Betty del Carmen Mijangos Cruz

Expediente 250/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
250/2015
Año
2015
Actuaciones
2
Última actuación
23/06/2015

Partes del expediente

  • Betty del Carmen Mijangos Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, a veintitrés de junio del dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de queja contra el acuerdo dictado en este juicio de garantías, el veintiuno de mayo de dos mil quince, en el que se desechó la demanda de garantías promovida por Betty del Carmen Mijangos Cruz, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes y con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En otro aspecto, se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que la sentencia dictada en este juicio, y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que señala el artículo 3º., fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisan los preceptos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley referida, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Notifíquese. IIIA

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, a veintiuno de mayo de dos mil quince. Vista la demanda de garantías promovida por BETTY DEL CARMEN MIJANGOS CRUZ, por propio derecho, contra actos de la Juez de lo Civil, con residencia en esta ciudad, que hace consistir, substancialmente, en el acuerdo dictado el diecisiete de abril de dos mil quince, en el incidente de nulidad de emplazamiento, promovido por la demandada Sandra Luz López Pérez, anexo al expediente número 237/2011. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número que le corresponda, que lo es el 250/2015. Ahora bien, contra el acuerdo reclamado no procede el juicio de garantías indirecto, al actualizarse de manera notoria e indudable la causal prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que prevén, el primero, que el juicio es improcedente, en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la Ley de Amparo; y, el segundo, que el amparo indirecto procede, contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Ello es así, en virtud de que el acto reclamado, por sí mismo y de manera inmediata no produce ningún perjuicio a la quejosa, pues los efectos jurídicos del auto reclamado, en el cual la Juez responsable admitió el incidente de nulidad de emplazamiento promovido por la demandada Sandra Luz López Pérez, dentro del juicio reivindicatorio número 237/2011, se trata de un acto meramente intraprocesal y, por ende, no afecta ningún derecho sustantivo tutelado por la ley en perjuicio de la peticionaria, pues incluso de obtener sentencia favorable desaparecía el supuesto agravio, y en caso contrario tiene expeditos su derecho para alegarlo como violación procesal en términos del artículo 172, fracción V, de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo directo, que se promueva contra la sentencia que se dicte en el juicio natural. Funda lo expuesto, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página doce, del tomo 59, correspondiente al mes de noviembre de mil novecientos noventa y dos, Octava Época, con número de registro IUS 205601, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo tenor literal es: "NULIDAD DE ACTUACIONES. EN CONTRA DE LA RESOLUCION INCIDENTAL QUE LA DECLARA, PROCEDE POR REGLA GENERAL EL AMPARO DIRECTO. La resolución que pone fin a un incidente de nulidad de actuaciones, declarándolo fundado, no es un acto en el juicio que, por regla general, tenga una ejecución de imposible reparación, sino que tiene efectos meramente procesales, dado que la violación que llegare a cometerse en el dictado de dicha resolución, puede quedar subsanada con posterioridad, si la sentencia definitiva, o la que ponga fin al juicio, resulta finalmente favorable a los intereses del quejoso, pero de no ser así, este último podrá reclamarla en el amparo directo que, en su caso y oportunidad, interponga en contra del mencionado fallo. Lo anterior se corrobora si se toma en cuenta, además, que tal resolución entraña una violación a las leyes del procedimiento, prevista en la fracción V del artículo 159 de la Ley de Amparo, en la cual se establece la procedencia del amparo directo "cuando se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad"; y por los términos genéricos en que está redactado el mencionado precepto legal, resulta obvio que la ilegal resolución del incidente de nulidad a que allí se alude, puede consistir tanto en la anulación de las actuaciones favorables al quejoso, como en la negativa a nulificar aquéllas que lo agravian, toda vez que aquél no hace distingo alguno al respecto. Sin embargo, el anterior criterio queda supeditado a que, con motivo de las mencionadas resoluciones incidentales, no se afecten en forma cierta e inmediata los derechos sustantivos de los gobernados, porque de lo contrario, la vía correcta para reclamarlas será la indirecta". En consecuencia, por los motivos expuestos, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías. Por otra parte, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida Manuel Ávila Camacho número 608, Barrio Espinal en esta ciudad y como autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la licenciada Ma. Dolores Martínez Mandujano, quien tiene registrada su cédula profesional en el Registro de Consulta de Cédulas Profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación que la autoriza a ejercer legalmente la profesión de licenciado en derecho, tal como se desprende de la certificación secretarial que antecede. Y, únicamente como autorizado para oír y recibir notificaciones a Hermilo García Zavala, por así solicitarse expresamente. Notifíquese personalmente a la quejosa.

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