Blanca Alicia Quevedo Gordón
Expediente 919/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 919/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Blanca Alicia Quevedo Gordón
Actuaciones
- Principal
En siete de octubre de dos mil veintidós, se da cuenta con el oficio de registro 17764. Conste. Zacatecas, Zacatecas; siete de octubre de dos mil veintidós. Visto el oficio que suscribe la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, mediante el cual remite copia certificada de la resolución de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, dictada en la queja administrativa 275/2022, de dicho índice, cuyo punto resolutivo dice: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja.". En consecuencia, agréguense a los autos para los efectos legales a que haya lugar, efectúense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno, y acúsese recibo. Lo anterior permite concluir que el auto de cinco de julio de dos mil veintidós, en el cual se desechó de plano la demanda de amparo, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es susceptible de destrucción, en el plazo de tres años. Hágase saber para los efectos establecidos en multicitado acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. La parte promovente no manifestó oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. De conformidad con lo dispuesto por el artículo Décimo Primero, del referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento original alguno que devolver a las partes. Notifíquese. En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del diez de octubre de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe.
- Principal
El dieciocho de agosto de dos mil veintidós, se da cuenta con una promoción con folio 15319. Conste. Zacatecas, Zacatecas, dieciocho de agosto de dos mil veintidós. Visto el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, mediante el cual informa que se admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, en contra del acuerdo de desechamiento de demanda, misma que fue registrada como queja 275/2022; en consecuencia, agréguese a los autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del diecinueve de agosto de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe
- Principal
El quince de julio de dos mil veintidós, se da cuenta con una promoción registrada con el folio 13980. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, quince de julio de dos mil veintidós. Agréguese al sumario para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, la promoción de cuenta signada por la parte quejosa, mediante el cual en términos de los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley Reglamentaria en consulta, interpone recurso de queja contra el auto de cinco de julio de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió contra actos del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado, municipio y Organismos Paraestatales, con sede en esta ciudad y otra autoridad. Con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe sobre la materia de la queja que nos ocupa, en el sentido de que ES CIERTO el acto reclamado, ya que efectivamente en el juicio de amparo en que se actúa, se dictó el auto recurrido. En consecuencia, remítase el escrito por que se interpone el recurso de mérito y copia del mismo al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, en turno, así como copia certificada de las constancias necesarias para la substanciación del referido medio de impugnación. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
CUENTA. El cinco de julio de dos mil veintidós, se da cuenta con lo siguiente: Demanda de amparo promovida por Blanca Alicia Quevedo Gordón por propio derecho, registrada con el folio 13311 y anexos que se adjuntan. La circunstancia de que el licenciado Francisco Javier Duarte Martínez (12366990), tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, cinco de julio de dos mil veintidós. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Blanca Alicia Quevedo Gordón, contra actos del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del estado, municipio y Organismos Paraestatales, con sede en esta ciudad y otra autoridad, por considerar que transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 5°, 14, 16 y 123 Constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 919/2022 que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. DESECHAMIENTO. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso señala como autoridades responsables y actos reclamados lo siguiente: "3.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- A).-SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO MUNICIPIO Y ORGANISMOS PARAESTATALES, con domicilio en calle Julián Aguirre número 112, Colonia Lomas de la Soledad Zacatecas, Zac. B).- DELEGADO MUNICIPAL DEL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO MUNICIPIO Y ORGANISMOS PARAESTATALES, con domicilio en Calle Aquiles Serdán NÚMERO 602 Colonia Vega, Loreto, Zac. (..) 4.- ACTO RECLAMADO.- De las autoridades Ordenadoras reclamo los siguientes Actos: a).- LA FALTA DE AUDIENCIA, para ser privada de mis Derechos como miembro del Sindicato Único de trabajadores al servicio del Estado, Municipios y Organismos Paraestatales (SUTSEMOP) b).- LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES, CONSISTENTE EN MI DESTITUCIÓN O EXPULSIÓN COMO MIEMBRO DEL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORE (SIC) AL SERVICIO DEL ESTADO MUNICIPIO Y ORGANIMOS PARAESTATALES (SUTSEMOP) sin haberse respetado el DERECHO DE AUDIENCIA, para ser oída y vencida, conforme a las leyes, o reglamentos aplicables. (.)" Ahora, del apartado de antecedentes del acto reclamado, se desprende que la quejosa aduce que desde el dos mil trece, es miembro del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del estado y Organismos Paraestatales, Delegación Loreto, Zacatecas, por lo que cubrió sus aportaciones de manera normal; sin embargo, se percató que desde enero de dos mil dieciocho fue expulsada de aludido sindicato, desconociendo los motivos por los que la privaron de dichos derechos. Luego, al pedir una explicación a dicho sindicato, fue informada verbalmente que tal vez se trataba de un error, el cual se verificaría y le sería informada su situación, circunstancia que no le ha sido resuelta; además, que no existe un procedimiento para ser expulsada o dejarla fuera de dicho sindicato, esto es, no ha sido oída ni vencida. En atención a los actos reclamados y a los antecedentes señalados en la demanda inicial, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el precepto 5o., fracción II, párrafo segundo, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, en razón de que los actos reclamados no constituyen actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. Dichas disposiciones establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". En principio, conviene precisar que la autoridad en el juicio de amparo, es el ente público al que se atribuye la emisión y/o ejecución del acto reclamado, la que debe comparecer al juicio de protección de derechos fundamentales a defender la constitucionalidad del acto que se reclama, puede ser un órgano de gobierno, un organismo público descentralizado, o un órgano público autónomo, cuando actúa en ejercicio de las atribuciones y funciones propias del Gobierno del Estado, frente a un gobernado en forma unilateral, e incluso un particular que realice actos equivalentes al de autoridad y cuyas funciones están determinadas en la ley. Como punto de partida, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, número de registro: 161 133, visible en la página 1089, del Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, señaló las notas distintivas de la autoridad para los efectos del juicio de amparo, en la que señaló lo siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no quiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Por tanto, las características de una autoridad, para los efectos del juicio constitucional, son los siguientes: 1. Que exista un ente que establezca una relación de supra a subordinación con un particular. 2. Que ese ente tenga características de órgano público. 3. Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar. 4. Que emita o realice actos unilaterales que afecten la esfera jurídica de los gobernados. Asimismo, como referencia puede señalarse que en la Ley de Amparo vigente se añadió el párrafo segundo de la fracción II del artículo 5, en el cual se estableció que también los particulares tendrían la calidad de autoridad responsable siempre que realicen: a) actos equivalentes a los de autoridad; b) que afecten derechos humanos; y, c) cuyas funciones estén determinadas por una norma general." En consecuencia, para que los actos de particulares puedan ser considerados equivalentes a los de autoridad, deben reunir las características de unilateralidad, imperio y coercitividad, además de derivar de una relación de supra a subordinación; por exclusión, la realización de actos entre particulares en un plano de igualdad, que no impliquen una relación en los términos apuntados, impide que pueda atribuírsele a cualquiera de ellos el carácter de autoridad responsable. Aclarado lo anterior, cabe afirmar que, en la especie, el acto que reclama la parte quejosa al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del estado y Organismos Paraestatales y Delegado Municipal del referido sindicato, en Loreto, Zacatecas, consistente en que sin previo procedimiento, fue destituida o expulsada como miembro del citado Sindicato, así como que a la fecha no ha sido informada de la razón que dio origen a dicho acto, únicamente se ubica dentro de las denominadas de coordinación. Conviene atender a la clasificación de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Se tiene que las relaciones de coordinación presuponen un plano de igualdad, en el que las partes, generalmente particulares, se encuentran en un mismo nivel, teniendo que acudir a los procedimientos ordinarios establecidos en las leyes respectivas para dirimir sus controversias; de tal manera que dentro de este tipo de relaciones se encuentran, verbigracia, las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel. Las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares; regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. De lo expuesto, es preciso señalar que para la procedencia del juicio de amparo, es necesario que exista un acto autoridad que viole las prerrogativas de la parte quejosa, en un plano de supra a subordinación. Siendo pertinente aclarar que para que un ente de hecho o de derecho, (o un particular) sea considerado como autoridad, debe establecerse como ya se dijo, una relación de supra a subordinación con un particular; además, que esa relación debe tener su nacimiento en la ley, la que dota al ente de una facultad, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad. Así, los artículos 356, y 375 de la Ley Federal del Trabajo disponen: "Artículo 356.- Sindicato es la asociación de trabajadores o patrones, constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses". "Artículo 375.- Los sindicatos representan a sus miembros en la defensa de los derechos individuales que les correspondan, sin perjuicio del derecho de los trabajadores para obrar o intervenir directamente, cesando entonces, a petición del trabajador, la intervención del sindicato". De la interpretación literal de las disposiciones trascritas se advierte, que el Sindicato es la asociación de trabajadores o patrones, constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses; también se desprende que los sindicatos representan a sus miembros en la defensa de los derechos individuales que les correspondan, sin perjuicio del derecho de los trabajadores para obrar o intervenir directamente, cesando entonces, a petición del trabajador, la intervención del sindicato. De tal suerte que el acto unilateral que despliega o en su caso, el acto consistente en la destitución o expulsión de la promovente, que reclama al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del estado y Organismos Paraestatales y Delegado Municipal del referido sindicato, en Loreto, Zacatecas, necesariamente, tiene sustento en sus estatutos o reglamentos internos, dado que la petición presentada por la quejosa, tiene injerencia en la destitución o expulsión del sindicato de trabajadores del que formaba parte; y respecto de lo cual, no se le ha informado de las razones que motivaron la misma; de ahí, que no tienen las características de ser una norma general (impersonal y abstracta), precisamente, por no haber sido emitidas por un órgano del estado mexicano encomendado para tal efecto, en esa medida es que sus actuaciones (ya sea actos u omisiones) no encuadran en la hipótesis a que se refiere el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, pues sus funciones no están determinadas por una norma general por lo que no puede considerarse que los actos u omisiones provengan de una autoridad para efectos del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis número XVI.1o.A.22 K (10a.) de los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 1943, Libro 19, Junio de 2015, Tomo III, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, registro 2009420, que dice: "ACTOS DE PARTICULARES. PARA CONSIDERARLOS EQUIVALENTES A LOS DE AUTORIDAD CONFORME AL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, DEBEN REUNIR LAS CARACTERÍSTICAS DE UNILATERALIDAD, IMPERIO Y COERCITIVIDAD, ADEMÁS DE DERIVAR DE UNA RELACIÓN DE SUPRA A SUBORDINACIÓN. El artículo 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo prevé que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, los que se conceptualizan por la propia porción normativa, como aquellos mediante los cuales se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas de forma unilateral y obligatoria, siempre que las funciones del particular equiparado a autoridad responsable estén determinadas por una norma general. De ahí que para considerar que el acto realizado por un particular equivale al de una autoridad y, por ende, es reclamable mediante el juicio constitucional, es necesario que sea unilateral y esté revestido de imperio y coercitividad, lo que implica que sea ajeno al ámbito privado o particular contractual. Además, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.", el concepto jurídico de "autoridad responsable" lleva implícita la existencia de una relación de supra a subordinación que da origen a la emisión de actos unilaterales a través de los cuales se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. En consecuencia, para que los actos de particulares puedan ser considerados equivalentes a los de autoridad, deben reunir las características de unilateralidad, imperio y coercitividad, además de derivar de una relación de supra a subordinación; por exclusión, la realización de actos entre particulares en un plano de igualdad, que no impliquen una relación en los términos apuntados, impide que pueda atribuírsele a cualquiera de ellos el carácter de autoridad responsable." Así, por el contenido que lo informa, la tesis número XVI. 1o.T.34L (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, visible en la páginas 2524, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, con registro electrónico 2012204, que señala: "COMITÉ ELECTORAL Y COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DEL SINDICATO DE PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUANAJUATO. NO SON AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. Aun cuando la Comisión de Honor y Justicia y el Comité Electoral, ambos del Sindicato de Personal Académico y Administrativo de la Universidad Autónoma de Guanajuato pueden tomar decisiones obligatorias para sus agremiados que pudieran afectar sus derechos, no son autoridades para efectos del amparo porque no actúan por mandato de una norma general, sino que proceden según las facultades que les conceden los estatutos de esa organización. En efecto, si bien de conformidad con el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, existe la posibilidad de promover el juicio de amparo en contra de particulares, para que éste sea procedente, es necesario que aquéllos realicen actos equivalentes a los de una autoridad, afecten derechos y que sus funciones estén determinadas por una norma general. En ese sentido, el artículo 107, fracción I, de la misma ley señala que, por normas generales, deben entenderse, entre otros, los tratados internacionales, leyes federales, las Constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, las leyes de los Estados y del Distrito Federal, reglamentos federales y locales, los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; todos esos ordenamientos tienen en común que emanan de los poderes públicos del Estado, de un proceso o acto de legislación; sin embargo, los estatutos de un sindicato no emanan de un poder público, por lo que no pueden considerarse normas generales, y no les da ese carácter el hecho de que los artículos 359 y 371 de la Ley Federal del Trabajo establezcan que esas organizaciones tienen derecho a redactar sus propios estatutos y los aspectos que deben regular, porque la norma general es la ley laboral que permite a los trabajadores formar sindicatos, de idéntica manera a lo que ocurre, por ejemplo, con la Ley General de Sociedades Mercantiles, que permite a los ciudadanos formar diversos tipos de sociedades o asociaciones como las anónimas o en comandita simple, con facultades para crear normas que regirán las relaciones entre los miembros. Las reglas instituidas para las relaciones internas de esas agrupaciones, creadas por sus propios integrantes, si bien son fuente de derechos y obligaciones exigibles frente a los tribunales, no caben en la categoría de normas generales, por no emanar de órganos del Estado. Por tanto, los actos de esas entidades sindicales o intersindicales son impugnables ante la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje para Asuntos Universitarios del Estado de Guanajuato, por posible infracción de sus normas convencionales, no en la vía de amparo." Por ende, al ser notoria y manifiesta la causa de improcedencia que se estima actualizada en el caso, con fundamento en lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO la demanda promovida por Blanca Alicia Quevedo Gordón, por propio derecho. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se hace del conocimiento de las partes que se les permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Francisco Javier Duarte Martínez (12366990), quien sí tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Ahora, en atención a que la ocursante señala los estrados de este juzgado para oír notificaciones, toda vez que los mismos no constituyen propiamente un domicilio, practíquense las subsecuentes notificaciones, aun de carácter personal por lista que se fije en los estrados de este juzgado, con fundamento en la fracción III, inciso a) del artículo 27, de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. EXHORTACIÓN TRÁMITE JUICIO EN LÍNEA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del acuerdo 21/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que en la medida de lo posible continúen el trámite del presente juicio en línea; además se requiere a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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