Bianca Yazmín Velazquez Ramos
Expediente 848/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 13 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 848/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 27/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Juez Segundo de Primera Instancia Y de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlaltenango, Zacatecas
- Bianca Yazmín Velazquez Ramos
- Eddi López Lasalde
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
El veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, CERTIFICA: Que el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer recurso de revisión, transcurrió para la asesora jurídica de los menores de edad involucrados del nueve al veintitrés del mes y año en curso; y para la quejosa del diez al veinticuatro de los actuales, sin que a la fecha se haya recibido escrito alguno; asimismo: Que al revisar el expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; consistente en todo aquel soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales. b) De igual forma, se hace constar que se aperturó incidente de suspensión, en el que se concedió la suspensión definitiva, que no se exhibió billete de depósito o algún otro medio de garantía que amerite proveer su destino; así como que no existe recurso de revisión pendiente de resolver en el referido incidente. Que no existen tomos de prueba por devolver a la autoridad responsable. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con el estado de autos. Conste. El secretario. Zacatecas, Zacatecas, veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra el auto de seis de noviembre del año en curso que decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción II, del propio acuerdo; además se determina que tanto el presente expediente como el original del incidente de suspensión SON SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN, en razón de que en cuanto al primero se decretó el sobreseimiento y por lo que respecta al segundo se concedió la suspensión definitiva; además de que este Juzgado considera que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; en consecuencia, el mencionado incidente glósese al presente expediente. PROVIDENCIAS SOBRE EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Por otro lado, al haberse concedido la suspensión definitiva en el incidente relativo al presente juicio, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción III, del acuerdo citado, se determina que el original del cuaderno correspondiente es susceptible de depuración en el lapso de cinco años a que se refiere ese apartado; por lo que deberá glosarse al cuaderno principal una vez que este último se envíe físicamente al archivo. En el entendido de que el duplicado de dicho incidente es susceptible de destrucción, conforme al contenido del punto vigésimo, fracción III, del propio Acuerdo General. Dicho cuaderno deberá guardarse por separado hasta en tanto transcurra el término de seis meses que se indica en el aludido apartado. OTRAS CONSIDERACIONES. Se advierte que ninguna de las partes allegó documento alguno que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que por sus características amerite ser devuelto. De igual manera se hace la aclaración que se aperturó incidente de suspensión en el que se concedió la suspensión definitiva; que no se exhibió billete de depósito o algún otro medio de garantía que amerite proveer su devolución o sobre su destino; así como tampoco existe recurso de revisión pendiente de resolver en el referido incidente. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. AleM.
- Incidental
AUDIENCIA INCIDENTAL. En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, siendo las NUEVE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia incidental en los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 848/2017, ante el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas con sede en la ciudad del mismo nombre, quien actúa con el secretario licenciado Jorge Martín Zamora González que autoriza y da fe, se procedió a su celebración sin la comparecencia de las partes. Abierta la audiencia. El Secretario da lectura al escrito inicial de demanda, al informe previo rendido por la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas; y las demás constancias que obran en autos. A lo anterior, el Juez provee: Téngase por hecha la anterior relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. En el periodo de pruebas. El Secretario da cuenta con las documentales ofrecidas por el quejoso en su escrito de demanda; así como con las rendidas por la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas; sin que las restantes partes hayan ofertado diversos medios probatorios. A lo que el Titular determina. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 143 de la Ley que rige el juicio constitucional, se tienen por ofrecidas y desahogadas de acuerdo a su propia y especial naturaleza las documentales antes señaladas. En periodo de alegatos. El secretario hace constar que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho, por lo que se declara cerrado dicho periodo. A lo anterior el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes en formular alegatos, por no haber ejercido el derecho que tenían para hacerlo, y se da por concluida la presente etapa, y al encontrarse debidamente integrado el incidente en que se actúa y no habiendo diligencia pendiente por desahogar, con fundamento en el invocado numeral, procédase a emitir la resolución que corresponda conforme a derecho. VISTOS, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 848/2017, promovido por Bianca Yazmín Velázquez Ramos por propio derecho y en representación de sus hijos menores de edad, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas; y, RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, y turnado a este Juzgado, Bianca Yazmín Velázquez Ramos por propio derecho y en representación de sus hijos menores de edad, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad y por los actos que a continuación se precisan: Del Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas: Proveído de veintidós de septiembre de dos mil diecisiete, dictado dentro del juicio oral de guarda y custodia número 200/2017, promovido por Francisco López Lazalde contra Bianca Yazmín Velázquez Ramos, a través del cual se requirió a ésta para que en un término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniere, respecto a la custodia provisional de los menores E. y J. de apellidos V. R. solicitada por el actor, así como el plan de convivencia por él propuesto, bajo apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, se le tendrá por conforme con dichas propuestas. De igual manera, la orden de entrevistar a los menores E. y J. de apellidos V. R. por una trabajadora social del DIF de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, antes de ser revisados por un psicólogo, con la finalidad de hacer una evaluación de su estado emocional, sin tomar en cuenta que los infantes cuentan a la fecha uno con tres años cuatro meses y la otra con menos de un año. SEGUNDO. En veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, se admitió la demanda de amparo, se ordenó tramitar por duplicado y por separado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 848/2017, se solicitó a la autoridad responsable su informe previo, y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia incidental, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1, fracción I, 33 fracción IV, 107, fracción II, de la Ley de Amparo en vigor y 52, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, por el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; por reclamarse actos a diversa autoridad que reside dentro del área geográfica en que este Juzgado es competente por razón de territorio. SEGUNDO. Por razón de técnica jurídica y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, el cual señala que la resolución que decida sobre la suspensión definitiva debe contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados que se obtengan del estudio y análisis conjunto de la demanda, atendiendo a la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS". Bajo esa tesitura, los actos reclamados en esta instancia consisten en: - Proveído de veintidós de septiembre de dos mil diecisiete, dictado dentro del juicio oral de guarda y custodia número 200/2017, promovido por Francisco López Lazalde contra Bianca Yazmín Velázquez Ramos, a través del cual se requirió a ésta para que en un término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniere, respecto a la custodia provisional de los menores E. y J. de apellidos V. R. solicitada por el actor, así como el plan de convivencia por él propuesto, bajo apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, se le tendrá por conforme con dichas propuestas. - La orden de entrevistar a los menores E. y J. de apellidos V. R. por una trabajadora social del DIF de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, antes de ser revisados por un psicólogo, con la finalidad de hacer una evaluación de su estado emocional, sin tomar en cuenta que los infantes cuentan a la fecha uno con tres años cuatro meses y la otra con menos de un año. TERCERO. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, en su informe previo señaló que es cierto el acto que la parte quejosa le atribuye respecto al auto emitido el veintidós de septiembre del presente año, dentro del juicio oral de guarda y custodia número 200/2017, promovido por Francisco López Lazalde contra la quejosa Bianca Yazmín Velázquez Ramos, respecto a la vista que se concedió en relación a la propuesta del actor para que bajo la custodia de éste queden provisionalmente los menores involucrados, así como el plan de convivencia que propone el mismo, apercibida que de no hacer manifestación alguna se le tendría por conforme con dichas propuestas. Así también hace la aclaración que el auto que agravia a la impetrante del amparo señala literalmente que "previo a citar a EDDIE Y JADE DE APELLIDOS VELÁZQUEZ RAMOS y a fin de recabar su opinión ante esta autoridad, gírese oficio a la Directora de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia.a fin de que por conducto de los trabajadores sociales, en el caso, Psicologo, emita su dictamen"; de ahí, que se ordena que sea el psicólogo como trabajador social de esa dependencia quien recabe el dictamen de capacidad intelectual de los menores para en su caso, ser escuchados; por tanto, el segundo acto reclamado es cierto. CUARTO. CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. Conforme a los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125, 128 y 131 al 158 de la Ley de Amparo, los requisitos para la procedencia de la suspensión de los actos reclamados a petición de parte son: 1. La petición de parte; 2. La existencia del acto reclamado; 3. La naturaleza del acto reclamado, esto es, que sea susceptible de ser suspendido; 4. El quejoso debe resentir una afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión provisional y, en un grado probatorio mayor, para la suspensión definitiva; y, 5. La ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público. Las consideraciones anteriores se encuentran contenidas en la jurisprudencia XXVII.3o. J/2 (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 10, septiembre de 2014, Tomo III, página: 2347: "SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. REQUISITOS DE PROCEDENCIA CONFORME A LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. Conforme a los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125, 128 y 131 al 158 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, en el análisis de la suspensión deben distinguirse diversos temas de estudio escalonado como son: i) los requisitos de su procedencia que, en su conjunto, tendrán como resultado determinar si la medida cautelar debe o no concederse; ii) los efectos de dicha medida, que consisten en la precisión detallada de lo que las autoridades deben hacer o abstenerse de realizar; iii) las medidas o garantías que, en su caso, se pidan al quejoso para que los efectos de la suspensión continúen; y, iv) las previsiones que el juzgador tome para que no se abuse de los efectos de la suspensión. Respecto al primer tema, fuera de los casos en que proceda de oficio o de las regulaciones especiales, podrá otorgarse la suspensión de los actos reclamados, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos de procedencia en el orden que se señalan: 1. La petición de parte; 2. La existencia del acto reclamado, que en el caso de la suspensión provisional se presume con base en las manifestaciones o afirmaciones que el quejoso formule bajo protesta de decir verdad en su demanda, y para la definitiva requiere que se haya aceptado su existencia, o bien, prueba de ella; 3. La naturaleza del acto reclamado, esto es, que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido conforme a su naturaleza, análisis en el cual debe tomarse en cuenta la clasificación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha formulado respecto de los que admiten suspensión y los que no (actos consumados, negativos, futuros e inciertos, etc.); 4. El quejoso debe resentir una afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión provisional y, en un grado probatorio mayor, para la suspensión definitiva; y, 5. La ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público en los términos desarrollados por el Más Alto Tribunal". En ese sentido, se estima que los requisitos de procedencia de la suspensión que establece el artículo 128 de la Ley de Amparo, se encuentran satisfechos, en razón de que: 1. Existe la solicitud respectiva formulada por la peticionaria de amparo. 2. Es cierto el acto reclamado al Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, toda vez que así lo reconoció en su respectivo informe previo, ya que por auto de veintidós de septiembre del presente año, emitió acuerdo en el que requirió a la quejosa para que en un término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniere, respecto de la propuesta hecha por la parte actora dentro del juicio oral de guarda y custodia número 200/2017, respecto a la custodia provisional de los menores E. y J. de apellidos V. R., así como el plan de convivencia por él propuesto, bajo apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, se le tendría por conforme con dichas propuestas. 3. La naturaleza de los actos reclamados admite suspensión, pues se advierte que genera efectos positivos con su ejecución, a saber: Al hacer efectivo el apercibimiento, su resultado sería la separación de los menores de edad quejosos de su progenitora, que según el dicho de la promovente se encuentran bajo su cuidado. 4. La parte quejosa acredita su interés suspensional, pues se trata de un acto con el cual se pretende separar a los menores de edad quejosos de su madre, quien bajo protesta de decir verdad, afirmó que es ella quien a la fecha tiene bajo su cuidado a sus hijos. 5. No se sigue perjuicio al orden público e interés social, atendiendo a la naturaleza de las violaciones alegadas, pues los derechos que se podrían ver afectados con el acto reclamado son los de los infantes quejosos y su madre. Aunado a que, es de interés social que se protejan a los menores de edad de cualquier arbitrariedad que ponga en riesgo su estabilidad emocional e integridad física. En ese tenor se estima tener por ciertas las manifestaciones hechas en la demanda de amparo en el sentido de que los menores de edad se encuentran bajo el cuidado de su madre. Partiendo de ese hecho y de la circunstancia de que no existe prueba o dato alguno que ponga de manifiesto que los infantes se encuentran en peligro al permanecer con su progenitora, así como que de concederse la medida definitiva se pondría en una situación de riesgo a los menores quejosos, o bien, se vulneraría su interés superior, sino que, contrario a ello se puede advertir que con la medida se evitaría provocar inestabilidad y cambios innecesarios en el entorno en que se desarrollan los infantes, lo que podría derivar en un perjuicio en su desarrollo emocional e incluso físico. Por tanto, se CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA de los actos reclamados para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, es decir, para que no se hagan efectivos los apercibimientos a la quejosa contenidos en el proveído de veintidós de septiembre del año en curso, dictado dentro del juicio oral de guarda y custodia número 200/2017; así como tampoco sean entrevistados los menores de edad involucrados por una trabajadora y/o psicólogo social del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas; lo anterior, hasta en tanto exista determinación firme que se resuelva el juicio principal del que emana esta incidencia y ponga fin al mismo. Aunado a ello la aludida responsable, en su oficio recibido en la oficialía de partes de este juzgado el veintiséis de octubre del presente año, informó que no existen circunstancias que pudieran constituir un riesgo para los menores de edad involucrados, pues no existe pronunciamiento alguno en relación a la custodia y convivencia provisional solicitada por el actor y la entrevista con los menores se ordenó fuera con un psicólogo, como trabajador social del DIF municipal, no como lo interpreta la quejosa con una trabajadora social sin ser profesional en psicología, pues la escucha de los menores se realizaría conforme a las recomendaciones del Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes. Es aplicable a lo anterior, por las razones que informa, la tesis aislada II.2o.C.78 K del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, localizable en la página 1870, Tomo XVII, Enero de 2003 de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del contenido siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PROCEDE CONCEDERLA MIENTRAS SE DECIDE SOBRE LA DEFINITIVA TRATÁNDOSE DE MENORES, SUPLIÉNDOSE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA. Si en un juicio de amparo el ascendiente de un menor reclama la falta de legalidad de la determinación que declara ejecutoriado el fallo de primera instancia, y solicita la suspensión para evitar que éste sea entregado a su madre, debe concederse tal medida provisionalmente, mientras se decide sobre la definitiva, ya que al encontrarse sub júdice la legalidad o no de los actos reclamados, carece de definitividad tal resolución. Así, con independencia de ser cierto que existe un interés de orden público en que se cumplan las sentencias ejecutoriadas, también resulta verídico que mientras no se decida en definitiva sobre la legalidad del aludido acuerdo, es conveniente que se conceda la medida cautelar solicitada atendiéndose fundamentalmente a la minoría de edad del hijo, cuya custodia discuten sus padres, para que entre tanto no se le afecte ni sufra daños de difícil reparación en su persona e integridad, porque la sociedad y el Estado están interesados en que tratándose de los menores de edad se les proteja y que se evite que pudieren sufrir algún maltrato físico o emocional en su entorno personal y social. Ello, porque en términos de lo dispuesto por el artículo 76 bis, en su fracción V, de la Ley de Amparo, las autoridades que conozcan del juicio de garantías tienen el deber de suplir la deficiencia de los conceptos de violación o de los agravios respectivos, siempre que esté de por medio, directa o indirectamente, el bienestar de un menor de edad." Así como la tesis aislada I.4o.C.252 C del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil publicada en la página 2236 Tomo XXXI, Enero de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA TRATÁNDOSE DE CUSTODIA DE MENORES. PARA CONCEDERLA O NEGARLA DEBE ATENDERSE AL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. De lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, en relación con los párrafos sexto a noveno del artículo 4o. constitucional, se obtiene que para valorar si se satisfacen los requisitos para conceder la suspensión definitiva, consistentes en no seguir perjuicio al interés social ni contravenir disposiciones de orden público, o no causar daños y perjuicios de imposible reparación, en casos de custodia de menores de edad, el Juez de Distrito debe inclinarse por el mayor beneficio para el interés superior del menor. De esta manera, concederá la medida cautelar, si la situación de los menores sin la ejecución de los actos reclamados representa mayores garantías para sus intereses y, el surtimiento de los efectos del acto reclamado genera mayores riesgos para su bienestar y desarrollo; y debe negarla, si con el mantenimiento de las cosas en el estado en que se encuentran, se produce algún grado de riesgo para tal bienestar y desarrollo. Lo anterior, considerando que la sociedad ha manifestado su permanente interés en que se proporcionen a los niños los satisfactores, los cuidados y la asistencia necesarios para lograr su crecimiento y desarrollo pleno, dentro de un ambiente de bienestar familiar y social, el cual se ha erigido en interés superior de la Nación, en la legislación mexicana y en la normatividad del orden internacional, por lo que, si el interés superior tutelado por distintas normas jurídicas de orden público radica en dirigir todas las acciones, programas y decisiones de las autoridades, y de los gobernados inclusive, en pro del bienestar y mejor desarrollo familiar y social de la niñez, es inconcuso que los tribunales competentes para conocer y decidir sobre la suspensión de los actos reclamados en el juicio de garantías, deben obrar en igual sentido, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo." Por lo expuesto y fundado; y con apoyo además en los artículos 128, 139, 138, 140 y relativos de la Ley de Amparo; se RESUELVE: ÚNICO. Se concede la suspensión definitiva que solicita Bianca Yazmín Velázquez Ramos por propio derecho y en representación de sus hijos menores de edad, respecto de los actos atribuidos al Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta interlocutoria. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza. Doy fe. Ángeles
- Principal
En seis de noviembre de dos mil diecisiete, el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González, da cuenta al Juez con el oficio registrado bajo el folio 14607 y anexos que se adjuntan. Conste. Zacatecas, Zacatecas, seis de noviembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el informe que rinde la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas; por el que informa que dentro de los autos del expediente 200/2017, relativo al juicio oral de guarda y custodia promovido por Francisco López Lazalde en contra de Bianca Yazmín Velázquez Ramos, las partes materiales celebraron un convenio elevado a categoría de cosa juzgada, con las características de una sentencia definitiva; documento del cual adjunta copia certificada; en atención a lo anterior, se acuerda lo siguiente: Ahora bien, visto el estado que guardan los autos del presente asunto de los que se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". La fracción transcrita establece que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hubieran cesado. Para considerar lo anterior, es necesario que, ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos los efectos hayan desaparecido en forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera concedido el amparo. En otras palabras, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no haya quedado huella alguna. Lo anterior, encuentra su razón en la circunstancia de que sería ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos en la esfera jurídica del solicitante del amparo, ni los surtirá. De lo anterior, se sigue que el aspecto relevante para la causa de improcedencia en comento, lo constituye los efectos del acto reclamado y no así la subsistencia formal de éste. En ese sentido, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional. Ahora bien, para verificar si se actualiza el motivo de improcedencia en comento, no se requiere analizar la legalidad del diverso acto que revoca o sustituye al acto reclamado, sino únicamente determinar los efectos que aquél genera, ya que efectuar tal estudio implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado. Sustenta el anterior criterio, dada la identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo que se interpreta, y los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por tanto, la cesación de los efectos del acto reclamado de forma incondicional y total impide el estudio del fondo del asunto, ya que a nada práctico conduciría tal actividad, al ser ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no causa perjuicio en la esfera del quejoso, ni los causará. En esta instancia constitucional, el quejoso reclama el contenido del proveído de veintidós de septiembre de dos mil diecisiete, dictado dentro del juicio oral de guarda y custodia número 200/2017, promovido por Francisco López Lazalde contra Bianca Yazmín Velázquez Ramos, a través del cual se requirió a ésta para que en un término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniere, respecto a la custodia provisional de los menores E. y J. de apellidos V. R. solicitada por el actor, así como el plan de convivencia por él propuesto, bajo apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, se le tendrá por conforme con dichas propuestas. Así como la orden de entrevistar a los menores E. y J. de apellidos V. R. por una trabajadora social del DIF de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, antes de ser revisados por un psicólogo, con la finalidad de hacer una evaluación de su estado emocional, sin tomar en cuenta que los infantes cuentan a la fecha uno con tres años cuatro meses y la otra con menos de un año. Sin embargo, en esta instancia constitucional, la autoridad responsable adjunta a su oficio de cuenta copia certificada del convenio celebrado el veinticinco del octubre del presente año, dentro de los autos del expediente 200/2017 relativo al juicio oral de guarda y custodia promovido por Francisco López Lazalde en contra de Bianca Yazmín Velázquez Ramos, se observa que las partes materiales establecieron como clausulas las siguientes: "PRIMERA.- QUE FRANCISCO LÓPEZ LAZALDE CONVIVIRÁ CON SUS MENORES HIJOS EDDIE Y JADE DE APELLIDOS LÓPEZ VELÁZQUEZ, LOS SÁBADOS DE 10:00 AM A 13:00 PM, MISMA CONVIVENCIA QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL DE TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN, ZACATECAS, BAJO SUPERVISIÓN DEL PERSONAL QUE SE DESIGNE PARA TAL EFECTO, EN SU CASO, CONFORME A LA EVOLUCIÓN DE DICHA CONVIVENCIA LA SUPERVISIÓN PODRÁ LLEVARSE A CABO FUERA DE DICHAS INSTALACIONES O BIEN CESAR DICHA SUPERVISIÓN SEGÚN ASÍ LO ESTIME CONVENIENTE EN EL ACTO BYANCA YAZMIN VELÁZQUEZ RAMOS O BIEN, EN ESTE ACTO, SE SUJETAN LAS PARTES AL DICTAMEN QUE HAGA SOBRE ELLO EL PSICOLOGO DESIGNADO POR EL PROPIO DIF. SEGUNDA. MANIFIESTAN LAS PARTES QUE DARÁN CONTINUIDAD A LA MEDIDA PROVISIONAL DECRETA POR AUTO DE CUATRO (4) DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO RELATIVO A ACUDIR A LAS TERAPIAS O TRATAMIENTOS INTEGRALES QUE IMPARTA EL PSICOLOGO DESIGNADO POR EL DIF MUNICIPAL DE TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN, ZACATECAS A EFECTO DE QUE, ADEMÁS DE QUE CESEN LOS EFECTOS DE VIOLENCIA FAMILIAR, EN SU MOMENTO, SE DETERMINE SOBRE SI FRANCISCO LÓPEZ LAZALDE REPRESENTA UN PELIGRO PARA LA INTEGRIDAD PSICOFÍSICA DE LOS MENORES EDDIE Y JADE DE APELLIDOS LÓPEZ VELÁZQUEZ Y, SOBRE ELLO, SE CONTINÚE, AMPLIE, SE SUSPENDA O CESE LA CONVIVENCIA DE FRANCISCO LÓPEZ LAZALDE CON SUS MENORES HIJOS, EN SU CASO, SE CONTINÚE O NO CON LA SUPERVISIÓN DE LA CONVIVENCIA. DE IGUAL MODO, CONVIENEN LAS PARTES QUE CONTINÚEN VIGENTES LAS MEDIDAS PROVISIONALES SEÑALADAS EN AQUÉL AUTO EN LOS APARTADOS 2 Y 3, ESTO ES, QUE FRANCISCO LÓPEZ LAZALDE EN LO SUCESIVO SE ABTENGA DE MOLESTAR Y AGREDIR A LAS VÍCTIMAS Y LA PROHIBICIÓN DE ACUDIR AL DOMICILIO O LUGARES QUE FRECUENTEN LAS VÍCTIMAS O ATENTE CONTRA LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DE ÉSTOS, SUJETÁNDOSE SÓLO POR EL MOMENTO A LA CONVIVENCIA SUPERVISADA ACORDADA, MEDIDAS LAS ANTERIORES QUE, EN SU CASO, CESARÁN O CONTINUARAN CONFORME AL DICTAMEN QUE EMITA AL RESPECTO EL PSICOLOGO QUE SE DESIGNE. A LA VEZ, LAS PARTES MATERIALES HACEN CONOCIMIENTO QUE A LA FECHA CONCLUYÓ LA VIGENCIA DE LA MEDIDA DE PROTECCIÓN DICTADA POR EL JUEZ DE CONTROL DEL SEXTO DISTRITO JUDICIAL DE TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN, ZACATECAS. TERCERA. QUE FRANCISCO LÓPEZ LAZALDE SE COMPROMETE A INTEGRARSE A ALGUNA INSTITUCIÓN O ASOCIACIÓN CIVIL DE AYUDA SOBRE ALCOHOLISMO. CUARTA. AMBAS PARTES SE RESERVAN SU DERECHO PARA CON POSTERIORIDAD Y CONFORME AL RESULTADO DE LOS TRATAMIENTO INTEGRALES Y CONVIVENCIA, RECLAMAR LA GUARDA Y CUSTODIA DE SUS MENORES HIJOS. QUINTA. QUE FRANCISCO LÓPEZ LAZALDE OTORGARÁ UNA PENSIÓN ALIMENTICIA DEFINITIVA A FAVOR DE SUS HIJOS EDDIE Y JADE DE APELLIDOS LÓPEZ VELÁZQUEZ DEL 25% DE DESCUENTO DE TODAS Y CADA UNA DE SUS PERCEPCIONES DE SU CENTRO DE TRABAJO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA NÚMERO SEIS CON SEDE EN ESTA CIUDAD, MISMA QUE DEBERÁ SER DEPOSITADA EN LA CUENTA BANCARIA O NÚMERO DE TARJETA 4915663031306989 A NOMBRE DE BYANCA YAZMIN VELÁZQUEZ RAMOS Y EN CASO DE QUE NO SE REALICE EL DESCUENTO OPORTUNAMENTE FRANCISCO LÓPEZ LAZALDE LO DEPOSITARA EN LA CUENTA PROPORCIONADA Y QUE CORRESPONDERÁ A LA SEGUNDA QUINCE DE OCTUBRE. RESPECTO A LA PENSIÓN ADEUDADA RELATIVA A LA PRIMER QUINCENA DEL MES Y QUE SE ORDENÓ POR AUTO DE 4 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, FRANCISCO LÓPEZ LAZALDE LA DEPOSITARÁ EN LA CUENTA DE SU CONTRARIA EL ÚLTIMO DÍA DEL PRESENTE MES (31 DE OCTUBRE)." Documentales a las que se les confiere valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de copias certificadas expedidas por funcionario público en ejercicio de sus facultades y de las cuales se advierte se ha celebrado entre las partes involucradas un convenio de convivencia el veinticinco de octubre del presente año, con las características de una sentencia definitiva, mismo que fue elevado a categoría de cosa juzgada. De manera que es patente que, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (veintisiete de septiembre del año en curso), las partes materiales del juicio oral de guarda y custodia 200/2017 celebraron un convenio elevado a categoría de cosa juzgada, con las características de una sentencia definitiva. En suma, con la celebración del referido convenio han cesado los efectos de los actos que en esta instancia se reclaman, toda vez que éste contiene las cláusulas que fijan el lugar, la fecha y horas en que Francisco López Lazalde llevará a cabo la convivencia con su menores hijos de edad, bajo supervisión de personal designado para tal fin, la cual en su caso, de acuerdo a la evolución de ésta, la misma podrá llevarse a cabo fuera de las instalaciones o bien cesar la misma de acuerdo al dictamen emitido por psicólogo emitido por el DIF; que se dará continuidad a las terapias impartidas por la aludida institución de protección a la familia; conminando al aludido López Lazalde a abstenerse de molestar a la quejosa y a sus hijos menores de edad; la prohibición de éste de acudir al domicilio o lugares que éstos frecuenten sujetándose únicamente a la convivencia supervisada; además de comprometerse a integrarse a una institución o asociación civil que lo ayude con el alcoholismo que padece; con la reserva de las partes de solicitar en su oportunidad la guarda y custodia de los menores involucrados; además, la obligación por parte López Lazalde de otorgar una pensión alimenticia definitiva a favor de éstos del 25% de descuento de todas y cada una de sus prestaciones; y finalmente, se establecieron las condiciones de dicha pensión y la cuenta en la que habría de depositarse. Circunstancias que ponen de manifiesto que ha dejado de tener eficacia lo ordenado en el auto de veintidós de septiembre del presente año, relativo al requerimiento formulado a Bianca Yazmín Velázquez Ramos, para que dentro del término de tres días manifestara lo que a sus intereses conviniera respecto de la custodia provisional de sus hijos menores de edad, así como el plan de convivencia propuesto por el actor; pues en el caso que nos ocupa, en el convenio elevado a categoría de cosa juzgada, se fijaron las bases relativas a la convivencia de los menores de edad involucrados con su padre. Asimismo, en lo relativo a la orden de entrevistar los menores de edad quejosos por parte de una trabajadora social del DIF; es de indicarse que del convenio de referencia se advierte que la convivencia se realizará bajo supervisión del DIF municipal, la cual podrá cesar según lo que se dictamine por el psicólogo designado por la referida institución, sin hacer referencia a alguna entrevista hecha por parte de alguna trabajadora social de la referida dependencia. De lo anterior, se concluye que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que impone sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley invocada. En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie, durante la tramitación de este juicio constitucional, cobró vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, lo que impone sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo; por tanto, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, en observancia a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Consecuentemente, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, fijada para las diez horas del quince de noviembre del presente año, hágase la presente determinación del conocimiento a las partes para los efectos legales conducentes. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo resolvió y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza. Doy fe. Ángeles
- Incidental
El veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González, da cuenta al Juez con el oficio registrado bajo el folio 14403 y anexos que se adjuntan. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintisiete de octubre de dos mil diecisiete. Agréguese al sumario para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio de cuenta que remite el Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas; por el que en cumplimiento al requerimiento que le fue formulado por auto de dieciocho de octubre del presente año, remite copia certificada del expediente número 200/2017 de su estadística, así como vierte los argumentos por los cuales considera que no existen circunstancias que pudieran constituir un riesgo para los menores de edad involucrados; por lo que con apoyo en lo dispuesto por el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tienen ofrecidas, admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza las aludidas constancias sin perjuicio de relacionarlas nuevamente y valorarlas al momento de resolver sobre la suspensión definitiva solicitada. Dado su volumen guárdense por separado. NOTIFÍQUESE. Así lo provee y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez de Distrito en el Estado, asistido del secretario licenciado Jorge Martín Zamora González que autoriza y da fe. Ángeles
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