Bertha Saucedo Navarro
Expediente 924/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 5 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 924/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 06/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Bertha Saucedo Navarro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
... Zacatecas, Zacatecas; seis de diciembre de dos mil veintidós. Visto el oficio que suscribe la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, mediante el cual remite copia certificada de la resolución de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, dictada en la queja laboral 259/2022, de dicho índice, cuyo punto resolutivo dice: "PRIMERO. Se declara infundado el presente recurso de queja laboral SEGUNDO. Se confirma el auto recurrido dictado por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad.". En consecuencia, agréguense a los autos para los efectos legales a que haya lugar, efectúense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno, y acúsese recibo. Lo anterior permite concluir que el auto de quince de julio de dos mil veintidós, en el cual se desechó de plano la demanda de amparo, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es susceptible de destrucción, en el plazo de tres años. Hágase saber para los efectos establecidos en multicitado acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. La parte promovente no manifestó oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. De conformidad con lo dispuesto por el artículo Décimo Primero, del referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento original alguno que devolver a las partes. Notifíquese. ...
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, once de agosto de dos mil veintidós. Visto el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, mediante el cual informa que se admitió el recurso de queja interpuesto por la autorizada en amplios términos de la parte quejosa, en contra del acuerdo dictado el quince de julio de dos mil veintidós, misma que fue registrada como con el número de queja 259/2022; en consecuencia, agréguese a los autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar.
- Principal
14319 veinticinco de julio de dos mil veintidós El veintiséis de julio de dos mil veintidós, Jesús Romero Hernández, secretario de juzgado da cuenta con la promoción registrada con el folio 14319. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintiséis de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda la promoción de cuenta, signada por Verónica Fuentes Ortiz, autorizada de la parte quejosa, mediante el cual en términos de los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley Reglamentaria en consulta, interpone recurso de queja contra el auto de quince de julio del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Zacatecas y otra autoridad. Con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe sobre la materia de la queja que nos ocupa, en el sentido de que ES CIERTO el acto reclamado, ya que efectivamente en el juicio de amparo en que se actúa, se dictó el auto recurrido. En consecuencia, remítase el escrito por que se interpone el recurso de mérito y copia del mismo al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, en turno, así como copia certificada de las constancias necesarias para la substanciación del referido medio de impugnación. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Juan García Trejo secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del Titular, licenciado Rodolfo García Camacho, de conformidad con el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, y autorizado por el oficio CCJ/ST/2327/2022 de trece de junio de dos mil veintidós, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en unión de Jesús Romero Hernández, Secretario que autoriza y da fe. Ángeles
- Principal
CUENTA. El quince de julio de dos mil veintidós, se da cuenta con la promoción registrada con el folio 13710. CONSTE. | Zacatecas, Zacatecas, quince de julio de dos mil veintidós. CUMPLE PREVENCIÓN. Téngase recibido el escrito signados por la quejosa Bertha Saucedo Navarro, a través del cual da cumplimiento a las prevenciones formuladas por auto de seis de julio de dos mil veintidós; por lo que se le tiene como acto reclamado el que indica en su escrito. En tales condiciones se provee: DESECHAMIENTO. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, con la finalidad de confirmar o descartar alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia; tal como se establece el precepto 113 de la Ley de Amparo, de tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del referido precepto legal se advierte que el Juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; en tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". En relación con lo anterior, diversos tribunales de la Federación, se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a esta se anexen. En tanto que, lo indudable resulta de tener la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en trato es operante en el caso concreto, de modo tal, que aún en el supuesto de admitirse la demanda y substanciarse el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaren las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, surgir sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y no pueda ser desvirtuado por ningún medio probatorio durante el juicio. Ahora bien, de la lectura integral del escrito de demanda de amparo, se desprende en esencia la quejosa reclama el acuerdo de nueve de junio de dos mil veintidós, en el que fueron señaladas las once horas con treinta minutos del veintiséis de agosto de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia confesional con cargo a la aquí quejosa; y que ordena se le notifique personalmente a ésta en su domicilio, apercibiéndole que de no comparecer en la fecha y hora señalada será declarada confesa de las posiciones calificadas de legales, en términos del artículo 788 de la Ley Federal del Trabajo; dictado dentro de los autos del juicio laboral 1021/II/2018, promovido por Luis Humberto Márquez Gamboa, del índice de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas. Así, del análisis de lo anterior, este Juzgado de Distrito estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa V, del numeral 107, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, en concordancia con el ordinal 107, fracción III, inciso b), Constitucional, pues el acto reclamado de acuerdo a su naturaleza no es de aquéllos que produzcan al agraviado una ejecución de imposible reparación. El ordinal 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." El diverso artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, dice: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". El diverso artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, dice: "Artículo. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (.)". En este punto, es de señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado este precepto jurídico, específicamente, en la parte relativa a que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados por la Constitución a través de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus consecuencias, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio y, por el contrario, los actos de ejecución reparables no tocan tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses de la quejosa. Es decir, el prototipo de los actos irreparables está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón que éstos constituyen especies de los que la Ley Fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. El amparo indirecto procede, pues, contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, cuando los daños causados por éstos no tengan solución alguna para el gobernado, por afectar sus derechos sustantivos y no los adjetivos, de acuerdo con la siguiente distinción: Derechos sustantivos: son los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, los que se encuentran tutelados en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, a través de las llamadas garantías individuales, en virtud que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia favorable en el juicio. Derechos adjetivos: son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de una resolución favorable; por lo que sí esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. En el caso en análisis, se considera, se actualiza la causa de improcedencia mencionada, dado que: 1. La posible afectación que pudiera ocasionársele puede ser subsanada mediante los recursos ordinarios procedentes, alegándolo como una violación procesal, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 172, de la ley de Amparo, lo que corrobora la causal de improcedencia invocada. 2. No se justifica la procedencia del juicio de amparo contra el acuerdo reclamado, puesto que no se está en el caso de un acto que tenga una ejecución de imposible reparación que genere efectos materiales sobre los derechos sustantivos del gobernado, sino que tiene efectos de carácter intraprocesal. 3. No solo por el hecho de que el único medio de impugnación que se pueda hacer valer en contra de un acto de autoridad, sea el amparo indirecto, significa que este sea procedente, pues para ello es menester que dichos actos constituyan el carácter de irreparables, hipótesis que no se surte en el caso, en el que como se señaló, el auto impugnado únicamente produce efectos intraprocesales, sin que de manera alguna se transgreda en perjuicio de la parte quejosa, los derechos fundamentales de la Carta Magna. 4. Al no surtirse la hipótesis que establece el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, es necesario combatir el acto que se reclama, mediante los recursos ordinarios y en el caso. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente la tesis 5o.C.8 K (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 19, Junio de 2015, Tomo III, página 1947, Materia Común, Décima Época, del rubro y texto: "AMPARO CONTRA ACTOS DENTRO DE JUICIO. SÓLO PROCEDE CUANDO EXISTE UNA AFECTACIÓN MATERIAL A DERECHOS SUSTANTIVOS TUTELADOS EN LA CONSTITUCIÓN O EN LOS TRATADOS, Y NO CUANDO SE TRATE DE UNA EVENTUAL VIOLACIÓN FORMAL O INDIRECTA (INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE). Cuando en el juicio de amparo se aduce violación a los derechos sustantivos previstos en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, debe considerarse la naturaleza jurisdiccional del acto reclamado, emitido conforme a la regulación procesal y sustantiva correspondientes, por lo que tales derechos no se ven materialmente afectados, como se deduce de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Al establecerse en dicha norma que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación, y que por éstos debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Ley Fundamental o tratados en los que el Estado Mexicano sea parte; ello implica que no cualquier afectación a estos derechos es apta o suficiente para justificar la procedencia del amparo, pues debe tratarse de una afectación material o directa. Los derechos fundamentales de audiencia o debido proceso, y de autoridad competente, tratándose de actos materialmente jurisdiccionales, incluso, el de acceso efectivo a la jurisdicción, no son de aplicación y eficacia material inmediata, sino que ello se logra a través de la regulación normativa secundaria, pues es en las codificaciones procesales en las que se detallan y determinan los procedimientos que deben cumplirse para la tutela de los derechos sustantivos de los gobernados, ya que en ellas se contienen la forma y términos en que aquéllos pueden ejercerse. En los actos jurisdiccionales, que derivan de procedimientos legalmente regulados, es posible que la inobservancia de las normas procesales pueda trascender a una afectación de los derechos fundamentales reglamentados en las leyes secundarias; casos en los que se está ante una vulneración al principio de seguridad jurídica y al derecho del gobernado a la legalidad de todo acto autoritario que pueda trascender a su esfera jurídica, en forma de molestia o de privación. La afectación a los derechos humanos previstos en preceptos constitucionales o convencionales, que son la base de la regulación secundaria que los reglamenta o detalla, cuando se trata de actos jurisdiccionales en cuya emisión deban acatarse las normas secundarias, adjetivas o sustantivas correspondientes, no puede darse de manera directa o material, sino cuando se vulnera la legalidad esperada de todo acto de autoridad, de modo que esa violación a derechos humanos previstos en la Constitución o en convenciones internacionales, se da en forma indirecta o formal, al infringirse las normas que de manera inmediata regulan el quehacer de las autoridades jurisdiccionales. Por ello, el juicio de amparo es un medio no sólo para el control de constitucionalidad o de convencionalidad de los actos de autoridad, sino eminentemente de legalidad, pues a través del desacato a la legislación ordinaria, en vía de consecuencia, pueden afectarse alguno o ambos parámetros sobre la regularidad de lo actuado por el Estado a través de actos unilaterales y obligatorios que deben ponderarse para analizar la procedencia del amparo." Así como la jurisprudencia 3a. 43, de la Tercera Sala de la Suprema Cortes de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación. Tomo IV, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1989, página 291, Octava Época, Materia Común, que a la letra dice: "EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Se reitera, dicho auto reclamado no constituye para el accionante constitucional, acto de imposible reparación, que transgreda en su perjuicio algún derecho fundamental tutelado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde a lo previsto en los artículos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), Constitucional. Lo anterior es así, porque el acto reclamado, no quebranta en su perjuicio, de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo, ya que sólo produce efectos formales o intraprocesales, por tratarse de actos que carecen de una consecuencia de imposible reparación. Por tanto, al resultar manifiesta e indudable la causal de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO promovida por Bertha Saucedo Navarro, contra actos de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se hace del conocimiento de las partes que se les permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. EXHORTACIÓN TRÁMITE JUICIO EN LÍNEA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del acuerdo 21/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que en la medida de lo posible continúen el trámite del presente juicio en línea; además se requiere a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado, Jesús Romero Hernández, secretario que autoriza y da fe. Ángeles
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