Blanca Alicia Reyes Carrillo

Expediente 1547/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 10 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1547/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
08/06/2022

Partes del expediente

  • Blanca Alicia Reyes Carrillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; ocho de junio de dos mil veintidós. Ejecutoria. Vista la certificación de cuenta, se desprende que transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en los presentes autos; por tanto, con fundamento en los numerales 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en los términos del precepto 2º de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes; comuníquese lo anterior a las partes. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es destruible, conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Incidente. No solicitó. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el secretario de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.

  2. Principal

    En Torreón, Coahuila de Zaragoza, a las diez horas con diez minutos del cuatro de abril de dos mil veintidós, hora y fecha fijadas para la audiencia constitucional en el presente juicio, el licenciado Yuri Alí Ronquillo Vélez, Juez Primero de Distrito en La Laguna, quien actúa en unión de la licenciada Dulce Lizbeth Gutiérrez Hernández, Secretaria que da fe, la declaró abierta, sin la comparecencia de las partes. Acto seguido, la Secretaria da cuenta al Juez con las constancias obrantes en autos, entre las que se encuentran el ocurso inicial y sus anexos, los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, así como la constancia de notificación de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y las pruebas documentales ofrecidas por la parte quejosa. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias de que se trata. Se abre el periodo probatorio. Se da cuenta con las pruebas existentes en este juicio. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas y desahogadas las probanzas de que se trata, las que se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno, con lo que concluye la etapa que nos ocupa. A continuación, se abre el periodo de alegatos, en el que la Secretaria hace constar que el autorizado de la parte quejosa realizó manifestaciones en esta vía; a lo que el Juez acuerda: De acuerdo con el artículo 124 de la ley en la materia, téngase por hechas las alegaciones a dicha parte. Con lo anterior se da por terminada la fase de mérito y, consecuentemente, la presente audiencia pública, motivo por el cual lo conducente ahora es dictar el fallo relativo. VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el catorce de diciembre de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, remitido el día siguiente a este Juzgado Federal, Blanca Alicia Reyes Carrillo, solicitó el amparo y la protección de la justicia federal contra las autoridades y los actos que a continuación se digitalizan: En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló que los derechos humanos que, en su concepto se violaron, son los contenidos en los artículos 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de amparo se turnó a este Juzgado Federal. Por acuerdo de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, fue admitida en sus términos y se ordenó la formación del expediente relativo, registrándose con el número 1547/2021-IV, motivo por el cual se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional, se solicitaron los informes justificados correspondientes y se dio vista al Ministerio Público de la Federación. Seguido que fue el juicio por las fases procesales respectivas, tuvo verificativo la audiencia constitucional relativa. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, es legalmente competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103 y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 y 57, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción VIII, del Acuerdo General 3/2013, en relación con el diverso 1/2019, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues, aunado a que los actos reclamados en este juicio incumben a la vía indirecta, en el caso se reclaman normas generales con motivo de su primer acto de aplicación que tuvo lugar en la jurisdicción territorial de este Juzgado Federal. Se invoca, en lo conducente, la tesis jurisprudencial 146/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVIII, enero de 2003, página 324, cuyo rubro es: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA UNA LEY FISCAL FEDERAL CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, CONSISTENTE EN LA DECLARACIÓN Y PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DEL DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE". SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga entorno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación y rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511). "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255.) En ese sentido, el detenido examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que los actos reclamados por la parte quejosa son los siguientes: Del Congreso y Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza. 1. La aprobación, expedición y promulgación, de los artículos 54, fracción II, inciso 1) y Tercero Transitorio, todos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente para el ejercicio fiscal 2021. Del Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad. 2. La aplicación de las normas reclamadas, mediante el cobro y recepción de pago de los derechos por concepto de inscripción de documentos, contenidos en el recibo con números de folio 766216794, fechado el veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, a nombre de la peticionaria de amparo. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la hoy impetrante, lo procedente es examinar la existencia del acto de que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Inexistencia de los actos. La autoridad responsable Administrador Local de Recaudación de esta ciudad, aceptó la existencia de los actos reclamados, consistentes en la aplicación de las normas impugnadas. En el caso, aunque dicha autoridad reconoció los actos en cuestión, tal afirmación se desvirtúa con la propia naturaleza de dichos actos, ya que estos estriban sobre el cobro de derechos, lo que, desde luego, no derivó de las facultades de la precitada autoridad sino de la voluntad de la parte quejosa al momento de pagar los derechos por inscripción de documentos en el Registro Público de la Propiedad. Se dice esto, pues la erogación realizada por el justiciable fue espontánea, sin que ello implicara la participación de la mencionada autoridad responsable, de ahí que, el pago por concepto de derechos de registró se realizó en acatamiento a las obligaciones fiscales del contribuyente derivada de la propia ley, y no de algún requerimiento formulado por la citada autoridad, es decir, simplemente el quejoso se autoaplicó los dispositivos cuestionados, pues su reclamo es de naturaleza heteroaplicativa. Cuestión que se corrobora con el recibo con número de referencia 766216794, documental cuyo valor probatorio es pleno, en términos de los artículos 129, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 153/2007, Novena Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI, agosto de 2007, página 367, materia común, de rubro y texto siguientes: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora". Es aplicable la tesis VII.1o.C.4 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, página 433, tomo VI, julio de 1997, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE AUN CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ADMITA LA VERACIDAD DEL MISMO AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La circunstancia de que la autoridad responsable, al rendir su informe con justificación, manifieste que es cierto el acto que se reclama, no impide decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, si de las constancias procesales se desprende lo contrario, es decir, que se desvirtúa la aseveración de la autoridad designada como responsable, respecto de la certeza del acto que se le atribuye. En consecuencia, de acuerdo con la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio en tal hipótesis". Bajo esa óptica, deben tenerse como inexistentes los actos reclamados a la citada autoridad responsable, sin que deba desestimarse ese hecho para acreditar la aplicación de las leyes impugnadas, ante la salvedad precisada, debe decretarse el sobreseimiento del juicio respecto de ella, de conformidad con lo previsto en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. En el caso, las autoridades responsables Congreso y Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, al rendir sus correspondientes informes justificados, reconocieron la existencia de los actos reclamados, consistentes en la aprobación, expedición y promulgación de los preceptos cuestionados, respectivamente, lo cual, sin duda, es una confesión expresa con valor probatorio pleno para tener acreditados los actos que se trata, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. Al efecto, cabe invocar la tesis de jurisprudencia setecientos cuarenta y nueve, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, que es del tenor que sigue: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Ahora, con relación a la existencia de los dispositivos que la parte quejosa tilda de inconstitucionales, no debe perderse de vista que las leyes no son objeto de prueba, pues basta su publicación en el órgano de difusión para que se pueda invocar por el suscrito como hecho notorio, de conformidad con los artículos 86 y 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del numeral 2°. Sirve de apoyo a la anterior consideración, el contenido en la tesis 214, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, la cual puede ser consultada en la página 205, Tomo XV-I, Febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Octava Época, que estatuye: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas". Así como la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, visible en la página 260, de contenido y rubro siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". Por lo anterior, al no haber duda que en este juicio de amparo quedó plenamente demostrada la existencia de la legislación y su aplicación atacada por la quejosa, lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. QUINTO. Causales de improcedencia del juicio. Por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causas de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas. En el caso, las autoridades responsables Congreso y Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como el Administrador Local de Recaudación de esta ciudad, al rendir su informe justificado invocaron la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, pues aducen que las pruebas de la quejosa no son idóneas para acreditar el acto de aplicación de la norma, dado que exhibió formatos de pago y no los comprobantes de liquidación en institución bancaria. Al respecto, son infundados los motivos de improcedencia invocados por las autoridades en comento, pues basta observar las constancias del juicio para advertir que la quejoso sí exhibió documentos idóneos para justificar el acto de aplicación, pues en el caso, allegó el recibo electrónico con número de referencia 766216794, expedido por la Administración General de Recaudación, el cual cuentan con la clave de autorización estatal que garantiza la procedencia de los mencionados recibos digitales, como si tratara de los documentos con firmas autógrafas, según lo dispone el artículo 16 del Código Fiscal del Estado de Coahuila; por ende, el indicado recibo tiene plena validez para acreditar el pago de las contribuciones reclamadas, por lo que gozan de valor probatorio en términos de los artículos 129 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Es aplicable la tesis I.7o.A.410 A, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo XXII, octubre de 2005, página 2471, que dice lo siguiente: "RECIBO DE PAGO ELECTRÓNICO. VALOR PROBATORIO DE LA DOCUMENTAL IMPRESA CORRESPONDIENTE. El artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, condicionando su valor a la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada, y en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta. De esta manera, el legislador, ante los avances de la tecnología, contempló la posibilidad de que en los juicios seguidos ante los tribunales se exhibieran y valoraran elementos probatorios distintos a los convencionales, tales como testimoniales, periciales, documentos, entre otros; consecuentemente, la información generada por la vía electrónica (internet, comercio electrónico y análogos), tiene un respaldo legislativo, a efecto de crear seguridad jurídica en los usuarios de tales servicios. Así, la valoración del material probatorio en comento no debe sujetarse a las reglas convencionales de justipreciación, sino al apartado específico del numeral en estudio; de esta manera, un recibo de pago de impuestos realizado electrónicamente no carece, por tal circunstancia, de eficacia probatoria, ya que lo que se habrá de tomar en consideración, en su momento, son los datos que corroboren su fiabilidad, como son el código de captura y sello digital, y no elementos ajenos a la naturaleza de los documentos electrónicos, tales como si se trata del original de una impresión." En otro entorno, este juzgador advierte oficiosamente la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo. En principio, conviene precisar el contenido del artículo 61, fracción XIV, en relación con el numeral 17, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días." De conformidad con los preceptos legales antes transcritos, se colige que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro del término de quince días, contados desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto reclamado; al en que haya tenido conocimiento del mismo o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Sobre el tema, importa destacar que el presente asunto estriba sobre la inconstitucionalidad de una ley de carácter estatal; por ello, el aludido plazo dependerá del momento en que las normas impugnadas causen perjuicio a la esfera jurídica del quejoso, es decir, a partir de su entrada en vigor o con motivo de un acto concreto de aplicación, en términos del artículo 107, fracción I, de la Ley de Amparo. Esa distinción obedece a la naturaleza autoaplicativa o heteroaplicativa de la norma impugnada, en donde el carácter autoaplicativo atañe a las normas que desde el momento de su vigencia vinculan al gobernado al cumplimiento de lo que en ellas se exige o prohíbe y de esa manera crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho afectando al particular que, desde tal vigencia, se encuentra en los supuestos previstos por la normatividad de que se trate; mientras que la heteroaplicativa se verifica cuando las obligaciones que impone la ley o norma no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que requieren de un acto diverso para tal obligación y afectación se actualice en perjuicio del gobernado. En apoyo a lo expuesto, se invoca el criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia número 55/97, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo VI, julio de 1997, página 5, que dice: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." Así pues, la aludida distinción constituye la base para determinar el momento en que las normas inciden en la esfera jurídica de los gobernados, lo que, por vía de consecuencia, conlleva a determinar en qué momento inicia el plazo para ejercer la acción constitucional en su contra. En ese contexto, conviene precisar que la parte quejosa reclama la inconstitucionalidad de diversos numerales que se precisaron en el considerando segundo de este fallo, relativos al pago de derechos por servicios que presta el Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Estado de Durango, concretamente, por la inscripción de documentos referentes a la propiedad de inmuebles y sus contribuciones accesorias; ello, con motivo de los pagos que enteró respecto de dichas contribuciones. Al respecto, se tiene que las legislaciones reclamadas son de naturaleza heteroaplicativa, pues los preceptos combatidos prevén supuestos normativos que únicamente afectan la esfera jurídica del gobernado en el momento de su entero, dado que prescriben el pago de derechos registrales, por lo cual, la obligación prevista en dichas normas no surgen automáticamente con su entrada en vigor, sino a partir de la realización del supuesto de causación y que conlleva a la erogación de tales derechos. Consecuentemente, si el quejoso impugna una ley heteroaplicativa con motivo del primer acto de aplicación relativo al pago de las contribuciones reclamadas (autoliquidación), es claro que el plazo de quince días se inicia a partir del día siguiente al en que se autoaplicó la norma mediante el entero de las contribuciones. Resulta aplicable al caso concreto, la jurisprudencia 2a./J. 153/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XXVI, agosto de 2007, página 367, que establece lo siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora." Ahora bien, como se precisó en el considerando segundo de este fallo, la aquí quejosa Blanca Alicia Reyes Carrillo, reclama la inconstitucionalidad de los artículos 54, fracción II, inciso 1) y Tercero Transitorio, ambos de la Ley de Hacienda del Estado de Coahuila; lo anterior, con motivo de lo que considera su primer acto de aplicación, materializado a través de los pagos que realizó por concepto de derechos de registro, contenidos en el recibo de pago con número de transacción 766216794, fechado el veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Así pues, aunque el justiciable refiera que lo anterior constituye el primer acto de aplicación de la norma; sin embargo, tal aseveración se encuentra desvirtuada con las constancias que remitió el Juzgado Quinto de Distrito en La Laguna, relativas a la sentencia emitida dentro del juicio de amparo 1190/2021-IX, de su índice, promovido por la propia quejosa Blanca Alicia Reyes Carrillo, ya que en dicha sentencia aparece un pago anterior realizado por la propia peticionaria de amparo, en términos de los recibos con número de transacción 765532926 y 765745575, de fechas nueve de septiembre y diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, respectivamente, respecto de las contribuciones a que alude el artículo 54, fracción II, inciso 1), de la legislación impugnada, referentes al pago de derechos por inscripción de documentos relativos a la propiedad de inmuebles. En esa medida, se estima que dicho pago constituye el primer acto de aplicación del citado artículo, por lo que, considerando que éste ocurrió desde el nueve de septiembre de dos mil veintiuno, fecha en que la fueron expedidos los mencionados comprobantes fiscales con números de folio 765532926 y 765745575, se estima que transcurrió en exceso el plazo de quince días para promover la demanda de amparo con respecto al primer acto de aplicación de las leyes impugnadas, ya que dicho escrito se presentó hasta el catorce de diciembre de dos mil veintiuno, transcurriendo un lapso de más de tres meses aproximadamente. En tal virtud, la demanda de amparo debe considerarse extemporánea en términos del artículo 17, primer párrafo de la Ley de Amparo en vigor, lo que indica que se está en presencia de un acto consentido tácitamente como lo señala la fracción XIV del artículo 61 de la ley en cita. Es así, pues en tratándose del juicio de amparo contra leyes de carácter general, el citado plazo dependerá del momento en que las normas impugnadas causen perjuicio a la esfera jurídica de la parte quejosa, en este caso, a partir del primer acto de aplicación realizado a través del pago de los derechos de registro. En las relatadas condiciones, considerando que el quejoso consintió los artículos 54, fracción II, de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, claro es que se surte de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, razón por la cual, lo procedente es sobreseer el juicio respecto de la precitada legislación impugnada, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 63, fracción V, de la propia ley. Sobreseimiento que se hace extensivo respecto del ordenamiento que el quejoso tilda de inconstitucionalidad, toda vez que este juzgado no debe desvincular el estudio de las disposiciones impugnadas del que concierne a su acto de aplicación, pues es éste el que otorga la facultad de abordar el estudio de la constitucionalidad de la ley. Por consiguiente, al haberse analizado la procedencia del juicio de amparo respecto del acto de aplicación consistente en el pago contenido en el recibo 766216794, de fecha veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno y determinarse que el mismo no es procedente por ser extemporánea la acción constitucional, se impone sobreseer en el juicio respecto de la aludida aplicación y las normas impugnadas, las cuales quedaron precisadas en el considerando segundo de esta sentencia. Apoya la anterior consideración la jurisprudencia 71/200, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XII, agosto de 2000, página 235, que señala: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." En otro entorno, respecto del diverso numeral impugnado Tercero Transitorio de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, este juzgado advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo. Ello es así, pues como lo afirma la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, la parte quejosa omitió justificar el primer acto de aplicación de dicho precepto fiscal, ya que éste se refiere al Impuesto para la Modernización de los Registros Públicos, cuya contribución no aparece en el recibo exhibido por la peticionaria de amparo. Luego, al no acreditarse la aplicación del artículo Tercero Transitorio de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, claro es que no causa perjuicio al quejoso al ser de naturaleza heteroaplicativa, de manera que, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, con base en la cual procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo respecto a dicho numeral. Es así, pues en tratándose del amparo contra leyes de carácter heteroaplicativo (como en el caso), el interés jurídico debe probarse fehacientemente, ya que no es suficiente que el quejoso se queje de la afectación que le causa la legislación reclamada, sino que debe probar el menoscabo jurídico que le causa el acto reclamado en lo particular, lo que implica al mismo tiempo la oportunidad y obligación de allegar los medios de convicción eficaces y suficientes para demostrar tal extremo. Sirve a lo expuesto, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, volumen 193-198, primera parte, página 180, de la literalidad siguiente: "INTERÉS JURÍDICO. NECESIDAD DE ACREDITARLO EN EL AMPARO CONTRA LEYES. A pesar de que el juicio de amparo pudiera llamársele el verdadero juicio popular, esto no significa que la acción de amparo para reclamar la inconstitucionalidad de leyes o de actos, sea popular, toda vez que su ejercicio se encuentra limitado, en término de lo dispuesto por la fracción I del artículo 107 constitucional y por el artículo 4º. de la Ley de Amparo, a instancia de parte agraviada, lo que significa que uno de los presupuestos indispensables para la procedencia de la acción sea la comprobación del interés jurídico del quejoso, el cual no puede tenerse por acreditado por el solo hecho de promoverse el juicio de garantías, en atención a que tal proceder sólo implica la pretensión de excitar al órgano jurisdiccional, lo que es distinto a demostrar que la ley o el acto de la autoridad que se impugnan le obligan, lesionando sus derechos; así que no demostrándose que el quejoso se encuentre dentro de los presupuestos procesales que regulan las leyes cuya constitucionalidad impugne, no se satisface ese requisito procesal consistente en acreditar el interés jurídico." Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por Blanca Alicia Reyes Carrillo, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese.

  3. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, a diez de marzo de dos mil veintidós. Informe. Se recibe el informe con justificación rendido por la autoridad responsable Congreso del Estado de Coahuila, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Vista. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe de que se trata; con el mismo, se ordena dar vista a las partes para los efectos legales a que haya lugar, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional relativa. Pruebas. De conformidad con el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada la prueba documental anexada al informe de cuenta. Domicilio. De acuerdo con el precepto legal 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el designado para tal efecto. Delegados. Conforme con el arábigo 9° de la legislación aplicable, se tienen como delegados a las personas indicadas para ello en el informe con justificación. Datos de contacto. Se toma conocimiento de los datos de contacto proporcionados en el informe de cuenta, consistentes en correo electrónico y número telefónico. Lo anterior, para los efectos correspondientes. Notifíquese.

  4. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, a primero de marzo de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el presente expediente no se encuentra debidamente integrado para llevar a cabo la audiencia constitucional, en virtud que no obra en autos el informe justificado de la autoridad responsable Congreso del Estado de Coahuila, ni el acuse de recibo del oficio mediante el cual se realizó tal solicitud. Requerimiento. En obvio de dilaciones, requiérase al Administrador Local de Correos, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la notificación de este proveído, informe el trato dado a la pieza postal que contiene el oficio 58336/2022; para tal efecto remítasele copia de la factura de depósito respectiva. Apercibimiento. Con el apercibimiento que en caso de no acatar lo aquí ordenado, con fundamento en el artículo 260, fracción II de la Ley de Amparo, se le impondrá multa equivalente a la unidad de medida de actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicado por cien, de conformidad con el decreto por el que se declara reformada y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo. Diferimiento. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las diez horas con diez minutos del cuatro de abril de dos mil veintidós, para su verificativo. Notifíquese.

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