Bianca Estrada Espinosa
Expediente 70/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 13 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 70/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 08/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Bianca Estrada Espinosa y Otros.
- Bianca Estrada Espinosa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Incidental
Salina Cruz, Oaxaca, ocho de noviembre de dos mil veintiuno. Como está ordenado en esta fecha en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión y toda vez que de la certificación que antecede se advierte que no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso A, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Destino. Se comunica a las partes que, por haberse negado y concedido la medida cautelar provisional y definitiva a la parte quejosa, el original de este expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurra el término de tres años de haberse ordenado el archivo del asunto como concluido. Asimismo, se destaca que en este incidente no existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda), ni billete de depósito o garantía que devolver o remitirse a la Tesorería de la Federación. Archivo reciente. También, durante los primeros tres años el original del incidente estará en este órgano jurisdiccional y fenecido dicho término, se transferirá a la Dirección General de Archivo y Documentación. Destrucción del duplicado del incidente de suspensión. El duplicado del cuaderno incidental, en términos de los dispuesto en la fracción II, inciso A, del artículo 20 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de la fecha en que se dictó la suspensión definitiva, de conformidad a lo establecido en el ordinal 24, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone su numeral 22, y para los efectos precisados en el diverso 23. Anotaciones. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, ocho de noviembre de dos mil veintiuno. Vista certificación secretarial y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la parte quejosa no se inconformó dentro del término legal de quince días, contra el acuerdo de veintinueve de septiembre del año en curso, en el que se declaró sin materia el cumplimiento del fallo protector de la sentencia dictada en este juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 196, 201, fracción II, y 202 de la Ley de Amparo, se tiene por consentido el citado proveído. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 21, inciso A, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad con lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el punto segundo, fracción XVIII, del referido Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro. Destino. Además, al tratarse de un asunto en el que se concedió el amparo, de conformidad a lo previsto en el artículo 18, inciso b), este expediente es depurable. En tal virtud, con fundamento en el citado numeral 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez transcurridos tres años, contados a partir de que se emite este auto, procédase a su depuración, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que laude el citado numeral, deberá solicitarse la trasferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Archivo del incidente de suspensión. Respecto al archivo del incidente de suspensión que deriva de este juicio de amparo, acuérdese lo conducente en dicho incidente. Ley de Transparencia. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que el veinticinco de mayo y ocho de junio del año en curso, se tuvo al Juez Civil de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, remitiendo copias certificadas deducidas del expediente 189/2020, de su índice, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo [folio 5776 y 6316]; con lo cual se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que haya emitido pronunciamiento alguno; en consecuencia, se procede a resolver con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por dicha responsable. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 192174, cuyo rubro y texto son "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98. DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Ahora, previo a resolver lo relativo al cumplimiento o no del fallo protector, cabe preciar que los actos reclamados en esta instancia constitucional se hicieron consistir en: "El auto de inicio de fecha 21 de febrero del año 2020, en el cual el Juez civil de primera Instancia de la Ciudad de Tehuantepec, Oaxaca, en el cual ordena un régimen de visita y convivencia provisional del tercero interesado C. Jorge Alberto González Loria con mis menores hijos ya citados, violando las reglas del procedimiento que establece de procedimientos Civiles Vigente en el estado en el numeral 43 segundo párrafo del Código de procedimientos Civiles Vigente en el estado al no agendar la audiencia familiar en el cual se escucharía a mis menores hijos, violando lo establecido en el numeral 429 del mismo del Código civil el cual establece que si el padre y la madre se separa en común acuerdo decidirán quién se hará cargo de los cuidados de los hijos y en caso que no se pongan de acuerdo el Juez siempre teniendo en cuenta el interés superior de los hijos designara a la persona que deba hacerlo. Siendo que en la segunda parte del numeral antes citado dice: que todo caso, los hijos tienen derecho a convivir con su progenitor que este separado, para lo cual, en caso de disenso entre en madre y la madre, el juez regulara el régimen de visita y convivencia que mejor atienda a los intereses de los hijos. Para tomar su decisión, deberá oír a los menores." (SIC) Ahora bien, advirtiéndose que por auto de ocho de junio del año en curso, quedó pendiente resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obran en el juicio y los datos aportados por las autoridades responsables; en consecuencia, toda vez que el artículo 214 de la Ley de Amparo, establece que no podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que quede enteramente cumplida la sentencia que haya concedido el amparo y protección de la Justicia Federal o apareciere que ya no hay materia para la ejecución. Para ello, se tiene en cuenta que en sentencia de treinta de septiembre de dos mil veinte, se concedió a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los siguientes efectos: "1) Dejar insubsistente el convenio de diecinueve de agosto del año en curso, así como el acuerdo dictado el veintisiete siguiente, en el cual se ratificó con la salvedad destacada que hizo la agente del Ministerio Público adscrita al órgano jurisdiccional responsables, dentro del expediente 189/2020. 2) Deberá señalar hora y fecha para que sean escuchados los menores de iniciales M.F.G.E. y B.V.G.E., para lo cual tendrá que implementar diversas medidas que garanticen su integridad durante el lapso de tiempo que permanezca en las instalaciones del órgano jurisdiccional que preside, por lo que, deberá efectuar lo siguiente: A. Definir de manera previa, el lugar específico en que aguardarán mientras no se desahogue la diligencia a que hayan sido requeridos. B. El lugar designado para ello, no podrá ser un pasillo de tránsito común de personas, sala o recinto abierto al acceso público, ni someterlos a un esfuerzo físico (como permanecer parados en el lapso de espera). C. El lugar en donde se desahogue la participación de los menores, debe tener las mismas condiciones señaladas en los puntos que anteceden, salvaguardando en todo momento su integridad. D. Asegurarse que en todo momento los menores estén asistidos por un profesional en la materia de psicología, que evalúe su comportamiento durante el desarrollo de las diligencias a las que sean citados. Para dar fundamento a lo anterior, se cita la tesis XIX.1o.A.C.5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, septiembre de dos mil trece, Tomo 3, con número de registro 2004524, de rubro y texto siguiente: "MENORES DE EDAD. SU PARTICIPACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL DEBE PREPARARSE PREVIAMENTE MEDIANTE ACTOS ESPECIALES QUE PRESERVEN SU SALUD PSÍCO-EMOCIONAL, ASÍ COMO SU IDENTIDAD (IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA QUIENES IMPARTEN JUSTICIA EN CASOS QUE AFECTEN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EXPEDIDO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN). Según se advierte del mencionado protocolo, el derecho de participación del niño no debe conceptuarse como una mera citación para que declare libremente sobre determinados hechos o temas, sino que esa participación debe estar previamente preparada y diseñada no sólo en cuanto al punto sobre el que se pretende que el niño deponga sino, además, respecto de la asistencia profesional anterior a la cita judicial, en la que se le explique por un especialista neutral a las partes la razón de su próxima intervención, el contenido y su posible duración, la libertad de que goza tanto para declarar como para no hacerlo y las consecuencias posibles de su participación. Esa preparación que, además, debe acreditarse, es necesaria para propiciar que el infante quede lo más protegido posible en su condición psíquica y emocional, y prepararlo para enfrentar un ambiente regularmente cargado de la tensión propia de las contiendas judiciales en que los adultos -partes adversas- despliegan su ataque o defensa de forma directa ante el juzgador. Por otro lado, en el auto que requiera de cualquier modo la participación personal de un niño en el proceso judicial, debe definirse, previamente, el lugar específico en que aguardará mientras no se desahogue la diligencia a que haya sido invitado, el cual no podrá ser un pasillo de tránsito común de personas, sala o recinto abierto al acceso público, a fin de evitar la revelación de su fisonomía e identidad, ni someterlo a un esfuerzo físico (como permanecer parado el lapso de espera). Aunado a lo anterior, es necesario que tales lineamientos y condiciones consten en el mismo auto en que se invite a un menor de edad a acudir ante el Juez, a fin de tener certeza de que se adoptarán por decreto judicial tales medidas y, además, para estar en posibilidad de verificar si las que considera aplicables, efectivamente son todas las necesarias y conducentes." Directrices que resultan enunciativas, mas no limitativas, ya que el juzgador primario podrá hacer uso de todas aquellas medidas que estime pertinentes atendiendo a las particularidades del caso que se le presenten, las cuales deberá dejar asentadas en el acta de la diligencia respectiva, a fin de contar con certeza de que efectivamente fueron atendidos los lineamientos destacados. 3) Deberá recabar de manera oficiosa todas aquellas pruebas que estime necesarias para allegarse de información que le permita conocer el entorno en el cual se desenvuelven los menores, así como si existe alienación parental. 4) Una vez escuchados los menores, con los medios de convicción allegados, en relación con los datos contenidos en la demanda y contestación que obran en el juicio natural, con plenitud de jurisdicción deberá resolver sobre la convivencia de los menores, debiendo atender todos aquellos aspectos que incidan en su bienestar y sano desarrollo, debiendo fundar y motivar si es viable que se lleve a cabo la convivencia entre ellos y su progenitor. Además, para el caso de ser procedente, deberá fijar lugar, días y horarios en que se llevarán a cabo las visitas de convivencia familiar con los menores involucrados, para lo cual, en caso de ser necesario, puede servirse de las instituciones públicas establecidas, a fin de que aquellas se realicen en un ambiente supervisado y seguro, en el que se preserven en todo momento su integridad y salvaguarda. De acontecer lo contrario, tendrá que precisar circunstancias de modo, tiempo y lugar en las cuales se llevará a cabo la convivencia, lo que implica que debe existir pronunciamiento por lo que hace a periodos vacacionales, puentes, días festivos, vacaciones, entre otros, los cuales podrán ampliarse o reducirse, en función de las necesidades que se presenten, debiendo tomar en cuenta la opinión que al respecto emita la agente del Ministerio Público adscrita al juzgado responsable." Seguida la secuela procesal, por acuerdo de veintidós de octubre de dos mil veinte, causó ejecutoria dicha sentencia y en proveído de ocho de junio del año que transcurre se tuvo a la Juez Civil de Santo Domingo Tehuantepec, remitiendo copias certificadas de la diligencia de ratificación de desistimiento de la demanda realizada por el actor Jorge Alberto González Loria, dentro del expediente 189/2020, de su índice Lo que se corrobora con las documentales que adjuntó, mismas que tienen valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, en su calidad de documental pública, de las que se advierte que efectivamente en uno de junio del año en curso, dentro del expediente 189/2020, se llevó a cabo la diligencia de ratificación de escrito del desistimiento de la demanda de amparo promovida en contra de su cónyuge Bianca Estrada Espinosa, aquí quejosa, ya que actualmente viven juntos como familia y que han solucionado sus problemas. Ratificación del citado escrito que se realizó en audiencia con asistencia de las partes, el actor Jorge Alberto González Loria y la demandada Bianca Estrada Espinosa (tercero interesado y parte quejosa en este juicio de amparo), por lo que la Juez Civil de Santo Domingo Tehuantepec, en audiencia formal tuvo al actor Jorge Alberto González Loria por desistido de la demanda dentro del expediente 189/2020, de su índice. En tales condiciones, lo procedente es declarar sin materia el cumplimiento del fallo protector de referencia, pues al haber declarado la responsable el uno de junio del año en curso, en audiencia formal y con asistencia de las partes el desistimiento de la demanda del actor Jorge Alberto González Loria dentro del expediente 189/2020, de su índice; es innegable que en el presente caso no existe materia respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, dado que esta nueva resolución incide directamente en el acto aquí reclamado (el auto de veintiuno de febrero de dos mil veinte, a través del cual la autoridad responsable decretó un régimen de convivencias entre el tercero interesado Jorge Alberto González Loria, con sus menores hijos M.F.G.E. y B.V.G.E., sin que previamente fueran escuchados); es decir, con dicha determinación, dejó sin efectos dicho proveído de veintiuno de febrero del dos mil veinte (que decretó un régimen de convivencias entre el tercero interesado Jorge Alberto González Loria, con sus menores hijos M.F.G.E. y B.V.G.E.). Sin que sea procedente analizar la notificación practicada a la parte quejosa respecto de la resolución de ocho de junio del año en curso, en virtud de que la misma no fue materia de estudio en el presente asunto, máxime que ya tiene conocimiento de su contenido, toda vez que de las constancias que remitió la autoridad responsable se advierte que la misma estuvo presente en la audiencia formal de desistimiento de la demanda, manifestando que se encuentra conforme con el desistimiento de la demanda ratificada por su cónyuge, ya que actualmente se ha reconciliado y viven nuevamente juntos con sus menores hijos. Por otra parte, tampoco es procedente pronunciarse sobre la legalidad o ilegalidad de lo que la responsable decidió, ya que tal aspecto debe ser materia del medio de defensa que la parte quejosa estime pertinente. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Notifíquese
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, ocho de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Juez Civil, residente en Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, a través del cual remite copias certificadas relativas al desistimiento del actor ***en el juicio ****, de su índice. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 196 de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la ley de la materia, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contado a partir de su legal notificación, manifieste lo que a sus intereses convenga, en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo. En la inteligencia que de no hacer manifestación alguna dentro del término legal concedido para tal efecto, se resolverá sobre su cumplimiento con base en los elementos que obran en el expediente. Se invoca en apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página doscientos cuarenta y tres, Tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro digital 192174, cuyo rubro y texto son como sigue: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98. DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Notifíquese
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