Bertha Frairte Domínguez

Expediente 49/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 13 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
49/2017
Año
2017
Actuaciones
13
Última actuación
23/06/2017

Partes del expediente

  • Bertha Frairte Domínguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    veinte de diciembre de dos mil dieciséis EJECUTORIA SOBRESEE El veintitrés de junio de dos mil diecisiete, el Secretario Jorge Martín Zamora González, CERTIFICO: Que el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes legitimadas interpusieran recurso de revisión transcurrió del ocho al veintiuno de junio del año en curso, sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno dentro del juicio de amparo 49/2017. Que al revisar el expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; consistente en todo aquel soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales. Se hace constar que se tramitó incidente de suspensión en el que se negó la suspensión definitiva; y no se exhibió billete de depósito. Que no existen pruebas por devolver a la autoridad responsable. Doy fe. En la misma fecha, el Secretario da cuenta a la Secretaria encargada del despacho con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, A VEINTITRÉS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE. Visto el estado que guardan los autos así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada dentro del juicio de amparo en que se actúa, en la que se sobreseyó el juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley reglamentaria en consulta, se declara que dicho fallo HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes, y con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia invocada, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En ese sentido, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por se determina que tanto el expediente principal como el original del incidente de suspensión relativo SON SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN, en virtud que, en el primero se decretó el sobreseimiento y, en el segundo, se negó la suspensión definitiva; además de que este Juzgado considera que no revisten valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; en atención a ello, glósese al principal el original del incidente. Asimismo, el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Por último, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Alva Miranda Ramírez, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho por licencia de la titular, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y autorización concedida por el Presidente del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio 3153/2017, signado por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. María del Carmen*

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 49/2017; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el trece de enero de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Bertha Fraire Domínguez promovió demanda de amparo, contra el acto y autoridad que enseguida se describen: Autoridad responsable: Director de Fraccionamientos Rurales del Gobierno del Estado de Zacatecas. Acto reclamado: "La ejecución de la resolución de fecha cinco de septiembre del 2013, dictada dentro del Procedimiento Administrativo de apeo y deslinde, respecto a la fracción 5-B del lote 11-A, con una superficie de 7-00-00 Hectáreas de terreno de labor, ubicado en la Colonia Plenitud, terrenos expropiados a la Ex Hacienda Santa Cruz, del municipio de Fresnillo, Zacatecas, dentro del expediente 574/2008". Acto que, a su parecer, resulta violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. SEGUNDO. Trámite de amparo. La demanda de derechos se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas; y, mediante acuerdo de veinte de enero del año en curso, toda vez que la quejosa cumplió con la prevención que le fue realizada en auto de dieciséis anterior, se admitió el libelo constitucional; se registró con el expediente 49/2017; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se ordenó emplazar a la tercera interesada; se dio la intervención legal que por derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; y, se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional; y, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició el dos de marzo de dos mil diecisiete. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia para resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que la resolución reclamada se atribuye a una autoridad administrativa que reside en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la materia de la litis efectivamente planteada en este juicio se concreta en el acto reclamado siguiente: - La orden de ejecución de la resolución de cinco de septiembre de dos mil trece, dictada en el procedimiento administrativo de apeo y deslinde 574/2008, de veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, respecto a la fracción 5-B del lote 11-A, con una superficie de 7-00-00 hectáreas de terreno, ubicado en la colonia Plenitud, terrenos expropiados a la ex Hacienda Santa Cruz, del municipio de Fresnillo, Zacatecas. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Director de Fraccionamientos Rurales del Gobierno del Estado de Zacatecas, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado (foja 20). Además, remitió copia certificada del expediente relativo al procedimiento administrativo de apeo y deslinde 574/2008, promovido por Josefa Fraire Domínguez; documental que cuenta con pleno valor probatorio, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Con lo anterior, se encuentra acreditada la existencia del acto reclamado. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. El estudio de la procedencia del juicio es una cuestión de orden público y preferente a la materia de fondo de la controversia constitucional, según lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe y contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Precisado lo anterior, quien resuelve estima que respecto del acto reclamado consistente en la ejecución de la resolución de cinco de septiembre de dos mil trece, dictada por el Director de Fraccionamientos Rurales del Gobierno del Estado de Zacatecas en el procedimiento administrativo de apeo y deslinde 574/2008, respecto a la fracción 5-B del lote 11-A, con una superficie de 7-00-00 hectáreas de terreno, ubicado en la colonia Plenitud, terrenos expropiados a la ex Hacienda Santa Cruz, del municipio de Fresnillo, Zacatecas, se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XII, del artículo 61, en relación con los numerales 5 de la Ley de Amparo; y, 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que la parte quejosa no cuenta con interés jurídico, en virtud de que no acreditó la titularidad respecto del terreno que aduce contar con algún derecho. Para respaldar esta postura, es menester transcribir lo previsto por el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República; así como lo establecido en los diversos 6 y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que a la letra dicen: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetaran a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" Del precepto constitucional transcrito se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo; luego, como requisito de procedencia del amparo se requiere que el quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y que ese interés se vea afectado por los actos de una autoridad. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o, en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y además, provenir de un interés individual o colectivo; sin embargo, si se reclaman actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, como sucede en el caso, continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa (interés jurídico). Por su parte, los artículos 5, fracción I, 61, fracción XII, y el diverso numeral 6, todos de la Ley de Amparo establecen: Ley de Amparo. "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita.". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" Los preceptos anteriores engloban el principio de agravio personal y directo que rige al juicio de amparo, tratándose de actos o resoluciones provenientes de diversas clases de tribunales, entre los que se encuentran aquellos de naturaleza administrativa; es decir, en contra de ese tipo de actos, para la procedencia del amparo, se requiere que el quejoso cuente con interés jurídico, entendido éste como el derecho subjetivo con que cuenta el particular, cuando las prerrogativas que tiene reconocidas por el derecho positivo son transgredidas por un acto de autoridad o por una ley, lo cual lo faculta, por regla general, únicamente a él, a comparecer ante la justicia federal a solicitar el cese de la violación cometida en su perjuicio. De lo anterior se desprende que el perjuicio que conforma al interés jurídico en el amparo debe ser inmediato y directo, y no mediato o indirecto, ya que ésta forma no es propiamente lesiva de un derecho, al no tener una repercusión concreta en la esfera jurídica del quejoso. En esas condiciones, el interés que faculta a la parte quejosa para acudir al juicio de amparo a combatir actos de autoridades jurisdiccionales se integra por: a) Un derecho legítimamente tutelado (derecho subjetivo); y, b) Un perjuicio que el acto reclamado ocasione en la esfera jurídica del peticionario de garantías. En síntesis, para que la parte quejosa cuente con interés jurídico para efectos del juicio de amparo, se requiere que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus derechos jurídicamente tutelados. Por tanto, la falta de cualquiera de los dos elementos anteriores trae como consecuencia la improcedencia del juicio de amparo en los casos en comento, ya que no se contaría con el interés jurídico necesario para ejercer la acción constitucional mencionada. Ahora bien, el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones, pues de otra manera no se podría constatar con certeza la violación de derechos fundamentales alegada. Por esa razón, las afectaciones que se reclamen a través del juicio de amparo deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio. De modo que no puede hablarse de la existencia de un agravio personal y directo, cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente protegidos; de ahí que, el interés jurídico debe estar plenamente acreditado en autos para la procedencia del juicio contra actos provenientes de tribunales o autoridades administrativas. Es sustento de lo expuesto, sin oponerse a la nueva Ley de Amparo, la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, consultable en la página doscientos veinticinco del tomo XXVII, enero de dos mil ocho de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". El criterio jurídico contenido en la tesis transcrita que cobra aplicación al caso por la identidad jurídica substancial existente entre el artículo 4, que se interpreta en la tesis, con los numerales 5, fracción I, y 6, todos de la Ley de Amparo, así como por no contraponerse con alguna disposición del citado cuerpo legal. Bajo ese esquema, la parte quejosa debe demostrar que el acto de autoridad efectivamente, vulnera un derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo, para quedar manifiesta la noción de perjuicio jurídico, fundamento de la acción constitucional. Ahora bien, para sostener lo mencionado y para una mejor comprensión del asunto, es necesario relatar los antecedentes del acto reclamado: 1. Mediante escrito presentado el uno de septiembre de dos mil ocho, Josefa Fraire Domínguez (tercera interesada), presentó escrito ante la Dirección de Fraccionamientos Rurales del Gobierno del Estado de Zacateas, por el que solicitó el apeo y deslinde respecto de la fracción 5-B del lote 11-A, con una superficie de 7-00-00 hectáreas de terreno, del terreno de labor ubicado en la colonia plenitud, terrenos expropiados a la ex Hacienda Santa Cruz, del municipio de Fresnillo, Zacatecas (foja 1 a 4 del anexo). 2. En acuerdo de tres siguiente, se admitió a trámite el procedimiento de que se trata; se señalaron las once horas del seis de octubre de dos mil ocho para que se llevara a cabo la diligencia de apeo y deslinde; y, se notificara a los colindantes del inmueble descrito, mismos que mencionó la citada promovente en su solicitud (Victoriano Rojas Valle; Ma. Guadalupe González González, Ma. Alicia Fraire Domínguez y Antonio Fraire Zamora), a fin de que, si lo deseaban, comparecieran al desahogo de la citada diligencia (foja 12 del anexo). 3. Así, toda vez que la solicitante no compareció en la fecha y hora señaladas para el desahogo de la referida diligencia, se ordenó se suspendiera; para que ésta fuera desahogada el tres de noviembre de dos mil once; lo anterior, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de veinticuatro de mayo de dicho año. (fojas 57 y 58 del anexo). 4. Luego, mediante acuerdo de quince de febrero de dos mil doce, se recibió el informe topográfico presentado por el ingeniero Antonio Quezada Gamez, respecto del bien inmueble de que se trata, por el que se dio vista a las partes para que en el término de tres días, manifestaran lo que a su derecho convenga, apercibiéndolos que de no hacerlo, se entendería su conformidad en cuanto al mismo (foja 72 del anexo). 5. Después, mediante resolución de cinco de septiembre de dos mil trece, el director señalado como responsable, declaró la procedencia del proceso solicitado, ordenando fijar los puntos y señales correspondientes en cuanto al inmueble materia del proceso administrativo de origen, de conformidad con las medidas contenidas en el dictamen rendido en dicho expediente (foja 118 a 125 del anexo). 6. Posteriormente, dicha resolución al ser recurrida mediante recurso de inconformidad promovido por Sergio Antonio Fraire Domínguez, apoderado de José Antonio Fraire Zamora, fue confirmada por el Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas, mediante resolución de veinte de marzo de dos mil quince (foja 153 a 164 del anexo). 7. Finalmente, mediante proveído de veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, el Director de Fraccionamientos Rurales del Gobierno del Estado de Zacatecas, señaló las doce horas del veinticuatro de febrero del presente año, a fin de ejecutar la resolución de cinco de septiembre de dos mil trece (foja 185 del anexo). En tales condiciones, la anterior determinación constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. Ahora bien, la parte quejosa a fin de acreditar su interés jurídico en el presente juicio, en su demanda de amparo manifestó haber tramitado la nulidad del procedimiento administrativo de desistimiento y adjudicación, radicado con el número 894/2016; respecto del inmueble materia del procedimiento de apeo y deslinde que ahora se pretende ejecutar y, por ello, sostiene que la autoridad responsable debió tomar en cuenta que en el citado procedimiento de nulidad se abrió la etapa de alegatos el veinte de octubre de dos mil dieciséis y que aun no ha concluido. En consecuencia, dice la quejosa, no podía ordenarse la ejecución de la resolución dictada en el procedimiento de apeo y deslinde, porque el terreno en cuestión es objeto de otro litigio que está en trámite. De lo anterior se obtiene que la amparista pretende deducir una afectación a sus derechos por la orden de ejecución de la resolución dictada en el procedimiento de apeo y deslinde, respecto del inmueble consistente en la fracción 5-B del lote 11-A, con una superficie de 7-00-00 hectáreas de terreno, ubicado en la colonia Plenitud, terrenos expropiados a la ex Hacienda Santa Cruz, del municipio de Fresnillo, Zacatecas, porque, dice, tiene en trámite otro proceso por el que pretende la adjudicación de dicho bien. No obstante, de autos no se advierte probanza alguna con la que se acredite la existencia del diverso procedimiento 894/2016 que aduce la impetrante, de manera que tampoco es posible saber si con la orden de ejecución en el procedimiento de apeo y deslinde se afecta su esfera jurídica. Además, de las constancias allegadas por la autoridad responsable, no se advierte que exhibiera alguna constancia con la que acreditara la titularidad de algún derecho sobre el inmueble materia de la controversia. En efecto, como se precisó, la parte quejosa no acreditó resentir una afectación a su esfera jurídica, pues no allegó documento con el que acreditara que tiene la posesión o propiedad del bien inmueble, consistente en la fracción 5-B del lote 11-A, con una superficie de 7-00-00 hectáreas de terreno, ubicado en la colonia Plenitud, terrenos expropiados a la ex Hacienda Santa Cruz, del municipio de Fresnillo, Zacatecas, por lo que de ninguna manera, con la ejecución de la resolución combatida, se le estarían vulnerando los derechos fundamentales que señaló en su libelo constitucional. Por tanto, se concluye que toda vez que la parte quejosa no acreditó la titularidad de algún derecho sobre el bien inmueble materia del procedimiento de apeo y deslinde, no puede tenerse por demostrado un agravio personal y directo; y, por tanto, un daño a su interés jurídico; consecuentemente, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la materia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el diverso ordinal 61, fracción XII, en relación con el 6, ambos de la ley de la materia. En otro orden de ideas, al quedar demostrado que el juicio de derechos es improcedente y que debe sobreseerse, se estima innecesario estudiar la diversa causa de improcedencia hecha valer por la autoridad responsable Director de Fraccionamientos Rurales del Gobierno del Estado de Zacatecas. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J.54/98 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, Agosto de 1998, página 414, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 76, 77 y 124 de la Ley de Amparo se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Bertha Fraire Domínguez, contra los actos reclamados al Director de Fraccionamientos Rurales del Gobierno del Estado de Zacatecas, por los motivos indicados en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese personalmente a las partes y por oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Francisco Javier Soto Moreno, Secretario que autoriza, hoy treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, por así haberlo permitido las labores de este órgano jurisdiccional. Doy fe. /manuelcc 13131 veintitrés de marzo de dos mil diecisiete

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA JOSEFA FRAIRE DOMÍNGUEZ, LA SENTENCIA DICTADA EN FECHA TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c), DE LA LEY DE AMPARO: "V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 49/2017; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el trece de enero de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Bertha Fraire Domínguez promovió demanda de amparo, contra el acto y autoridad que enseguida se describen: Autoridad responsable: Director de Fraccionamientos Rurales del Gobierno del Estado de Zacatecas. Acto reclamado: "La ejecución de la resolución de fecha cinco de septiembre del 2013, dictada dentro del Procedimiento Administrativo de apeo y deslinde, respecto a la fracción 5-B del lote 11-A, con una superficie de 7-00-00 Hectáreas de terreno de labor, ubicado en la Colonia Plenitud, terrenos expropiados a la Ex Hacienda Santa Cruz, del municipio de Fresnillo, Zacatecas, dentro del expediente 574/2008". Acto que, a su parecer, resulta violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. SEGUNDO. Trámite de amparo. La demanda de derechos se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas; y, mediante acuerdo de veinte de enero del año en curso, toda vez que la quejosa cumplió con la prevención que le fue realizada en auto de dieciséis anterior, se admitió el libelo constitucional; se registró con el expediente 49/2017; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se ordenó emplazar a la tercera interesada; se dio la intervención legal que por derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; y, se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional; y, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició el dos de marzo de dos mil diecisiete. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia para resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que la resolución reclamada se atribuye a una autoridad administrativa que reside en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la materia de la litis efectivamente planteada en este juicio se concreta en el acto reclamado siguiente: - La orden de ejecución de la resolución de cinco de septiembre de dos mil trece, dictada en el procedimiento administrativo de apeo y deslinde 574/2008, de veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, respecto a la fracción 5-B del lote 11-A, con una superficie de 7-00-00 hectáreas de terreno, ubicado en la colonia Plenitud, terrenos expropiados a la ex Hacienda Santa Cruz, del municipio de Fresnillo, Zacatecas. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Director de Fraccionamientos Rurales del Gobierno del Estado de Zacatecas, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado (foja 20). Además, remitió copia certificada del expediente relativo al procedimiento administrativo de apeo y deslinde 574/2008, promovido por Josefa Fraire Domínguez; documental que cuenta con pleno valor probatorio, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Con lo anterior, se encuentra acreditada la existencia del acto reclamado. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. El estudio de la procedencia del juicio es una cuestión de orden público y preferente a la materia de fondo de la controversia constitucional, según lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe y contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Precisado lo anterior, quien resuelve estima que respecto del acto reclamado consistente en la ejecución de la resolución de cinco de septiembre de dos mil trece, dictada por el Director de Fraccionamientos Rurales del Gobierno del Estado de Zacatecas en el procedimiento administrativo de apeo y deslinde 574/2008, respecto a la fracción 5-B del lote 11-A, con una superficie de 7-00-00 hectáreas de terreno, ubicado en la colonia Plenitud, terrenos expropiados a la ex Hacienda Santa Cruz, del municipio de Fresnillo, Zacatecas, se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XII, del artículo 61, en relación con los numerales 5 de la Ley de Amparo; y, 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que la parte quejosa no cuenta con interés jurídico, en virtud de que no acreditó la titularidad respecto del terreno que aduce contar con algún derecho. Para respaldar esta postura, es menester transcribir lo previsto por el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República; así como lo establecido en los diversos 6 y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que a la letra dicen: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetaran a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" Del precepto constitucional transcrito se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo; luego, como requisito de procedencia del amparo se requiere que el quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y que ese interés se vea afectado por los actos de una autoridad. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o, en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y además, provenir de un interés individual o colectivo; sin embargo, si se reclaman actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, como sucede en el caso, continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa (interés jurídico). Por su parte, los artículos 5, fracción I, 61, fracción XII, y el diverso numeral 6, todos de la Ley de Amparo establecen: Ley de Amparo. "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita.". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" Los preceptos anteriores engloban el principio de agravio personal y directo que rige al juicio de amparo, tratándose de actos o resoluciones provenientes de diversas clases de tribunales, entre los que se encuentran aquellos de naturaleza administrativa; es decir, en contra de ese tipo de actos, para la procedencia del amparo, se requiere que el quejoso cuente con interés jurídico, entendido éste como el derecho subjetivo con que cuenta el particular, cuando las prerrogativas que tiene reconocidas por el derecho positivo son transgredidas por un acto de autoridad o por una ley, lo cual lo faculta, por regla general, únicamente a él, a comparecer ante la justicia federal a solicitar el cese de la violación cometida en su perjuicio. De lo anterior se desprende que el perjuicio que conforma al interés jurídico en el amparo debe ser inmediato y directo, y no mediato o indirecto, ya que ésta forma no es propiamente lesiva de un derecho, al no tener una repercusión concreta en la esfera jurídica del quejoso. En esas condiciones, el interés que faculta a la parte quejosa para acudir al juicio de amparo a combatir actos de autoridades jurisdiccionales se integra por: a) Un derecho legítimamente tutelado (derecho subjetivo); y, b) Un perjuicio que el acto reclamado ocasione en la esfera jurídica del peticionario de garantías. En síntesis, para que la parte quejosa cuente con interés jurídico para efectos del juicio de amparo, se requiere que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus derechos jurídicamente tutelados. Por tanto, la falta de cualquiera de los dos elementos anteriores trae como consecuencia la improcedencia del juicio de amparo en los casos en comento, ya que no se contaría con el interés jurídico necesario para ejercer la acción constitucional mencionada. Ahora bien, el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones, pues de otra manera no se podría constatar con certeza la violación de derechos fundamentales alegada. Por esa razón, las afectaciones que se reclamen a través del juicio de amparo deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio. De modo que no puede hablarse de la existencia de un agravio personal y directo, cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente protegidos; de ahí que, el interés jurídico debe estar plenamente acreditado en autos para la procedencia del juicio contra actos provenientes de tribunales o autoridades administrativas. Es sustento de lo expuesto, sin oponerse a la nueva Ley de Amparo, la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, consultable en la página doscientos veinticinco del tomo XXVII, enero de dos mil ocho de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". El criterio jurídico contenido en la tesis transcrita que cobra aplicación al caso por la identidad jurídica substancial existente entre el artículo 4, que se interpreta en la tesis, con los numerales 5, fracción I, y 6, todos de la Ley de Amparo, así como por no contraponerse con alguna disposición del citado cuerpo legal. Bajo ese esquema, la parte quejosa debe demostrar que el acto de autoridad efectivamente, vulnera un derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo, para quedar manifiesta la noción de perjuicio jurídico, fundamento de la acción constitucional. Ahora bien, para sostener lo mencionado y para una mejor comprensión del asunto, es necesario relatar los antecedentes del acto reclamado: 1. Mediante escrito presentado el uno de septiembre de dos mil ocho, Josefa Fraire Domínguez (tercera interesada), presentó escrito ante la Dirección de Fraccionamientos Rurales del Gobierno del Estado de Zacateas, por el que solicitó el apeo y deslinde respecto de la fracción 5-B del lote 11-A, con una superficie de 7-00-00 hectáreas de terreno, del terreno de labor ubicado en la colonia plenitud, terrenos expropiados a la ex Hacienda Santa Cruz, del municipio de Fresnillo, Zacatecas (foja 1 a 4 del anexo). 2. En acuerdo de tres siguiente, se admitió a trámite el procedimiento de que se trata; se señalaron las once horas del seis de octubre de dos mil ocho para que se llevara a cabo la diligencia de apeo y deslinde; y, se notificara a los colindantes del inmueble descrito, mismos que mencionó la citada promovente en su solicitud (Victoriano Rojas Valle; Ma. Guadalupe González González, Ma. Alicia Fraire Domínguez y Antonio Fraire Zamora), a fin de que, si lo deseaban, comparecieran al desahogo de la citada diligencia (foja 12 del anexo). 3. Así, toda vez que la solicitante no compareció en la fecha y hora señaladas para el desahogo de la referida diligencia, se ordenó se suspendiera; para que ésta fuera desahogada el tres de noviembre de dos mil once; lo anterior, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de veinticuatro de mayo de dicho año. (fojas 57 y 58 del anexo). 4. Luego, mediante acuerdo de quince de febrero de dos mil doce, se recibió el informe topográfico presentado por el ingeniero Antonio Quezada Gamez, respecto del bien inmueble de que se trata, por el que se dio vista a las partes para que en el término de tres días, manifestaran lo que a su derecho convenga, apercibiéndolos que de no hacerlo, se entendería su conformidad en cuanto al mismo (foja 72 del anexo). 5. Después, mediante resolución de cinco de septiembre de dos mil trece, el director señalado como responsable, declaró la procedencia del proceso solicitado, ordenando fijar los puntos y señales correspondientes en cuanto al inmueble materia del proceso administrativo de origen, de conformidad con las medidas contenidas en el dictamen rendido en dicho expediente (foja 118 a 125 del anexo). 6. Posteriormente, dicha resolución al ser recurrida mediante recurso de inconformidad promovido por Sergio Antonio Fraire Domínguez, apoderado de José Antonio Fraire Zamora, fue confirmada por el Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas, mediante resolución de veinte de marzo de dos mil quince (foja 153 a 164 del anexo). 7. Finalmente, mediante proveído de veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, el Director de Fraccionamientos Rurales del Gobierno del Estado de Zacatecas, señaló las doce horas del veinticuatro de febrero del presente año, a fin de ejecutar la resolución de cinco de septiembre de dos mil trece (foja 185 del anexo). En tales condiciones, la anterior determinación constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. Ahora bien, la parte quejosa a fin de acreditar su interés jurídico en el presente juicio, en su demanda de amparo manifestó haber tramitado la nulidad del procedimiento administrativo de desistimiento y adjudicación, radicado con el número 894/2016; respecto del inmueble materia del procedimiento de apeo y deslinde que ahora se pretende ejecutar y, por ello, sostiene que la autoridad responsable debió tomar en cuenta que en el citado procedimiento de nulidad se abrió la etapa de alegatos el veinte de octubre de dos mil dieciséis y que aun no ha concluido. En consecuencia, dice la quejosa, no podía ordenarse la ejecución de la resolución dictada en el procedimiento de apeo y deslinde, porque el terreno en cuestión es objeto de otro litigio que está en trámite. De lo anterior se obtiene que la amparista pretende deducir una afectación a sus derechos por la orden de ejecución de la resolución dictada en el procedimiento de apeo y deslinde, respecto del inmueble consistente en la fracción 5-B del lote 11-A, con una superficie de 7-00-00 hectáreas de terreno, ubicado en la colonia Plenitud, terrenos expropiados a la ex Hacienda Santa Cruz, del municipio de Fresnillo, Zacatecas, porque, dice, tiene en trámite otro proceso por el que pretende la adjudicación de dicho bien. No obstante, de autos no se advierte probanza alguna con la que se acredite la existencia del diverso procedimiento 894/2016 que aduce la impetrante, de manera que tampoco es posible saber si con la orden de ejecución en el procedimiento de apeo y deslinde se afecta su esfera jurídica. Además, de las constancias allegadas por la autoridad responsable, no se advierte que exhibiera alguna constancia con la que acreditara la titularidad de algún derecho sobre el inmueble materia de la controversia. En efecto, como se precisó, la parte quejosa no acreditó resentir una afectación a su esfera jurídica, pues no allegó documento con el que acreditara que tiene la posesión o propiedad del bien inmueble, consistente en la fracción 5-B del lote 11-A, con una superficie de 7-00-00 hectáreas de terreno, ubicado en la colonia Plenitud, terrenos expropiados a la ex Hacienda Santa Cruz, del municipio de Fresnillo, Zacatecas, por lo que de ninguna manera, con la ejecución de la resolución combatida, se le estarían vulnerando los derechos fundamentales que señaló en su libelo constitucional. Por tanto, se concluye que toda vez que la parte quejosa no acreditó la titularidad de algún derecho sobre el bien inmueble materia del procedimiento de apeo y deslinde, no puede tenerse por demostrado un agravio personal y directo; y, por tanto, un daño a su interés jurídico; consecuentemente, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la materia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el diverso ordinal 61, fracción XII, en relación con el 6, ambos de la ley de la materia. En otro orden de ideas, al quedar demostrado que el juicio de derechos es improcedente y que debe sobreseerse, se estima innecesario estudiar la diversa causa de improcedencia hecha valer por la autoridad responsable Director de Fraccionamientos Rurales del Gobierno del Estado de Zacatecas. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J.54/98 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, Agosto de 1998, página 414, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 76, 77 y 124 de la Ley de Amparo se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Bertha Fraire Domínguez, contra los actos reclamados al Director de Fraccionamientos Rurales del Gobierno del Estado de Zacatecas, por los motivos indicados en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese personalmente a las partes y por oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Francisco Javier Soto Moreno, Secretario que autoriza, hoy treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, por así haberlo permitido las labores de este órgano jurisdiccional. Doy fe. /manuelcc"

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA SENTENCIA DICTADA EN FECHA TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b), DE LA LEY DE AMPARO: "V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 49/2017; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el trece de enero de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Bertha Fraire Domínguez promovió demanda de amparo, contra el acto y autoridad que enseguida se describen: Autoridad responsable: Director de Fraccionamientos Rurales del Gobierno del Estado de Zacatecas. Acto reclamado: "La ejecución de la resolución de fecha cinco de septiembre del 2013, dictada dentro del Procedimiento Administrativo de apeo y deslinde, respecto a la fracción 5-B del lote 11-A, con una superficie de 7-00-00 Hectáreas de terreno de labor, ubicado en la Colonia Plenitud, terrenos expropiados a la Ex Hacienda Santa Cruz, del municipio de Fresnillo, Zacatecas, dentro del expediente 574/2008". Acto que, a su parecer, resulta violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. SEGUNDO. Trámite de amparo. La demanda de derechos se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas; y, mediante acuerdo de veinte de enero del año en curso, toda vez que la quejosa cumplió con la prevención que le fue realizada en auto de dieciséis anterior, se admitió el libelo constitucional; se registró con el expediente 49/2017; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se ordenó emplazar a la tercera interesada; se dio la intervención legal que por derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; y, se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional; y, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició el dos de marzo de dos mil diecisiete. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia para resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que la resolución reclamada se atribuye a una autoridad administrativa que reside en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la materia de la litis efectivamente planteada en este juicio se concreta en el acto reclamado siguiente: - La orden de ejecución de la resolución de cinco de septiembre de dos mil trece, dictada en el procedimiento administrativo de apeo y deslinde 574/2008, de veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, respecto a la fracción 5-B del lote 11-A, con una superficie de 7-00-00 hectáreas de terreno, ubicado en la colonia Plenitud, terrenos expropiados a la ex Hacienda Santa Cruz, del municipio de Fresnillo, Zacatecas. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Director de Fraccionamientos Rurales del Gobierno del Estado de Zacatecas, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado (foja 20). Además, remitió copia certificada del expediente relativo al procedimiento administrativo de apeo y deslinde 574/2008, promovido por Josefa Fraire Domínguez; documental que cuenta con pleno valor probatorio, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Con lo anterior, se encuentra acreditada la existencia del acto reclamado. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. El estudio de la procedencia del juicio es una cuestión de orden público y preferente a la materia de fondo de la controversia constitucional, según lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe y contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Precisado lo anterior, quien resuelve estima que respecto del acto reclamado consistente en la ejecución de la resolución de cinco de septiembre de dos mil trece, dictada por el Director de Fraccionamientos Rurales del Gobierno del Estado de Zacatecas en el procedimiento administrativo de apeo y deslinde 574/2008, respecto a la fracción 5-B del lote 11-A, con una superficie de 7-00-00 hectáreas de terreno, ubicado en la colonia Plenitud, terrenos expropiados a la ex Hacienda Santa Cruz, del municipio de Fresnillo, Zacatecas, se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XII, del artículo 61, en relación con los numerales 5 de la Ley de Amparo; y, 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que la parte quejosa no cuenta con interés jurídico, en virtud de que no acreditó la titularidad respecto del terreno que aduce contar con algún derecho. Para respaldar esta postura, es menester transcribir lo previsto por el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República; así como lo establecido en los diversos 6 y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que a la letra dicen: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetaran a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" Del precepto constitucional transcrito se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo; luego, como requisito de procedencia del amparo se requiere que el quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y que ese interés se vea afectado por los actos de una autoridad. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o, en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y además, provenir de un interés individual o colectivo; sin embargo, si se reclaman actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, como sucede en el caso, continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa (interés jurídico). Por su parte, los artículos 5, fracción I, 61, fracción XII, y el diverso numeral 6, todos de la Ley de Amparo establecen: Ley de Amparo. "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita.". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" Los preceptos anteriores engloban el principio de agravio personal y directo que rige al juicio de amparo, tratándose de actos o resoluciones provenientes de diversas clases de tribunales, entre los que se encuentran aquellos de naturaleza administrativa; es decir, en contra de ese tipo de actos, para la procedencia del amparo, se requiere que el quejoso cuente con interés jurídico, entendido éste como el derecho subjetivo con que cuenta el particular, cuando las prerrogativas que tiene reconocidas por el derecho positivo son transgredidas por un acto de autoridad o por una ley, lo cual lo faculta, por regla general, únicamente a él, a comparecer ante la justicia federal a solicitar el cese de la violación cometida en su perjuicio. De lo anterior se desprende que el perjuicio que conforma al interés jurídico en el amparo debe ser inmediato y directo, y no mediato o indirecto, ya que ésta forma no es propiamente lesiva de un derecho, al no tener una repercusión concreta en la esfera jurídica del quejoso. En esas condiciones, el interés que faculta a la parte quejosa para acudir al juicio de amparo a combatir actos de autoridades jurisdiccionales se integra por: a) Un derecho legítimamente tutelado (derecho subjetivo); y, b) Un perjuicio que el acto reclamado ocasione en la esfera jurídica del peticionario de garantías. En síntesis, para que la parte quejosa cuente con interés jurídico para efectos del juicio de amparo, se requiere que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus derechos jurídicamente tutelados. Por tanto, la falta de cualquiera de los dos elementos anteriores trae como consecuencia la improcedencia del juicio de amparo en los casos en comento, ya que no se contaría con el interés jurídico necesario para ejercer la acción constitucional mencionada. Ahora bien, el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones, pues de otra manera no se podría constatar con certeza la violación de derechos fundamentales alegada. Por esa razón, las afectaciones que se reclamen a través del juicio de amparo deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio. De modo que no puede hablarse de la existencia de un agravio personal y directo, cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente protegidos; de ahí que, el interés jurídico debe estar plenamente acreditado en autos para la procedencia del juicio contra actos provenientes de tribunales o autoridades administrativas. Es sustento de lo expuesto, sin oponerse a la nueva Ley de Amparo, la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, consultable en la página doscientos veinticinco del tomo XXVII, enero de dos mil ocho de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". El criterio jurídico contenido en la tesis transcrita que cobra aplicación al caso por la identidad jurídica substancial existente entre el artículo 4, que se interpreta en la tesis, con los numerales 5, fracción I, y 6, todos de la Ley de Amparo, así como por no contraponerse con alguna disposición del citado cuerpo legal. Bajo ese esquema, la parte quejosa debe demostrar que el acto de autoridad efectivamente, vulnera un derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo, para quedar manifiesta la noción de perjuicio jurídico, fundamento de la acción constitucional. Ahora bien, para sostener lo mencionado y para una mejor comprensión del asunto, es necesario relatar los antecedentes del acto reclamado: 1. Mediante escrito presentado el uno de septiembre de dos mil ocho, Josefa Fraire Domínguez (tercera interesada), presentó escrito ante la Dirección de Fraccionamientos Rurales del Gobierno del Estado de Zacateas, por el que solicitó el apeo y deslinde respecto de la fracción 5-B del lote 11-A, con una superficie de 7-00-00 hectáreas de terreno, del terreno de labor ubicado en la colonia plenitud, terrenos expropiados a la ex Hacienda Santa Cruz, del municipio de Fresnillo, Zacatecas (foja 1 a 4 del anexo). 2. En acuerdo de tres siguiente, se admitió a trámite el procedimiento de que se trata; se señalaron las once horas del seis de octubre de dos mil ocho para que se llevara a cabo la diligencia de apeo y deslinde; y, se notificara a los colindantes del inmueble descrito, mismos que mencionó la citada promovente en su solicitud (Victoriano Rojas Valle; Ma. Guadalupe González González, Ma. Alicia Fraire Domínguez y Antonio Fraire Zamora), a fin de que, si lo deseaban, comparecieran al desahogo de la citada diligencia (foja 12 del anexo). 3. Así, toda vez que la solicitante no compareció en la fecha y hora señaladas para el desahogo de la referida diligencia, se ordenó se suspendiera; para que ésta fuera desahogada el tres de noviembre de dos mil once; lo anterior, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de veinticuatro de mayo de dicho año. (fojas 57 y 58 del anexo). 4. Luego, mediante acuerdo de quince de febrero de dos mil doce, se recibió el informe topográfico presentado por el ingeniero Antonio Quezada Gamez, respecto del bien inmueble de que se trata, por el que se dio vista a las partes para que en el término de tres días, manifestaran lo que a su derecho convenga, apercibiéndolos que de no hacerlo, se entendería su conformidad en cuanto al mismo (foja 72 del anexo). 5. Después, mediante resolución de cinco de septiembre de dos mil trece, el director señalado como responsable, declaró la procedencia del proceso solicitado, ordenando fijar los puntos y señales correspondientes en cuanto al inmueble materia del proceso administrativo de origen, de conformidad con las medidas contenidas en el dictamen rendido en dicho expediente (foja 118 a 125 del anexo). 6. Posteriormente, dicha resolución al ser recurrida mediante recurso de inconformidad promovido por Sergio Antonio Fraire Domínguez, apoderado de José Antonio Fraire Zamora, fue confirmada por el Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas, mediante resolución de veinte de marzo de dos mil quince (foja 153 a 164 del anexo). 7. Finalmente, mediante proveído de veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, el Director de Fraccionamientos Rurales del Gobierno del Estado de Zacatecas, señaló las doce horas del veinticuatro de febrero del presente año, a fin de ejecutar la resolución de cinco de septiembre de dos mil trece (foja 185 del anexo). En tales condiciones, la anterior determinación constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. Ahora bien, la parte quejosa a fin de acreditar su interés jurídico en el presente juicio, en su demanda de amparo manifestó haber tramitado la nulidad del procedimiento administrativo de desistimiento y adjudicación, radicado con el número 894/2016; respecto del inmueble materia del procedimiento de apeo y deslinde que ahora se pretende ejecutar y, por ello, sostiene que la autoridad responsable debió tomar en cuenta que en el citado procedimiento de nulidad se abrió la etapa de alegatos el veinte de octubre de dos mil dieciséis y que aun no ha concluido. En consecuencia, dice la quejosa, no podía ordenarse la ejecución de la resolución dictada en el procedimiento de apeo y deslinde, porque el terreno en cuestión es objeto de otro litigio que está en trámite. De lo anterior se obtiene que la amparista pretende deducir una afectación a sus derechos por la orden de ejecución de la resolución dictada en el procedimiento de apeo y deslinde, respecto del inmueble consistente en la fracción 5-B del lote 11-A, con una superficie de 7-00-00 hectáreas de terreno, ubicado en la colonia Plenitud, terrenos expropiados a la ex Hacienda Santa Cruz, del municipio de Fresnillo, Zacatecas, porque, dice, tiene en trámite otro proceso por el que pretende la adjudicación de dicho bien. No obstante, de autos no se advierte probanza alguna con la que se acredite la existencia del diverso procedimiento 894/2016 que aduce la impetrante, de manera que tampoco es posible saber si con la orden de ejecución en el procedimiento de apeo y deslinde se afecta su esfera jurídica. Además, de las constancias allegadas por la autoridad responsable, no se advierte que exhibiera alguna constancia con la que acreditara la titularidad de algún derecho sobre el inmueble materia de la controversia. En efecto, como se precisó, la parte quejosa no acreditó resentir una afectación a su esfera jurídica, pues no allegó documento con el que acreditara que tiene la posesión o propiedad del bien inmueble, consistente en la fracción 5-B del lote 11-A, con una superficie de 7-00-00 hectáreas de terreno, ubicado en la colonia Plenitud, terrenos expropiados a la ex Hacienda Santa Cruz, del municipio de Fresnillo, Zacatecas, por lo que de ninguna manera, con la ejecución de la resolución combatida, se le estarían vulnerando los derechos fundamentales que señaló en su libelo constitucional. Por tanto, se concluye que toda vez que la parte quejosa no acreditó la titularidad de algún derecho sobre el bien inmueble materia del procedimiento de apeo y deslinde, no puede tenerse por demostrado un agravio personal y directo; y, por tanto, un daño a su interés jurídico; consecuentemente, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la materia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el diverso ordinal 61, fracción XII, en relación con el 6, ambos de la ley de la materia. En otro orden de ideas, al quedar demostrado que el juicio de derechos es improcedente y que debe sobreseerse, se estima innecesario estudiar la diversa causa de improcedencia hecha valer por la autoridad responsable Director de Fraccionamientos Rurales del Gobierno del Estado de Zacatecas. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J.54/98 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, Agosto de 1998, página 414, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 76, 77 y 124 de la Ley de Amparo se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Bertha Fraire Domínguez, contra los actos reclamados al Director de Fraccionamientos Rurales del Gobierno del Estado de Zacatecas, por los motivos indicados en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese personalmente a las partes y por oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Francisco Javier Soto Moreno, Secretario que autoriza, hoy treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, por así haberlo permitido las labores de este órgano jurisdiccional. Doy fe. /manuelcc"

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