el sentido de que el amparo referido por la hoy impetrante no tuvo como efecto el que se le reconociera la calidad de concubina supérstite, y que por lo tanto, la resolución combatida en la alzada no era contradictoria con la ejecutoria de amparo. Asimismo es infundado el concepto de violación detallado con el inciso 6), en la que arguyó que la responsable omitió dar cabal respuesta a su segundo agravio cuando sostuvo que se debería iniciar las investigaciones correspondientes por la posible comisión de diversos delitos, la cual con las más amplias facultades la juez o el ministerio publico pudieron iniciar a petición de parte o de manera oficiosa. Sin embargo, dicho concepto de violación también resulta infundado, pues de la simple lectura del agravio citado por la quejosa, no se advierte que haya hecho valer tal argumento ante la Sala responsable, pues de su lectura se evidencia que en esencia en dicho agravio manifestó que si bien no existe suplencia de la queja, el juez tiene facultades para investigar, y que en ese sentido dejó de observar que existe un cumplimiento de una ejecutoria de amparo en el cual se le dejaron a salvo los derechos a MAGDALENA SOBERANES BARRANCO, para que los hiciera valer en la vía y forma correspondiente, por lo que se le tuvo por reconocido el carácter de concubina supérstite a la ahora quejosa, ello en razón de la existencia del decreto emitido por el legislativo, por lo que el Juez de origen se estaría retractando de dicho reconocimiento. Agravio sobre el cual la responsable además dio respuesta puntual como ya quedo precisado en párrafos precedentes de la presente sentencia, en específico cuando se estudió el concepto de violación número 4). De lo anterior se advierte que contrario a lo aducido por la quejosa, la autoridad responsable si dio contestación a sus agravios al momento de resolver el recurso de apelación planteado, exponiendo las razones y motivos por los que los consideró infundados, sin que en el caso dichos razonamientos fueran controvertidos por el ahora quejoso en el presente juicio de amparo. De ahí que resulte infundado también el motivo de disenso, identificado por este Juzgado con el número 1), en que se alega que el acto de reclamo fue emitido sin fundamento y motivación, porque a su decir, la autoridad responsable se limitó a declarar que los agravios eran infundados sin dar contestación cabal a éstos; pues como quedo precisado en párrafos precedentes, contrario a lo apuntado por el quejoso, la Sala responsable sí invocó los fundamentos legales que estimó necesarios al caso, así como también la motivación atinente acorde a tal sustento. Para arribar a dicha conclusión, debe tenerse en cuenta lo que dispone el artículo 16 constitucional, mismo que en su parte conducente dice lo siguiente: "16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. [.]." Tal dispositivo legal contiene establecida la garantía de legalidad, que consiste, esencialmente, en el cumplimiento efectivo de todos aquellos requisitos, condiciones, elementos o circunstancias cuya observancia sea jurídicamente necesaria para que un acto de autoridad produzca, válidamente, afectación en la esfera jurídica del gobernado a sus diversos derechos, pues sólo mediante el cumplimiento de todos esos elementos podrá satisfacerse. Así, para que pueda considerarse que un acto de autoridad cumple con la prerrogativa constitucional citada, debe estar suscrito por un servidor público competente y encontrarse fundado y motivado. En ese tenor, la responsable cumple con el requisito de fundamentación y motivación, pues señala con precisión el precepto o preceptos legales aplicables al caso, así como las fracciones o incisos correspondientes a fin de que el gobernado conozca las disposiciones legales en que la autoridad basa su actuación; razonando adecuadamente las causas que lo llevan a tal conclusión, expresando los motivos determinantes, estableciendo comparativamente lo que ordena el precepto legal, la situación concreta en que se encuentra el gobernado y la conclusión; es decir, su resolución en cuanto al caso concreto que se le plantea, permitiendo de esta manera que los gobernados conozcan las causas y valores y si la actuación de la autoridad se encuentra ajustada a derecho y, de considerar que afecta su esfera jurídica, impugnarla por los medios legales establecidos. En tales condiciones, conforme al marco constitucional aludido, tenemos que efectivamente, basta imponerse del contenido de la resolución reclamada dictada el treinta de abril de dos mil diecinueve, para advertir que la autoridad responsable si fundo y motivo, las razones por las que calificó de infundados los agravios plasmados por la apelante hoy quejosa, pues como ya se puntualizó en las trascripciones anteriormente citadas, expuso suficientemente los argumentos lógico-jurídicos que estimó determinantes para emitir la resolución reclamada atendiendo a la situación concreta acaecida en el juicio génesis, esto es, la razón de porqué en el caso concreto determinó declarar infundados los agravios expuestos por la ahora quejosa y en consecuencia determinó confirmar la resolución de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, motivación que este Juzgado Federal estima suficiente y acorde con la formalidad de estudio establecida en el numeral 16 de la Carta Magna, ya que con ello el quejoso estuvo en aptitud de conocer las causas y valores, legales y prudentes, que tuvo la responsable para dictar la resolución reclamada para en dado momento y estar en aptitud de impugnarla a través de los medios legales establecidos. Por consiguiente, contrario a lo alegado por el quejoso, no es verdad que la resolución reclamada carezca de fundamentación y motivación. También es infundado lo manifestado por la quejosa cuando aduce que la resolución reclamada es contraria a derecho ya que se le estigmatiza y discrimina en su condición o estado civil de concubina y le impide tener acceso a la tutela judicial efectiva para reclamar en defensa del patrimonio los derechos subjetivos adquiridos por la relación que de hecho existió entre las partes. De autos se advierte que contario a lo que aduce la quejosa, no se advierte violación alguna a las formalidades del procedimiento, pues se observa que ha contado con el acceso a la tutela jurisdiccional como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijan las leyes, para acceder ante los tribunales a plantear una pretensión y sobre la cual hubo pronunciamiento por parte de dichas autoridades, como en el caso lo es la resolución de treinta de abril de dos mil diecinueve, emitida por la Sala señalada como responsable. Lo anterior es así, pues ya quedó asentado, ADRIANA GUADALUPE JIMÉNEZ SOBERANES y MARIANA JIMENEZ SOBERANES, presentaron denuncia intestamentaria a bienes de PEDRO JIMÉNEZ MARTÍNEZ (fojas 3 a 7 anexo VI), por lo que el Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, admitió a trámite dicho juicio sucesorio intestamentario (foja 14). El diecinueve de octubre de dos mil diecisiete BLANCA ELSA LÓPEZ HUESCA se apersonó en su carácter de coadyuvante de la sucesión a bienes de PEDRO JIMÉNEZ MARTÍNEZ (fojas 38 a 42 anexo VI), y seguida la secuela del procedimiento el veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, se emitió resolución que resolvió de manera interlocutoria sobre el reconocimiento de herederos y designación de albacea, por lo que en contra de la anterior resolución la ahora quejosa promovió recurso apelación, el cual fue radicado con el toca civil 508/2018 por la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, quien lo resolvió el treinta de abril de dos mil diecinueve (fojas 326 a 327). De lo anterior no se advierte que se hayan violado las leyes del procedimiento, pues la ahora quejosa, ha tenido acceso a los tribunales en donde ha hecho valer sus pretensiones, con la oportunidad de ofrecer medios de convicción, además asistida por su abogado patrono, y no por el hecho de que la Sala responsable haya confirmado la resolución de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, indica que dicho supuesto se haya actualizado. Por lo tanto, resulta inconcuso que la autoridad responsable no emitió actos de discriminación en contra de la ahora quejosa, ni que se haya violado el debido proceso ni su derecho a la administración de justicia, pues es la autoridad quien efectivamente, se encuentra obligada a respetar las formalidades del procedimiento, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios o en su caso no admitir recursos que no son procedentes, y en ese sentido al no advertir ninguna violación al debido proceso es que deviene infundado el concepto de violación esgrimido por la impetrante. Además, de los artículos 1º., párrafo tercero, y 4º., párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que la no discriminación consiste en el derecho subjetivo público del gobernado de ser tratado en la misma forma que todos los demás y el correlativo deber jurídico de la autoridad de garantizar un trato idéntico a todas las personas ubicadas en las mismas circunstancias, tales principios impiden el establecimiento de distinciones o diferencias arbitrarias sobre las condiciones de las mujeres y los varones, sin que en el caso en estudio de advierta que al dictar la sentencia que hoy se recurre, la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, haya hecho un tratado diferenciado a la hoy promovente. En ese sentido, respecto al tema abordado en el presente juicio de amparo, el Máximo Tribunal ha reconocido que en atención a la protección a la familia, existen ciertos derechos que se reconocen a las personas que viven en concubinato en igualdad de circunstancias que a quienes optan por el matrimonio, tales como el derecho de alimentos, la pensión de "viudez o concubinato" y el reconocimiento de paternidad y, por otro lado, ha destacado que existen distinciones entre el concubinato y el matrimonio sin que éstas tengan la misma protección jurídica de los derechos y obligaciones que surgen del matrimonio civil. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideró que, para efectos de categoría sospechosa, la igualdad o distinciones de condiciones entre los cónyuges, los concubinos y las personas solteras deben considerarse dentro de la categoría de estado marital, la cual tiene como finalidad abordar los intereses, beneficios o perjuicios de estar casado o no casado y, dentro de éste último, de vivir en pareja o ser soltero, sin embargo, corresponderá a cada caso específico determinar si las distinciones realizadas son o no discriminatorias, pues no toda diferencia en el trato hacia una persona o grupo de personas es discriminatoria, por lo que resulta importante diferenciar entre "distinciones" y "discriminación", siendo que las primeras constituyen "diferencias (.) razonables y objetivas, las segundas constituyen diferencias arbitrarias que redundan en detrimento de los derechos humanos", por lo que habría que determinar en cada caso concreto, si dichas distinciones son razonables. Precisado lo anterior, si bien la quejosa aduce que la autoridad responsable le da un trato diferenciado a razón de su calidad de concubina con la que se ostenta en el juicio de origen, se advierte que la impetrante introduce una falsa premisa al partir de un postulado no verídico, es decir pretende que a la luz del carácter con el que se ostenta (concubina de PEDRO JIMÉNEZ MARTÍNEZ) alegar un trato diferenciado, sin embargo, fue precisamente el no reconocimiento del carácter con el que se ostentó lo que condujo al dictado del fallo hoy reclamado, luego pretende descansar su derecho con lo que no se probó en el juicio natural, máxime que las consideraciones torales que emitió la Sala responsable para considerar que la hoy quejosa no acreditó el concubinato con el que se ostentó en el juicio de origen no fueron controvertidas de manera frontal por ésta, y quien resuelve no advierte que la responsable haya efectuado actos que constituyan diferencias arbitrarias en contra de la hoy impetrante de amparo. Consecuentemente, ante lo inoperantes e infundados de los conceptos de violación de estudio; procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por el quejoso, respecto el acto reclamado a la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, determinación que se extiende al acto atribuido al Juez Segundo Civil del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, ya que no fue reclamado por vicios propios, sino como consecuencia de la resolución emitida por la Sala responsable. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión No Ampara Ni Protege a BLANCA ELSA LÓPEZ HUESCA, contra el acto reclamado y autoridades precisadas en el considerando de esta sentencia, por los motivos y para los efectos indicados en el considerando último. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe hasta hoy treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, en que las labores del juzgado lo permitieron.

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