Bertha Espino Hernández

Expediente 1689/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 18 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1689/2015
Año
2015
Actuaciones
18
Última actuación
26/11/2015

Partes del expediente

  • Bertha Espino Hernández
  • Mónica Martínez Alvarado
  • Juez Primero del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de la Capital del Estado de Zacatecas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    En la misma fecha, se da cuenta al Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintiséis de noviembre de dos mil quince. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86, de la Ley de Amparo vigente, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada por este Juzgado el día tres de noviembre del año en curso, en la cual se sobreseyó el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA; por lo que en su oportunidad de conformidad con el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de la Materia vigente, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el expediente principal ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en virtud que se decretó el sobreseimiento; además de que este Juzgado considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Asimismo, se declara QUE EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN RELATIVO ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, atendiendo a que el mismo por una parte se negó y por otra se concedió la suspensión definitiva al promovente del amparo; luego, deben conservarse las constancias relativas a la copia de la demanda de amparo con que se formó, así como de la resolución del otorgamiento de la suspensión definitiva; en consecuencia, agréguese este cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. Respecto al CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo, es también SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firmó el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido de la Secretaria que autoriza, licenciada María Soledad Torres Muguiro.- DOY FE.

  2. Principal

    En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, siendo las DOCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL TRES DE NOVIEMBRE DOS MIL QUINCE, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías 1689/2015, estando en audiencia pública el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente, procedió a su celebración, sin contar con la asistencia personal de las partes. Acto seguido, el Secretario procede a dar lectura a las constancias que integran el presente juicio de garantías, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas, en aplicación a la Jurisprudencia siguiente: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo, de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas.". En relación con lo anterior, el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias, por leídas las mismas; por rendido el informe justificado de las autoridades señaladas como responsables, en términos del numeral 117 de la Ley de Amparo vigente; por emplazada a la tercero interesada Verónica Gómez Leyva. A continuación, en el período de ofrecimiento y recepción de pruebas, el Secretario da cuenta con las documentales que anexó la quejosa con su demanda de garantías; las que exhibió su autorizada con su ocurso presentado el veintinueve de septiembre del año en curso, con registro 19284; así como las que la Juez Segundo Mercantil de la capital remitió como justificación de sus actos, consistentes en copias certificadas de las constancias deducidas del juicio ejecutivo mercantil 5/2015. Al respecto, el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo vigente, se tienen por desahogadas de acuerdo a su propia y especial naturaleza las documentales antes señaladas. Se declara cerrado el período probatorio y se pasa al de alegatos; en el que se tienen por formulados los que hizo valer la tercero interesada Verónica Gómez Leyva, en su escrito recibido en este Juzgado el veintinueve de septiembre de dos mil quince, con registro 19215. En consecuencia, no existiendo más diligencias pendientes por desahogar, se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la sentencia que en derecho proceda. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1689/2013-3; y, R E S U L T A N D O 1°. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el cuatro de septiembre de dos mil quince en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, cuyo conocimiento le correspondió por razón de turno a este órgano jurisdiccional, BERTHA ESPINO HERNÁNDEZ solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades, actos y por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos constitucionales que enseguida se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES: Juez Primero Mercantil. Juez Segundo Mercantil. Juez Tercero Mercantil. Coordinadora de las Centrales de Actuarios, Notificadores y Peritos del Poder Judicial del Estado Todas, con sede en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS: "La Orden de Embargo girada en mi contra así como el excesivo interés moratorio que se me pretende cobrar y el cumplimiento que se pretende dar a dicha orden de embargo". Preceptos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señaló como garantías vulneradas las que tutelan los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2°. Trámite del juicio de amparo. Por auto de ocho de septiembre de dos mil quince se admitió a trámite la demanda de garantías, correspondiéndole el consecutivo 1689/2015; se ordenó solicitar a las autoridades responsables su informe justificado; dar la intervención legal que compete al Agente del Ministerio Público Federal adscrito y señalar hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del Acta que antecede y que forma parte integral de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, tiene competencia legal para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33 fracción IV y 107 fracción II, de la Ley de Amparo en vigor; 48 y 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Tribunal Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. II. Precisión y certeza de los actos reclamados. II.1. Precisión de los actos reclamados. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados debe precisarse en qué consisten, en términos de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo en vigor y las jurisprudencias de los rubros: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de garantías; así como del informe justificado rendido por la Juez Segundo Mercantil de la capital, con sede en Zacatecas y por la Coordinadora de las Centrales de Actuarios, Notificadores y Peritos del Poder Judicial del Estado, se advierte que los actos reclamados se hacen consistir en el auto de exequendo dictado por esa autoridad judicial el siete de enero de dos mil quince, en el juicio ejecutivo mercantil 5/2015; así como su ejecución. II.2.1. Inexistencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez determinados los actos reclamados, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia, presunción o certeza de los mismos, como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis del rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad.". II.2.2. Inexistencia. Los jueces Primero y Tercero del Ramo Mercantil con residencia en esta ciudad, en su respectivo informe justificado que rindieron negaron expresamente los actos que se les reclama (f. 29 y 49). Atendiendo a lo anterior, y al no haber exhibido la parte quejosa prueba alguna para desvirtuar esas negativas, lo procedente es sobreseer en el juicio de garantías, respecto de las citadas responsables, con apoyo en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo en vigor, que establece: "Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;". Al respecto, es aplicable la tesis del contenido literal siguiente: "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. NO REQUIERE RAZONARSE. La autoridad responsable al negar la existencia del acto que se le atribuye, no necesita justificar o razonar su negativa.". También sirve de apoyo el criterio sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.". II.2.3. Certeza. Son ciertos los actos que se reclaman a las diversas autoridades responsables Juez Segundo Mercantil de la capital, con sede en Zacatecas y por la Coordinadora de las Centrales de Actuarios, Notificadores y Peritos del Poder Judicial del Estado, toda vez que así lo reconocieron expresamente al rendir su informe justificado (f. 31 y 51). Al respecto, es aplicable la Jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 206, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice de 1995, del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Además, la certeza de los actos reclamados a las citadas responsables se corrobora con las constancias que integran el juicio mercantil ejecutivo 5/2015, que en copia fotostática certificada remitió la Juez Segundo del Ramo Mercantil de la capital en apoyo a su respectivo informe de ley; documentales que revisten plena eficacia probatoria de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2° de esta última legislación, ya que se trata de documentos públicos en los que consta la determinación reclamada. En relación con lo anterior se invoca la Jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 153 del Apéndice de 1995 mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, cuyo contenido integral es el siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". III. El estudio de la procedencia del juicio de amparo, por ser de orden público, es de oficio y preferente al de la materia de fondo de la constitucionalidad planteada, acorde a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo vigente, y en acatamiento a la Jurisprudencia 814, consultable en la página 553, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, compilación de 1917 a 1995, del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes cualquiera que sea la instancia.". En el presente asunto, este Juez de Distrito considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" Por su parte, los numerales 1334, 1335, 1339 y 1340, del Código de Comercio, disponen: "Art. 1,334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición." "Art. 1,335. Tanto la revocación en primera instancia como la reposición deberán pedirse por escrito dentro de los tres días siguientes a que haya surtido efectos la notificación del proveído a impugnar, dando vista a la contraria por un término igual y el tribunal debe resolver y mandar notificar su determinación dentro de los tres días siguientes. De la resolución en que se decida si se concede o no la revocación o la reposición no habrá ningún recurso." "Art. 1,339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $520,900.00 (Quinientos veinte mil novecientos pesos 00/100 M.N.) por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente. Corresponderá a la Secretaría de Economía actualizar cada año por inflación el monto expresado en pesos en el párrafo anterior y publicarlo en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el 30 de diciembre de cada año. Para estos efectos, se basará en la variación observada en el valor del Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía entre la última actualización de dicho monto y el mes de noviembre del año en cuestión. Las sentencias que fueren recurribles, conforme al primer párrafo de este artículo, lo serán por la apelación que se admita en ambos efectos, salvo cuando la Ley expresamente determine que lo sean sólo en el devolutivo. Sólo serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente o cuando lo disponga este código, y la sentencia definitiva pueda ser susceptible de apelación, de acuerdo a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo. El recurso de apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones, que se dicten en el trámite del procedimiento se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación conjunta con la apelación de la sentencia definitiva, sin que sea necesario en tal escrito la expresión de agravios; interpuesta esta apelación, se reservará su trámite para que se realice en su caso conjuntamente con la tramitación de la apelación que se formule en contra de la sentencia definitiva por la misma parte apelante. Para que proceda la apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones en efecto devolutivo o en el suspensivo se requiere disposición especial de la ley. La apelación debe interponerse ante el tribunal que haya pronunciado el auto, interlocutoria o resolución, a más tardar dentro de los nueve días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación si se tratare de sentencia definitiva, seis si fuere contra auto, interlocutoria o resolución, dictada en el procedimiento si se trata de apelaciones de tramitación inmediata y en el término de tres días si se trata de apelación de tramitación conjunta con la sentencia definitiva. Los agravios que hayan de expresarse en contra del auto, interlocutoria o resolución, cuando se trate de apelaciones de tramitación inmediata o de sentencia definitiva, se expresarán al interponerse el recurso de apelación. Los agravios que en su caso se deban expresar en contra de resoluciones de tramitación conjunta con la sentencia definitiva se expresarán en la forma y términos previstos en el artículo 1344 de este Código." "Art. 1,340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $520,900.00 (Quinientos veinte mil novecientos pesos 00/100 M.N.) por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339." Como se ve, la interpretación armónica y sistemática de los preceptos legales transcritos permite colegir que en los juicios mercantiles no procede la apelación cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $520,900.00 (Quinientos veinte mil novecientos pesos 00/100 M.N.) por concepto de suerte principal; actualizada dicha cantidad conforme lo dispone el artículo 1339 del Código de Comercio. Al respecto, conviene acotar que la redacción utilizada por el legislador federal no debe interpretarse en el sentido de que establece una limitación específica para considerar irrecurribles los autos y resoluciones que se dicten en negocios de un monto menor al antes señalado, sino solamente que no procede el recurso de apelación, según el diverso numeral 1340 de la legislación mercantil en consulta. En ese sentido, el precepto 1334 del mismo ordenamiento legal, establece que la revocación es procedente en contra de autos dictados en primera instancia que no sean apelables, hipótesis donde se ubican los pronunciados en juicios mercantiles que, por razón de la cuantía de la prestación principal, no admiten ese medio de impugnación. Ahora bien, este tipo de normas son definidas por la teoría del derecho como de enunciado abierto, pues permiten deducir, por inferencia, la hipótesis en que cobran aplicación, en cuanto aluden a "... los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el Juez que los dictó ...", y tiene por objeto llenar vacíos legales. En ese contexto, si en un juicio de esa naturaleza la sentencia que se dicte en lo principal no es susceptible de recurrirse a través de la apelación, por razón de la cuantía, y tampoco pueden serlo los autos de trámite, entonces cobra aplicación la diversa hipótesis prevista en el invocado artículo 1334, conforme al cual, las determinaciones que no admiten aquel medio de defensa son susceptibles de ser revocadas por el juez que las hubiera dictado. Establecido lo anterior, precisado quedó en párrafos que preceden, que en el presente asunto el acto reclamado consiste en el auto de exequendo dictado el siete de enero de dos mil quince, dentro del juicio mercantil ejecutivo 5/2015, promovido por Verónica Gómez Leyva en contra de la aquí quejosa BERTHA ESPINO HERNÁNDEZ, en el que se ordenó requerirla por el pago de las prestaciones reclamadas en la demanda; y en caso de no hacerlo, se le embargaran bienes suficientes para garantizarlas; así como emplazarla para que en el término de ocho días hiciera pago de lo reclamado; o bien, se opusiera a la ejecución si tuviera excepciones que hacer valer. Pues bien, atendiendo a la interpretación sistemática de los invocados numerales 1334, 1335, 1339 y 1340, todos del Código de Comercio; y tomando en consideración que el monto de la suerte principal que se demanda en el juicio de origen lo es por la cantidad de $18,363.42 (dieciocho mil trescientos sesenta y tres pesos 42/100 M.N.), es decir, es inferior al monto de $520,900.00 (Quinientos veinte mil novecientos pesos 00/100 M.N.) a que alude el precepto citado en último término; de ello se sigue que la peticionaria de garantías debió impugnar la determinación que aquí reclama, a través del recurso de revocación que establece el primero de los dispositivo citados, dado que es el conducto legal por el cual el auto de exequendo que impugna puede ser modificado, revocado o nulificado. En efecto, bajo las premisas apuntadas, es claro que: 1. Si la quejosa figura como demandada en el juicio mercantil ejecutivo 5/2015, que se tramita en el Juzgado Segundo del Ramo Mercantil con sede en la ciudad de Zacatecas, ello pone de manifiesto que no comparece al presente juicio de garantías como tercero extraña, sino como parte procesal. 2. Atendiendo a que la peticionaria de garantías tiene el carácter de parte procesal por ser la demandada en el citado juicio natural; por ende, tiene la obligación de agotar el medio ordinario de defensa correspondiente en contra del acto que consideran violatorio de garantías, como en la especie lo es el recurso de revocación que establece el ordinal 1334 del Código de Comercio, el cual debió hacer valer contra auto de exequendo dictado por el juez responsable el siete de enero de dos mil quince, mediante el cual ordenó requerirla por el pago de las prestaciones que se les demandan en el juicio ejecutivo mercantil de origen. Es aplicable a las consideraciones expuestas la Jurisprudencia 1a./J. 70/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 401, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Materia Civil, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, derivada de la contradicción de Tesis 30/2013, cuyo texto se lee: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012). De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión "son irrecurribles", en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto "De los Juicios Mercantiles", título primero "Disposiciones Generales", capítulo XXV, denominado "De la Apelación", del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 bis 1, no es susceptible de tramitarse en la vía oral mercantil (cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno). En el mismo sentido se orienta la Jurisprudencia 1ª./J. 59/2010, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 157 del Tomo XXXII, Septiembre de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, derivada de la contradicción de Tesis 51/2010, del contenido literal siguiente: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS INAPELABLES, DICTADOS EN JUICIOS MERCANTILES CUANDO POR SU MONTO SE VENTILEN EN JUZGADOS DE PAZ O DE CUANTÍA MENOR, O EL MONTO SEA INFERIOR A DOSCIENTOS MIL PESOS. De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, se advierte que como la apelación no procede en juicios mercantiles cuando el monto del contrato sea inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, los autos recaídos en esos negocios pueden revocarse por el juez que los dictó sin que sea factible considerar que el artículo 1339 del citado Código impide interponer el recurso de revocación en asuntos de dicha cuantía al referir que sólo son recurribles las resoluciones dictadas durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo valor exceda de doscientos mil pesos, ya que la intención del legislador al usar la expresión "recurribles" fue referirse al recurso de apelación, como se advierte del segundo párrafo del indicado artículo 1339, el cual establece que las sentencias recurribles, conforme al supuesto previsto en su primer párrafo, son apelables. Por tanto, los autos dictados en juicios mercantiles, cuando por su monto se ventilan en juzgados de paz o de cuantía menor, o el monto es inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, son impugnables mediante el recurso de revocación.". Asimismo, en congruencia con los criterios que preceden es aplicable al sentido de esta sentencia la tesis I.9o.C.16 C (10a.), sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 1512 del Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 2 Materia Civil, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del epígrafe: "REVOCACIÓN EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. PESE A LA REFORMA AL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO DE 9 DE ENERO DE 2012, NO ESTÁ SUPERADO EL CRITERIO DE LA PRIMERA SALA CONTENIDO EN LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 59/2010, AL PROCEDER DICHO RECURSO CONTRA LAS DETERMINACIONES O RESOLUCIONES DICTADAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO. Entre las modificaciones que realizó el legislador al Código de Comercio el nueve de enero del dos mil doce, aparece la relativa al artículo 1339, donde se establece, entre otras prevenciones, que son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a quinientos mil pesos, y de la exposición de motivos se advierte que esto se hizo para facilitar la tramitación de las controversias; sin embargo, no se realizó cambio alguno a los artículos 1334 y 1335 ubicados en el capítulo XXIV, denominado "De la revocación y reposición", que contienen las reglas de procedencia de los recursos de revocación y de reposición, sino sólo en el capítulo siguiente que regula la procedencia y trámite de la apelación, de cuyo análisis no se advierte la limitación para promover la revocación contra las determinaciones o resoluciones dictadas durante el procedimiento, como pudiera ser el proveído que califica las posiciones o el que declara desierta la prueba pericial o el que ordena el desahogo de la confesional. Consecuentemente, con las citadas reformas, no está superado el criterio establecido en la jurisprudencia 1a./J. 59/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, septiembre de 2010, página 157, de rubro: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS INAPELABLES, DICTADOS EN JUICIOS MERCANTILES CUANDO POR SU MONTO SE VENTILEN EN JUZGADOS DE PAZ O DE CUANTÍA MENOR, O EL MONTO SEA INFERIOR A DOSCIENTOS MIL PESOS." En las relatadas condiciones, como la garante no hizo valer el indicado recurso de revocación, previo a la promoción del juicio de garantías; por ende, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, pues no se agotó el principio de definitividad que rige al juicio de garantías, conforme al cual cuando éste se promueva contra resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo, no debe existir la posibilidad de que sean modificados o revocados por virtud de un recurso o medio de defensa que la ley ordinaria regule dentro del procedimiento. Sirve de apoyo al tema la Jurisprudencia I.6°.C. J/37, que aparece publicada en la página número 902, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, instancia correspondiente a los Tribunales Colegiados de Circuito; del rubro y texto siguientes: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías.". De igual manera, por las razones que la informan se invoca la tesis I. 4o. C. J/25, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, correspondiente a la Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1990, visible en la página 361, del epígrafe: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCION XIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución.". Sin que sea obstáculo a la conclusión apuntada, la circunstancia de que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 6/2010, se haya pronunciado en el sentido de que el auto de exequendo dictado en un juicio ejecutivo mercantil es combatible en amparo indirecto, al constituir un acto de imposible reparación; pues en ese criterio sólo se define la vía y naturaleza del acto; empero, las normas que regulan el juicio de amparo indirecto no establecen como excepción al principio de definitividad el que se trate de actos de esa naturaleza, pues si bien el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, establece que procede el juicio de amparo en contra de los actos cuya ejecución sea de imposible reparación; empero, condiciona su procedencia al agotamiento previo de los recursos ordinarios que en su caso procedan, tal como lo consideró la referida Primera Sala, en la Jurisprudencia 44/2012, del rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." En efecto, el precepto constitucional antes citado, textualmente establece: "Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y " [.] Corrobora lo anterior, el criterio sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, consultable en la página 1527 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, Septiembre de 2005, que a la letra se lee: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SUS EXCEPCIONES, EN ASUNTOS DEL ORDEN CIVIL. En la tesis aislada número 2a. LVI/2000, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento cincuenta y seis del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, del mes de julio de dos mil, de rubro: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", se estimó que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman, entre otros, los actos dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, y los que carezcan de fundamentación. Dicho criterio, a pesar de estar ubicado en la materia común, según se desprende de sus datos de localización, y de que resulta tajante al referir dichas excepciones, no se estima aplicable a los asuntos del orden civil. Lo anterior es así, en virtud de que en relación con el primer supuesto de excepción citado, este tribunal considera que del contenido de la fracción III, inciso b), del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se desprende que esa haya sido la intención del Constituyente, ya que por el contrario, del inciso aludido claramente se evidencia que si bien el juicio de amparo procede contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación; sin embargo, ello está condicionado al agotamiento previo de los recursos que en su caso procedan; lo anterior, sin desconocer que existen supuestos de excepción a dicha regla, como los contemplados en el artículo 107, fracciones III, inciso c) (contra actos que afectan a personas extrañas al juicio), IV (los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución) y XII (los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal) y en el diverso 73, fracciones XII (amparo contra leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación), XIII (los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional) y XV (los que carezcan de fundamentación) de la Ley de Amparo, además de los señalados expresamente en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero que, como todas las normas que establecen excepciones, son de estricta aplicación, según lo ha sustentado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XIX, página 754 de rubro: "LEYES DE EXCEPCIÓN."; de ahí que no se estime acertado sostener como regla general, que contra los actos de ejecución irreparable no sea obligatorio agotar los recursos ordinarios, pues al menos en la materia civil ello, en todo caso, resulta excepcional; asimismo, tampoco se comparte la afirmación genérica contenida en dicha tesis aislada en el sentido de que no existe la obligación de cumplir con el principio de definitividad, cuando se reclaman actos que carezcan de fundamentación, pues dicha excepción no resulta aplicable cuando el acto reclamado hubiere sido dictado por un tribunal judicial, como es el caso de la materia civil, ya que dicha salvedad se ubica en el segundo párrafo de la fracción XV del numeral 73 de la Ley de Amparo, la cual sólo es aplicable, como literalmente lo refiere: "Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ...", hipótesis que evidentemente no sería extensiva a casos en donde el acto reclamado se trate de resoluciones dictadas por tribunales judiciales, como generalmente lo es en la materia civil; además, como se ha dicho, las normas que establecen excepciones son de estricta aplicación y, por tanto, dicha excepción no puede aplicarse por analogía a caso alguno no comprendido en ellas; de ahí que la afirmación genérica que se contiene en tales supuestos de la tesis aislada en comento, no es de compartirse en asuntos del orden civil, sobre todo cuando de los datos de localización de tal criterio, se le ubica en la "Materia(s): Común"." Asimismo, apoya lo expuesto la Jurisprudencia emitida por Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 1214 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, Agosto de 2007, cuyo rubro y texto son: "DEFINITIVIDAD. ESTE PRINCIPIO DEL JUICIO DE AMPARO DEBE CUMPLIRSE AUN ANTE LA RECLAMACIÓN DE ACTOS QUE REVISTAN UNA EJECUCIÓN IRREPARABLE. De la interpretación relacionada de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, se desprende que el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de garantías es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal; 37, 73, fracciones XII, XIII y XV, y 114 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Las anteriores precisiones y el examen integral de la normatividad jurídica mexicana ponen de manifiesto que no existe ninguna razón jurídica para sostener que contra los actos de ejecución irreparable no es obligatorio agotar los recursos ordinarios, antes bien, informan en cuanto a que la regla general es que en el juicio de amparo sólo pueden reclamarse actos definitivos; por consiguiente, no debe hermanarse el concepto de actos de ejecución irreparable con el principio de definitividad, pues de acuerdo con las anteriores precisiones, debe estimarse que aun contra actos dentro de juicio que revistan una ejecución irreparable, es menester que se agoten los recursos ordinarios procedentes a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de algunos de los mencionados supuestos de excepción al principio de definitividad." Sólo resta decir, que en el caso a estudio no se actualiza alguna de las excepciones que se establecen en los incisos a), b) y c) de la propia fracción XVIII del artículo 61 en comento, dado que el aquí reclamado no se trata de un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso; resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute; resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos; orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa; tampoco la promovente del amparo es persona extraña al procedimiento del que emanan el acto que impugna; ni el recurso de revocación que debieron hacer valer previo al amparo, se encuentra sujeto a interpretación adicional ni su fundamento legal es insuficiente para determinarla. En las relatadas condiciones, al no haber agotado la impetrante de garantías el recurso de revocación para combatir la determinación que en esta instancia reclama, previo al ejercicio de la acción constitucional; por tanto, se actualiza la causal de improcedencia analizada; consecuentemente, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, procede SOBRESEER en el presente juicio de garantías. R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de garantías 1689/2015, promovido por BERTHA ESPINO HERNÁNDEZ, contra los actos reclamados a las autoridades responsables, por las razones precisadas en los considerandos II.2.2 y III de esta sentencia. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo resolvió y firma el licenciado MANUEL AUGUSTO CASTRO LÓPEZ, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza. DOY FE. L´JJMT

  3. Principal

    En veinte de octubre de dos mil quince, la Secretaria licenciada María Soledad Torres Muguiro, doy cuenta al Juez con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veinte de octubre de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que en esta fecha se encuentra surtiendo efectos la notificación del auto de dieciséis de octubre del año en curso; por tanto, a fin de no dejar a la parte quejosa en estado de indefensión y dar oportunidad a que se imponga del contenido del proveído de que se habla, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DOCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL TRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, para su verificativo. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES y POR LISTA A LAS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe. *Rosy.

  4. Principal

    En diecinueve de octubre de dos mil quince, la Secretaria licenciada María Soledad Torres Muguiro, doy cuenta al Juez con el estado que guardan los presentes autos y con un escrito registrado con el folio 20612. Conste. Zacatecas, Zacatecas, diecinueve de octubre de dos mil quince. Agréguese a los presentes autos únicamente para que obre como corresponda el escrito signado por la autorizada de la parte quejosa licenciada Flor de María Rivera Carreón, por el que exhibe cuatro copias del interrogatorio al tenor del cual se llevaría a cabo el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la propia ocursante, para correr traslado a las diversas partes del presente juicio; sin que haya lugar a acordar de conformidad su petición, en razón de que mediante proveído de dieciséis de octubre del año en curso, se tuvo por no ofrecido dicho medio probatorio. NOTIFIQUESE POR LISTA A LAS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe. Rosy

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