Bertha Santos Lopez

Expediente 450/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 11 actuaciones registradas, la última del 7 de enero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
450/2015
Año
2015
Actuaciones
11
Última actuación
07/01/2016

Partes del expediente

  • Bertha Santos Lopez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, siete de enero de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio de garantías engrosada el tres de diciembre de dos mil quince (fojas 46 a 53), en la que se sobreseyó en el juicio; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido, y el original del incidente de suspensión glósese a este expediente, y guárdese provisionalmente el duplicado del referido incidente en el archivo de este Juzgado. Lo anterior, tomando en consideración que en dicho duplicado no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido, en términos del punto segundo fracción XVIII, del Capítulo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase únicamente a la destrucción de ese duplicado. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En otro aspecto, se destaca que en el presente juicio se formaron cuadernos de suspensión en donde se negó la suspensión definitiva, y no se tramitó incidente de violación a la medida cautelar. Se hace del conocimiento de las partes que la sentencia dictada en este juicio, y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que señala el artículo 3º., fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisan los preceptos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley referida, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Notifíquese. III-A

  2. Principal

    R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio, promovido por la quejosa, BERTHA SANTOS LÓPEZ, en términos del considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese; por lista a la quejosa en cumplimiento a lo ordenado por auto de admisión. IIIA

  3. Incidental

    R E S U E L V E : ÚNICO.- Se niega la suspensión definitiva solicitada por Bertha Santos López, en términos de los considerandos segundo y cuarto de esta interlocutoria. Notifíquese. IIIA

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintiséis de octubre de dos mil quince. Agréguese a los autos el escrito de cuenta firma por la quejosa Bertha Santos López, por el que en cumplimiento a la prevención realizada el veintiuno de octubre del año en curso, manifiesta que autoriza en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Juan Romualdo Zavaleta Ramírez. En consecuencia, en atención al contenido del escrito de la quejosa presentado el trece del actual, téngase como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, únicamente al licenciado Andrés Quevedo Martínez, quien tiene registrada su cédula profesional en el Registro de Consulta de Cédulas Profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, que lo autoriza a ejercer legalmente la profesión de licenciado en derecho, tal como se desprende de la certificación secretarial que antecede. Por otra parte, téngase únicamente para oír y recibir notificaciones a Germán Agustín Santiago Cruz, Jane Casanova Marín y Juan Romualdo Zavaleta Ramírez, en virtud de que no acreditaron con prueba documental alguna su calidad de licenciados en derecho, además no existe registrada su cédula profesional en el Registro Único de Profesionales del Derecho, tal como así se hizo constar en la certificación secretarial que antecede, no obstante que resulta necesaria, pues se trata de un asunto en materia administrativa, el cual es de estricto derecho.´ Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite la documental que exhibe, la que se desahoga en este momento, dada su propia y especial naturaleza, misma que será tomada en cuenta al dictarse sentencia. Por último, respecto de la suspensión provisional que nuevamente solicita, dígasele que por acuerdo dictado el quince de septiembre de dos mil quince, se proveyó lo procedente en el incidente de suspensión correspondiente y, en caso de que esté inconforme con lo ahí determinado, la Ley de Amparo prevé el recurso correspondiente. Notifíquese. iiia

Quedan 7 actuaciones en este expediente

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