Betuel Martínez Zarau

Expediente 234/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
234/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
23/05/2022

Partes del expediente

  • Betuel Martínez Zarau

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se desprende que transcurrió el término de cinco días que concede el artículo 98, con relación al 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de uno de marzo de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Betuel Martínez Zarau, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2. Integración del expediente, anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y una vez que se encuentren agregadas la totalidad de las constancias, archívese este expediente como total y definitivamente concluido. Transferencia. Ahora bien, de conformidad con el capítulo segundo, punto cuarto, en relación con el capítulo segundo, artículo 5, en relación con el capítulo tercero, artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, OSCAR ELGUERA ROSAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.cf.86 03/10/22 23:30:38 2 JUZGADO OCTAVO EXP. 234/2022 Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, una vez que transcurra el término de tres años de archivo del presente expediente, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación; lo anterior, por no ubicarse en ninguno de los supuestos que establece el artículo 18, capítulo séptimo del citado acuerdo. Clasificación documental. Por otra parte, en cumplimiento a lo que establece el artículo 35, del Acuerdo General Conjunto señalado en el párrafo precedente, este expediente a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Destrucción y depuración. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente es destruible por haberse desechado la demanda de amparo por notoriamente improcedente, ya que se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso d) del Acuerdo General citado. Disposición de documentos. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales, en términos del artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se requiere a la parte oferente del mismo para que presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a la notificación del presente proveído. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del artículo 21, párrafo segundo, de ese Acuerdo. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Notifíquese.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, cuatro de mayo de dos mil veintidós. Vista la razón suscrita por el actuario judicial adscrito, se advierte que no se logó la confirmación del correo electrónico respecto de la notificación de uno de marzo de dos mil veintidós, al autorizado de la parte quejosa; en tal sentido, a efecto de no dejar en estado de indefensión al quejoso, por única ocasión, se comisiona al actuario adscrito a éste juzgado federal para que se constituya en el domicilio ubicado en calle Chalco número trece, colonia Lomas de Atizapán, en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, código postal 52977, y le notifique el contenido del auto de uno de marzo del año en curso y este que se dicta; asimismo, lo requiera para que dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la legal notificación del presente proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en el lugar de residencia de este órgano jurisdiccional, apercibiéndolo para que en caso de no hacerlo así, se le harán las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 27 y 29 de la Ley de Amparo, sin ulterior acuerdo. Notifíquese.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, uno de marzo de dos mil veintidós. Recepción de demanda. Se tiene por recibida la demanda presentada por Betuel Martínez Zarau, contra actos que reclama del Juez Primero de Ejecución de Sentencias de Ecatepec de Morelos, Estado de México y otras autoridades. Registro de la demanda. Fórmese expediente y regístrense en el libro de gobierno de este juzgado con el consecutivo 234/2022, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva a cabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Promociones duplicadas y acuses. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena únicamente certificar y agregar a los autos los trámites siguientes: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes; y c) acuses de recibo. Estudio de la demanda. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene este juzgador de examinar en su Enrique Camacho Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.7b 21/07/22 14:58:29 2 JUZGADO OCTAVO EXP. 234/2022 integridad la demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Los artículos precisados son del tenor literal siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo expuesto por diversos tribunales de la Federación, éstos se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. De ahí, que deban analizarse de manera preferente las causas de improcedencia por ser éstas una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia 814, publicada en la página 553, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años de 1917-1995, que lleva por rubro y texto los siguientes: Enrique Camacho Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.7b 21/07/22 14:58:29 3 JUZGADO OCTAVO EXP. 234/2022 "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Causal de improcedencia. Ahora bien, de un análisis integral de la demanda de amparo, este juzgador advierte que se configura de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XVIII y XX, de la Ley de Amparo, por no haber agotado la parte quejosa, previo a acudir a esta vía, "la petición administrativa" que regula la Ley Nacional de Ejecución Penal, con la que pudo obtener la modificación, revocación o nulidad del citado acto. La porción normativa en cita establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)." Enrique Camacho Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.7b 21/07/22 14:58:29 4 JUZGADO OCTAVO EXP. 234/2022 Así, el dispositivo transcrito, establece lo que la jurisprudencia ha denominado "principio de definitividad", que parte de la premisa consistente en que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa; por tanto, para que sea procedente debe agotarse, previamente, la jurisdicción ordinaria. La actualización de la hipótesis de improcedencia requiere: En cuanto a la primera: a) Que se trate de una resolución dictada por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, b) Que la ley ordinaria conceda un recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. En relación a la segunda causal: a. Que se trate de un acto de autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. b. Que contra dicho acto proceda algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado. c. Que conforme a la ley que rija el medio defensivo, los efectos del acto reclamado se suspendan. d. Que para tal suspensión, no se exijan mayores requisitos de los que consigna la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en reiterados criterios ha determinado que para la actualización de la causa de improcedencia en análisis, basta con que alguna ley, formal y material, estipule, de manera directa e inmediata, la procedencia de algún recurso, juicio o medio de defensa que posibilite la modificación, revocación o nulidad del acto reclamado, cuya tramitación permita la suspensión de sus efectos, sin exigir mayores requisitos que los consagrados en la ley de la materia. Enrique Camacho Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.7b 21/07/22 14:58:29 5 JUZGADO OCTAVO EXP. 234/2022 Asimismo, ha sostenido como excepciones al principio de definitividad, cuando se reclaman: a) Actos que afectan a terceros extraños al juicio o al procedimiento del cual emanan. b) Actos cuya ejecución es de imposible reparación. c) Actos respecto de los cuales, la ley que los rige, exige mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución. d) Actos que importan una violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución General de la República. Por disposición de la Ley de Amparo. a) Actos o resoluciones que se impugnan con motivo del primer acto de aplicación de una ley que se estima es inconstitucional. b) Actos o resoluciones que importan peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, como lo son entre otros, las multas excesivas y las penas inusitadas o trascendentales. c) Actos o resoluciones respecto de las cuales, la ley que las rige, no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra. d) Actos o resoluciones que carecen de fundamentación. Por disposición de los criterios jurisprudenciales. a) Cuando únicamente se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República, como lo es la garantía de audiencia. Enrique Camacho Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.7b 21/07/22 14:58:29 6 JUZGADO OCTAVO EXP. 234/2022 b) Cuando los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste reglamenta no se contempla su existencia. En efecto, el juicio de amparo constituye un medio extraordinario de defensa para invalidar los actos de autoridad conculcatorios de garantías individuales, motivo por el cual, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común. Dichos principios generales del juicio de amparo se encuentran previstos en el artículo 107 de la Constitución General de la República, entre los que se encuentra el de definitividad, que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional. En efecto, el principio de definitividad del juicio de amparo obliga al quejoso a agotar previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, pues, como se dijo, el juicio de garantías se concibió como un medio extraordinario de defensa, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales, como lo son, entre otros, aquellos no susceptibles de ser revisados a través de los citados recursos o medios de defensa ordinarios. En ese contexto la causa de improcedencia prevista en el artículo y fracciones citados, alude a que el juicio de garantías se tornará improcedente, cuando se reclame una resolución dictada por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que la ley ordinaria conceda un recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Asimismo cuando se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales resulte procedente algún recurso, juicio o medio de defensa legal, a través del cual, puedan ser modificados, revocados o nulificados, o bien, que deban ser revisados de oficio, de Enrique Camacho Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.7b 21/07/22 14:58:29 7 JUZGADO OCTAVO EXP. 234/2022 conformidad con las leyes por las cuales se rijan; siempre y cuando, atento a los ordenamientos que prevean dichos medios de defensa, se suspendan los efectos de los actos impugnados, sin que se exijan mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder su suspensión; ello, con independencia de que el acto sea susceptible de ser suspendido de acuerdo a la propia ley de la materia. En la inteligencia de que no existirá tal obligación de agotar tales medios de defensa cuando el acto reclamado carezca de fundamentación. Es decir, el amparo en materia jurisdiccional como administrativa únicamente será procedente cuando previamente se hayan agotado los recursos o medios de defensa legales que pudieren revocar, modificar o nulificar el acto reclamado; sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión; salvo la excepción prevista por la propia ley de la materia, como cuando el acto reclamado adolezca de fundamentación; todo ello, atendiendo al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías. Asimismo, es importante mencionar, que de acuerdo con la interpretación que de la improcedencia en comento, ha realizado el Máximo Tribunal de Justicia en el País, únicamente los medios de defensa previstos en una ley formal y material son susceptibles de provocar dicho motivo de improcedencia, siempre que como se dijo, éstas no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los que prevé la Ley de Amparo. Cobra aplicación a ese respecto, la jurisprudencia 115/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 448, del Tomo X, Octubre de 1999, Materia Común, Administrativa, Novena Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado Enrique Camacho Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.7b 21/07/22 14:58:29 8 JUZGADO OCTAVO EXP. 234/2022 proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una "ley", y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo". En ese tenor, debe puntualizarse que no constituye un requisito indispensable que los medios de impugnación a los que alude la causa de improcedencia en comento tengan que estar previstos por el ordenamiento legal del que emane formalmente o en la que encuentre su fundamento el acto de autoridad reclamado, pues ninguna de las disposiciones aplicables al juicio de garantías establece esa limitante, a más de que debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el legislador cuenta con plena libertad para instituir los recursos o medios ordinarios de defensa que estime pertinentes, sin quedar constreñido a algún ordenamiento en particular. De ahí, que si en el caso el quejoso reclama: La orden de traslado involuntario, del Centro Penitenciario y de Reinserción Social Ecatepec, (lugar donde se encontraba recluido), hacia el Centro Federal de Readaptación Social Número 15, ubicado en Carretera Federal 200, Carretera Tapachula- Arriaga, kilómetro 229, Colonia Carretera Federal 200, Villa Comaltitlán, Código Postal 30620, Chiapas, México, misma que fue realizada el nueve de febrero de dos mi veintidós. Enrique Camacho Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.7b 21/07/22 14:58:29 9 JUZGADO OCTAVO EXP. 234/2022 Consecuentemente, se puntualiza que, conforme a lo analizado, previamente a la instauración de este juicio de amparo, el quejoso debió agotar los recursos previstos por la Ley Nacional de Ejecución Penal, aplicable a dicho acto reclamado. En efecto, los artículos 52, 107, 114, 115, 117 fracciones I y III y 132 fracción VII de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establecen lo siguiente: "Artículo 52. Excepción al Traslado voluntario. La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: I. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; II. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y III. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa". Artículo 107. Peticiones administrativas. Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. [.] Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas. El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y Enrique Camacho Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.7b 21/07/22 14:58:29 10 JUZGADO OCTAVO EXP. 234/2022 notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito. [.]" Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega. [.] Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas. Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: Enrique Camacho Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.7b 21/07/22 14:58:29 11 JUZGADO OCTAVO EXP. 234/2022 I. Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa; [.] III. Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente, y [.]. ". "Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: [.] VII. Traslados; [.]" De la interpretación armónica de los numerales transcritos y en relación con el caso que nos ocupa (orden de traslado), el artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que ésta se puede llevar a cabo de forma urgente o excepcional, lo que de suyo implica una determinación administrativa, sin la intervención de autoridad jurisdiccional, cuando se trate de casos de delincuencia organizada, esté en riesgo la integridad y la salud de la persona privada de la libertad o esté en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario. Lo anterior, con entera independencia de que, una vez que la autoridad jurisdiccional haya sido notificada de la orden de traslado urgente o excepcional, cuenta con cuarenta y ocho horas para emitir la resolución en la que califique su legalidad y contra de esa determinación procede el recurso de apelación. Sin embargo, el acto que se reclama, permite evidenciar que éste se emitió, sin la intervención de autoridad jurisdiccional alguna, lo que de suyo implica que el peticionario del amparo debió atender a lo que establece el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Enrique Camacho Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.7b 21/07/22 14:58:29 12 JUZGADO OCTAVO EXP. 234/2022 Ejecución Penal, antes de acudir a esta instancia constitucional, por lo que hace a la orden de traslado. El numeral artículo 115, de esa ley, establece que el director del centro carcelario estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la autoridad penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esa ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La autoridad penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del recurso, dejando constancia por escrito. Por su parte, del artículo 117, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se destaca que cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la autoridad penitenciaria, y en caso de que la resolución le sea desfavorable, se estableció antes, debió interponer Enrique Camacho Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.7b 21/07/22 14:58:29 13 JUZGADO OCTAVO EXP. 234/2022 el recurso de apelación establecido en el artículo 132 en su fracción citada de la Ley Nacional de Ejecución Penal. En ese orden, previo a acudir a la vía constitucional, el peticionario del amparo debió agotar el principio de definitividad acudiendo ante la propia autoridad penitenciaria para elevar su petición administrativa a fin de que no fuera trasladado a diverso Centro Penitenciario y de Reinserción Social; o bien, acudir directamente ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver controversias relacionadas con las condiciones de su internamiento, en términos de lo que contemplan los numerales 115 y 117 fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal y en caso de no obtener resultado favorable a su petición, entonces interponer el recurso de apelación previsto en la propia ley en su artículo 132 fracción VII. Lo anterior, con entera independencia de que el impetrante de amparo refiera que el acto que reclama (traslado), lo deja en total estado de indefensión, pues no se le otorgo garantía de audiencia; sin embargo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el recurso de queja 46/2020, estableció que ese tipo de actos no carecen de fundamentación, puesto que encuentran sustento en la Ley Nacional de Ejecución Penal, concretamente en su artículo 52, mismo que faculta a la autoridad administrativa penitenciaria, para ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de su libertad, sin autorización Judicial previa, cuando se actualice alguna de las hipótesis previstas en las diversas fracciones de numeral de referencia, por lo que la legalidad de su aplicación, se corroborará una vez que la determinación administrativa se somete al control de la autoridad jurisdiccional. En ese sentido y tomando en consideración que en el juicio de amparo en que se actúa, la parte quejosa la orden de traslado involuntario, del Centro Penitenciario y de Reinserción Social Ecatepec, (lugar donde se encontraba recluido), hacia el Centro Federal de Readaptación Social Número 15, ubicado en Carretera Federal 200, Carretera Tapachula-Arriaga, kilómetro 229, Colonia Carretera Federal 200, Villa Comaltitlán, Código Postal 30620, Chiapas, México, misma que fue realizada el nueve Enrique Camacho Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.7b 21/07/22 14:58:29 14 JUZGADO OCTAVO EXP. 234/2022 de febrero de dos mi veintidós, y toda vez que no se tiene la certeza de que la autoridad jurisdiccional haya calificado la legalidad del traslado de que se duele, lo procedente es que el peticionario del amparo promueva una "controversia judicial" en términos del artículo 117, fracción III de la ley reglamentaria, a fin de que sea la autoridad jurisdiccional correspondiente, quien resuelva respecto de sus derechos implicados. Ello, porque dicho medio de impugnación tiene la potencialidad de confirmar, modificar o revocar las ordenes de traslados; así mismo, tiene el alcance de conceder la suspensión de la determinación administrativa que ordena el traslado urgente o excepcional. Y en caso que el juez responsable hubiera calificado como legal el traslado, entonces agotar el recurso ordinario previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal en su artículo 132, fracción VII, que procede en contra de las determinaciones que se dicten en materia de traslado. En ese sentido se ha pronunciado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al afirmar que el artículo 117, fracción III del ordenamiento en cita dispone que las personas privadas de su libertad podrán presentar la controversia judicial contra las cuestiones relacionadas con sus derechos en materia de traslados y que de resultar desfavorable la decisión judicial, podrán interponer el recurso de apelación, de conformidad con el artículo 132 fracción VII, de esa legislación, a fin de que esa resolución pueda ser en su caso, confirmada, modificada o revocada por un tribunal de alzada. En esa tesitura, si el quejoso no observó lo que establecen los artículos 115 y 117, fracciones I y III, así como 132 fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, previo a acudir a esta vía constitucional resulta manifiesto e indudable que se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere las precitadas fracciones XVIII y XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación a lo aquí expuesto, la Jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia Enrique Camacho Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.7b 21/07/22 14:58:29 15 JUZGADO OCTAVO EXP. 234/2022 de la Nación, publicada en la página doscientos treinta, del Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Materias Común, Penal, Décima Época, con registro 2018548, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad." De igual forma tiene aplicación la tesis 1a. XXIV/2021 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Junio de 2021, Tomo IV, página 3506, con registro 2023190, de rubro y texto siguiente: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 52 Y 117, FRACCIÓN III, DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN Enrique Camacho Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.7b 21/07/22 14:58:29 16 JUZGADO OCTAVO EXP. 234/2022 PENAL, ES EL MEDIO DE DEFENSA IDÓNEO PARA IMPUGNARLA, AUN CUANDO EL AFECTADO NO TENGA UNA RESOLUCIÓN TANGIBLE QUE RECURRIR Y, POR TANTO, DEBE AGOTARLO ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Hechos: Una persona privada de la libertad en un centro penitenciario, promovió juicio de amparo indirecto con el argumento de que la autoridad administrativa le había notificado verbalmente una orden para trasladarlo del centro en que se encontraba interna a uno diverso. La demanda se desechó de plano, al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó el medio de defensa regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio constitucional. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la controversia judicial, regulada en los artículos 52 y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es el medio de defensa idóneo para combatir la orden de traslado que se emite sin autorización judicial previa, aun cuando el afectado alegue que sólo se le notificó verbalmente ese acto y no tenga una resolución tangible que recurrir, porque ese recurso tiene potencial para confirmar, modificar o revocar la determinación de traslado, sin rebasar los requisitos que la Ley de Amparo prevé en el artículo 61, fracción XX, y por ello, debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto. Justificación: El artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad penitenciaria tiene facultad para ordenar y ejecutar el traslado de un centro penitenciario a otro, sin autorización judicial previa, en los supuestos de urgencia y excepción que señala el primero de los preceptos citados, esto es, tratándose de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, ya que en esos supuestos se autoriza a la autoridad administrativa para que el control judicial se realice dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ejecución del traslado. En ese contexto, dado que el control judicial se reserva para un momento posterior a que es ejecutado el traslado, es válido considerar que, sin perjuicio de las hipótesis enunciadas, cuando se presenten casos en que la persona privada de la libertad reclame una orden de traslado que no se materializó, ni se tenga certeza de la calificación que sobre su legalidad emite la autoridad jurisdiccional, como sucede cuando se alega que la autoridad administrativa sólo comunicó de forma verbal esa medida, lo procedente será que el afectado promueva la controversia judicial a que se refiere el precepto 52 en cita, ya que de conformidad con el artículo 117, fracción III y último párrafo, de la ley mencionada, la persona privada de la libertad puede intentar el aludido medio de defensa y hacer valer cualquier cuestión relacionada con la afectación a sus derechos en materia de traslado, en el momento de la notificación de ese acto, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando no hubiera sido notificado previamente. Asimismo, de los artículos 122 y 124, de la propia ley en cita, se destaca que el afectado puede solicitar la suspensión de la orden del traslado mediante petición simple en el escrito inicial de la controversia judicial y la autoridad judicial podrá, si lo considera pertinente, conceder la medida cautelar de manera inmediata hasta en tanto se resuelve en definitiva, o incluso, pronunciarse de oficio, Enrique Camacho Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.7b 21/07/22 14:58:29 17 JUZGADO OCTAVO EXP. 234/2022 con lo cual evitará que la controversia quede sin materia. De igual forma, se entiende que la referida orden de traslado sin autorización judicial previa no carece de fundamentación, ni se traduce en una violación directa a la Constitución General, porque las hipótesis en que puede ejecutarse están previstas en la citada ley especial, y se trata de un acto que emite una autoridad competente dentro del correspondiente procedimiento. Lo que lleva a concluir que la controversia judicial es un medio de defensa idóneo para impugnar y suspender los efectos de la orden de traslado urgente o excepcional cuando no se cuenta con la resolución en la que la autoridad judicial califique la legalidad del acto, ya que no rebasa las previsiones del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, sin soslayar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el artículo 132, fracción VII, prevé la procedencia del recurso de apelación en caso de inconformidad con la resolución que decida la controversia judicial, por lo que, el afectado tiene la obligación de agotar los referidos medios de defensa previamente a acudir a la instancia constitucional." En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracciones XVIII y XX, de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 113 de la citada ley de la materia. Domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa. Ahora bien, no ha lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones el correo electrónico que señala, pues no es considerado como una forma de notificar a las partes, ya que no es propiamente un domicilio para que aquéllas lo señalen como domicilio procesal; por tanto, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de tres días contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la legal notificación del presente proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en el lugar de residencia de este órgano jurisdiccional, apercibiéndola para que en caso de no hacerlo así, se le harán las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 27 y 29 de la Ley de Amparo, sin ulterior acuerdo. Sin embargo, en relación a su petición de señalar el correo electrónico lic_alodelreal@hotmail.com, a fin de que por esa vía se realicen las notificaciones, debe señalarse que si bien, el correó Enrique Camacho Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.7b 21/07/22 14:58:29 18 JUZGADO OCTAVO EXP. 234/2022 electrónico no es una de las formas de notificación de conformidad con lo señalado en el artículo 26 de la Ley de Amparo, atendiendo al estado de emergencia sanitaria por causa mayor de la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-COV2(COVID-19), y conforme al Acuerdo 8/2020 del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a efecto de resguardar la integridad y salud del personal adscrito a éste órgano jurisdiccional y de las partes, REALÍCESE POR ÚNICA OCASIÓN la notificación del contenido del presente acuerdo a través del correo electrónico señalado por el promovente, por lo tanto se comisiona al actuario judicial adscrito a efecto de que realice las gestiones correspondientes.; sin que con lo anterior se contravenga lo acordado en párrafos que preceden, respecto a la notificación por lista. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Autorizados. Téngase por autorizadas a las personas que indica para los efectos precisados, hasta en tanto acrediten haber registrado su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que si ya lo hizo, podrán válidamente promover en términos amplios del dispositivo legal invocado. Exhortación a las partes para continuar la tramitación del juicio mediante del uso de su Firel o E.firma (antes Fiel). De conformidad con el artículo 1, fracción I, párrafo tercero del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgador exhorta a la parte quejosa, para que, de ser posible, continúe la tramitación del presente juicio de amparo a través del sistema de "juicio en línea", es decir, mediante el uso de Enrique Camacho Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.7b 21/07/22 14:58:29 19 JUZGADO OCTAVO EXP. 234/2022 los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, páralo cual, podrán consultar el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda Y, de no ser posible lo anterior, por no contar con alguna firma electrónica, en términos del artículo 2º, fracción XIX del invocado Acuerdo General, proporcionen algún correo electrónico al que se le puedan hacer llegar subsecuentes comunicaciones, así como el nombre y teléfono de la persona responsable del mismo, a fin de estar en posibilidad de confirmar la recepción de cualquier comunicación que les sea enviada por este medio. Con la precisión de que, lo anterior no implica que esa información (correo electrónico y número telefónico), sustituya los requisitos precisados con anterioridad, para la tramitación del juicio en línea, sino que facilitará el contacto con las partes, por lo que se autoriza a los Actuarios para que prioritariamente realicen las notificaciones a través de medios electrónicos, con la razón actuarial correspondiente. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que se incorporen al expediente la totalidad de las constancias que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, en el entendido de que la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Se ordena al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico en caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas. Devolución de documentos. Enrique Camacho Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.7b 21/07/22 14:58:29 20 JUZGADO OCTAVO EXP. 234/2022 Se hace del conocimiento de la parte oferente de documentos originales, que al concluirse el presente juicio deberá recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio, en términos de los capítulos séptimo y octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el entendido que de no hacerlo, se destruirán en términos de los artículos 18 y 20, del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Se precisa que no se consideran como documento original la carta poder manuscrita, ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Finalmente, se ordena al Actuario Judicial adscrito que vincule de inmediato la totalidad de las constancias de notificación que integran el sumario constitucional en que se actúa.1 1 Sustenta dicha orden lo establecido en el Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, en la parte relativa a la Descripción del Puesto de Actuario Judicial, apartado II.2 relativo a las funciones, el cual en el punto Enrique Camacho Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.7b 21/07/22 14:58:29 21 JUZGADO OCTAVO EXP. 234/2022 Notifíquese.

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