Bertha Barajas Islas
Expediente 670/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 670/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 22/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Bertha Barajas Islas
- Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
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Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintidós de junio de dos mil veintidós. Por recibido el escrito firmado por Bertha Yeni Hernández Barajas, en representación de la quejosa Bertha Barajas Islas, mediante el cual solicita la devolución de los documentos exhibidos en el presente asunto. En su atención, la promovente deberá estarse a lo ordenado en auto de treinta de noviembre de dos mil veinte, en el que se proveyó al respecto. En el entendido que ante la situación de emergencia en la que se encuentra el país con motivo de la pandemia del virus SARSCoV2, se solicita a la promovente que para comparecer personalmente ante este juzgado de distrito a efecto de recibir las constancias que refiere, se le hace saber que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3° del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid- 19, está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre Servicios jurisdiccionales, sistema Agenda OJ, en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles de cada órgano jurisdiccional, para que el público en general pueda generar una cita para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos; por ende, si es su OSCAR ELGUERA ROSAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.cf.86 03/10/22 23:30:38 2 JUZGADO OCTAVO EXP. 670/2020 intención recoger de manera personal los documentos que solicita, deberá acceder a dicho portal y realizar las gestiones relativas para la obtención de una cita ante este juzgado. Finalmente, se tienen por autorizadas a las personas que refiere para su recepción. Notifíquese.
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Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98, con relación al 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de trece de noviembre de dos mil veinte, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Bertha Yeni Hernández Barajas, en representación de Bertha Barajas Islas, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2 Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y una vez que se encuentren agregadas la totalidad de las constancias, archívese este expediente como total y definitivamente concluido. Transferencia. Transferencia. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 21, párrafo primero, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las.disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo destrúyase dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del citado numeral y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación del propio Consejo. Clasificación documental. Por otra parte, en cumplimiento a lo que establece el artículo 35, del Acuerdo General Conjunto señalado en el párrafo precedente, este expediente a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Destrucción. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente es destruible, al ubicase en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso d) del Acuerdo General citado. Finalmente, en caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales, en términos del artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se requiere a la parte oferente del mismo para que presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a la notificación del presente proveído. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del artículo 21, párrafo segundo, de ese Acuerdo. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Notifíquese...MESA 0
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Naucalpan de Juárez, Estado de México, trece de noviembre de dos mil veinte. Razón actuarial. Agréguese a los autos la razón de once de noviembre de dos mil veinte, del actuario judicial adscrito a este juzgado de distrito, en cumplimiento al auto emitido en veintitrés de octubre de dos mil veinte, en la cual se advierte que la quejosa Bertha Barajas Islas, ratificó la demanda presentada a su favor por Bertha Yeni Hernández Barajas, en consecuencia, se acuerda lo relativo al escrito de mérito en los siguientes términos: Desechamiento de la demanda. Previo a la admisión de la demanda, es necesario examinar si ésta colma los requisitos indispensables para su procedencia, o bien si se actualiza algún motivo manifiesto e indudable para estimar lo contrario, de acuerdo con lo establecido en el artículo 62, con relación a los numerales 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo expuesto, diversos tribunales de la Federación, se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Lo anterior encuentra apoyo, en lo conducente, en la jurisprudencia VI.2º. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, agosto de 1994, Octava Época, página 64, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." Así como la tesis I.1o.A. J/4 de la Novena Época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII (mayo de 1998), página 890, de rubro y texto: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese contexto, de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: "IV. ACTO RECLAMADO.- el acto de molestia que se reclama, es el auto mediante el cual, la juez de conocimiento determino desechar la demanda de alimentos, promovida en contra de Maribel, Bertha Yeni y Valentín Alejandro, todos de apellidos Hernández barajas, preciso a su señoría, que no se proporciona la fecha del auto de referencia ya que hubo un error mecanográfico por parte del juzgado de origen, al poner una fecha, que no concuerda por el escrito mediante el cual, se pretendió desahogar la prevención de la juez, del conocimiento, el 31 de agosto de 2020. ". De lo anterior, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, aduciendo que el quejoso está obligado a agotar el principio de definitividad. Con el fin de analizar dicho motivo de improcedencia, resulta necesaria la remisión al texto del artículo referido, mismo que, a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo" En dichos preceptos se establece la regla general de procedencia del juicio de amparo en que se reclaman actos emitidos por los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuya ejecución sea de imposible reparación, contra los que, conforme a las leyes que los rijan, procede algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Asimismo, dispone la citada fracción de la ley reglamentaria cuatro casos de excepción a dicha regla. En esencia, dichas disposiciones contienen el principio de definitividad que rige al juicio de amparo e implica que previamente a la solicitud de protección de la Justicia Federal el gobernado debe agotar las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción ahí previstos. Así, el principio de definitividad encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, mientras que los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y solo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio constitucional. Lo que se traduce en que, si pasando por alto esas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos emitidos por autoridades tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que agotaran esos medios de defensa, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades de las autoridades aludidas, lo que desnaturalizaría el juicio constitucional para establecerlo como una instancia más. Por consiguiente, a efecto de que se actualice la causa de improcedencia en comento, deben concurrir los elementos que a continuación se enuncian: 1. Que se trate de un acto emitido por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. 2. Que proceda contra el mismo algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, que al efecto la ley ordinaria establezca. Por lo anterior, se considera que el auto de veintisiete de julio de dos mil veinte, por el que se desechó la demanda de alimentos promovida por la quejosa, dictado por la Juez Primero Familiar del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, dentro del expediente número 684/2020, que reclama la parte quejosa es susceptible de ser combatida a través del recurso de queja, previsto por el artículo 1.393 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, el cual tiene por efecto que si se declara fundada la queja, se ordenará admitir la demanda o apelación, de conformidad con el artículo 1.398 del citado código. Lo anterior pues el artículo 1.393 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, a la letra precisa: "Artículo 1.393. El recurso de queja tiene lugar contra resoluciones del Juez cuando: I. No admite una demanda; II. Deniega una apelación." Como se observa, el auto aquí reclamado consistente en el auto de veintisiete de julio de dos mil veinte, por el que se desechó la demanda de alimentos promovida por la quejosa, dictado por la Juez Primero Familiar del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, dentro del expediente número 684/2020, es susceptible de ser reclamable, de conformidad con el precepto legal antes citado, por tanto, la quejosa tenía la posibilidad de interponer el medio de defensa idóneo si considera que le causó agravio la resolución que ahora combate en la instancia constitucional; entonces, es inconcuso que la ocursante no cumplió con el principio de definitividad ya citado, en atención a que el acto reclamado era susceptible de modificarse o confirmarse a través del recurso de queja, conforme a lo previsto en el citado numeral 1.393 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Lo anterior es así, porque conforme con la naturaleza del auto reclamado, es de considerarse que éste es susceptible de impugnarse a través del referido recurso de queja; consecuentemente, al no cumplirse con el principio de impugnación que rige todo proceso, es de concluirse que tal proveído admite la posibilidad de ser combatido mediante el recurso aludido. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1ª./J.44/2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página setecientos veintinueve, X julio de dos mil doce, , Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguiente: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." Asimismo, Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J.11/2018, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ocho, tomo I, junio de dos mil dieciocho, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguiente: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Por consiguiente, si en autos consta que la parte quejosa, no interpuso el recurso de queja antes de promover el juicio de amparo indirecto que se revisa, debe concluirse que incumplió con el principio de definitividad establecido en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 61, fracción XVIII, de la Ley de la materia. En tales condiciones, al ser manifiesta e indudable la improcedencia invocada, con apoyo en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la presente demanda de amparo promovida por Bertha Barajas Islas, por propio derecho. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintitrés de octubre de dos mil veinte. Desahogo de prevención. Agréguese a los autos el escrito signado por Bertha Yeni Hernández Barajas, quien se ostenta como apoderada de Bertha Barajas Islas, por medio del cual pretende desahogar la prevención formulada en auto de cinco de octubre de dos mil veinte, atento a su contenido, se acuerda: Debe indicarse que mediante proveído de cinco de octubre de dos mil veinte, se previno a la parte quejosa para los siguientes efectos: ".Por lo anterior, con fundamento en los artículos 108, fracción I y 114, fracciones II y III, de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente Bertha Yeni Hernández Barajas para que en el plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, del documento idóneo con el que acredite su representación, en el entendido que deberá anexar también las copias de traslado correspondientes del documento con el que cumpla la prevención. Asimismo, dado que la peticionaria de amparo es parte en el juicio de origen, indique si el auto que ahora reclama (auto de desechamiento), está firme, y de ser posible proporcione copia íntegra del mismo, o bien, en el escrito de desahogo, bajo protesta de decir verdad, copie el contenido del mismo. Ahora bien, del escrito aclaratorio de cuenta, se advierte que la promovente fue omisa en desahogar una parte del requerimiento formulado, pues lo hace en forma parcial, lo anterior es así, ya que no exhibió documento idóneo para acreditar su personalidad, toda vez que únicamente anexa una carta poder firmada ante dos testigos, la cual no es eficaz para que se le reconozca el carácter en materia civil, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Amparo, la representación deberá acreditarse en los mismos términos que determine la Ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado, es decir, en términos de lo establecido en el TITULO NOVENO, Del mandato, CAPÍTULO I, Disposiciones Generales del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México. En consecuencia, y a efecto de no dejar en estado de indefensión a la quejosa la cual se encuentra en un estado de vulnerabilidad, se comisiona al actuario judicial de este juzgado de distrito, para que se constituya en el domicilio de la quejosa Bertha Barajas Islas, ubicado en Calle Naucalpan manzana diecisiete lote nueve, en la Colonia Segor, en Ecatepec, Estado de México, a efecto de que la requiera en el acto de la notificación, con copia de la demanda de amparo interpuesta en su nombre, a fin de que la ratifique, o lo haga dentro del término de tres días, legalmente computados, apercibida que de no hacerlo, se tendrá por no presentada la demanda. Sirve de apoyo, la Tesis: III.2o.C.38 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página 1136 del Tomo II, Diciembre de 2019 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Registro: 2021300, cuyo rubro y texto son los siguientes: "PERSONA MAYOR DE EDAD CON DISCAPACIDAD. CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO CONOCE DE UNA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA EN NOMBRE DE ÉSTA, POR CONDUCTO DE QUIEN NO ES SU REPRESENTANTE LEGAL, DEBE ORDENAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA NOTIFICARLE PERSONALMENTE E INFORMARLE SOBRE LA EXISTENCIA DE AQUÉLLA, Y PREVENIRLA PARA QUE POR SÍ, O BIEN, POR CONDUCTO DE QUIEN LA APOYE EN LA TOMA DE DECISIONES, LA RATIFIQUE O NO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha expresado en diversos precedentes que en el modelo social de discapacidad, la prioridad es la dignidad de las personas. Así, cuando al Juez de Distrito le corresponda conocer de una demanda de amparo indirecto promovida en nombre de una persona con discapacidad mayor de edad por conducto de quien no es su representante legal y sin exhibir documento alguno en torno al estado de aquélla, debe alejarse de toda visión estereotipada en torno a las personas con discapacidad respecto a la aptitud de gobernarse por sí mismas, y partir de la base de que todo individuo mayor de edad, en principio, ejerce plenamente su derecho a la capacidad jurídica; por ende, debe ordenar la realización de todos los actos necesarios para notificar personalmente a la persona en cuyo nombre se promovió la demanda para informarle sobre la existencia de la misma, y prevenirla para que por sí, o bien, por conducto de quien la apoye en la toma de decisiones, ratifique o no la demanda de amparo indirecto para que, en caso de lograr dicha ratificación, las diligencias subsecuentes sean realizadas directamente con la persona afectada por el acto de autoridad o por su representante. De no proceder así, deben considerarse vulneradas las reglas fundamentales que norman el procedimiento constitucional por parte del Juez de Distrito, en términos del artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, al permitir el ejercicio de la acción constitucional en nombre de una persona cuya voluntad no ha sido conocida." NOTIFÍQUESE.
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