Bertha García Solorio

Expediente 460/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 9 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
460/2020
Año
2020
Actuaciones
9
Última actuación
24/05/2021

Partes del expediente

  • Bertha García Solorio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    se declara que la misma causa ejecutoria. Ahora bien, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que se ordenó el archivo de este asunto como totalmente concluido, por ende se hace la precisión que este expediente es susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años

  2. Principal

    R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el veintidós de septiembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en la capital Estatal (foja 1), el cual por razón de distribución de correspondencia fue asignado al Juzgado Décimo de Distrito en esta entidad federativa, mismo que se recibió el veintitrés siguiente en la oficialía de partes de ese Órgano Jurisdiccional, Bertha García Solorio por derecho propio solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos del Gobernador y del Congreso del Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre; los cuales en esencia hizo consistir en: "IV., ACTO RECLAMADO: A) DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, reclamo: 1. Los artículos 77, 78, 83, 86, 91, 93, 95, 107, 108 fracción IX, 109, 120, 150 fracción II de la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, aprobada mediante decreto LXVI/EXLEY/0708/2020 II P.O., los cuales se publicaron en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua número 24, el 21 de marzo de 2020, que establecen en el mismo orden lo siguiente: (se transcriben). 2. Artículo quinto transitorio de la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, aprobada mediante decreto LXVI/EXLEY/0708/2020 II P.O., el cual se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua número 24, el 21 de marzo de 2020, que establece lo siguiente: (se transcribe). Así mismo expongo que los preceptos legales invocados, en el presente capítulo, se refutan con motivo de la entrada en vigor del decreto combatido y con motivo de un acto en concreto de aplicación. B. Del Gobernador del Estado de Chihuahua, reclamo lo siguiente: 1. La publicación del decreto LXVI/EXLEY/0708/2020 II P.O., el cual se encuentra en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua número 24, de fecha 21 de marzo de 2020, relativo a la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua y su aplicación" (fojas 7 y 8). SEGUNDO. Demanda de amparo que la Juez Décimo de Distrito tuvo por recibida mediante proveído de veinticuatro de septiembre del año inmediato anterior, radicándola bajo el expediente 1316/2020, proveído en el cual determinó carecer de competencia por razón de territorio, declinando la competencia a favor de los Juzgado de Distrito en esta entidad federativa con residencia en la ciudad en que se actúa (fojas 3 y 4). TERCERO. Demanda que por razón de distribución de correspondencia por parte de la Oficina de Correspondencias Común de los Juzgado de Distrito con residencia en ciudad Juárez, Chihuahua, fue asignada a este órgano jurisdiccional y se recibió en la oficial de partes dos de octubre del año inmediato anterior (fojas 1 y 2). Por auto de cinco del mes indicado, esta autoridad al compartir el criterio de la Juez declinante, aceptó la competencia propuesta y se avocó al conocimiento del asunto, enviando la Juez de origen el juicio de amparo indicado (fojas 42 a 75); radicando aquél bajo el expediente 460/2020, de este índice, acuerdo en el que se desechó la demanda (fojas 25 a 30); inconforme con tal determinación, la amparista interpuso recurso de queja del cual tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito con sede en esta ciudad, mediante ejecutoria de once de febrero último pronunciada por dicho Tribunal en el recurso de queja administrativo 114/2020, se declaró fundada la queja y ordenó admitir a trámite la demanda; por ende en estricto cumplimiento a lo anterior por acuerdo de veinticuatro de febrero último se admitió a trámite (fojas 86 a 100); se solicitó informe justificado a las responsables, se dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; sin que se tuviera a persona alguna como tercera interesada dada la naturaleza de los actos reclamados. CUARTO. Se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la que finalmente inició en términos del acta que antecede en la que se desahogaron las pruebas ofrecidas por las partes y concluye con el dictado de la presente sentencia; y; C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en ciudad Juárez, es constitucional y legalmente competente para conocer y fallar este juicio de derechos fundamentales indirecto de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103 fracción I y 107 fracción III, de la Constitución Federal; 1, 33 fracción IV, 35, 37 y demás relativos de la Ley de Amparo; 1 fracción V, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, adicionado por los diversos 3/2015, 12/2016 y 3/2021 todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que las normas generales impugnadas de inconstitucionales requieren de aplicación material y por ende, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito con jurisdicción en donde dicha ejecución trate de realizarse, se realice o se haya llevado a cabo y es en esta municipalidad, donde se aplicaran a los quejosos las normas atacadas de inconstitucionales, lugar donde ejerce jurisdicción esta autoridad de derechos fundamentales de conformidad con lo dispuesto por Acuerdo General en cita y sus adicionados. Es aplicable al caso, por las razones que la componen, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en la página 1687, del Tomo XXVI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, editado en diciembre de 2007, registro 170831, que a la letra dice: "COMPETENCIA EN AMPARO CONTRA LEYES QUE REQUIEREN DE EJECUCIÓN MATERIAL. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO DEL LUGAR DONDE EL QUEJOSO TENGA EL PRINCIPAL ASIENTO DE SUS ACTIVIDADES, AUN CUANDO MANIFIESTE LLEVARLAS A CABO EN DIFERENTES CIUDADES DEL TERRITORIO NACIONAL. Cuando se trata de un juicio de amparo contra leyes que requieren de ejecución material, es aplicable la primera regla de competencia contenida en el artículo 36 de la ley de la materia, es decir, será competente el Juez que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Por tanto, la competencia debe resolverse en función de los elementos objetivos existentes en autos, como puede ser el domicilio donde el quejoso tiene el principal asiento de las actividades que lo vinculan a las normas impugnadas; porque en ese lugar es donde debe, en principio, acatarlas, no obstante que manifieste llevarlas a cabo en diferentes ciudades del territorio nacional. De ahí que sea competente para conocer del juicio de amparo el Juez de Distrito que tiene jurisdicción en el lugar donde el quejoso tenga el principal asiento de sus actividades". SEGUNDO. Ante todo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional tomando en consideración los datos que emanan de la demanda de garantías y la totalidad de las constancias del juicio de amparo en que se actúa, procede a precisar los actos reclamados, los cuales son: La publicación del decreto LXVI/EXLEY/0708/2020 II P.O., anunciado en el Periódico Oficial Estatal el veintiuno de marzo de dos mil veinte, por el que se expide la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, específicamente los artículos 77, 78, 83, 86, 91, 93, 95, 107, 108 fracción IX, 109, 120, 150 fracción II, así como el numeral Quinto Transitorio de tal Ley. Actos impugnados de inconstitucionales, que se advierten del contenido íntegro de la demanda de derechos fundamentales la cual constituye un todo, atento a lo expuesto en los capítulos de actos reclamados, antecedentes, preceptos constitucionales violados y conceptos de violación que el peticionario narra en tal demanda. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, Tomo II, Procesal Constitucional, Volumen 2, Común, parte 2, Décima Primera Sección, Sentencias de amparo y sus efectos, número 1347, página 1511, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, abril de 2004, Novena época, página 255, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Por razón de método, en toda sentencia de amparo primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia del acto o actos reclamados y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que se adviertan en forma oficiosa por el juzgador, para por último y de ser procedente el juicio, abordar el análisis de fondo del asunto. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 68 del Tomo 76 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, editado en abril de 1994, registro 212775, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento". TERCERO. El Gobernador del Estado de Chihuahua a través del Director General de Normatividad de la Secretaría General de Gobierno, el rendir su informe justificado, reconoció su participación dentro del ámbito de sus atribuciones, en el proceso de creación, expedición y publicación del decreto reclamado mediante el cual se expide la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, específicamente en cuanto al artículo quinto transitorio, así como los numerales 77, 78, 83, 86, 91, 93, 95, 107, 108 fracción IX, 109, 120, 150 fracción II, de dicha Ley. Por su parte, el Congreso Estatal con residencia en la capital estatal, fue omiso en rendir dentro del término de ley su informe justificado, no obstante estar debidamente notificado del oficio 4402/2021 con el cual se le solicitó aquél, como se advierte de actuaciones (foja 119), por ende con fundamento en el párrafo cuarto del artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen por ciertos los actos que le atribuye el amparista. Es aplicable, la jurisprudencia pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo II, Procesal Constitucional, Volumen 1, Común, Primera parte, Sexta Sección, Procedimiento de amparo indirecto, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, que dispone: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". En tal orden de ideas, se tienen por acreditados los actos reclamados vinculados con la publicación del decreto atacado de inconstitucional, además de que aquél, se acredita plenamente sin necesidad de prueba, lo anterior en términos de lo dispuesto en los artículos 86 y 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en los cuales se establece que las leyes no son objeto de prueba. Para robustecer esta apreciación, se cita la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 260 del Tomo XII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, editado en agosto de 2000, cuyo contenido es: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". CUARTO. Previo al estudio de fondo del asunto, lo procedente es analizar las causas de improcedencia, sea que las hagan valer las partes o que de oficio se adviertan, por ser cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Ahora bien, respecto al acto reclamado al Gobernador del Estado de Chihuahua, consistente en la publicación del decreto LXVI/EXLEY/0708/2020 II P.O., anunciado en el Periódico Oficial Estatal el veintiuno de marzo de dos mil veinte, por el que se expide la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, específicamente los artículos 77, 78, 83, 86, 91, 93, 95, 107, 108 fracción IX, 109, 120, 150 fracción II, así como el numeral Quinto Transitorio de tal Ley, se advierte como lo hace valer la responsable en cita en su informe de ley, que se actualiza que se actualiza la causa de improcedencia del artículo 61 fracción XXIII en relación con el diverso 108 fracción III, ambos de la Ley de Amparo, los cuales a la letra disponen: "Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la constitución política de los estados unidos mexicanos, o de esta ley. Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresara: I. III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; .". Preceptos de los que se advierte, que el juicio de amparo será improcedente cuando el refrendo del Decreto por el que se expidieron las normas generales que se combaten y su publicación, no se impugne por vicios propios. En la especie el impetrante de derechos humanos fundamentales, combate del Gobernador, la publicación del decreto en cita, el cual fue divulgado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Chihuahua, el veintiuno de marzo de dos mil veinte; empero del contenido integral de la demanda, se obtiene que tal acto reclamado no lo es por vicios propios, pues no se formula concepto de violación en ese sentido. De ahí, que se surte de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia en estudio y con fundamento en el artículo 63 fracción V, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se sobresee en el presente juicio de amparo por lo que respecta a tal autoridad y acto reclamado. A efecto de fundamentar lo dicho, se recurre a la jurisprudencia pronunciada por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 2249, del Libro 23 Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, editado en octubre de 2015, registro digital 2010098, del tenor siguiente: "AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO POR NO HABERSE IMPUGNADO POR VICIOS PROPIOS EL REFRENDO Y LA PUBLICACIÓN DE AQUÉLLAS ES NOTORIA Y MANIFIESTA, LO QUE PROVOCA EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA. La causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con el 108, fracciones III y VIII, ambos de la Ley de Amparo, tocante a los actos consistentes en el refrendo y la publicación de una norma general que no hayan sido combatidos por vicios propios, y respecto de los cuales no exista causa de pedir ni proceda la suplencia de la queja deficiente, es notoria y manifiesta y, por ende, provoca el desechamiento de la demanda de amparo. Lo anterior, porque es una cuestión que debe resolverse a partir del estudio integral de la demanda, en términos del artículo 112 de la Ley de Amparo, al tratarse de una mera constatación de existencia de un requisito que debe cumplir el escrito inicial, es decir, de alegaciones que controviertan la presunción de la constitucionalidad de aquellos actos, lo cual no podrá cambiar con la tramitación del procedimiento federal, porque al ser normas generales, su conocimiento se advierte desde su publicación en el Periódico Oficial respectivo y no con la rendición del informe con justificación". Por otra parte, del estudio del asunto, se advierte que como lo hacen valer la autoridad responsable Gobernador del Estado de Chihuahua, se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XII, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; .". Motivo de improcedencia que de actualizarse, imposibilita el análisis en el juicio de amparo de una ley que, aunque vigente, no cause perjuicio a los amparistas por el sólo hecho de encontrarse en vigor, sino para originar tal perjuicio, como presupuesto de legitimación para ejercer la acción constitucional en concreto, precisa de un acto posterior de aplicación, para entonces irrumpir en la esfera jurídica concreta del gobernado, causándole un perjuicio siendo esto lo que lo legitima para acudir a la presente instancia constitucional. El interés previsto en el numeral de que se trata, está relacionado con el principio de instancia de parte agraviada previsto en el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, según el cual el acto reclamado debe causar un perjuicio a la persona que solicita la protección constitucional, precepto que dispone: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". Transcripción que pone de manifiesto, que para la procedencia del juicio constitucional se requiere que los gobernados tengan un interés jurídico o legítimo para reclamar sus derechos y que aquél resulte afectado por el acto de autoridad reclamado. Precepto que en relación con los artículos 103 y 107 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dejan de manifiesto que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclame, lo que significa que el ejercicio de la acción constitucional está reservada a quien resiente un perjuicio actual, o bien para quien demuestre la afectación a su esfera jurídica pudiendo ser directa, o en razón de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta), además, provenir de un interés individual o colectivo. De ahí la importancia del principio del juicio de amparo, en cuanto a que únicamente puede promoverse cuando el acto que se reclama afecta la esfera jurídica del promovente; de manera que es condición ineludible para el examen de la controversia constitucional, la causación de un perjuicio contra el particular, que afecte sus intereses jurídicos o legítimos. Por tanto, el primer presupuesto para la procedencia del juicio está determinado por la legitimación procesal del accionante de amparo que le confiere, a su vez, la posibilidad de acreditar un interés jurídico sustantivo, que de resultar afectado con el acto autoritario, es necesario acreditar que dicha conducta afecte su esfera de derechos subjetivos públicos. Expuesto lo anterior, es de precisarse que la solicitante de protección constitucional, acude al amparo señalando como actos reclamados la expedición y promulgación del decreto LXVII/EXLEY/0708/2020/II P.O., por el cual se aprobó la Ley de Transportes del Estado de Chihuahua, publicada en el Periódico Oficial del Estado el veintiuno de marzo de dos mil veinte, pues alega que es concesionaria para la prestación del servicio público de transporte de pasajeros, calidad especifica que acredita con la documental que exhibió con el escrito inicial de demanda, consistente en copia certificada del acuerdo SGG.DT.DTPJ.103.80329, en el que se autorizó la revalidación de la concesión 3612006854 a nombre de la quejosa, del que se advierte que Bertha García Solorio es concesionaria autorizada de transporte de pasajeros y cuya vigencia es hasta el dieciocho de abril de dos mil veintisiete. Documental a la que se concede valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2°., por ende se demuestra por parte de la amparista, que presta el servicio público de Transporte Colectivo Urbano de Pasajeros en esta Ciudad, motivo por el cual dice le afecta la entrada en vigor del decreto reclamado de inconstitucional, al imponer diversas obligaciones y sanciones con las que no contaban al momento de ser expedida su concesión. Sin embargo, contrario a lo alegado por la impetrante de amparo, no le asiste interés jurídico para combatir el decreto por el que se aprobó la entrada en vigor de la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua. El efecto, es de indicarse que el artículo quinto transitorio de la Ley mencionada, dispone: "ARTÍCULO QUINTO. Las Autorizaciones, Concesiones, Licencias y Permisos otorgados durante la vigencia de la Ley que se abroga, continuarán operando por el plazo que fueron otorgados, siempre y cuando se cumpla con los requisitos y las condiciones de organización y funcionamiento previstos en el presente Decreto. Para los efectos del párrafo anterior, las personas titulares de las autorizaciones, concesiones, licencias y permisos, en un plazo que no exceda de doce meses contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberán adecuarse a las disposiciones de esta Ley". Transcripción que pone de manifiesto, que las autorizaciones, concesiones, licencias y permisos preexistentes a la nueva Ley de Transporte impugnada de inconstitucional, continuarán operando por el plazo que fueron otorgados, siempre que se cumpla con los requisitos y condiciones de organización y funcionamiento establecidos en el decreto reclamado, concediendo a los titulares de las mismas un plazo de doce meses para esos efectos, esto es, para adecuarse a las disposiciones de esa ley, contado a partir de la entrada en vigor de ese decreto (vacatio legis), principio jurídico por el que debe entenderse el lapso de tiempo que debe existir entre la publicación de una norma legal y su entrada en vigor, ello con el objeto de que la ley pueda ser conocida suficientemente, antes de que adquiera fuerza obligatoria. Por tanto, tratándose del inicio de la vigencia de una ley, debe destacarse que este es el momento a partir del cual resulta exigible la observancia de las normas, es decir, la fecha desde la que se comienzan a desplegar los efectos jurídicos para los cuales fueron creadas en un ámbito espacial y temporal de validez determinado, plazo que regularmente se precisa en el propio cuerpo normativo; empero, en ocasiones la obligatoriedad de una ley no surge desde el momento de su publicación, sino con posterioridad a ese evento, fijando el legislador un período entre la data de publicación y la de inicio de la vigencia, conocido jurídicamente como vacatio legis, temporalidad dentro de la que los gobernados tienen la oportunidad de conocer plena y completamente dicha normatividad. Ahora, respecto de la promoción del amparo contra normas jurídicas en el período denominado vacatio legis, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dentro de la tesis de rubro: "AMPARO CONTRA LEYES. VACATIO LEGIS. CARENCIA DE INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR UNA LEY DURANTE ESE PERIODO". Ha sostenido que cuando para la iniciación de vigencia de un dispositivo, exista el período que la doctrina denomina vacatio legis, durante él, los particulares no pueden ejercitar la acción de amparo por carecer de interés jurídico para impugnar una ley que aún no ha entrado en vigor y por lo mismo, no puede obligarlos a cumplirla, en razón de que durante dicho período la ley no puede ser obligatoria. En su parte considerativa del amparo en revisión origen de la citada tesis, se indicó: "Debe señalarse que contrariamente a lo apuntado por el recurrente en el agravio que se analiza, si se atribuye en la demanda de amparo al secretario de Hacienda y Crédito Público el "...cobro del impuesto al valor agregado...", cuando se señala, en el apartado quinto del capítulo relativo que "...De todas y cada una de las autoridades señaladas como responsables, se reclaman los efectos y consecuencias que de hecho y de derecho se ocasionen con la aplicación de las normas de la Ley que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones de las Leyes sobre la Renta y del Impuesto al Valor Agregado..."; reclamo con el que, evidentemente, se atribuye a la autoridad señalada el cobro del impuesto ya que este hecho jurídico constituye un posible efecto o consecuencia de la Ley impugnada. No se surte la aplicabilidad de la tesis "SOBRESEIMIENTO. ES INDEBIDO DECRETARLO RESPECTO DE UN REGLAMENTO, ADUCIENDO QUE NO SE DEMOSTRÓ NINGÚN ACTO DE APLICACIÓN, SI FUE RECLAMADO COMO AUTOAPLICATIVO.", ya que el sobreseimiento que en la especie se actualiza obedece no a que las normas impugnadas tengan el carácter de autoaplicativas, sino a que, a la fecha de presentación de la demanda, éstas no habían iniciado su vigencia. Contrariamente a lo sostenido en el argumento de agravio sintetizado en el apartado segundo, el juez de Distrito, en su sentencia, no señala que la peticionaria de garantías no se encuentre dentro del supuesto de causación de la norma, ni niega que las disposiciones impugnadas tengan el carácter de autoaplicativas; las consideraciones que sustentan el fallo recurrido se hacen consistir en que, ante la postergación del inicio de vigencia de la reforma impugnada, en virtud de la norma transitoria contenida en el artículo quinto del Decreto tildado de inconstitucional, a la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el día veintisiete de marzo de mil novecientos noventa y cinco, ésta no tenía ningún efecto en el estatus jurídico de la persona que acudió al amparo; en efecto, señala el juzgador en su sentencia que en la fecha en que se presentó la demanda el artículo quinto del Decreto impugnado establecía que las reformas surtirían efectos a partir del primero de septiembre de mil novecientos noventa y cinco; en esa virtud, en forma correcta se aplica la fracción III del artículo 74, en relación con la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo para sobreseer en el juicio por falta de interés jurídico del accionante, en tanto no iniciara la vigencia de la Ley cuestionada atendiendo a que éste no puede ser obligado a cumplirla. . Aun cuando el transitorio único del decreto de reformas señale que la ley entrará en vigor el primero de abril de mil novecientos noventa y cinco, esta disposición se refiere, en general, a todo el cuerpo normativo contenido en el Decreto impugnado, el que no sólo comprende el impuesto al valor agregado sino también reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta; respecto del primer impuesto mencionado en el artículo quinto se establecen disposiciones transitorias relativas al inicio de su vigencia, de las reformas al impuesto al valor agregado, las que rigen de manera especial a dicho tributo. Es por ello que el término oportuno para la presentación de la demanda no se debe computar a partir de la publicación del decreto, sino del inicio de vigencia de las normas impugnadas. Por otra parte, las tesis con las que ilustra su último agravio la parte recurrente, de rubros: "LEYES AUTOAPLICATIVAS CONDICIONADAS A ACUERDOS GENERALES. OPORTUNIDAD PARA EL AMPARO", "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO RESPECTO DE UN REGLAMENTO POR INAPLICACION DEL MISMO. NO PROCEDE SI SE TIENEN POR PRESUNTIVAMENTE CIERTOS LOS ACTOS DE APLICACION", "LEYES, AMPARO CONTRA LA EXPEDICION, PROMULGACION Y PUBLICACION DE LAS" y "...LA SENTENCIA DICTADA EN LA, NO CONLLEVA EL REENVIO ANTE EL JUEZ DE DISTRITO", no desvirtúan la falta de interés jurídico en el accionante, dado que se refieren, respectivamente, a la oportunidad para hacer valer la acción de garantías tratándose de leyes autoaplicativas; a la improcedencia del sobreseimiento cuando se reclame un reglamento si se surte la presunción de certeza respecto de los actos de ejecución; a la improcedencia del sobreseimiento respecto de los actos legislativos consistentes en la expedición, promulgación y publicación de las leyes, dado que no tienen el carácter de consumados; y a la imposibilidad para que el tribunal ad quem remita al a quo la jurisdicción para que resuelva sobre cuestiones omitidas, de lo contrario, se sigue que las tesis invocadas por la recurrente no son aptas para modificar o revocar el sobreseimiento decretado por el juzgador de primer grado ya que atribuyen interés jurídico en el accionante para impugnar el Decreto de Reformas a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, ni desvirtúan esa falta de interés". En las relatadas consideraciones, es de destacar, que si bien la Segunda Sala del más alto tribunal del país, analizó una legislación diversa, también lo es que sostiene, en lo que interesa, que eran infundados los agravios vertidos por el recurrente, dado que resultaba acertado lo resuelto por el Juez de Distrito, pues el sobreseimiento en el juicio de origen se debió a que las normas impugnadas, si bien tienen el carácter de autoaplicativas y el disconforme acreditó encontrarse en el supuesto, aquéllas a la fecha de presentación de la demanda, no se encontraban vigentes, dado que a través de un artículo transitorio su vigencia iniciaba con posterioridad (vacatio legis), por lo que éstas no tenían ningún efecto en el estatus jurídico del inconforme; lo que en el caso también acontece, pues la demanda se presentó el veintidós de septiembre de dos mil veinte y, el artículo quinto transitorio del decreto impugnado de inconstitucional publicado el veintiuno de marzo del año citado, establece que las autorizaciones, concesiones, licencias y permisos otorgados durante la vigencia de la Ley abrogada, continuarán vigentes por el plazo otorgado, siempre y cuando se cumpla con los requisitos y las condiciones de organización y funcionamiento previstos en dicho decreto, que las personas titulares de dichos documentos, en un plazo que no exceda de doce meses contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberán adecuarse a las disposiciones de esta Ley, por tanto, tal decreto surtirá efectos a partir del veinte de enero de dos mil veintiuno, es decir a la fecha de presentación de la demanda, no ha iniciado la vigencia del decreto multicitado y por ende la quejosa no puede ser obligada a cumplirlo. De igual manera y si bien las pruebas aportadas, colocan a la amparista en el supuesto previsto por la norma, ello no le genera algún derecho para impugnarla, dado que no sufre un agravio personal y directo en sus intereses jurídicamente tutelados, aun cuando haya sido publicada, pues se encuentra suspendida su obligatoriedad, conjuntamente con el inicio de vigencia. De tal suerte que aun y cuando el Decreto impugnado tenga el carácter de autoaplicativo, será hasta que inicie su vigencia, cuando podrá ser impugnado en amparo, por tratarse de una disposición de observancia general, que al cobrar vigencia, obliga a los gobernados destinatarios imponiéndoles una carga u obligación. Concluyendo entonces, que si un particular se dice afectado por los efectos autoaplicativos de la norma, carece de interés jurídico para reclamarla en amparo antes de su entrada en vigor, es decir durante el período denominado por la doctrina "vacatio legis", por más que como se asentó, la disconforme acude al juicio de amparo por considerar inconstitucional el decreto LXVII/EXLEY/0708/2020/II P.O. por el cual se aprobó la nueva Ley de Transportes del Estado de Chihuahua, esto al ser concesionaria del servicio público de Transporte Colectivo Urbano de Pasajeros en esta Ciudad. En consecuencia, si el artículo quinto transitorio de la ley que se combate concede a la impetrante de derechos fundamentales un plazo de doce meses para adecuarse a las disposiciones de esa ley, contado a partir de la entrada en vigor, en ese inter, no es procedente el juicio de amparo por carecer de interés jurídico para impugnar una ley que aún no ha entrado en vigor y que por lo mismo, no se le puede obligar a cumplirla, en razón de que durante dicho período la ley no puede ser obligatoria. Sirve de apoyo a lo anteriormente señalado, las tesis con registros 200656 y 200434, cuyo rubro y texto son: "AMPARO CONTRA LEYES. VACATIO LEGIS. CARENCIA DE INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR UNA LEY DURANTE ESE PERIODO. Cuando para la iniciación de vigencia de un dispositivo existe el período que la doctrina denomina vacatio legis, durante él los particulares no pueden ejercitar la acción de amparo por carecer de interés jurídico para impugnar una ley que aún no ha entrado en vigor y que por lo mismo no puede obligar a los particulares a cumplirla, en razón de que durante dicho período la ley no puede ser obligatoria. En consecuencia, si un particular se dice afectado por los efectos autoaplicativos de la norma, carece de interés jurídico para reclamarla en amparo antes de su entrada en vigor." "VACATIO LEGIS. CARENCIA DE INTERES JURIDICO PARA RECLAMAR UNA LEY DURANTE ESE PERIODO. Cuando para la iniciación de vigencia de un dispositivo existe el período que la doctrina denomina vacatio legis, durante él los particulares no pueden ejercitar la acción de amparo por carecer de interés jurídico suficiente para impugnar una ley que aún no ha entrado en vigor y que por lo mismo no puede obligar a los particulares a cumplirla, en razón de que durante dicho período la ley no puede ser obligatoria. En consecuencia, si un particular se dice afectado por los efectos autoaplicativos de la norma, carece de interés jurídico para reclamarla en amparo antes de su entrada en vigor". En las relatadas condiciones, como se anunció, se actualiza la causa de improcedencia en estudio, por ende, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sustenta el presente fallo la tesis con registro 2008148, cuyo rubro y texto son: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. NO ES SUSCEPTIBLE DE SOMETERSE A CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y/O CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO POR ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE MENOR JERARQUÍA. La obligación de las autoridades jurisdiccionales contenida en los artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de realizar un control de constitucionalidad y/o convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos y dar preferencia a los contenidos en la propia Ley Suprema y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario contenidas en cualquier norma inferior, no contempla a la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque el artículo 94 constitucional establece que será obligatoria para todos los órganos jurisdiccionales de conformidad con lo que disponga la ley y, en este caso, la Ley de Amparo así lo indica tanto en la abrogada como en el artículo 217 de la vigente; de ahí que no privan las mismas razones que se toman en cuenta para inaplicar una disposición emitida por el legislador cuando viola derechos humanos de fuente constitucional o convencional. Cabe precisar que en los casos en los que se pudiera advertir que una jurisprudencia del Alto Tribunal desatiende o contradice un derecho humano, cualquiera que sea su origen, existen los medios legales para que se subsane ese aspecto. En conclusión, aun partiendo del nuevo modelo de interpretación constitucional, no es posible determinar que la jurisprudencia del Máximo Tribunal del país pueda ser objeto de la decisión de un órgano de menor grado que tienda a inaplicarla, como resultado del ejercicio de control de convencionalidad ex officio, porque permitirlo daría como resultado que perdiera su carácter de obligatoria, ocasionando falta de certeza y seguridad jurídica". Dado el sentido del presente fallo, este órgano constitucional se encuentra jurídicamente imposibilitado para abordar el estudio de los conceptos de violación y, por ende, el análisis de fondo del asunto sometido a esta potestad, en virtud de las improcedencias que se actualizaron; acorde con la tesis de jurisprudencia 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 335 del Tomo VI, relativo a la Materia Común, de la Compilación de Ejecutorias correspondiente a los años de 1917-1995, con el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo anteriormente expuesto y fundado y además con apoyo en los artículos 76, 77, 78, 81 y 155, de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de derechos fundamentales indirecto 460/2020, promovido por Bertha García Solorio por derecho propio, por los motivos, razones y fundamentos expuestos en el considerando último de este fallo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintitrés de marzo de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el oficio de cuenta signado por el Director General de Normatividad de la Secretaria General de Gobierno, en representación del Gobernador Constitucional del Estado, con sede en la capital de esta entidad federativa, con el cual rinde su informe justificado, en términos de lo dispuesto por el numeral 117 de la ley de la materia; por lo que, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido. De igual manera, se tiene por hecha valer la causal de sobreseimiento que invoca y por formulados los alegatos contenidos en el oficio de cuenta, con los cuales sustenta la constitucionalidad del acto impugnado y solicita se niegue el amparo al quejoso, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional de acuerdo a lo previsto por el artículo 124 de la Ley de Amparo. Finalmente, con apoyo en el artículo 9° de la ley de la materia, por designados como delegados de la autoridad en cita a los profesionistas que refiere. Notifíquese.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintidós de marzo de dos mil veintiuno Visto el estado procesal de los autos, se advierte que hasta esta fecha no se ha recibido el informe justificado de las autoridades responsables Congreso y Gobernador, ambos del Estado de Chihuahua, con residencia en la capital de esta entidad federativa; ni en autos obra la constancia de notificación del oficio con el cual se les solicitó tal informe. En tales condiciones, no se está en aptitud de llevar a cabo la audiencia constitucional señalada para hoy y a fin de no dejar en estado de indefensión a las referidas autoridades se difiere dicha actuación y se fijan las diez horas con veinticinco minutos del catorce de abril de dos mil veintiuno, para su verificativo. Sin que por el momento, sea procedente solicitar los acuses de recibo de tal oficio a Correos de México de esta ciudad, dada la proximidad de la fecha de envío.

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