Bertha Wolf Falk
Expediente 113/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 15 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 113/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 02/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Bertha Wolf Falk
- No Existe
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, dos de mayo de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el oficio de cuenta signado por la Jefa del Departamento Jurídico Fiscal de la Secretaría de Hacienda, con sede en la capital de esta entidad federativa, en representación de la responsable Recaudación de Rentas de San Buenaventura, Chihuahua, con el cual rinde su informe justificado; sin necesidad de emitir mayor proveído toda vez que el once de los actuales, se dictó sentencia.
- Incidental
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiuno de abril de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el oficio de cuenta signado por la Jefa del Departamento Jurídico Fiscal de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua, en representación de la responsable Recaudación de Rentas en el Municipio de Chihuahua capital, con el cual rinde informe previo; sin mayor acuerdo, toda vez que once de los actuales, se resolvió respecto de la suspensión definitiva de los actos reclamados a dicha responsable.
- Principal
Vistos para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 113/2022-II promovido por Bertha Wolf Falk por derecho propio, contra los actos y autoridades que más adelante se precisan por considerarlos violatorios de las garantías contenidas en los artículos 1, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y: R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado el veintiuno de febrero de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, Bertha Wolf Falk por derecho propio, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos del Juez Primero Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Galeana y del Recaudador de Rentas, ambos con sede en Nuevo Casas Grandes, Estado de Chihuahua, como ordenadora y ejecutora en ese orden, de quienes reclamó: "IV. Actos reclamados:. A) Ordenadora. 1. Reclamo el auto de diez de noviembre del año dos mil veintiuno, dictado en el expediente 610/2020, que me fue notificado mediante publicación de la lista del once de noviembre del mismo año dos mil veintiuno, relativo a la imposición de medios de apremio en mi contra, básicamente el que señala el artículo 96 del Código de Procedimientos Familiares, que es la imposición de una multa por la cantidad de $8,962.00 (ocho mil seiscientos sesenta y dos pesos 00/100), así como los posibles subsecuentes, como lo pueden ser incuso la privación de mi libertad mediante un arresto de hasta treinta y seis horas, sin siquiera existir los fundamentos legales que para ello invoca la autoridad señalada como responsable en dicho auto que se combate, además por considerar que resultan violatorios al principio de legalidad y debido proceso, tal y como lo señalaré en el cuerpo del presente documento. 2. El auto de primero de febrero del año dos mil veintidós, en el cual se me impone una multa por la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 0/100), como medida de apremio por no haber acudido ante la Trabajadora Social a que me practique el estudio socioeconómico ordenado por el Tribunal en fecha cuatro de enero del mismo año dos mil veintidós, dentro del expediente 610/2020 de su índice. B).Autoridad Ejecutora. En vía de consecuencia y por los propios vicios formales y legales de la autoridad señalada como ejecutora, se reclama la ejecución en mi contra y en mi perjuicio, de la orden dictada por el Juez Primero Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Galeana, dentro del expediente 610/2020 que se sigue en dicho Juzgado, orden del Tribunal que data de diez de noviembre del año dos mi veintiuno y, que fue notificada a la suscrita mediante publicación de las listas del Juzgado en fecha once de noviembre del dos mil veintiuno, relativo a la imposición de una multa equivalente a $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100), orden que pretende ejecutar la autoridad señalada como responsable Recaudador de Rentas de la localidad de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, mediante el mandamiento de ejecución, requerimiento de pago y embargo dictado en fecha dos de febrero del año dos mil veintidós, con número de "mujust emi. 1 ejer. 2022 cos. 1 no. De control 2022/49955" y que se notificó a la suscrita por medio del Oficial Ministro Ejecutor de dicha dependencia el día ocho de febrero del año dos mil veintidós en mi domicilio" (fojas 3 y 4). SEGUNDO. Demanda de amparo que por auto de veintidós de febrero del año en curso, se tuvo por recibida, se admitió a trámite y se registró bajo el juicio de derechos humanos fundamentales indirecto 113/2022; se solicitó informe justificado a las responsables, se indicó que no había lugar a tener a persona alguna como tercero interesado (fojas 14 a 17), se señaló fecha y hora para llevar acabo la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede, la cual concluye con el dictado de la presente sentencia; y C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua es competente para conocer y resolver el juicio de garantías que nos ocupa, en términos de lo dispuesto por los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, constitucionales; 1 fracción I, 35, 37 primer párrafo y 107 de la Ley de Amparo; 1, fracción VI, 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 adicionado por los diversos 3/2015, 12/2016 y 3/2021, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que se reclaman actos de autoridades con residencia en la ciudad de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua y cuya ejecución, pretende realizarse en la referida localidad, que está dentro del ámbito territorial en el que ejerce jurisdicción esta potestad federal de conformidad con el Acuerdo General mencionado y sus adicionados. Como sustento a lo dicho, se cita la tesis pronunciada por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1223, del Libro 25 Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, editado en diciembre de 2015, registro 2010698, de contenido: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE SEÑALE UNA PLURALIDAD DE ACTOS RECLAMADOS, ENTRE LOS CUALES SE ENCUENTRE UNO QUE DEBA TENER EJECUCIÓN MATERIAL, QUE INCLUSO YA SE EJECUTÓ, ASÍ COMO OTROS QUE NO LA REQUIERAN, SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA. El artículo 37 de la Ley de Amparo establece tres reglas de competencia por territorio de los Jueces de Distrito para conocer del juicio en la materia, en razón del acto reclamado, a saber: a) si requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado; b) si puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el Juez ante el que se presente la demanda; y, c) si no requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, acorde con el contenido integral, armónico y coherente del precepto citado, aunado al principio de continencia de la causa, se colige que cuando en el amparo indirecto se señale una pluralidad de actos reclamados, entre los cuales se encuentre uno que deba tener ejecución material, que incluso ya se ejecutó, por ejemplo, la orden de bloqueo de una cuenta bancaria y su materialización, así como otros que no la requieran, en principio, serán competentes para conocer del asunto, en su integridad, tanto el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde se ejecutó el acto reclamado, como aquel en cuya jurisdicción se presentó la demanda, respecto de los actos reclamados que no requieren ejecución material. Sin embargo, ante la falta de regulación expresa para ese tipo de supuestos, en observancia del principio pro persona, contenido en el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esa Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y al encontrarse involucrado en la especie el derecho humano de acceso a la justicia, consagrado en el diverso numeral 17 de la referida Carta Magna, se concluye que la competencia se surte en favor del Juez en cuya jurisdicción se presentó la demanda, porque de acuerdo con el sentido y alcance del derecho humano mencionado, la circunstancia de que el quejoso haya presentado su escrito ante la autoridad de amparo con competencia en uno de los territorios relacionados con el asunto, permite presumir fundadamente que ese juzgador federal es el de más fácil acceso material para dicha justiciable, respecto del otro, dado que el promovente optó por acudir ante él y no con el otro". SEGUNDO. En atención a lo dispuesto por el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, que establece: "La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado". Así como la tesis sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cincuenta y cinco, del tomo XIX, editado en abril de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los Juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Esta autoridad precisa como actos atacados de inconstitucionales, los consistentes en: Los autos de diez de noviembre de dos mil veintiuno y uno de febrero de dos mil veintidós, pronunciados por el Juez Primero Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Galeana, en el juicio ordinario familiar acción de divorcio, radicado bajo el expediente 610/2020, en los cuales el Juez responsable con fundamento en el artículo 96 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Chihuahua, impuso a Bertha Wolf Falk multas como medidas de apremio y ante los desacatos de determinaciones judiciales, como son los acuerdos de dos de julio del año próximo pasado y cuatro de enero de la anualidad en curso, en los que le ordenó se presentara ante la Psicóloga y Trabajadora Social adscritas al área de Trabajo Social de la Unidad de Estudios psicológicos y socioeconómicos del Distrito Judicial mencionado, a fin de que se le realizaran los estudios psicológicos y socioeconómicos respectivos, sanciones pecuniarias que fueron por un monto cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, es decir por $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos) cada una, así como su ejecución. Actos impugnados de inconstitucionales, que se advierten del contenido íntegro de la demanda de derechos fundamentales la cual constituye un todo, atento a lo expuesto en los capítulos de actos reclamados, antecedentes, preceptos constitucionales violados y conceptos de violación que la peticionaria narra en su escrito inicial. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, Tomo II, Procesal Constitucional, Volumen 2, Común, parte 2, Décima Primera Sección, Sentencias de amparo y sus efectos, página 1511, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Ahora bien, por razón de método, en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia del acto o actos reclamados y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que se adviertan en forma oficiosa por el juzgador para por último, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora tal aserto, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Sétimo Circuito, publicada en la página 68, del Tomo 76, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, correspondiente a abril de 1994, cuyo contenido y rubro son: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en el juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda, Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primero caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la Litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada, Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento". TERCERO. El Juez Primero Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Galeana, con sede en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, al rendir su informe justificado, manifestó: que son ciertos los actos reclamados, al efecto transcribió el auto de diez de noviembre del año inmediato anterior, pronunciado en el juicio de origen, del cual se advierte que impuso a la quejosa una de las multas que impugna de inconstitucionales. Como apoyo de su informe, la responsable remitió copia certificada de las constancia que integran el juicio de origen así como discos en formato "DVD" que contienen las audiencias efectuadas en el juicio natural, a las que se concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, toda vez que se trata de documentos públicos expedidos por autoridad en ejercicio y con motivo de sus funciones, las que dejan ver la existencia de los actos que se le atribuyen y por tanto se tienen por ciertos. Es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo II, Procesal Constitucional, Volumen 1, Común, Primera parte, Sexta Sección, Procedimiento de amparo indirecto, página 830, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Por su parte, el Recaudador de Rentas del municipio de Nuevo Casas Grandes, Estado de Chihuahua, fue omiso en rendir su informe de ley, no obstante estar debidamente notificado del oficio 2920/2022, con el cual se le solicitó, como se advierte de actuaciones (foja 43); por ende, se hace efectivo el apercibimiento contenido en proveído de veintidós de febrero último y, con fundamento en el párrafo cuarto del artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen por presuntivamente ciertos los actos de ejecución que le atribuye la solicitante de protección de derechos humanos. A fin de fundamentar lo anterior, se recurre a la tesis pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, visible en la página 2403, del Libro 72, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, editado en noviembre de 2019, registro digital 2021054, de contenido: "INFORME JUSTIFICADO EN EL AMPARO. EL HECHO DE QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO LO RINDA EN EL PLAZO OTORGADO PARA ELLO, NO DA LUGAR A DIFERIR LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL NI A HACER EFECTIVO, PREVIO A ÉSTA, EL APERCIBIMIENTO DE MULTA DERIVADO DE ESE INCUMPLIMIENTO. De conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, las hipótesis para diferir la audiencia constitucional por falta de rendición del informe justificado se circunscriben a aquellos casos en los que aún se encuentre transcurriendo el plazo otorgado para su rendición, así como cuando entre la data en que se rinda y la de celebración de la audiencia no hayan mediado por lo menos ocho días; sin embargo, no dispone que deba diferirse la audiencia constitucional cuando la autoridad responsable no haya rendido el informe correspondiente, si ya feneció el plazo previsto para ello, y menos aún que deba requerir nuevamente por su rendición; por el contrario, el precepto referido establece que ante la omisión de la responsable de rendirlo, deberá presumirse la certeza del acto que se reclame, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea, en sí mismo, violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1o. de la ley de la materia. En estas condiciones, no puede existir un auto de diferimiento por esa causa ni procede, previo a la audiencia constitucional, hacer efectivo el apercibimiento de multa, pues la facultad de sancionar económicamente a la autoridad responsable que no cumple con rendir el informe debe determinarse una vez celebrada la propia audiencia, porque será hasta ese momento cuando se refleje la consecuencia que ello provoca, como lo es, presumir como cierto el acto reclamado al resolver el juicio de amparo". CUARTO. A efecto de cumplir con lo establecido en el artículo 62, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se analizan los autos para determinar si en la especie se actualiza o no alguna causa de improcedencia de las previstas en el artículo 61 de la Ley invocada, de conformidad con la jurisprudencia 158 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 262, Parte VIII, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1985, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Este órgano jurisdiccional, en cuanto al acto reclamado al Juez Primero Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Galeana con residencia en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, consistente en el proveído de diez de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio ordinario familiar acción de divorcio radicado bajo el expediente 610/2020, en el que con fundamento en el artículo 96 fracción II del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Chihuahua, impuso a Bertha Wolf Falk multa por desacato al acuerdo de dos de julio del año próximo pasado, en el que le ordenó se realizara valoraciones psicológicas y que se presentara ante la Psicóloga social adscrita al área de Trabajo Social de la Unidad de Estudios psicológicos y socioeconómicos del Distrito Judicial Galeana, para que se le realizaran aquéllas, bajo el apercibimiento que de no comparecer dentro del término de tres días, se aplicarían en su contra y en su orden, los medios de apremio consistente en multa por cien veces el valor de la unidad de medida y actualización; acuerdo reclamado, en el que hizo efectivo dicho apercibimiento e impuso como sanción pecuniaria multa por $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos), considera que se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XIV párrafo primero del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]." De lo trascrito, se deduce que el juicio de amparo resulta improcedente en el supuesto de que no se promueva dentro de los términos que establece el artículo 17 de la ley de la materia, numeral que es de contenido: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.". En la especie, la impetrante reclama de la responsable ordenadora el acuerdo mencionado, en el que como se dijo, se le impuso como medida de apremio la multa indicada, por tanto el plazo para acudir a instar el juicio de derechos humanos fundamentales, es de quince días de conformidad con lo establecido en el artículo 17 párrafo primero transcrito, pues no es de los que se exceptúan en las fracciones de dicho precepto. Plazo que transcurrió a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del auto de diez de noviembre de dos mil veintiuno, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley de Amparo, numeral que a la letra dice: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". Estableciendo lo anterior, es de indicarse que del capítulo de actos reclamados de la demanda, la solicitante de protección de derechos humanos manifiesta lo siguiente: "B).Autoridad Ejecutora. En vía de consecuencia y por los propios vicios formales y legales de la autoridad señalada como ejecutora, se reclama la ejecución en mi contra y en mi perjuicio, de la orden dictada por el Juez Primero Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Galeana, dentro del expediente 610/2020 que se sigue en dicho Juzgado, orden del Tribunal que data de diez de noviembre del año dos mi veintiuno y, que fue notificada a la suscrita mediante publicación de las listas del Juzgado en fecha once de noviembre del dos mil veintiuno, relativo a la imposición de una multa equivalente a $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100), orden que pretende ejecutar la autoridad señalada como responsable Recaudador de Rentas de la localidad de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, mediante el mandamiento de ejecución, requerimiento de pago y embargo dictado en fecha dos de febrero del año dos mil veintidós, con número de "mujust emi. 1 ejer. 2022 cos. 1 no. De control 2022/49955" y que se notificó a la suscrita por medio del Oficial Ministro Ejecutor de dicha dependencia el día ocho de febrero del año dos mil veintidós en mi domicilio". Manifestaciones que en cuanto a la fecha exacta en que le fue notificado el acto reclamado que nos ocupa, se advierte con claridad lo fue el once de noviembre del año próximo pasado, por ende, dicha aseveración se tiene como una confesión de la quejosa en términos de lo dispuesto por los artículos 95 y 96, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, además se corrobora con las copias certificadas del juicio de origen, a las cuales como se indicó se les concede valor probatorio pleno, de las que se obtiene que efectivamente a la quejosa le fue notificado tal proveído el once noviembre de dos mil veintiuno, por lo que al día hábil siguiente surtió efectos dicha notificación en términos del numeral 114 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Chihuahua, por lo que es a partir del día posterior (quince de noviembre de dos mil veintiuno), en que empezó a transcurrir el plazo de quince días hábiles que la ley concede para promover la demanda de derechos fundamentales, y si ésta se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, el veintiuno de febrero del año en curso, como se advierte de la papeleta de turno de dicha oficina, es claro que se realizó cuando había fenecido el plazo de quince días que establece el numeral 17, de la ley de la materia para la promoción del juicio de solicitud de protección de derechos humanos, plazo que lo es del dieciséis de noviembre al seis de diciembre del año inmediato anterior, abarcando los días dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintinueve y treinta de noviembre, uno, dos y tres de diciembre, sin contabilizarse el quince, veinte veintiuno, veintisiete y veintiocho de noviembre, cuatro y cinco de diciembre, todas las datas de dos mil veintiuno, por ser sábados, domingos y no haber laborado este Juzgado de Distrito, en consecuencia fueron inhábiles de conformidad con el artículo 19, de la Ley de Amparo, empero la amparista como se dijo presentó su demanda en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, el veintiuno de febrero de dos mil veintidós, es decir después de haber concluido en exceso el plazo para la presentación de la demanda de conformidad con el numeral 17 citado. Al respecto, se cita la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, publicada en la página 1035, del Tomo XXII, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, editado en julio de 2005, registro digital 177995, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN CUANDO EL QUEJOSO MANIFIESTA EXPRESAMENTE LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El artículo 21 de la Ley de Amparo contempla tres supuestos para fijar el término de quince días con que cuenta el quejoso para presentar la demanda de garantías; a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación de la resolución o acuerdo que reclame, conforme a la ley del acto; b) A partir del día siguiente a la fecha en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; y c) A partir del día siguiente a la fecha en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Para el caso concreto del último supuesto, éste se actualiza, entre otras formas, cuando el agraviado presenta ante la autoridad responsable un escrito, sin fecha precisa, mediante el cual solicita se le tenga por notificado del acto que posteriormente reclama en amparo; sin que sea acertada la pretensión de que la manifestación de la voluntad así exteriorizada, sólo cobre eficacia hasta una vez que se dicta el proveído correspondiente a dicha petición. En ese tenor, no puede computarse a partir del proveído de referencia, el término correspondiente para la presentación de la demanda, aunado a que el supuesto que se estima actualizado, dispone que éste empieza a computarse a partir del día siguiente al en que la parte quejosa se haya ostentado sabedora del acto o, en su caso, el día en que aparece fechado tal ocurso, al ser ello lo que refleja la manifestación inequívoca de su parte, acerca del conocimiento pleno del acto, sin soslayarse que con tal manifestación, el propio interesado hizo a un lado los requisitos que debía reunir la notificación del acto conforme a la ley de la materia". Así como la tesis pronunciada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, leíble en la página 2380, del Libro 21, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, editado en agosto de 2015, registro digital 2009762, que dispone: "INICIO DEL TÉRMINO PARA PROMOVER AMPARO CUANDO NO EXISTE NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO DEL ACTO RECLAMADO. El párrafo primero del artículo 17 de la Ley de Amparo establece que el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días; por su parte, el artículo 18 de la misma ley prevé que ese plazo se computará a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. De este precepto se deduce que el inicio del plazo de quince días para solicitar amparo, depende del supuesto que en cada asunto se actualice, a saber: primero, en aquellos casos en que exista una notificación al quejoso del acto reclamado, el plazo para presentar la demanda correrá al día siguiente a aquel en que surta efectos esa notificación; segundo, cuando el impetrante haya tenido conocimiento, obviamente por medios diversos a una notificación, de la existencia del acto; y tercero, por la confesión, que opera cuando el quejoso se ostenta sabedor del acto reclamado o de su ejecución; en estos dos últimos supuestos el plazo de quince días comenzará al día siguiente a aquel en que el quejoso haya tenido conocimiento de la existencia del acto reclamado o se ostente sabedor del acto o de su ejecución; sin que en estos casos inicie el cómputo a partir del día siguiente en que se surtan los efectos, pues no existe notificación cuyo efecto deba surtir, sino que como expresamente lo establece tal dispositivo, el cómputo inicia al día siguiente de la fecha en que haya tenido conocimiento del acto o de aquella en que haya confesado haberlo tenido". Y la tesis aislada 1.3º.A.36 K, sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, abril de 2005, con número de registro IUS 178756, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN, NO DEPENDE DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO, SINO DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DE ÉL. El artículo 21 de la Ley de Amparo, no señala como criterio para determinar el inicio del cómputo para la presentación de la demanda, el relativo a los efectos del acto reclamado, sino, entre otros, el día siguiente al en que se tuvo conocimiento de él; esto es, el momento en el que un acto surte efectos no es relevante para la temporalidad del juicio de garantías, sino únicamente el acto que los produce, tan es así, que el propio artículo se refiere a la resolución o el acuerdo reclamados, y no a sus efectos, los cuales pueden válidamente ser instantáneos o prolongarse en el tiempo. En este sentido, cobra aplicación el principio general consistente en que donde la ley no distingue, el intérprete no debe hacerlo, por lo que si el citado artículo no distingue entre actos cuyos efectos se realizan en forma instantánea y actos de tracto sucesivo, cuyos efectos se prolongan en el tiempo, es inconcuso que no debe atenderse a dicho criterio diferenciador para determinar el inicio del cómputo legal de quince días". Así las cosas, es manifiesto que la impetrante de amparo se conformó tácitamente con el acto reclamado que se analiza; sin que se advierta que opere alguno de los casos de excepción a que se refiere el artículo 17 de la ley de la materia, siendo indudable que se actualiza la causa de improcedencia en estudio y en cuanto al evento atacado de inconstitucional que nos ocupa. Para fundamentar lo expuesto, se cita la jurisprudencia VI.2º. J/21 de los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 291, Tomo II, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, agosto de 1995, Novena Época, de la siguiente literalidad: "ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala". Continuando con el estudio de las causales de improcedencia, respecto del diverso acto reclamado consistente en el auto de uno de febrero de dos mil veintidós, se advierte que se concretan las diversas causas de improcedencia previstas en el artículo 61 fracciones XVIII, XXIII en relación a la XIII, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; XXIII. En os demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Por ende en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo transcrito, este órgano jurisdiccional considera que al actualizarse tales motivos de improcedencia, debe sobreseerse este juicio. Lo anterior es así, ya que en la demanda de garantías, la amparista señala como evento impugnado el auto de uno de febrero último, pronunciado por el Juez responsable en el juicio ordinario familiar acción de divorcio, radicado bajo el expediente 610/2020, en el que con fundamento en el artículo 96 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Chihuahua, impuso a Bertha Wolf Falk multa por desacato al acuerdo de cuatro de enero de la anualidad en curso, en el que le ordenó se presentara ante la Trabajadora Social adscrita al área de Trabajo Social de la Unidad de Estudios psicológicos y socioeconómicos del Distrito Judicial Galeana, para que se le realizaran los estudios socioeconómicos respectivos, bajo el apercibimiento que de no acatar lo ordenado, se aplicarían en su contra y en su orden, los medios de apremio previstos en el artículo 96 fracción II del Código de Procedimientos Familiares, consistente en multa de cien veces el valor diario de la unidad de medidas; acuerdo citado en primer término en el que hizo efectivo tal apercibimiento e impuso como medida de apremio multa por $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos). Empero la quejosa, no señaló como evento atacado de inconstitucional el acuerdo de cuatro de enero de dos mil veintidós, en el que ordenó a la amparista se presentara ante la Trabajadora Social del área de Trabajo Social de la Unidad de Estudios psicológicos y socioeconómicos del Distrito Judicial Galeana, para que se le realizara el estudio respectivo en esa especialidad y en el que la apercibió, que de no comparecer, se aplicarían en su contra y en su orden, los medios de apremio previstos en el artículo 96 fracción II del Código de Procedimientos Familiares, como lo es una multa. Lo que pone de manifiesto, que el mencionado acuerdo tiene el carácter de un acto consentido tácitamente y, por ende el diverso evento impugnado de inconstitucional, es un acto derivado de otro consentido, al no haber atacado el acuerdo por el cual se le apercibió con la imposición de multas; por lo que se itera, si tal auto en el que se le apercibió no fue señalado como acto reclamado en el juicio de garantías, debe tenerse como consentido y por ende, el acuerdo ulterior en que se hizo efectivo el apercibimiento, constituye jurídicamente acto derivado de otro consentido, contra el cual el juicio de amparo resulta improcedente. Como sustento a lo anterior, se cita la tesis pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, publicada en la página 839, del Tomo X, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, editado en julio de 1999, registro digital 193675, de contenido: "AMPARO IMPROCEDENTE POR ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS (EJECUCIÓN DE SENTENCIAS). Conforme al artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías resulta improcedente cuando se enderece contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos; sin embargo, para que esta causal de improcedencia se actualice es necesario: a) Que entre el acto reclamado y el anterior que se está consintiendo exista una relación de causa a efecto; es decir, que sea una consecuencia legal, forzosa o directa de la primera resolución, y b) Que el acto reclamado no se impugne por vicios propios. En tal virtud, si el acto reclamado se hace consistir en un proveído que ordena se proceda a la ejecución de una sentencia dictada en un juicio ordinario civil, la cual ha causado ejecutoria por no haberse interpuesto en su contra recurso alguno, aquél sólo es una consecuencia necesaria de la resolución que implícitamente se aceptó al no impugnarse, por lo cual ciertamente constituye un acto derivado de otro consentido, y ello hace improcedente el juicio de amparo en su contra, por surtirse la causal invocada, lo que amerita sobreseer en el juicio de conformidad con el artículo 74, fracción III, de la ley de la materia". Así como la diversa tesis dictada por el Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, ubicada en la página 15, del Volumen 2, Sexta parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, registro digital 257442, de contenido: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. MEDIOS DE APREMIO. (ARRESTO). Cuando a través del mismo procedimiento se imponen diversos medios de apremio en contra del demandado, y uno de ellos, consistente en arresto, se suspende a petición de parte, pero luego se ordena proseguir aplicando tales medidas en la forma y términos establecidos, debe entenderse que el acuerdo respectivo se refiere al auto pendiente de aplicación, y es sólo el proveído revocatorio el que jurídicamente puede lesionar las garantías individuales del reo. En consecuencia, si tal auto no es señalado como acto reclamado en el juicio de garantías, debe estimarse consentido, pues el acuerdo ulterior en el que se precisa la duración del arresto, constituye jurídicamente un acto derivado de otro consentido, contra el cual el juicio de amparo resulta improcedente, al tenor de lo dispuesto en la jurisprudencia número 15 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la parte correspondiente al Pleno y Salas, del último apéndice, operando así la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII en relación con la XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo". Y la diversa tesis, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en la página 582, del Tomo III, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, editado en mayo de 1996, registro digital 202345, que a la letra dispone: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, RAZON DE SU IMPROCEDENCIA. El artículo 73 de la Ley de Amparo, señala: "El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." Ahora bien, las fracciones XI y XII del dispositivo en comento, previenen que el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos expresa o tácitamente; por ello, lógica y jurídicamente, debe estimarse improcedente la acción constitucional contra actos que sean consecuencia de otros consentidos, siendo indudable, por tanto, que la causa de mérito emerge de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales". Por ende, se actualiza la causa de improcedencia que nos ocupa. A mayor abundamiento y en atención a que el proveído de uno de febrero de esta anualidad, se impugna por vicios propios, se considera que también se genera el diverso motivo de improcedencia indicado, toda vez que contra el mencionado acto reclamado, resulta notoriamente improcedente el juicio de amparo, en razón de que la quejosa previamente a la instauración de esta vía constitucional, conforme lo señalan los artículos 88, 472 al 475 y 479 al 481, del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Chihuahua, debió interponer el recurso de revocación que procede contra aquél, pues de conformidad a lo señalado por la amparista en el escrito inicial de demanda y al informe justificado, en el referido acuerdo el Juez de origen ante el incumplimiento de la impetrante de amparo a lo que le ordenó en el proveído de cuatro de enero de la anualidad en curso, en el sentido de que debería presentarse ante la Trabajadora Social del área de Trabajo Social de la Unidad de Estudios psicológicos y socioeconómicos del Distrito Judicial Galeana, para que se le realizara el estudio respectivo en esa especialidad, le impuso multa a la quejosa por su incumplimiento a lo anterior la que ahora impugna de inconstitucional; numerales que a la letra disponen: "Artículo 88. Los autos que no sean apelables podrán revocarse o modificarse mediante la interposición del recurso correspondiente, si se trata de la primera instancia. En la segunda, todos los autos podrán revocarse o modificarse mediante la interposición del recurso respectivo. Artículo 472. Las resoluciones emitidas por los tribunales son impugnables a través de los recursos, en las formas que establece este código. Artículo 473. Este código reconoce como recursos los siguientes: I. Revocación; y II. Artículo 474. Los recursos no son renunciables. Artículo 475. Pueden interponer recursos: I. Las partes, sus representantes legítimos o sus apoderados, aunque el poder con que gestione no tenga la cláusula especial para ello. II. Artículo 479. Los autos dictados en audiencia o fuera de ella y que no fueren apelables, son revocables por el propio juzgado que los haya dictado. En segunda instancia todos los autos son revocables. Artículo 480. Durante la audiencia, el recurso de revocación solo procede en contra del auto que: I. No admita pruebas; II. Declare o niegue tener por confesa a alguna de las partes; y, III. Autos o resoluciones que no fueren apelables. Interpuesta la revocación, el juez o jueza debe dar vista, de estar presente, a la parte contraria para que en el acto manifieste lo que a su interés convenga y posteriormente debe dictar la resolución correspondiente. Artículo 481. En caso contrario al señalado en el artículo anterior, la revocación se debe interponer con la expresión de agravios, al día siguiente de la notificación al recurrente. Interpuesta la revocación, cuando así proceda, se debe dar vista a la parte contraria por tres días, y transcurridos estos el juez o jueza debe resolver dentro del tercer día lo que corresponda". Medio ordinario de defensa del cual conocerá el propio Juez de primera instancia responsable, en términos de lo dispuesto por el numeral 480 párrafo segundo, del Código Procesal en cita. Por lo que en tal orden de ideas, la solicitante de protección de derechos humanos debió de agotar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, mediante la interposición del recurso de revocación mencionado, el cual como se dijo, procede contra el auto impugnado de inconstitucional, pues a través de ese medio ordinario de defensa la impetrante tenía la posibilidad de que se reparara el agravio que alega le fue causado por la actuación del Juez responsable y de esa manera, agotar el principio en comento que rige en el juicio de amparo indirecto. En efecto, tal principio encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse el juicio de amparo de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la solicitante de protección de derechos fundamentales debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto o actos de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Los medios ordinarios de defensa, son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses, se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Si pasando por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, los quejosos no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades del juez de primera instancia. Las consideraciones apuntadas, permiten arribar a la conclusión de que conforme al principio de definitividad que rige al juicio de derechos fundamentales contenido en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, la ahora amparista antes de acudir al amparo contra el auto reclamado que se analiza emitido por el Juez responsable en el que determinó imponer a la quejosa, sanción pecuniaria ante el desacato a lo ordenado en el juicio de origen, debió interponer el recurso de revocación que es procedente, máxime que los recursos ordinarios son irrenunciables atento a lo dispuesto por el numeral 474 del Código procesal en cita. Es aplicable al caso, por igualdad de razón, el criterio jurisprudencial sustentado por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, visible en la página 4585, del Libro 69 Tomo IV, de la Gaceta del Semanario judicial de la Federación, Décima Época, registro 2020472, de rubro y texto siguientes: "MULTA COMO MEDIDA DE APREMIO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 104, FRACCIÓN II, INCISO B), DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. AL CONSTITUIR SU IMPOSICIÓN UNA RESOLUCIÓN DE MERO TRÁMITE, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA, DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE REVOCACIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 465 DEL PROPIO CÓDIGO. El artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que contra las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación, procede el recurso de revocación; atento a lo cual, la imposición de la multa -como medida de apremio- establecida en el diverso artículo 104, fracción II, inciso b), del indicado código, a cualquiera de los intervinientes en el procedimiento penal, constituye una resolución de mero trámite, porque no determina el inicio, conclusión o modificación de una fase procesal, tampoco la naturaleza o calidad de las partes que intervienen, ni de las cuestiones que integran la litis en el proceso, lo que lleva a concluir que se trata de una resolución de mero trámite que, además, se resuelve sin sustanciación; por ende, previo a la promoción del juicio de amparo indirecto contra la resolución del Juez de control que impuso esa medida de apremio, la persona a quien se le aplicó debe agotar el recurso de revocación en comento; máxime que en ese caso no se actualiza alguna de las hipótesis de excepción para agotar el principio de definitividad a que alude la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo". Así como, por igualdad de razón, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, leíble en la página 1534, del Libro 2, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, editado en enero de 2014, registro digital 2005239, que a la letra dispone: "MULTA IMPUESTA COMO MEDIDA DE APREMIO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN II, DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. Las medidas de apremio constituyen instrumentos jurídicos a través de los cuales el juzgador o la autoridad en el procedimiento administrativo pueden hacer cumplir coactivamente sus requerimientos o determinaciones, lo que implica que, una vez dictadas, se convierten en actos definitivos e independientes del procedimiento del que derivaron; por ello, cuando una autoridad perteneciente a la Procuraduría Federal del Consumidor, en el desempeño de sus atribuciones legales, impone como medida de apremio la multa prevista en el indicado precepto, ésta es impugnable a través del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en términos de la fracción III del artículo 14 de su Ley Orgánica, en virtud del fundamento legal en que se apoyó su emisión, esto es, una norma administrativa federal y por la independencia que guarda la multa en relación con el procedimiento en el que se dictó. Así como la diversa tesis, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, visible en la página 1676, del Tomo XXX, del Semanario judicial de la Federación, Novena Época, registro 166601, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. REQUISITOS NECESARIOS PARA TENERSE POR CUMPLIDO. A efecto de que sea procedente el juicio de amparo contra una resolución judicial o de tribunales administrativos o del trabajo, respecto de la cual la ley correspondiente conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual pueda ser modificada, revocada o nulificada dicha resolución, el quejoso previamente debe intentar ese recurso o medio de defensa, entendiendo como tal el idóneo para obtener la modificación, revocación o anulación de la resolución, lo que implica que no basta la interposición de cualquier recurso o cualquier medio de defensa, sino del que sea legalmente apto, porque de lo contrario, al hacer valer uno inapropiado, equivaldría a la interposición de un recurso o medio de defensa que la ley no concede para modificar, revocar o nulificar la resolución judicial que el solicitante de garantías tilda de inconstitucional y, por ende, al no agotamiento del principio de definitividad". Y por las razones que la informan, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1816 del Tomo XXIII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a marzo de 2006, bajo el rubro y texto siguiente: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas". Sin que sea pase inadvertida, la circunstancia de que el acto reclamado pueda tener ejecución de difícil reparación, pues la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, por tanto, en el caso de que los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo, de los cuales no se actualiza ninguno, toda vez que el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; tampoco consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, no establece providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, tampoco es una resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa, ni es persona extraña al procedimiento; no es un auto de vinculación a proceso, además la procedencia del recurso o medio de defensa no está sujeto a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Como apoyo a lo expuesto, se cita la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 8 del Libro 55 Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, editado en junio de 2018, registro 2017117, bajo el rubro y texto: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo". En las relatadas condiciones, como se anunció, es manifiesto e indudable que se actualizan las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 fracciones XIV, XXIII en relación a la XIII y XVIII de la Ley de Amparo, en estudio, por ende de conformidad con el diverso 63 fracción V, del ordenamiento legal en cita, resulta procedente sobreseer el presente juicio. Sobreseimiento que se hace extensivo, respecto a los actos de ejecución que se atribuyen al Recaudador de Rentas del municipio de Nuevo Casas Grandes, Estado de Chihuahua, pues es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución. En justificación a lo indicado, se invoca la jurisprudencia pronunciada por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, publicada en la página 286, del Volumen 91-96, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, registro digital 253622, de contenido: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución". Finalmente tomando en consideración lo resuelto, es innecesario analizar alguna otra causa de improcedencia, así como los conceptos de violación formulados en la demanda; en primer término, porque aun de operar otra causal, el sentido de esta determinación en nada variaría y, en cuanto a los conceptos de violación, porque la improcedencia del juicio de amparo impide analizar el fondo del asunto. Como sustento a lo expuesto, se recurre a la tesis de jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 911, del Tomo II, Procesal Constitucional, Común, Parte 1, Volumen 1, Sexta Sección, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, de contenido: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución". Así como la jurisprudencia emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Segunda Parte, Octava Época, página 708, que establece: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente". Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 76, 77, 78, 155 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de garantías promovido por Bertha Wolf Falk, por derecho propio respecto de los actos que reclamó de las autoridades señaladas como responsables, por los motivos y fundamentos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente.
- Incidental
Por lo expuesto, fundado y en términos de lo establecido en el artículo 146 de la Ley de Amparo, se resuelve: R E S O L U T I V O PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Betha Wolf Falk, respecto de los actos reclamados a la autoridad indicada en el considerando segundo de esta resolución incidental, por los motivos ahí expuestos. SEGUNDO. Se concede la suspensión definitiva a Betha Wolf Falk, respecto de los efectos y consecuencias de los actos reclamados a las autoridades responsables en razón de lo expuesto en el considerando cuarto de esta determinación. Se autoriza al secretario firmar los oficios que se envíen a las autoridades responsables. Notifíquese.
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