Blanca Celeste Gonzalez Ordaz
Expediente 1508/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 36 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1508/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 36
- Última actuación
- 30/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Blanca Celeste Gonzalez Ordaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 36.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; treinta de diciembre de dos mil veintidós. Inconformidad. Visto lo de cuenta, se tiene que ya transcurrió el término legal previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la resolución en la que se dilucidó en torno al cumplimiento del fallo protector, por lo cual lo conducente en el caso es declarar que ha quedado consentida para todos los efectos legales. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Por carecer de relevancia documental, este expediente es depurable, salvo la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, y el proveído en que se ordena su archivo como asunto concluido, mismos que deberán conservarse en términos del numeral 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Incidente. En el expediente atinente, provéase lo relativo a la depuración o destrucción del incidente, en términos del al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Archivo. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el secretario de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Reitérese al actuario judicial de la adscripción, que deberá atender las recomendaciones preventivas que el Consejo de la Judicatura Federal ha establecido para los servidores públicos que realizan actividades fuera del órgano jurisdiccional. Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza, a quince de noviembre de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el plazo de tres días, concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por la autoridad responsable; por tanto, este órgano jurisdiccional se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, tomando en consideración en su caso, las constancias que obran en autos. Efectos de la sentencia. Previo al análisis del cumplimiento dado por las autoridades responsables, es necesario establecer que los efectos y alcances de la ejecutoria de amparo, son los siguientes: "NOVENO. Efectos de la concesión de amparo. En términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, la protección constitucional es para que el Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, realice lo siguiente: 1. Desincorpore de la esfera jurídica de la quejosa, los artículos 79, fracción II, inciso 1) y 79-A, ambos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, cuyo texto fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete y en vigor a partir del uno de enero de dos mil dieciocho. 2. Deje insubsistentes el pago contenido en el recibo de dieciocho de julio de dos mil dieciocho, expedido por la Administración Central de Recaudación a nombre de la quejosa con número de folio 759933617. 3. En congruencia con lo anteriormente determinado, devuelva a la quejosa la cantidad que enteró en el referido recibo, dado que como se vio con antelación, uno de los elementos esenciales de la contribución es inconstitucional, amén de que la Ley de Hacienda del Estado de Coahuila, revisada prevé una cantidad mínima a pagar por los conceptos de trato, ésta es considerada desproporcional. Los efectos señalados se justifican, dado que como se vio con antelación, uno de los elementos esenciales de la contribución es inconstitucional, amén de que la Ley de Hacienda del Estado de Coahuila de Zaragoza, si bien prevé de manera expresa la cantidad mínima a pagar los conceptos de trato, esta es considerada desproporcional atento a las razones anotadas en esta sentencia. Sirve de apoyo a lo anterior por similitud de razones, la jurisprudencia PC.VIII. J/7 A (10a.), del Pleno del Octavo Circuito, materia común, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima época, con número de registro 2015171, que a la letra dice: "DERECHOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO PÚBLICO RELATIVOS A LA PROPIEDAD Y AL COMERCIO. EFECTOS DEL AMPARO CONCEDIDO POR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 79, FRACCIÓN II Y 82, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, VIGENTE EN 2015, DERIVADA DE DIVERSOS CRITERIOS JURISPRUDENCIALES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. De la jurisprudencia P./J. 62/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, noviembre de 1998, página 11, con el rubro: "CONTRIBUCIONES. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA NORMA TRIBUTARIA.", se advierte que si el vicio de inconstitucionalidad de la norma recae en uno de los elementos esenciales del tributo y no en alguna variable, todo el sistema impositivo queda afectado, de manera que el efecto del amparo será desincorporar de la esfera jurídica del quejoso la obligación tributaria. Ahora bien, los artículos 79, fracción II, y 82, fracción IV, de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza vigente en 2015, prevén, respectivamente, distintas bases para el cálculo de los derechos por concepto de inscripción o registro de documentos relativos a la propiedad o posesión de bienes inmuebles, así como de créditos en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, atendiendo al valor del inmueble o monto de la operación, lo que de acuerdo con diversos criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación viola los principios tributarios de proporcionalidad y equidad. Consecuentemente, si la inconstitucionalidad de dichos preceptos reside en sus elementos esenciales, al calcular los derechos conforme a uno ajeno, los efectos del fallo protector consisten en que se desincorpore de la esfera jurídica del quejoso la obligación tributaria y le sean devueltas las cantidades pagadas por concepto de derechos de registro, sin que con ello se contraríe la jurisprudencia 2a./J. 29/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VIII, Tomo 2, mayo de 2012, página 1244, con el rubro: "DERECHOS POR SERVICIOS. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY QUE PREVÉ EL MECANISMO DE CÁLCULO DE LA TASA QUE FIJA EL PAGO DE AQUÉLLOS.", al ser inaplicable por no prever las disposiciones reclamadas una tarifa mínima. PLENO DEL OCTAVO CIRCUITO". Sin que deba devolverse el importe que aparece en el citado recibo como "CEPROFI" (certificado de promoción fiscal), ya que no fue pagado por la quejosa por tratarse de estímulos fiscales, en términos del numeral 38, fracción III, del Código Fiscal para el Estado de Coahuila". Impugnación. Inconforme con la sentencia, la autoridad responsable Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, interpusieron recurso de revisión del que correspondió resolver al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal Administrativa, con residencia en esta ciudad, quien desechó el recurso de revisión por extemporáneo. Así, por auto de veinticinco de julio de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio en el cual se declaró la firmeza del desechamiento del recurso de revisión de trato y se requirió el cumplimiento respectivo. Informe de cumplimiento: Mediante proveídos seis y veintisiete de octubre del actual, se tuvieron por recibidos los oficios registrados con los números de orden 21580 y 23284 signados por el Administrador Local de Recaudación, con residencia en esta ciudad, a los cuales acompañó copias certificadas de las constancias relativas al cumplimiento del fallo protector. Pronunciamiento. De lo anterior se desprende, que a fin de determinar si en el presente caso la autoridad responsable cumplió o no con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones complementarias hayan sido correctamente cumplidas, pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Análisis de las constancias. En tal virtud, este juzgado estima que en el caso se cumplieron los anteriores efectos de la ejecutoria de amparo, ya que de las constancias remitidas por la autoridad responsable las cuales gozan de valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, aparece que dicha autoridad recaudadora realizó la devolución del pago erogado mediante el recibo oficial con número de referencia 759933617 por la cantidad de $13,290.00 (trece mil doscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional), mediante cheque número 27577 de la institución bancaria denominada Banorte. Asimismo, se advierte que desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa, los artículos declarados inconstitucionales, y dejó insubsistente el pago contenido en el recibo de referencia. Vista con cumplimiento. Con dichas constancias remitidas, en proveído de seis y veintisiete de octubre del actual, se dio vista a las partes. Desahogo de la vista. Sin que las partes hubieren hecho manifestación alguna al respecto. Se declara cumplido el fallo protector. Así pues, del análisis de las constancias obrantes en autos, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al juicio de amparo, acorde con el numeral 2° de la ley de la materia, se colige que en el caso se cumplieron todos los lineamientos señalados en el fallo protector, dado que la autoridad responsable informó que en cumplimiento al fallo protector, realizó la devolución del pago erogado mediante el recibo oficial 759933617 por la cantidad de $13,290.00 (trece mil doscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional), mediante cheque número 27577 de la institución bancaria denominada Banorte, informando que el referido título fue recibido de conformidad por la quejosa el veinticinco de agosto del año en curso, en las oficinas de esa dependencia; asimismo, desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa, los artículos declarados inconstitucionales, y dejó insubsistente el pago contenido en el recibo de referencia. Por tanto, la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida. Vista a las partes. Por todo lo anterior, no hay duda de que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado con el acto atacado en este juicio, en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, por lo cual, dese vista a las partes por el plazo de quince días, contado a partir de su legal notificación, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Apercibimiento. Con el apercibimiento que, de no hacer manifestación alguna, se tendrá por consentida esta determinación y se ordenará el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo previsto en el numeral 214 de la ley de la materia. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese personalmente a las partes.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA. quince de noviembre de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el plazo de tres días, concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por la autoridad responsable; por tanto, este órgano jurisdiccional se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, tomando en consideración en su caso, las constancias que obran en autos. Efectos de la sentencia. Previo al análisis del cumplimiento dado por las autoridades responsables, es necesario establecer que los efectos y alcances de la ejecutoria de amparo, son los siguientes: NOVENO. Efectos de la concesión de amparo. En términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, la protección constitucional es para que el Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, realice lo siguiente: 1. Desincorpore de la esfera jurídica de la quejosa, los artículos 79, fracción II, inciso 1) y 79-A, ambos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, cuyo texto fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete y en vigor a partir del uno de enero de dos mil dieciocho. 2. Deje insubsistentes el pago contenido en el recibo de dieciocho de julio de dos mil dieciocho, expedido por la Administración Central de Recaudación a nombre de la quejosa con número de folio 759933617. 3. En congruencia con lo anteriormente determinado, devuelva a la quejosa la cantidad que enteró en el referido recibo, dado que como se vio con antelación, uno de los elementos esenciales de la contribución es inconstitucional, amén de que la Ley de Hacienda del Estado de Coahuila, revisada prevé una cantidad mínima a pagar por los conceptos de trato, ésta es considerada desproporcional. Los efectos señalados se justifican, dado que como se vio con antelación, uno de los elementos esenciales de la contribución es inconstitucional, amén de que la Ley de Hacienda del Estado de Coahuila de Zaragoza, si bien prevé de manera expresa la cantidad mínima a pagar los conceptos de trato, esta es considerada desproporcional atento a las razones anotadas en esta sentencia. Sirve de apoyo a lo anterior por similitud de razones, la jurisprudencia PC.VIII. J/7 A (10a.), del Pleno del Octavo Circuito, materia común, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima época, con número de registro 2015171, que a la letra dice: DERECHOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO PÚBLICO RELATIVOS A LA PROPIEDAD Y AL COMERCIO. EFECTOS DEL AMPARO CONCEDIDO POR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 79, FRACCIÓN II Y 82, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, VIGENTE EN 2015, DERIVADA DE DIVERSOS CRITERIOS JURISPRUDENCIALES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. De la jurisprudencia P./J. 62/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, noviembre de 1998, página 11, con el rubro: "CONTRIBUCIONES. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA NORMA TRIBUTARIA.", se advierte que si el vicio de inconstitucionalidad de la norma recae en uno de los elementos esenciales del tributo y no en alguna variable, todo el sistema impositivo queda afectado, de manera que el efecto del amparo será desincorporar de la esfera jurídica del quejoso la obligación tributaria. Ahora bien, los artículos 79, fracción II, y 82, fracción IV, de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza vigente en 2015, prevén, respectivamente, distintas bases para el cálculo de los derechos por concepto de inscripción o registro de documentos relativos a la propiedad o posesión de bienes inmuebles, así como de créditos en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, atendiendo al valor del inmueble o monto de la operación, lo que de acuerdo con diversos criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación viola los principios tributarios de proporcionalidad y equidad. Consecuentemente, si la inconstitucionalidad de dichos preceptos reside en sus elementos esenciales, al calcular los derechos conforme a uno ajeno, los efectos del fallo protector consisten en que se desincorpore de la esfera jurídica del quejoso la obligación tributaria y le sean devueltas las cantidades pagadas por concepto de derechos de registro, sin que con ello se contraríe la jurisprudencia 2a./J. 29/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VIII, Tomo 2, mayo de 2012, página 1244, con el rubro: DERECHOS POR SERVICIOS. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY QUE PREVÉ EL MECANISMO DE CÁLCULO DE LA TASA QUE FIJA EL PAGO DE AQUÉLLOS.", al ser inaplicable por no prever las disposiciones reclamadas una tarifa mínima. PLENO DEL OCTAVO CIRCUITO. Sin que deba devolverse el importe que aparece en el citado recibo como CEPROFI (certificado de promoción fiscal), ya que no fue pagado por la quejosa por tratarse de estímulos fiscales, en términos del numeral 38, fracción III, del Código Fiscal para el Estado de Coahuila". Impugnación. Inconforme con la sentencia, la autoridad responsable Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, interpusieron recurso de revisión del que correspondió resolver al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal Administrativa, con residencia en esta ciudad, quien desechó el recurso de revisión por extemporáneo. Así, por auto de veinticinco de julio de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio en el cual se declaró la firmeza del desechamiento del recurso de revisión de trato y se requirió el cumplimiento respectivo. Informe de cumplimiento: Mediante proveídos seis y veintisiete de octubre del actual, se tuvieron por recibidos los oficios registrados con los números de orden 21580 y 23284 signados por el Administrador Local de Recaudación, con residencia en esta ciudad, a los cuales acompañó copias certificadas de las constancias relativas al cumplimiento del fallo protector. Pronunciamiento. De lo anterior se desprende, que a fin de determinar si en el presente caso la autoridad responsable cumplió o no con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones complementarias hayan sido correctamente cumplidas, pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Análisis de las constancias. En tal virtud, este juzgado estima que en el caso se cumplieron los anteriores efectos de la ejecutoria de amparo, ya que de las constancias remitidas por la autoridad responsable las cuales gozan de valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, aparece que dicha autoridad recaudadora realizó la devolución del pago erogado mediante el recibo oficial con número de referencia 759933617 por la ..., mediante cheque número 27577 de la institución bancaria denominada Banorte. Asimismo, se advierte que desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa, los artículos declarados inconstitucionales, y dejó insubsistente el pago contenido en el recibo de referencia. Vista con cumplimiento. Con dichas constancias remitidas, en proveído de seis y veintisiete de octubre del actual, se dio vista a las partes. Desahogo de la vista. Sin que las partes hubieren hecho manifestación alguna al respecto. Se declara cumplido el fallo protector. Así pues, del análisis de las constancias obrantes en autos, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al juicio de amparo, acorde con el numeral 2° de la ley de la materia, se colige que en el caso se cumplieron todos los lineamientos señalados en el fallo protector, dado que la autoridad responsable informó que en cumplimiento al fallo protector, realizó la devolución del pago erogado mediante el recibo oficial 759933617 por la cantidad de $13,290.00 (trece mil doscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional), mediante cheque número 27577 de la institución bancaria denominada Banorte, informando que el referido título fue recibido de conformidad por la quejosa el veinticinco de agosto del año en curso, en las oficinas de esa dependencia; asimismo, desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa, los artículos declarados inconstitucionales, y dejó insubsistente el pago contenido en el recibo de referencia. Por tanto, la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida. Vista a las partes. Por todo lo anterior, no hay duda de que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado con el acto atacado en este juicio, en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, por lo cual, dese vista a las partes por el plazo de quince días, contado a partir de su legal notificación, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Apercibimiento. Con el apercibimiento que, de no hacer manifestación alguna, se tendrá por consentida esta determinación y se ordenará el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo previsto en el numeral 214 de la ley de la materia. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE. Notifíquese personalmente a las partes.
- Principal
Se notifica por lista a la quejosa Se ordena agregar a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio y anexo que remite el Administrador Local de Recaudación, con residencia en esta ciudad, mediante los cuales informa respecto al cumplimiento de la sentencia de amparo. Vista. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa, con la constancia que remite la autoridad responsable y con la promoción agregada en auto de seis de octubre del actual, por el término de tres días, para que manifieste lo que a su interés convenga. Transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este juzgado federal dictará resolución fundada y motivada en que declarará si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla.
Quedan 32 actuaciones en este expediente
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