Bertha Olga Álvarez

Expediente 743/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 12 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2016.

Datos del expediente

Expediente
743/2016
Año
2016
Actuaciones
12
Última actuación
18/08/2016

Partes del expediente

  • Bertha Olga Álvarez
  • Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; dieciocho de agosto de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2, se agregan a los autos sin mayor proveer las piezas postales de cuenta, a través de las cuales el Administrador de Correos de Toluca, Estado de México, comunica la imposibilidad legal que tuvo para entregar los oficios 15846 y 15854, que contienen los proveídos de ocho de agosto del año en curso, dirigidos a la autoridad denominada Comisario de la Policía Ministerial de Tenango del Valle, Estado de México, por las razones ahí expuestas Lo anterior es así, toda vez que mediante acuerdo de tres de junio de la anualidad, se dejó de tener con el carácter de autoridad responsable, para los efectos del presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado José Jiménez Sarmiento, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/2900/2016, de veintiocho de junio de dos mil dieciséis, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa asistido ante el licenciado Erik Roberto Frías Guerrero, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2, se agrega a los autos la razón de cuenta, por medio de la cual la actuaria judicial adscrita hace constar su imposibilidad para notificar personalmente a la quejosa Bertha Olga Álvarez Durán, el acuerdo de veintiocho de julio de dos mil dieciséis, por las razones expuestas en la misma. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27 fracción III, inciso a) en relación con el diverso 29 de la Ley de Amparo, se ordena notificar por lista que se publique en este órgano jurisdiccional el acuerdo de veintiocho de julio del año en curso. Se notifica a la parte quejosa el auto de veintiocho de julio de dos mil dieciséis, que sustancialmente dice: "se sobresee fuera de audiencia.", por medio de lista.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, se agrega a los autos el oficio y anexo de cuenta, signado por el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, mediante el cual remite copias certificadas del acta mínima de audiencia dentro de la prórroga de plazo constitucional de veintiuno de junio de dos mil dieciséis; acta mínima de audiencia para resolver sobre vinculación a proceso de veintidós del mes y año en curso y del audio y video de las diligencias mencionadas, en la que decretó auto de no vinculación a proceso contra la aquí quejosa Bertha Olga Alvares Duran. Atento a lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas, admitidas y desahogadas las documentales públicas que oferta la autoridad responsable como medio de convicción. En ese orden de ideas, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo, la cual señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los Artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;" Del análisis gramatical del artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, para que se verifique dicha causal, es necesario concurran los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Además, el examen de las causales de improcedencia del juicio de amparo es oficioso, esto es, deben estudiarse por el Juzgador aunque las partes no lo hagan valer, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto; por tanto, si se advierte un indicio sobre la existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, el Juzgador de manera oficiosa debe indagar y hacerse allegar las pruebas necesarias para resolver si dicha improcedencia se actualiza o no, y así probada fehacientemente, sobresea en el juicio; lo que sucede en el sumario en que se actúa, ya que se advierte, como ya se dijo, la actualización de una causal de improcedencia, y al respecto son útiles las constancias certificadas remitidas por el quejoso, en el ocurso de cuenta. Sirve de apoyo la Jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, enero de 2006, página 319, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto. Acotado lo anterior, es necesario hacer una breve reseña del juicio de amparo 743/2016 con la finalidad de justificar la causal de improcedencia que se estudia en este apartado. 1. Dentro del referido expediente, Bertha Olga Alvares Duran promovió juicio de amparo, como acto reclamado señaló la orden de aprehensión o comparecencia girada en su contra, en la carpeta administrativa 2306/2014, del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México. 2. Seguida la secuela procesal correspondiente, la autoridad responsable mediante oficio sin número, presentado en la oficialía de partes de este Órgano Jurisdiccional, el veinte de junio de dos mil dieciséis, entre otras cosas precisó: ".en audiencia celebrada el día de la fecha, el fiscal formuló imputación y en consecuencia se decretó detención, en contra de BERTHA OLGA ALVARES DURAN, por el hecho delictuoso de FALSO TESTIMONIO, en agravio de la ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA." 3. Así, con el ocurso de cuenta la responsable adjuntó como medio de convicción, copias certificadas del acta mínima de audiencia dentro de la prórroga de plazo constitucional de veintiuno de junio de dos mil dieciséis; acta mínima de audiencia para resolver sobre vinculación a proceso de veintidós del mes y año en curso y del audio y video de las diligencias mencionadas, en la que decretó auto de no vinculación a proceso contra la aquí quejosa Bertha Olga Alvares Duran, en los términos siguientes: ".Juez.- Siendo las nueve horas, este unitario resuelve la situación jurídica de la imputada y dicta AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO, en contra de BERTHA OLGA ALVARES DURAN, por el hecho delictuoso de FALSO TESTIMONIO, en agravio de la ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA." Dicha resolución se encuentra notificada a las partes según se advierte de las constancias certificadas mencionadas. Ahora bien, cabe hacer mención que el acto reclamado en este juicio de amparo es "la orden de aprehensión o comparecencia" de la aquí quejosa, en autos de la carpeta administrativa 2306/2014 que se instruye en su contra, por el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México. Asimismo, de la reseña hecha en párrafos precedentes se puede advertir que en el presente juicio de amparo el veintidós de junio de dos mil dieciséis se dictó auto de no vinculación a proceso contra la aquí amparista, en la carpeta administrativa citada, el cual fue notificado el mismo día a las nueve horas, tal cual se advierte del anexo certificado exhibido por la responsable. Bajo este tamiz, es claro que el anterior contexto trae como consecuencia que en torno al acto que hoy se combate a través de este juicio de amparo, exista un cambio de situación jurídica. Cierto, posterior a la emisión del acto que la hoy peticionaria del amparo reclama, se dictó auto de no vinculación a proceso el que le fue notificado de inmediato, por estar presente en la sala al igual que su defensa particular; tal situación se advierte ya sucedió, toda vez que la ahora quejosa incluso solicitó copias certificadas de dicha determinación. Luego, tal circunstancia lleva a afirmar que se efectuó un cambio de situación jurídica, considerándose consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poder decidirse sin afectar la nueva situación jurídica, al haberse emitido auto de no vinculación a proceso en contra de la accionante constitucional. Dicho de otra manera, el acto reclamado en esta vía ya no puede ser materia de examen constitucional, pues lo actuado por la responsable es ahora un obstáculo que impide examinar el acto reclamado en este asunto, pues esa nueva situación jurídico-procesal en el juicio de origen puede resultar afectada y, dicho sea de paso, tal situación jurídica es la que ahora rige el estatus procesal en el enjuiciamiento natural; razón por la que se actualiza la causa de improcedencia aludida. Lo anterior, lo informa la tesis 2a. CXI/96, sustentada por la Segunda de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 219, tomo IV, diciembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a). Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b). Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c). Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d). Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional". Luego, el sobreseimiento es decretado sin que se lleve a cabo la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar con la tramitación del juicio, ya que sólo trastocaría el principio de celeridad establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tales circunstancias y al encontrarse plenamente acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, resulta procedente sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio constitucional con apoyo en la fracción III, del artículo 63 de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis visible en la página 441 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Mayo de 2004, Novena Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "RATIFICACIÓN DE LA DETENCIÓN. EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, CUANDO CON POSTERIORIDAD SE DICTA AUTO DE FORMAL PRISIÓN (INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL NUEVE DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE). Si bien la finalidad de la reforma al artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, fue para que, cuando se señale como acto reclamado la orden de aprehensión y con posterioridad se dicte el auto de formal prisión, no rija la excepción a la regla, consistente en la actualización de la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica; lo cierto es que todas las violaciones al artículo 16 constitucional, entre las que se encuentra la ratificación de la detención, quedaron fuera de esa excepción, en virtud de que dicho dispositivo fue suprimido. Lo anterior, motivó que en el juicio de amparo, específicamente en materia penal, deban analizarse los actos reclamados que se consideran violatorios del artículo 16 constitucional, a la luz de la regla general que prevé la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, para establecer si se actualiza o no la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica. Por consiguiente, cuando en un juicio de amparo se reclame la ratificación del Juez de la detención realizada por el Ministerio Público, el dictado del auto de formal prisión hace que se actualice la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica, ya que con el auto de formal prisión culmina la etapa de preinstrucción, iniciando la etapa de instrucción en donde la persona a quien se le atribuye la comisión de un delito adquiere la calidad de procesado. El cambio de situación jurídica aludido, hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones que se le atribuyen a la ratificación de la detención, ya que no es posible decidir sobre las mismas sin afectar la nueva situación jurídica del quejoso, generada por el inicio de la etapa de la instrucción al haberse dictado el auto de formal prisión, el cual tiene su fundamento, principalmente, en el artículo 19 de la Constitución Federal." Sin que sea óbice a lo anterior que no se haya dado vista a la parte quejosa con la causal de improcedencia aludida, como lo dispone el segundo párrafo del artículo 64 de la ley de la materia, pues dicha obligación sólo impera para los Tribunales revisores; es decir, cuando se agoten los recursos que procedan contra las determinaciones emitidas en esta instancia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 24, cuyo rubro es del contenido siguiente. "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO. De la interpretación del citado precepto legal que indica: "Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga", se concluye que la vista a la que se refiere debe darse, en principio, cuando la causa de improcedencia que se advierte de oficio no haya sido alegada por una de las partes y, además, no se haya analizado por un órgano jurisdiccional que hubiere conocido de la primera instancia del juicio de amparo respectivo, ante la imposibilidad de impugnar lo que al efecto se determine por el órgano de alzada de amparo, por lo que deberán actuar en esos términos tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los Tribunales Colegiados de Circuito, según sea el caso, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, en aras de velar por el derecho de audiencia y atendiendo al sistema proteccionista ampliado de la Ley de Amparo, la disposición respectiva también es aplicable para el caso de que en el trámite del juicio de amparo directo, como instancia terminal, se estime de oficio que se actualiza una causa de improcedencia, por lo que en tal caso, igualmente los referidos Tribunales Colegiados de Circuito deben dar vista a la quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el propósito de darle oportunidad de expresar argumentos tendentes a favorecer su situación jurídica en relación con la posible causa de improcedencia." Por tanto, se deja sin efectos la fecha señalada en autos para el verificativo de la audiencia constitucional, a saber las once horas del once de julio de dos mil dieciséis. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Finalmente, en atención al sentido de la resolución que antecede, por lo que hace a las solicitudes de la parte quejosa y el informe de la responsable, se agregan para que únicamente obren como corresponda.

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de veinte de junio del año en curso, se solicitó al Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, remita copias certificadas del auto de plazo constitucional que emitió, en autos de la carpeta administrativa 2306/2014, sin que al día de la fecha se cuente con el resultado de dicha solicitud. Por tanto, a fin de que se cumplimente lo anterior, y no violar las reglas que rigen el juicio de garantías o causar un menoscabo en los derechos fundamentales de las partes, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy, y se fijan las once horas del once de julio de dos mil dieciséis.

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