Blanca Azucena Nieto Santillán
Expediente 1108/2013 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 1 actuación registrada, la última del 31 de agosto de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1108/2013
- Año
- 2013
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 31/08/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Blanca Azucena Nieto Santillán
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, treinta y uno de agosto de dos mil quince. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha transcurrió en exceso el término de seis meses a que se refiere el artículo 129 de la Ley de Amparo, contados a partir del día siguiente al en que surtió sus efectos la notificación del auto por el que se declaró ejecutoriada la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, de fecha quince de julio de dos mil catorce, sin que la parte interesada haya promovido el incidente correspondiente para hacer efectiva la póliza de fianza número 3794-02096-0, por la cantidad de $10,000.00 ( DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N), exhibida para que surtiera efectos la suspensión concedida al quejoso, por BLANCA AZUCENA NIETO SANTILLAN, en tal virtud, con apoyo en el dispositivo legal invocado, se declara precuido tal derecho; en consecuencia, se ordena su devolución, ordenándose agregar a los autos la póliza de fianza, poniéndola a disposición del quejoso a fin de que la recoja en días y horas hábiles del horario de este Juzgado Federal. Lo anterior, sin perjuicio de que pueda exigirse dicha responsabilidad ante la autoridad correspondiente. En lo conducente, apoya el criterio anterior la tesis XVII.3o.3 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página ochocientos trece, tomo XI, septiembre del dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto establecen lo siguiente: "SUSPENSIÓN, DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA PARA LA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE AMPARO). De la interpretación del artículo 129 de la Ley de Amparo se concluye que la devolución o cancelación de la garantía o contragarantía que se otorgue con motivo de la suspensión, está supeditada sólo en lo que se refiere a la actuación del Juez de Distrito, a la voluntad del que hubiese resentido daños o perjuicios por la ejecución de los actos reclamados, o sea, el tercero perjudicado o el quejoso, según corresponda, para promover lo relativo dentro del término de seis meses ante dicho juzgador. De ahí que si la parte quejosa solicita la devolución de la garantía otorgada para que surtiera efectos la suspensión definitiva, en base a que existe en autos la manifestación de conformidad con esa devolución por los terceros perjudicados, se considera innecesario esperar a que transcurra el término de seis meses a que alude dicho dispositivo legal, para acordar lo conducente sobre tal devolución; sin embargo, sí es indispensable que, previamente a ello, se declare ejecutoriada la sentencia dictada en el juicio de amparo respectivo, puesto que es hasta este momento en que la suspensión definitiva decretada queda sin materia." De igual forma lo anterior tiene sustento en la tesis VII. 1o. C. 17 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Septimo Circuito, visible en la página trescientos sesenta y nueve tomo XIV, octubre de mil novecientos noventa y cuatro, del Semanario Judicial de la Federación Octava Época. "SUSPENSION DEFINITIVA, GARANTÍA OTORGADA PARA QUE SURTA EFECTOS LA. OPORTUNIDAD JURIDICA PARA SU DEVOLUCION. El artículo 129 de la Ley de Amparo prevé que el incidente para hacer efectiva la responsabilidad derivada de las garantías y contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión, deberá promoverse dentro de los seis meses siguientes al día en que se notifique a las partes la ejecutoria de amparo, y que de no presentarse la reclamación dentro de ese término, se procederá a su devolución o cancelación. La disposición anterior implica que, no obstante que se produzca el desistimiento de la acción intentada y de la ejecución de la sentencia pronunciada en el juicio natural del que deriven los actos combatidos, por haberse pagado las prestaciones deducidas, se pueden exigir aun, en caso de existir, los daños y perjuicios que se hubieren causado como consecuencia directa, inmediata y necesaria de la suspensión de dichos actos, máxime si no se renunció a ellos, ni se manifestó conformidad con la devolución de la fianza; de ahí que cuando quien la otorgó solicita su restitución o cancelación, antes del vencimiento de ese lapso, debe negársele". NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO.
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