Bertha Edith Gutiérrez Sánchez
Expediente 737/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 27 actuaciones registradas, la última del 3 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 737/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 03/07/2017
Partes del expediente
- Bertha Edith Gutiérrez Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
- Principal
Toluca, Estado de México, tres de julio de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy, las partes no interpusieron recurso de inconformidad dentro del término legal, contra el auto que tuvo por cumplida la sentencia; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 357 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por último, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracciones III y IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, este expediente y el original del incidente de suspensión son susceptibles de depuración ya que se concedió el amparo y, se negó y concedió la medida cautelar; demás, carecen de relevancia documental, por ende glósese al presente el original del incidente referido. Una vez que transcurran seis meses, destrúyase el duplicado del incidente.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO AL AVISO DE DOS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, NOTIFICÓ POR LISTA EL ACUERDO DE VEINTISÉIS DE MAYO DE DOS MIL DIEICSIETE, A LA PARTE QUEJOSA DE INICIALES B.E.G.S. Toluca, Estado de México, veintiséis de mayo de dos mil diecisiete. Visto lo de cuenta y toda vez que las partes no formularon manifestación en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, se procede a calificar el mismo. Por sentencia con engrose de veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que la autoridad responsable Juez Séptimo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, deje insubsistente la resolución interlocutoria de veintinueve de abril de dos mil dieciséis, única y exclusivamente en el apartado relativo a la pensión alimenticia de la parte quejosa; y con plenitud de jurisdicción, emita una nueva resolución, en la cual tome en consideración: 1. Que como bien lo refiere la autoridad responsable, objetivamente el aquí tercero interesado, en su calidad de deudor alimentario, tiene capacidad económica, pues del expediente de origen se advierte que: a) Las partes en el juicio natural son propietarios de dos inmuebles (***), y estimó no eran de poca monta; b) La aquí quejosa señaló que su cónyuge cuenta con una infraestructura propia (seis consultorios), los cuales corresponden a la sociedad conyugal, como se advertía de los tres certificados de inscripción expedidos por el Instituto de la Función Registral del Estado de México, respecto de tres de los seis consultorios ubicados en calle ***, los cuales se encuentran inscritos a favor de ***; empero, se advierte la venta de tres consultorios, así como un contrato privado de promesa de compraventa y un contrato privado de compraventa, concluyéndose que tales consultorios ya no formaban parte del haber patrimonial del aquí tercero interesado; sin embargo, derivado de ello, se presentó un ingresó económico que incidió en el incremento de su capacidad monetaria; y, c) El aquí tercero interesado cubre el pago de colegiatura del ****, relativo a la menor ***, por un monto de $***), más lo relativo a útiles, uniformes, excursiones, clases extracurriculares y cuotas escolares; d) Es concluyente que el aquí tercero interesado siempre sufragó todos los gastos que comprenden los alimentos de ambas quejosas; y es que, en adición, la aquí quejosa *** refiere no ha trabajado por estar al cuidado del hogar y de los padecimientos que presenta su menor hija, así como que es ama de casa. 2. Tomando en cuenta lo anterior, se insiste, con plenitud de jurisdicción, y a fin de resolver si la pensión alimenticia controvertida debe o no modificarse a favor del demandado, al resolver también deberá analizar las documentales consistentes en los resultados de laboratorio expedido por ***, de fecha veinte de mayo de dos mil quince, a nombre de la parte quejosa ****, de los que aduce se le ha detectado padecimiento de osteoporosis acentuándose en la columna vertebral región lumbar, cadera y antebrazos. 3. De igual manera, en relación a las manifestaciones que vertió la impetrante de garantías, respecto de su imposibilidad para trabajar, debido al padecimiento de osteoporosis que se le ha detectado, y a las diversas relativas a que no ha laborado por estar al cuidado del hogar y de los padecimientos que presenta su menor hija, así como que se desempeña como ama de casa. 4. Asimismo, se pronunciará en cuanto hace a las documentales inherentes al estado de salud que guarda la menor quejosa ****, es decir, el "resumen médico" y la dieta especial que se alega y que en párrafos precedentes han sido precisadas. 5. También dilucidará, si la quejosa **** cuenta con una independencia económica o, en su caso, financiera, y la relevancia de sus estudios superiores; si cuenta con una salud física que la haga viable para desempeñar algún empleo y en su caso, cuidará que por lo que hace a la progenitora y la menor aquí quejosas, no se ponga en peligro su subsistencia; y, 6. Finalmente, deberá dejar perfectamente clarificado si la pensión decretada corresponde únicamente a la menor o a ambas quejosas. Por último, los efectos de la sentencia se hacen extensivos a la autoridad con carácter de ejecutora, señalada en el presente sumario constitucional, pues el acto a ella reclamado no lo es por vicios propios. Inconforme con dicha determinación, el tercero interesado interpuso revisión; recurso del cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, quien en el amparo en revisión civil ****, el cuatro de mayo de dos mil diecisiete, determinó confirmar la sentencia recurrida. Por auto de diez de mayo de dos mil diecisiete, se requirió su cumplimiento; por lo que, el Juez Séptimo de lo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, a través del oficio 1572 presentado el dieciséis de mayo de dos mil diecisiete ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, y el día siguiente en este órgano jurisdiccional, adjuntó copia certificada de la sentencia interlocutoria de dieciséis de los actuales, de la que se advierte que dejó insubsistente la diversa de veintinueve de abril de dos mil quince, dictada en el expediente ****, única y exclusivamente en el apartado relativo a la pensión alimenticia de la parte quejosa; en la cual tomó en consideración, que objetivamente el aquí tercero interesado cuenta con una capacidad económica suficiente y bastante que le ha permitido hacerse cargo de la obligación alimentaria que le corresponde respecto de su menor hija y la señora ****, ello, en virtud de que las partes involucradas son propietarios de dos inmuebles, uno destinado al ejercicio profesional como Cirujano Dentista, del aquí tercero interesado, ubicado en calle **** ******. De igual manera, consideró que formaban parte de la sociedad conyugal seis consultorios, de los cuales, tres se encontraban debidamente inscritos a favor del deudor alimentario en el Instituto de la Función Registral del Estado de México, y respecto de los otros tres consultorios, éstos fueron motivo de venta, uno más sujeto a un contrato privado de promesa de compraventa, y un quinto consultorio de un contrato privado de compraventa; que ello era así, pues constaba en autos que el Notario Público número sesenta y uno, cotejó con los originales que le fueron mostrados en fecha dos de abril de dos mil nueve y doce de octubre de dos mil once, mismo que incluso cuentan con la firma de aquí quejosa ****, por lo que estimó tenía pleno conocimiento de tales actos jurídicos y, por ende, al ser estos últimos dos contratos privados de compraventa de fecha cierta, a ese momento se acreditaba que esos consultorios ya no formaban parte del haber patrimonial del demando y recurrente; documentales que únicamente servían como indicio para la fijación de la pensión alimentaria provisional, sujeta al recurso de revocación intentado, pues su valoración, análisis y alcance demostrativo, tendría que llevarse a cabo en sentencia definitiva. Luego, en relación a lo anterior, concluyó que cinco de los seis consultorios ya no formaban parte del haber patrimonial del aquí tercero interesado; empero, ello implicó un ingreso económico que aumento sus haberes monetarios y con ello su capacidad económica. Además, no obstante que exhibió sus declaraciones fiscales, de las que se advertía que sus ingresos mensuales ascendías a ****, sin embargo, no justificada ni acreditaba que sus ingresos mes con mes fueran por el mismo monto, pues al tener la profesión de cirujano dentista y ser el dueño de su propio consultorio, es decir, no cubrir renta por el local que ocupa, así como ser variable el número de pacientes que atiende mensualmente, indudablemente, sus ingresos mensuales podían ser superiores a los que había reportado al fisco el día veintitrés de febrero de dos mil dieciséis. Por tanto, agregó, en términos de lo dispuesto en el artículo 4.138 del Código Civil anterior a las reformas, pero aplicable al asunto, ante la incertidumbre de los ingresos reales que obtenía o de los que pudiera disponer el deudor alimentario, éste se encontraba en el imperativo legal de proporcionar alimentos a sus acreedores conforme lo venía haciendo hasta antes de la disolución del vínculo matrimonial, de tal forma que no se vea afectado el nivel de vida en que venían desenvolviéndose la progenitora y su menor hija, aquí quejosas. Así también, no pasó desapercibido para la responsable, el que el aquí tercero interesado exhibió el trece de abril de dos mil dieciséis, tres recibos de pago de colegiatura del ****, de la menor *****, así como un recibo de pago número **** por concepto de material escolar de la misma institución académica, a nombre de la citada menor, respecto de los cuales, indicó, pretendía acreditar su cumplimiento de obligación alimentaria, específicamente del rubro de educación y ello se fallaría en la sentencia definitiva que se fuera a emitir en la etapa controvertida del divorcio incausado; sin embargo, precisó, a través de tales documentos se revelaba que **** tenía la capacidad económica para cubrir los gastos de un colegio particular, útiles, uniformes, excursiones, clases extracurriculares y cuotas escolares de un colegio de calidad, de considerables rendimientos y de costos elevados, como él mismo lo había reconocido. Corolario de lo anterior, la responsable señaló que para lograrse cubrir los rubros que enmarca el artículo 4.135 de la legislación sustantiva civil, por el momento, a favor de la menor procreada por las partes, se fijaba una pensión provisional consistente en el equivalente a tres días diarios de salario mínimo vigente, que equivalen a ****, considerando en promedio meses de treinta días y el salario mínimo vigente de ****, para tratar de conservar el estatus de vida que lleva la menor, considerando el colegio al que asiste y todos los demás gastos que implica su sustento. Además, ello era así, al tomarse en cuenta las documentales, consistentes en el resumen médico expedido por el Doctor Arturo Ayala Estrada, en favor de la citada menor, así como, la constancia expedida por la Licenciada en Nutrición, Brenda Esquivel García, de las que se obtenía que la aludida menor presentaba resistencia a la insulina e hipotiroidismo adquirido, requería tratamiento nutricional a fin de regular la ingesta de alimentos adecuados que requiere y evitar la posible aparición de diabetes, lo que sin duda significaba acudir de manera periódica con los médicos especialistas, conllevando el pago correspondiente de consultas por honorarios médicos, compra de medicamentos prescritos y de alimentos que requería; erogaciones que, a consideración de la responsable, han sido cubiertas por ****; sin que sea de considerarse la alusión a múltiples adeudos que éste tiene con diversas institución bancarias y con la madre de su contraparte, pues tales argumentaciones serían motivo de valoración en sentencia definitiva. Por otra parte, en lo que atañe a la pensión alimenticia a favor de la aquí quejosa *****, la responsable indicó, que del acta de matrimonio que exhibió ****, se advertía que en el rubro de ocupación de la contrayente, arrojaba que ésta señaló ser contador público y que en el año de la celebración de las nupcias (mil novecientos ochenta y nueve), contaba con la edad de veintiocho años, por lo que actualmente cuenta con la edad aproximada de cincuenta y seis años, lo que implicaba que, por su edad, el campo laboral para ésta estaba disminuido; circunstancia que tomaba en consideración para la determinación de la pensión alimenticia provisional a favor de la ex cónyuge. Agregó, que obraban en autos los resultados del ****, de fecha veinte de mayo de dos mil quince, a nombre de la parte quejosa ****, de los que de su literalidad no se advierte un diagnóstico expreso y entendible en términos cotidianos, si la valorada presenta osteoporosis o no; no obstante ello, conforme los valores que se desprendían del mismo estudio, se apreciaba que cuando el T-Score es igual o menor a *** la persona presente osteoporisis, señalando que el término T-Score es el número de desviaciones estándar (SD) por debajo de la DMO (Densidad Mineral Ósea) media en adultos jóvenes (entre veinticinco y cuarenta y cinco años). Luego, el estudio de laboratorio practicado a la quejosa, arrojaba que no se encontraba dentro del parámetro de osteoporosis, sino que correspondía al padecimiento denominado osteopenia (disminución de la densidad mineral ósea), el cual puede o no originar la presencia de osteoporosis; por lo que, no eran atendibles las manifestaciones que vertió, en el sentido de que debido al padecimiento que presentaba, se encontraba impedida para trabajar. Sin embargo, al tomar en consideración las diversas manifestaciones relativas a que durante la vigencia del matrimonio siempre se dedicó al cuidado y administración del hogar, así como al cuidado y vigilancia de la menor procreada por las partes, con fundamento en el artículo 4.99 del Código Civil aplicable, fijó una pensión alimenticia provisional a favor de *****, consistente en el equivalente a un día y medio de salario mínimo vigente, equivalente a ****, considerando en promedio meses de treinta días y el salario mínimo vigente de ***, para tratar de conservar el estatus de vida en el que se venía desenvolviendo en el último año. Asimismo, la responsable precisó, que la quejosa **** no cuenta con independencia económica ni financiera, pues de manera cotidiana y habitual se dedicó a las labores propias del hogar, así como al cuidado de su menor hija; no obstante ello, ésta no se encuentra impedida para trabajar por el motivo que indica, esto es por referir que padece osteoporosis, pues como se apuntó, su situación médica actual la coloca en un padecimiento denominado osteopenia; sin embargo, la limitante que podría presentársele para colocarse en el campo laboral, se encuentra en su edad adulta, pues no obstante contar con preparación profesional de contador público, al no haber ejercido tal actividad, no cuenta con experiencia profesional alguna, colocándola en desventaja frente a otros profesionistas que sí tengan experiencia y con menor edad. En consecuencia y en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el juez responsable resolvió dejar insubsistente la sentencia interlocutoria recurrida, única y exclusivamente en el apartado relativo a la pensión alimenticia a favor de la peticionaria de amparo y, derivado de que declaró parcialmente procedentes y fundados los agravios expresados por el recurrente, determinó que el auto de cuatro de abril de dos mil dieciséis fuera modificado para quedar en los términos descritos en la resolución. Por su parte, la autoridad ejecutora mediante oficio 1573 presentado ante este juzgado el diecisiete de los corrientes, señaló que se adhería al cumplimiento que realizó la ordenadora. Del examen de las documentales que anexó la responsable ordenadora, mismas que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria tienen pleno valor probatorio, se desprende que ésta atendió a los efectos del fallo protector, pues mediante interlocutoria de dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, dejó insubsistente la diversa resolución reclamada, única y exclusivamente en el apartado relativo a la pensión alimenticia de la parte quejosa; y, con plenitud de jurisdicción, emitió una nueva resolución, en la cual tomó en consideración, que el aquí tercero interesado, en su calidad de deudor alimentario, tiene capacidad económica; así como, se pronunció en cuanto hace a las documentales inherentes al estado de salud que guarda la menor quejosa *****, es decir, el "resumen médico" y la dieta especial que se alegaba y que fueron precisadas; para finalmente fijar una pensión provisional para tratar de conservar el estatus de vida que lleva la menor, considerando el colegio al que asiste y todos los demás gastos que implica su sustento. De igual manera, el juez responsable se pronunció en relación a las manifestaciones que vertió la impetrante de garantías ****, respecto de su imposibilidad para trabajar, debido al padecimiento de osteoporosis que se le ha detectado, y a las diversas relativas a que no ha laborado por estar al cuidado del hogar y de los padecimientos que presenta su menor hija, así como que se desempeña como ama de casa; y tomó en cuenta las documentales consistentes en los resultados de laboratorio expedido por ****, de fecha veinte de mayo de dos mil quince, a nombre de la quejosa, de los que aduce se le ha detectado padecimiento de osteoporosis acentuándose en la columna vertebral región lumbar, cadera y antebrazos. También, el juez de origen dilucidó, si la quejosa **** contaba con una independencia económica o, en su caso, financiera, y la relevancia de sus estudios superiores; si contaba con una salud física que la hiciera viable para desempeñar algún empleo; para finalmente fijar una pensión alimenticia provisional a su favor, a fin de tratar de conservar el estatus de vida en el que se venía desenvolviendo en el último año. Esto es, dejó perfectamente clarificada la pensión correspondiente a la menor, así como a su progenitora. Por todo lo plasmado, debe hacerse mención, que se le restituyó en el pleno goce de los derechos fundamentales violados. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos o defectos. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y AL TERCERO INTERESADO, ASÍ COMO AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN; Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo proveyó Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, asistido del secretario Oscar Jesús Segundo Suárez, que da fe.
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Toluca, Estado de México, veintiséis de mayo de dos mil diecisiete. Visto lo de cuenta y toda vez que las partes no formularon manifestación en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, se procede a calificar el mismo. Por sentencia con engrose de veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que la autoridad responsable Juez Séptimo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, deje insubsistente la resolución interlocutoria de veintinueve de abril de dos mil dieciséis, única y exclusivamente en el apartado relativo a la pensión alimenticia de la parte quejosa; y con plenitud de jurisdicción, emita una nueva resolución, en la cual tome en consideración: 1. Que como bien lo refiere la autoridad responsable, objetivamente el aquí tercero interesado, en su calidad de deudor alimentario, tiene capacidad económica, pues del expediente de origen se advierte que: a) Las partes en el juicio natural son propietarios de dos inmuebles (***), y estimó no eran de poca monta; b) La aquí quejosa señaló que su cónyuge cuenta con una infraestructura propia (seis consultorios), los cuales corresponden a la sociedad conyugal, como se advertía de los tres certificados de inscripción expedidos por el Instituto de la Función Registral del Estado de México, respecto de tres de los seis consultorios ubicados en calle ***, los cuales se encuentran inscritos a favor de ***; empero, se advierte la venta de tres consultorios, así como un contrato privado de promesa de compraventa y un contrato privado de compraventa, concluyéndose que tales consultorios ya no formaban parte del haber patrimonial del aquí tercero interesado; sin embargo, derivado de ello, se presentó un ingresó económico que incidió en el incremento de su capacidad monetaria; y, c) El aquí tercero interesado cubre el pago de colegiatura del ****, relativo a la menor ***, por un monto de $***), más lo relativo a útiles, uniformes, excursiones, clases extracurriculares y cuotas escolares; d) Es concluyente que el aquí tercero interesado siempre sufragó todos los gastos que comprenden los alimentos de ambas quejosas; y es que, en adición, la aquí quejosa *** refiere no ha trabajado por estar al cuidado del hogar y de los padecimientos que presenta su menor hija, así como que es ama de casa. 2. Tomando en cuenta lo anterior, se insiste, con plenitud de jurisdicción, y a fin de resolver si la pensión alimenticia controvertida debe o no modificarse a favor del demandado, al resolver también deberá analizar las documentales consistentes en los resultados de laboratorio expedido por ***, de fecha veinte de mayo de dos mil quince, a nombre de la parte quejosa ****, de los que aduce se le ha detectado padecimiento de osteoporosis acentuándose en la columna vertebral región lumbar, cadera y antebrazos. 3. De igual manera, en relación a las manifestaciones que vertió la impetrante de garantías, respecto de su imposibilidad para trabajar, debido al padecimiento de osteoporosis que se le ha detectado, y a las diversas relativas a que no ha laborado por estar al cuidado del hogar y de los padecimientos que presenta su menor hija, así como que se desempeña como ama de casa. 4. Asimismo, se pronunciará en cuanto hace a las documentales inherentes al estado de salud que guarda la menor quejosa ****, es decir, el "resumen médico" y la dieta especial que se alega y que en párrafos precedentes han sido precisadas. 5. También dilucidará, si la quejosa **** cuenta con una independencia económica o, en su caso, financiera, y la relevancia de sus estudios superiores; si cuenta con una salud física que la haga viable para desempeñar algún empleo y en su caso, cuidará que por lo que hace a la progenitora y la menor aquí quejosas, no se ponga en peligro su subsistencia; y, 6. Finalmente, deberá dejar perfectamente clarificado si la pensión decretada corresponde únicamente a la menor o a ambas quejosas. Por último, los efectos de la sentencia se hacen extensivos a la autoridad con carácter de ejecutora, señalada en el presente sumario constitucional, pues el acto a ella reclamado no lo es por vicios propios. Inconforme con dicha determinación, el tercero interesado interpuso revisión; recurso del cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, quien en el amparo en revisión civil ****, el cuatro de mayo de dos mil diecisiete, determinó confirmar la sentencia recurrida. Por auto de diez de mayo de dos mil diecisiete, se requirió su cumplimiento; por lo que, el Juez Séptimo de lo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, a través del oficio 1572 presentado el dieciséis de mayo de dos mil diecisiete ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, y el día siguiente en este órgano jurisdiccional, adjuntó copia certificada de la sentencia interlocutoria de dieciséis de los actuales, de la que se advierte que dejó insubsistente la diversa de veintinueve de abril de dos mil quince, dictada en el expediente ****, única y exclusivamente en el apartado relativo a la pensión alimenticia de la parte quejosa; en la cual tomó en consideración, que objetivamente el aquí tercero interesado cuenta con una capacidad económica suficiente y bastante que le ha permitido hacerse cargo de la obligación alimentaria que le corresponde respecto de su menor hija y la señora ****, ello, en virtud de que las partes involucradas son propietarios de dos inmuebles, uno destinado al ejercicio profesional como Cirujano Dentista, del aquí tercero interesado, ubicado en calle **** ******. De igual manera, consideró que formaban parte de la sociedad conyugal seis consultorios, de los cuales, tres se encontraban debidamente inscritos a favor del deudor alimentario en el Instituto de la Función Registral del Estado de México, y respecto de los otros tres consultorios, éstos fueron motivo de venta, uno más sujeto a un contrato privado de promesa de compraventa, y un quinto consultorio de un contrato privado de compraventa; que ello era así, pues constaba en autos que el Notario Público número sesenta y uno, cotejó con los originales que le fueron mostrados en fecha dos de abril de dos mil nueve y doce de octubre de dos mil once, mismo que incluso cuentan con la firma de aquí quejosa ****, por lo que estimó tenía pleno conocimiento de tales actos jurídicos y, por ende, al ser estos últimos dos contratos privados de compraventa de fecha cierta, a ese momento se acreditaba que esos consultorios ya no formaban parte del haber patrimonial del demando y recurrente; documentales que únicamente servían como indicio para la fijación de la pensión alimentaria provisional, sujeta al recurso de revocación intentado, pues su valoración, análisis y alcance demostrativo, tendría que llevarse a cabo en sentencia definitiva. Luego, en relación a lo anterior, concluyó que cinco de los seis consultorios ya no formaban parte del haber patrimonial del aquí tercero interesado; empero, ello implicó un ingreso económico que aumento sus haberes monetarios y con ello su capacidad económica. Además, no obstante que exhibió sus declaraciones fiscales, de las que se advertía que sus ingresos mensuales ascendías a ****, sin embargo, no justificada ni acreditaba que sus ingresos mes con mes fueran por el mismo monto, pues al tener la profesión de cirujano dentista y ser el dueño de su propio consultorio, es decir, no cubrir renta por el local que ocupa, así como ser variable el número de pacientes que atiende mensualmente, indudablemente, sus ingresos mensuales podían ser superiores a los que había reportado al fisco el día veintitrés de febrero de dos mil dieciséis. Por tanto, agregó, en términos de lo dispuesto en el artículo 4.138 del Código Civil anterior a las reformas, pero aplicable al asunto, ante la incertidumbre de los ingresos reales que obtenía o de los que pudiera disponer el deudor alimentario, éste se encontraba en el imperativo legal de proporcionar alimentos a sus acreedores conforme lo venía haciendo hasta antes de la disolución del vínculo matrimonial, de tal forma que no se vea afectado el nivel de vida en que venían desenvolviéndose la progenitora y su menor hija, aquí quejosas. Así también, no pasó desapercibido para la responsable, el que el aquí tercero interesado exhibió el trece de abril de dos mil dieciséis, tres recibos de pago de colegiatura del ****, de la menor *****, así como un recibo de pago número **** por concepto de material escolar de la misma institución académica, a nombre de la citada menor, respecto de los cuales, indicó, pretendía acreditar su cumplimiento de obligación alimentaria, específicamente del rubro de educación y ello se fallaría en la sentencia definitiva que se fuera a emitir en la etapa controvertida del divorcio incausado; sin embargo, precisó, a través de tales documentos se revelaba que **** tenía la capacidad económica para cubrir los gastos de un colegio particular, útiles, uniformes, excursiones, clases extracurriculares y cuotas escolares de un colegio de calidad, de considerables rendimientos y de costos elevados, como él mismo lo había reconocido. Corolario de lo anterior, la responsable señaló que para lograrse cubrir los rubros que enmarca el artículo 4.135 de la legislación sustantiva civil, por el momento, a favor de la menor procreada por las partes, se fijaba una pensión provisional consistente en el equivalente a tres días diarios de salario mínimo vigente, que equivalen a ****, considerando en promedio meses de treinta días y el salario mínimo vigente de ****, para tratar de conservar el estatus de vida que lleva la menor, considerando el colegio al que asiste y todos los demás gastos que implica su sustento. Además, ello era así, al tomarse en cuenta las documentales, consistentes en el resumen médico expedido por el Doctor Arturo Ayala Estrada, en favor de la citada menor, así como, la constancia expedida por la Licenciada en Nutrición, Brenda Esquivel García, de las que se obtenía que la aludida menor presentaba resistencia a la insulina e hipotiroidismo adquirido, requería tratamiento nutricional a fin de regular la ingesta de alimentos adecuados que requiere y evitar la posible aparición de diabetes, lo que sin duda significaba acudir de manera periódica con los médicos especialistas, conllevando el pago correspondiente de consultas por honorarios médicos, compra de medicamentos prescritos y de alimentos que requería; erogaciones que, a consideración de la responsable, han sido cubiertas por ****; sin que sea de considerarse la alusión a múltiples adeudos que éste tiene con diversas institución bancarias y con la madre de su contraparte, pues tales argumentaciones serían motivo de valoración en sentencia definitiva. Por otra parte, en lo que atañe a la pensión alimenticia a favor de la aquí quejosa *****, la responsable indicó, que del acta de matrimonio que exhibió ****, se advertía que en el rubro de ocupación de la contrayente, arrojaba que ésta señaló ser contador público y que en el año de la celebración de las nupcias (mil novecientos ochenta y nueve), contaba con la edad de veintiocho años, por lo que actualmente cuenta con la edad aproximada de cincuenta y seis años, lo que implicaba que, por su edad, el campo laboral para ésta estaba disminuido; circunstancia que tomaba en consideración para la determinación de la pensión alimenticia provisional a favor de la ex cónyuge. Agregó, que obraban en autos los resultados del ****, de fecha veinte de mayo de dos mil quince, a nombre de la parte quejosa ****, de los que de su literalidad no se advierte un diagnóstico expreso y entendible en términos cotidianos, si la valorada presenta osteoporosis o no; no obstante ello, conforme los valores que se desprendían del mismo estudio, se apreciaba que cuando el T-Score es igual o menor a *** la persona presente osteoporisis, señalando que el término T-Score es el número de desviaciones estándar (SD) por debajo de la DMO (Densidad Mineral Ósea) media en adultos jóvenes (entre veinticinco y cuarenta y cinco años). Luego, el estudio de laboratorio practicado a la quejosa, arrojaba que no se encontraba dentro del parámetro de osteoporosis, sino que correspondía al padecimiento denominado osteopenia (disminución de la densidad mineral ósea), el cual puede o no originar la presencia de osteoporosis; por lo que, no eran atendibles las manifestaciones que vertió, en el sentido de que debido al padecimiento que presentaba, se encontraba impedida para trabajar. Sin embargo, al tomar en consideración las diversas manifestaciones relativas a que durante la vigencia del matrimonio siempre se dedicó al cuidado y administración del hogar, así como al cuidado y vigilancia de la menor procreada por las partes, con fundamento en el artículo 4.99 del Código Civil aplicable, fijó una pensión alimenticia provisional a favor de *****, consistente en el equivalente a un día y medio de salario mínimo vigente, equivalente a ****, considerando en promedio meses de treinta días y el salario mínimo vigente de ***, para tratar de conservar el estatus de vida en el que se venía desenvolviendo en el último año. Asimismo, la responsable precisó, que la quejosa **** no cuenta con independencia económica ni financiera, pues de manera cotidiana y habitual se dedicó a las labores propias del hogar, así como al cuidado de su menor hija; no obstante ello, ésta no se encuentra impedida para trabajar por el motivo que indica, esto es por referir que padece osteoporosis, pues como se apuntó, su situación médica actual la coloca en un padecimiento denominado osteopenia; sin embargo, la limitante que podría presentársele para colocarse en el campo laboral, se encuentra en su edad adulta, pues no obstante contar con preparación profesional de contador público, al no haber ejercido tal actividad, no cuenta con experiencia profesional alguna, colocándola en desventaja frente a otros profesionistas que sí tengan experiencia y con menor edad. En consecuencia y en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el juez responsable resolvió dejar insubsistente la sentencia interlocutoria recurrida, única y exclusivamente en el apartado relativo a la pensión alimenticia a favor de la peticionaria de amparo y, derivado de que declaró parcialmente procedentes y fundados los agravios expresados por el recurrente, determinó que el auto de cuatro de abril de dos mil dieciséis fuera modificado para quedar en los términos descritos en la resolución. Por su parte, la autoridad ejecutora mediante oficio 1573 presentado ante este juzgado el diecisiete de los corrientes, señaló que se adhería al cumplimiento que realizó la ordenadora. Del examen de las documentales que anexó la responsable ordenadora, mismas que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria tienen pleno valor probatorio, se desprende que ésta atendió a los efectos del fallo protector, pues mediante interlocutoria de dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, dejó insubsistente la diversa resolución reclamada, única y exclusivamente en el apartado relativo a la pensión alimenticia de la parte quejosa; y, con plenitud de jurisdicción, emitió una nueva resolución, en la cual tomó en consideración, que el aquí tercero interesado, en su calidad de deudor alimentario, tiene capacidad económica; así como, se pronunció en cuanto hace a las documentales inherentes al estado de salud que guarda la menor quejosa *****, es decir, el "resumen médico" y la dieta especial que se alegaba y que fueron precisadas; para finalmente fijar una pensión provisional para tratar de conservar el estatus de vida que lleva la menor, considerando el colegio al que asiste y todos los demás gastos que implica su sustento. De igual manera, el juez responsable se pronunció en relación a las manifestaciones que vertió la impetrante de garantías ****, respecto de su imposibilidad para trabajar, debido al padecimiento de osteoporosis que se le ha detectado, y a las diversas relativas a que no ha laborado por estar al cuidado del hogar y de los padecimientos que presenta su menor hija, así como que se desempeña como ama de casa; y tomó en cuenta las documentales consistentes en los resultados de laboratorio expedido por ****, de fecha veinte de mayo de dos mil quince, a nombre de la quejosa, de los que aduce se le ha detectado padecimiento de osteoporosis acentuándose en la columna vertebral región lumbar, cadera y antebrazos. También, el juez de origen dilucidó, si la quejosa **** contaba con una independencia económica o, en su caso, financiera, y la relevancia de sus estudios superiores; si contaba con una salud física que la hiciera viable para desempeñar algún empleo; para finalmente fijar una pensión alimenticia provisional a su favor, a fin de tratar de conservar el estatus de vida en el que se venía desenvolviendo en el último año. Esto es, dejó perfectamente clarificada la pensión correspondiente a la menor, así como a su progenitora. Por todo lo plasmado, debe hacerse mención, que se le restituyó en el pleno goce de los derechos fundamentales violados. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos o defectos. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y AL TERCERO INTERESADO, ASÍ COMO AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN; Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo proveyó Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, asistido del secretario Oscar Jesús Segundo Suárez, que da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México, dieciocho de mayo de dos mil diecisiete. Agréguense los oficios de las autoridades que los suscriben, por medio de los cuales informan las acciones tendentes a cumplir la sentencia. Con lo anterior, dese vista a las partes, para que dentro del término de tres días manifiesten lo que a su interés convenga; con el apercibimiento que, de no hacerlo, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad.
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