Betuel Elihu Aranda Rodríguez

Expediente 1244/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1244/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
29/11/2022

Partes del expediente

  • Betuel Elihu Aranda Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se desprende que transcurrió el término de cinco días que concede el artículo 98, con relación al 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Betuel Elihu Aranda Rodríguez, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes, con fundamento en ENRIQUE CAMACHO FLORES 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.52.95 30/07/23 18:30:39 2 JUZGADO OCTAVO EXP. 1244/2022 el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2. Integración del expediente, anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y una vez que se encuentren agregadas la totalidad de las constancias, archívese este expediente como total y definitivamente concluido. Transferencia. Ahora bien, de conformidad con el capítulo segundo, punto cuarto, en relación con el capítulo segundo, artículo 5, en relación con el capítulo tercero, artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, una vez que transcurra el término de tres años de archivo del presente expediente, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación; lo anterior, por no ubicarse en ninguno de los supuestos que establece el artículo 18, capítulo séptimo del citado acuerdo. Clasificación documental. Por otra parte, en cumplimiento a lo que establece el artículo 35, del Acuerdo General Conjunto señalado en el párrafo precedente, este expediente a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Destrucción y depuración. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente es destruible por haberse desechado la demanda de amparo por notoriamente improcedente, ya que se ubica en la hipótesis prevista en el ENRIQUE CAMACHO FLORES 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.52.95 30/07/23 18:30:39 3 JUZGADO OCTAVO EXP. 1244/2022 Amparo indirecto 1244/2022 ??????????????? artículo 21, párrafo primero, inciso d) del Acuerdo General citado. Notifíquese por medio de lista al quejoso.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Recepción de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Betuel Elihu Aranda Rodríguez, contra actos que reclama del Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México. Registro. En consecuencia, fórmese expediente y regístrese en este juzgado con el consecutivo 1244/2022, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Consideraciones previas. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene este juzgador de examinar en su integridad la demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Los artículos precisados son del tenor literal siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de DIANA SELENE MEDINA HERNANDEZ 70.6a.66.20.20.74.65.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.20.06 25/05/24 18:00:00 2 JUZGADO OCTAVO EXP. 1244/2022 amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo expuesto por diversos tribunales de la Federación, éstos se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En este sentido, a fin de explicar el concepto de motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, cuyo rubro y texto a la letra dicen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." DIANA SELENE MEDINA HERNANDEZ 70.6a.66.20.20.74.65.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.20.06 25/05/24 18:00:00 3 JUZGADO OCTAVO EXP. 1244/2022 De conformidad con el artículo 62, de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público que debe estudiarse por el juzgador, aun de oficio, lo aleguen o no las partes. Causal de improcedencia advertida. Ahora, de la lectura integra de la demanda de amparo hecha valer por la promovente, se advierte que que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)." Partiendo de la premisa que el juicio constitucional de amparo es de carácter extraordinario, su procedencia y tramitación se rige por reglas especiales y por principios fundamentales que lo estructuran, entre los que se encuentra el principio de definitividad, conforme al cual, el juicio de amparo procede, por regla general, únicamente en contra de actos definitivos, es decir, respecto de los DIANA SELENE MEDINA HERNANDEZ 70.6a.66.20.20.74.65.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.20.06 25/05/24 18:00:00 4 JUZGADO OCTAVO EXP. 1244/2022 cuales no exista recurso o medio ordinario de defensa por el cual puedan ser anulados, modificados o revocados los actos reclamados. En ese sentido el principio de definitividad obliga al quejoso a agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para revocar, nulificar o modificar el acto que reclama antes de acudir al juicio de amparo, de tal suerte que, al existir un medio ordinario de impugnación, sin que lo haya agotado el amparo resulta improcedente. Así, se tiene que respecto de los actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, dicho principio se encuentra consagrado en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el cual establece la improcedencia del juicio de garantías en aquellos casos en los que el gobernado promueve el juicio constitucional al impugnar un acto emanado de dichos órganos jurisdiccionales, sin haber agotado previamente el recurso que corresponda conforme a la ley que rija tales actos. Ahora, de una acuciosa lectura de la fracción en comento, se advierte que el legislador estableció como presupuestos para que se actualice la causa de improcedencia referida, los siguientes: a) Que el acto reclamado provenga de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo. b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa. c) Que ese recurso o medio ordinario de defensa se contemple dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada. d) Que por virtud de dicho medio ordinario de defensa, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. e) Que no se surta en la especie alguna de las excepciones al principio de definitividad. Es aplicable al caso la jurisprudencia I.4o.C. J/25, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 361, del tomo IV, segunda parte-1, julio- DIANA SELENE MEDINA HERNANDEZ 70.6a.66.20.20.74.65.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.20.06 25/05/24 18:00:00 5 JUZGADO OCTAVO EXP. 1244/2022 diciembre de 1990, del Semanario Judicial de la Federación, octava época, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución." En ese contexto, lo procedente es verificar si en el caso en estudio se actualizan los aludidos elementos: a) Que el acto reclamado provenga de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo. Este requisito se encuentra satisfecho, porque el acto reclamado proviene del Juez Primero Civil y de Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, es decir, de un tribunal judicial. b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa. En el caso, el acto reclamado consiste en: "PRIMERO. AUTO de fecha VEINTE DE SEPTIEMBRE de la presente anualidad y con motivo del turno que para sentencia se ordenó dentro del juicio de desahucio con número de expediente 4/2022 cuantía menor radicado en el Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México. SEGUNDO. AUTO de fecha VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE de la presente anualidad con motivo del recurso de apelación interpuesto en tiempo y forma en contra del auto antes citado que deja sin efectos todo lo actuado dentro del juicio principal hasta el incidente de nulidad de notificaciones promovido por ANA GABRIELA HERNANDEZ GONZALES o ANA GABRIELA GONZALEZ HERNANDEZ. Mismo recurso de apelación que fue negado por el Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México." Esto es, de las manifestaciones que realiza la parte quejosa, se desprende que acude a reclamar la afectación que le causa el acuerdo de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, por el cual, DIANA SELENE MEDINA HERNANDEZ 70.6a.66.20.20.74.65.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.20.06 25/05/24 18:00:00 6 JUZGADO OCTAVO EXP. 1244/2022 la autoridad responsable no dio trámite al recurso de apelación que presentó la aquí quejosa en contra del diverso auto de veinte de septiembre de dos mil veintidós, bajo el argumento de que este auto no se encontraba previsto como apelable con dicho medio de impugnación, en la legislación aplicable Al respecto, debe decirse que el procedimiento se rige conforme lo establecido en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, en el cual, la fracción III del artículo 1.393 establece lo siguiente: "Artículo 1.393. El recurso de queja tiene lugar contra resoluciones del Juez cuando: (.). II. Deniega una apelación." De la transcripción anterior se advierte, que en la fracción aludida se prevé el recurso de queja en contra de las determinaciones que nieguen dar trámite a los recursos de apelación. Por tanto, es claro que en el caso, la ley prevé el recurso de queja en contra del acto que reclama el aquí quejoso, es decir, el auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, por lo que estaba obligado a agotar ese medio de defensa, cuya tramitación esta prevista en los artículos 1.393 al 1.398, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México Por lo que es evidente, que conforme a los preceptos legales citados, en contra del acto reclamado procedía el recurso de queja, pues fue dictado en un juicio con motivo del recurso de apelación interpuesto por el aquí peticionario de amparo, por tanto, si el impetrante de amparo decidió impugnar el auto de veinte de septiembre de dos mil veintidós, que determinó deja sin efectos todo lo actuado dentro del juicio 4/2022 hasta el incidente de nulidad de notificaciones promovido por Ana Gabriela Hernandez Gonzales o Ana Gabriela González Hernandez, mediante el recurso de apelación; y, el juez responsable determinó en el acto reclamado no darle trámite por considerar que no era el recurso idóneo, el quejoso estaba obligado a agotar el medio de defensa ordinario antes de acudir a la presente instancia Constitucional. c) Que ese recurso o medio ordinario de defensa se DIANA SELENE MEDINA HERNANDEZ 70.6a.66.20.20.74.65.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.20.06 25/05/24 18:00:00 7 JUZGADO OCTAVO EXP. 1244/2022 contemple dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada. Como se evidenció en el punto anterior, el recurso de queja está contemplado en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, codificación aplicable al auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio 4/2022, promovido por Betuel Elihu Aranda Rodríguez, en contra de Ana Gabriela Hernandez Gonzales o Ana Gabriela González Hernandez, aunado a que dicho medio de defensa se interpone ante el juzgado que conoce de ese procedimiento. d) Que por virtud de dicho medio ordinario de defensa, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Este requisito también se encuentra satisfecho, pues dada la naturaleza del recurso de queja, tiene como finalidad que el tribunal confirme, revoque o modifique la resolución del juez de origen. e) Que no se surta en la especie alguna de las excepciones al principio de definitividad. En el caso en estudio, no se actualiza ninguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad, pues el acto reclamado no se encuentra contemplado en el artículo 22 Constitucional; tampoco consiste en alguna resolución que afecte la libertad personal del quejoso; ni se encuentra en el supuesto de persona extraña al juicio; así como tampoco la procedencia del recurso de queja por denegada apelación tiene interpretación adicional ni sus fundamentos legales son insuficientes; de ahí que se actualice la causa de improcedencia en estudio. Resulta aplicable la jurisprudencia I.6o.C. J/37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, del tomo XV, mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste DIANA SELENE MEDINA HERNANDEZ 70.6a.66.20.20.74.65.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.20.06 25/05/24 18:00:00 8 JUZGADO OCTAVO EXP. 1244/2022 debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Así como la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, consultable en la página 37, del Volumen XII, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, séptima época, del siguiente tenor literal: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." También resulta aplicable a lo anterior, la tesis I.3o.C.25 K (10a.), sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Primer Circuito, publicada en la página 2055, del tomo 3, libro XVIII, marzo de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, decima época, que dice: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. CONTRA ACTOS EN JUICIO CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, FUERA DE JUICIO O DESPUÉS DE CONCLUIDO, DEBE AGOTARSE EL RECURSO PROCEDENTE CUANDO SEA DE TRAMITACIÓN INMEDIATA, RESULTE IDÓNEO, EFICAZ Y SE RESUELVA EN UN TIEMPO RAZONABLE AUNQUE NO TENGA EL EFECTO DE SUSPENDER LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Conforme a lo dispuesto en la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, cuando en el juicio de amparo se reclamen actos jurisdiccionales cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, deberán agotarse previamente los recursos que en su caso procedan, y no se establece expresamente como excepción a esta obligación legal que dichos recursos deban suspender o no el acto reclamado, como sí acontece tratándose de los actos previstos en la diversa fracción IV del mismo precepto para la materia administrativa. Por otro lado, mediante la jurisprudencia 1a./J. 44/2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro indica: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL.", se definió que los actos de ejecución irreparable no se ubican en un supuesto de excepción al principio de definitividad. En consecuencia, se deduce que, tratándose de actos de tribunales judiciales en materia civil, previo a la promoción del juicio de amparo contra actos dictados en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, deben agotarse los recursos que en su caso procedan conforme a la ley procesal que rija la DIANA SELENE MEDINA HERNANDEZ 70.6a.66.20.20.74.65.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.20.06 25/05/24 18:00:00 9 JUZGADO OCTAVO EXP. 1244/2022 actuación del órgano jurisdiccional responsable, siempre que por su forma de tramitación sea inmediata, resulte idóneo, eficaz y se resuelva en un tiempo razonable aunque no tenga como consecuencia la suspensión inmediata de la ejecución y consecuencias de la resolución materia del recurso porque sólo se admita en el efecto devolutivo y no en el suspensivo." Por tanto, la denegada apelación siempre será susceptible de ser impugnada a través del recurso de queja, ya que ello tiende a proteger a las partes de que un tribunal inferior les deniegue injustificadamente su derecho a apelar y que se dé por sentado previamente lo que en realidad constituirá el punto de debate del recurso de queja, es decir, si el auto recurrido era o no apelable. Consecuentemente el quejoso se encontraba obligado a agotar el principio de definitividad como se ha explicado en líneas que anteceden, lo que no aconteció. Desechamiento demanda de amparo. Por tanto, no hay excepción que permita suprimir la definitividad para acudir al juicio de amparo indirecto; en consecuencia, si el acto reclamado en estudio no fue impugnado a través del medio ordinario de defensa que prevé la codificación de la materia, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; se desecha la presente demanda de amparo promovida por Betuel Elihu Aranda Rodríguez. Domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa. Por otro lado no ha lugar, a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones los que señala, pues el correo electrónico y número telefónico que proporciona no son una forma de notificar a las partes, por ello, mientras no señale un domicilio en la residencia de este órgano jurisdiccional, las notificaciones que se le deban hacer, incluso las de carácter personal, se le realizarán a través de las listas que se publiquen en este juzgado, de acuerdo a lo previsto en los artículos 27 y 29 de la Ley de Amparo. DIANA SELENE MEDINA HERNANDEZ 70.6a.66.20.20.74.65.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.20.06 25/05/24 18:00:00 10 JUZGADO OCTAVO EXP. 1244/2022 No obstante, este órgano jurisdiccional toma conocimiento del correo electrónico y números telefónicos, que proporciona e promovente; los cuales serán utilizados en casos que así lo ameriten, lo anterior, ante la situación de emergencia en la que se encuentra el país con motivo de la pandemia del virus SARS-CoV2 y, precisamente, con el objetivo de evitar la aglomeración de personas en las instalaciones de las autoridades y evitar su propagación como una medida de prevención sanitaria Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Autorizados. Ténganse por autorizadas a las personas que indica para los efectos precisados, hasta en tanto acrediten haber registrado su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que, si ya lo hicieron, podrán válidamente promover en términos amplios del dispositivo legal invocado. Exhortación a las partes para continuar la tramitación del juicio mediante del uso de su Firel o E.firma (antes Fiel). De conformidad con el artículo 1, fracción I, párrafo tercero del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgador exhorta a la parte quejosa, para que, de ser posible, continúe la tramitación del presente juicio de amparo a través del sistema de "juicio en línea", es decir, mediante el uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, páralo cual, podrán consultar el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: DIANA SELENE MEDINA HERNANDEZ 70.6a.66.20.20.74.65.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.20.06 25/05/24 18:00:00 11 JUZGADO OCTAVO EXP. 1244/2022 https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/A yuda Y, de no ser posible lo anterior, por no contar con alguna firma electrónica, en términos del artículo 2º, fracción XIX del invocado Acuerdo General, proporcionen algún correo electrónico al que se le puedan hacer llegar subsecuentes comunicaciones, así como el nombre y teléfono de la persona responsable del mismo, a fin de estar en posibilidad de confirmar la recepción de cualquier comunicación que les sea enviada por este medio. Con la precisión de que, lo anterior no implica que esa información (correo electrónico y número telefónico), sustituya los requisitos precisados con anterioridad, para la tramitación del juicio en línea, sino que facilitará el contacto con las partes, por lo que se autoriza a los Actuarios para que prioritariamente realicen las notificaciones a través de medios electrónicos, con la razón actuarial correspondiente. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que se incorporen al expediente la totalidad de las constancias que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, en el entendido de que la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Se ordena al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico en caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas. Devolución de documentos. Se hace del conocimiento de la parte oferente de documentos originales, que al concluirse el presente juicio deberá recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio, en términos de los capítulos séptimo y octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las DIANA SELENE MEDINA HERNANDEZ 70.6a.66.20.20.74.65.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.20.06 25/05/24 18:00:00 12 JUZGADO OCTAVO EXP. 1244/2022 disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el entendido que de no hacerlo, se destruirán en términos de los artículos 18 y 20, del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Se precisa que no se consideran como documento original la carta poder manuscrita, ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Finalmente, se ordena al Actuario Judicial adscrito que vincule de inmediato la totalidad de las constancias de notificación que integran el sumario constitucional en que se actúa.1 Notifíquese.

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