Blanca Beatriz Reyes Alanis

Expediente 794/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
794/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
29/06/2021

Partes del expediente

  • Blanca Beatriz Reyes Alanis

Actuaciones

  1. Principal

    Se notifica por lista a la quejosa Vista la demanda de amparo promovida por Blanca Beatriz Reyes Alanís, en contra de actos del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Mercantil de esta ciudad. Registro. Fórmese y regístrese el juicio de amparo 794/2021-IVB. Desechamiento. Ahora bien, conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El dispositivo en consulta señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, incluso, en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. A mayor abundamiento, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas ni reticencias, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Cobra aplicación al caso, la tesis XV.2o.2 K, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, de contenido siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia 'manifiesta' e 'indudable', lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación". Ahora bien, al examinar integralmente la demanda de amparo y sus anexos, se advierte que el acto reclamado a la autoridad responsable consiste esencialmente en la resolución interlocutoria dictada el tres de marzo de dos mil veintiuno, dentro del recurso de revocación interpuesto por la aquí promovente, la que confirma el auto de nueve de febrero del año en curso, en el cual se decretó la negativa de prevenir al actor para que nombre depositario judicial que garantice los bienes que se embarguen dentro del juicio ejecutivo mercantil 37/2020, del índice del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Mercantil de esta ciudad. En la especie, este juzgador estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los numerales 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)"."Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.)III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a). Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado. (.)". Las causas de improcedencia del juicio de amparo no están comprendidas solamente en las fracciones del numeral 61 de la Ley de Amparo, sino que aquéllas pueden surgir de otras disposiciones legales relacionadas con la fracción XXIII de ese numeral. Lo anterior se sustenta por las razones jurídicas que la contienen en la tesis 2a. LXXXV1/99, visible en la página doscientos setenta y tres, tomo IX, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y uno, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido literal es el siguiente: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de garantías que en forma enunciativa prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna, lo que de suyo implica que las diecisiete primeras fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no es exacto que exista imprecisión en torno de las causas de improcedencia que se prevén en esa fracción". La parte quejosa señala como acto reclamado la resolución interlocutoria dictada el tres de marzo de dos mil veintiuno, dentro del recurso de revocación interpuesto por la aquí promovente, la que confirma el auto de nueve de febrero del año en curso, en el cual se decretó la negativa de prevenir al actor para que nombre depositario judicial que garantice los bienes que se embarguen dentro del juicio ejecutivo mercantil 37/2020, del índice del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Mercantil de esta ciudad. De la interpretación sistemática de los preceptos legales, es posible advertir que el juicio de amparo indirecto solo procede contra actos que sean de imposible reparación, conceptuados como aquéllos que lesionan los derechos sustantivos fundamentales del individuo a través de la afectación de los derechos humanos, no así los procesales, como lo es la resolución que aquí se impugna. Así, se distingue entre actos dentro del juicio que afectan de manera directa e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales y aquellos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. Con el propósito de analizar esta última consideración, conviene precisar que existe por interpretación legal, distinción entre actos dentro del juicio que afectan de manera directa e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos humanos y, aquellos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. En el primer caso, se trata de actos impugnables en amparo indirecto en virtud que su ejecución es de imposible reparación; mientras que en el segundo caso, solamente pueden alegarse en el amparo directo que, en su caso, se promueva contra la sentencia definitiva dictada en el juicio respectivo, siempre y cuando hayan transcendido al resultado del fallo, con excepción de aquéllas de magnitud preponderante, que afectan a las partes en grado predominante o superior, cuyas consecuencias trasciendan e impliquen una situación relevante para el procedimiento. Es decir, los actos procesales que no tienen efectos sobre las cosas o las personas, en sus derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una resolución favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable. Estas bases primarias para determinar los actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, requieren que se satisfagan íntegramente, sin desdoro del prudente arbitrio del juzgador para advertir similares actos de esa naturaleza que puedan alcanzar una afectación exorbitante hacia el particular dentro del juicio." Ahora, el acto reclamado consiste en la resolución interlocutoria dictada el tres de marzo de dos mil veintiuno, en la que se resolvió el recurso de revocación interpuesto por la parte aquí quejosa y, se confirmó la determinación del juez responsable en la que determino que una vez que obren en autos del juicio ejecutivo mercantil 38/2020, bienes embargados se acordara lo relativo a la designación de depositario judicial, es decir, se negó a realizar en ese momento procesal la prevención a la parte actora para la designación de mérito. Por tanto, a razón de las consideraciones expuestas con anterioridad, dicha resolución no ocasiona sobre las personas una ejecución de imposible reparación, en tanto que, contrario a lo que sostiene la parte promovente en su escrito de demanda no incide en la esfera de derechos subjetivos de la parte quejosa, siendo que incide solamente en aspectos procesales dentro del juicio ya que será hasta el dictado de la resolución definitiva cuando podría darse el perjuicio derivado de los actos que ahora se reclaman, pues de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación; sin embargo, en el presente asunto no se dan los presupuestos legales exigidos en el precitado artículo. En ese sentido, se considera que los actos reclamados, no afectan derechos sustantivos de la parte quejosa y por ende, constituyen una violación procesal dentro de la sustanciación de un juicio, lo que denota el carácter de violación procesal que no es de imposible reparación ni afecta derechos sustantivos, dado que los efectos legales de los actos reclamados, podrán o no trascender en el dictado de la sentencia definitiva que corresponda; pues de considerar la quejosa que alguna violación procesal se cometió en su perjuicio y que ésta trasciende al fallo, es hasta entonces cuando podrá impugnarlo en amparo. En consecuencia, claro es que el acto reclamado no encuadra dentro de la hipótesis de procedencia a que se refiere la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, para ser examinado aisladamente en el juicio de amparo biinstancial, toda vez que se insiste, los perjuicios que pudiera irrogar, podrán ser reparados, en la sentencia definitiva que llegue a dictarse, en caso de obtenerlo favorable a sus intereses, lo que tornarían intrascendentes las violaciones que pudieran derivarse del acto reclamado. Es aplicable la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página dos mil quinientos noventa y cuatro, tomo XXIX, enero de dos mil nueve, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro y texto señalan lo siguiente: "VIOLACIONES PROCESALES. SI ACONTECEN DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE UN INCIDENTE DEBEN ALEGARSE EN EL AMPARO QUE PROCEDA CONTRA LA INTERLOCUTORIA RESPECTIVA. Cuando durante la tramitación de un proceso incidental cuya resolución sea susceptible de impugnarse mediante el amparo indirecto, se cometan violaciones intraprocesales, tales infracciones no podrán ser reclamadas de inmediato, sino que el agraviado deberá esperar a que se pronuncie la interlocutoria, y ante el Juez de Distrito competente impugnar junto con ella, las posibles violaciones procesales cometidas dentro de ese procedimiento incidental." De este modo, este Juzgado de Distrito observa del contenido del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente, que la intención del legislador, fue incluir dicho precepto, otorgándole una naturaleza casuista, de ahí, que al no haber contenido la hipótesis de procedencia en tratándose de un proveído, como ocurre en la especie, dentro del catálogo contenido en el referido precepto legal, este órgano resolutor no puede a priori, hacer procedente el juicio de amparo indirecto, en contra de un determinado acto que no tenga sustento normativo (procedencia). Además de lo anterior, no debe pasar desapercibido para este órgano jurisdiccional, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la solicitud de modificación de jurisprudencia 13/2011, estableció que si bien es procedente el juicio de amparo en contra de violaciones cometidas dentro de un juicio; sin embargo, también es cierto que estableció que esta procedencia es de naturaleza excepcional, dado que la constriñó únicamente a aquellos casos en los cuales, el acto tenga sobre las personas una ejecución de imposible reparación, con la cual se afecte sus derechos sustantivos protegidos por la Constitución Federal. Asimismo, estableció que los actos dentro de juicio que tienen una ejecución de imposible reparación, y por ende, impugnables mediante el juicio de amparo indirecto, deben cumplir con dos notas distintivas a saber: a) que afecten derechos sustantivos de las personas, y, b) que la afectación de esos derechos no desaparezca ni aun en el supuesto de obtener un fallo favorable a sus intereses, dado que si la afectación desaparece con el dictado de la sentencia, el palmario que no provocó un daño real directo en la esfera jurídica del gobernado; en el entendido de que dichas hipótesis deben actualizarse concomitante para que esté ante la presencia de actos de imposible reparación y, en el caso no se agotan dichas notas distintivas, dado que la designación del depositario judicial no representa una circunstancia que afecte el sentido de la sentencia que en su momento se dicte dentro del juicio de origen. De igual forma, nuestro Máximo Tribunal de la Nación, estableció que si bien, en ciertos criterios jurisprudenciales, de manera "excepcional" contempla la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de resoluciones, como la que en este caso, constituye el acto reclamado, cuando se considere que se afecte a las partes en "grado predominante o superior"; sin embargo, en la ejecutoria a la cual se ha vendido haciendo referencia (solicitud de modificación de jurisprudencia 13/2011); el Pleno de la Suprema Corte de la Nación, estableció que los conceptos "en grado predominante", "de gran entidad", o algún otro de esta naturaleza, al no tener sustento constitucional, así como que no se encuentran contemplados en la Ley de Amparo, no pueden servir como fundamento o justificación para la procedencia del juicio de amparo indirecto. Con base en lo hasta aquí expuesto, se puede observar que el acto que reclama la solicitante de amparo, no es de aquellos que contemple el artículo 107 de la Ley de Amparo, dentro de su listado de casos de procedencia del amparo indirecto, de igual forma, no se está en algún caso de excepción establecido en alguna jurisprudencia emitida por los Órganos del Poder Judicial de la Federación, como ya quedó precisado en párrafos precedentes. En apoyo a lo anterior, se cita la tesis de jurisprudencia 1ª./J.94/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, de febrero de 2009, materia: Civil, visible en el tomo XXIX, página 256, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, cuyo rubro y texto son los siguientes: "NULIDAD DE ACTUACIONES. LA INTERLOCUTORIA QUE CONFIRMA LA PROCEDENCIA O NO DEL INCIDENTE RELATIVO EN EL QUE SE RECLAMA LA FALTA O ILEGALIDAD DEL EMPLAZAMIENTO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO. La interlocutoria que confirma la procedencia o improcedencia de un incidente de nulidad de actuaciones en el que se reclama la falta o ilegalidad del emplazamiento, al constituir una resolución en juicio cuya ejecución no es de imposible reparación, es impugnable en amparo directo, conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo. Esto es, dicha determinación tiene efectos meramente procesales y no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses del quejoso, quien podrá reclamarlo en la vía directa ante el tribunal colegiado de circuito, en términos de los artículos 159 y 161 de la Ley mencionada". Por tanto, con relación al acto a que se alude, se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. En tales condiciones y al ser esta una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, la cual quedó plenamente demostrada en los párrafos que anteceden, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, lo procedente es desechar de plano la demanda promovida por Blanca Beatriz Reyes Alanís. De conformidad con el artículo 3°, párrafo octavo, de la ley de la materia, procédase a la digitalización de las promociones, resoluciones y documentos judiciales, para los efectos legales conducentes. Transparencia y acceso a la información. De conformidad con los artículos 3°, 6°, 8°, 68, 98, 110, 112, 113 y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 23, 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes no sólo que deben hacerse públicas las resoluciones que causen estado, sino también que pueden solicitar la supresión de sus nombres en las listas publicadas en medios electrónicos, y que para permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requiere el consentimiento del titular de la información relativa, salvo las hipótesis legales reguladas por la ley de la materia. Finalmente, hágaseles ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Vía para la rendición de promociones. Atento a lo establecido en los acuerdos emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 4/2020, 12/2020, 21/2020, y demás relativos, que establecen los lineamientos esenciales a seguir para el trámite de los diversos asuntos de la competencia de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación ante la actual contingencia sanitaria mundial -virus SARS-CoV2 (COVID-19), dentro de los cuales se ha adoptado para ello un esquema de distanciamiento social y de prioridad al trabajo a distancia como elementos centrales para mantener la continuidad de las labores y salvaguardar la salud de los servidores públicos, se hace del conocimiento que cualquier tipo de promoción que pretenda presentar, habrá de efectuarlo -mientras sea viable- al correo oficial 1jdo8ctot@correo.cjf.gob.mx, sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria pertinente. Exhortación para mejorar la comunicación con las partes. De conformidad con los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que, de ser posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueda entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente.

  2. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; a veintinueve de junio de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos del juicio en que se actúa, se advierte que no ha sido emplazada la diversa autoridad responsable denominada Gobernador Constitucional del Estado de Durango, ya que el oficio respectivo se notificó a su homólogo del Estado de Coahuila, según aparece del acuse de recibo correspondiente. Regularización. En esas condiciones, a fin de subsanar lo anterior, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento del presente juicio, por lo que, mediante oficio con transcripción de este proveído, notifíquese a la autoridad responsable Gobernador Constitucional del Estado de Durango, con residencia en la ciudad capital del mismo nombre, el auto de admisión de la demanda de amparo, para que en plazo de quince días rinda el informe justificado que le fue requerido por este juzgado, para tal efecto, se le corre traslado con copia de la demanda de amparo. Diferimiento. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que habría de celebrarse el día de hoy y se señalan las diez horas con diez minutos del treinta de agosto de dos mil veinte, para su celebración. Notifíquese.

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