Bertha Cecilia Noguez Gómez

Expediente 692/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
692/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
15/10/2021

Partes del expediente

  • Bertha Cecilia Noguez Gómez

Actuaciones

  1. Principal

    se declara que el mismo causó estado. Por ende, al no existir diligencia pendiente de practicar, ni ulterior acuerdo que emitir, archívese el presente juicio como asunto concluido y en su oportunidad, remítase al área correspondiente de este juzgado para su resguardo. Por otro lado, se hace la precisión de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, cuatro de octubre de dos mil veintiuno. Visto el oficio signado por el actuario judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, que contiene el acuerdo de treinta de septiembre anterior, en el que el magistrado presidente del citado tribunal, determinó declarar firme el auto de quince de julio del año en curso, en el que ese órgano estableció carecer de incompetente para conocer de la demanda de amparo directo promovida por Bertha Cecilia Noguez Gómez y remite los autos originales del mismo en un tomo, así como el expediente 507/2014, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, en un tomo y copias simples de la demanda de amparo. En atención a lo resuelto por el magistrado de referencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley de Amparo, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, acepta la competencia y se avoca al conocimiento del asunto; comuníquese lo anterior al tribunal de referencia en vía de acuse de recibo. Por consiguiente, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida en la vía directa por Bertha Cecilia Noguez Gómez, contra actos de Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad y otras autoridades. Regístrese en el libro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado con el número consecutivo 692/2021-I y fórmese expediente electrónico e impreso. Ahora bien, tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda para que en caso de que exista causa manifiesta e indudable de improcedencia, se deseche de plano. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En efecto, el precepto en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda es necesario que se encuentre causa de improcedencia del juicio constitucional; además que esta causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Tiene aplicación a lo anterior, en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de 2004, Materia Común, Novena Época, página 1631, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". En ese sentido, luego del análisis del contenido integral de la demanda de amparo y autos originales del juicio E5-507/2014, del cual deriva el acto reclamado, este órgano de control constitucional, considera que se actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" Dentro de las reglas fundamentales que estructuran al juicio de amparo se encuentra el principio de definitividad que establece que dicho juicio es únicamente procedente en contra de actos definitivos, es decir, actos respecto de los cuales no exista ningún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados; en consecuencia, la definitividad del acto como presupuesto de procedencia del juicio de amparo implica que antes de acudir a dicho juicio se deberán agotar los recursos que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto de que se trate. Al efecto, se desprende que los requisitos para que se configure la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, son: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Ahora bien, la parte quejosa reclama el acuerdo dictado el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, por el juez responsable en el expediente E5-507/14, en el cual desechó de plano el incidente presentado el dieciocho de mayo del año en curso, en razón de que ningún incidente puede atentar contra el auto de cosa juzgada, ya que en ese asunto, con fecha diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, se emitió la sentencia definitiva la cual quedó firme. Sin embargo, contra dicho acuerdo la impetrante del amparo Bertha Cecilia Noguez Gómez estuvo en aptitud de hacer valer el medio de defensa ordinario consistente en el recurso de revocación, que al respecto prevé el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, en su artículo 100, con el cual pudo tener como resultado que se revocara el auto de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, que ahora reclama en el presente juicio de garantías; precepto legal que dispone lo siguiente: "Artículo 100. Los autos que no sean apelables, podrán revocarse o modificarse mediante la interposición del recurso correspondiente, si se trata de la primera instancia; en la segunda, todos los autos podrán revocarse o modificarse mediante la interposición del recurso respectivo." Por lo tanto, si la parte quejosa reclama el acuerdo por el cual el juez responsable desechó de plano el incidente de nulidad de notificación, es obvio que estuvo en aptitud de interponer el recurso de revocación mencionado, antes de acudir al juicio de amparo, ya que a través de dicho recurso se puedo revocar el acto reclamado. Máxime, que de acuerdo a la naturaleza jurídica del acto reclamado en estudio, el mismo no encuadra en ninguna de las excepciones del principio de definitividad establecidas en los incisos a), b) y c), de la fracción XVIII, de la Ley de Amparo; que lo exima de la obligación de agotar el recurso ordinario antes de acudir al juicio de amparo; por tanto, al no haber agotado el impetrante del amparo el recurso de revocación, debe considerarse que el principio de definitividad no quedó colmado. En consecuencia, al no haber agotado el principio de definitividad, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, razón por la cual, es improcedente el juicio de amparo indirecto, de ahí que con fundamento en el precepto 113 de la invocada ley, se desecha por notoria improcedencia la demanda de amparo promovida por Bertha Cecilia Noguez Gómez.

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