Bertha Alicia Pérez Torres
Expediente 1815/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1815/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/10/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Bertha Alicia Pérez Torres
Actuaciones
- Principal
En trece de octubre de dos mil quince, la Secretaria licenciada María Soledad Torres Muguiro CERTIFICO: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, trascurrió del cinco al nueve de octubre del año en curso; sin que se haya interpuesto recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra del auto de treinta de septiembre del año en curso, en que se desechó la demanda de garantías en el juicio de amparo número 1815/2015. DOY FE. En la misma fecha la Secretaria licenciada María Soledad Torres Muguiro, doy cuenta al Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, trece de octubre de dos mil quince. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto de treinta de septiembre del año en curso, en el que se desechó la demanda de garantías promovida por Bertha Alicia Pérez Torres, contra actos de la Procuradora General de Justicia del Estado de Zacatecas y otra autoridad, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Ahora bien, con fundamento en el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por lo que, al no ser de relevancia documental, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en el párrafo segundo del punto décimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, se ordena su archivo definitivo y una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia de que con fundamento en lo dispuesto por la fracción I, del punto vigésimo primero, del Acuerdo de referencia, este expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, toda vez que se considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 366/2015; y, RESULTANDO 1°. Demanda de amparo. Por escrito de demanda presentado el once de marzo de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas; demanda que posteriormente fue ampliada solo en cuanto a una diversa autoridad, así como respecto de los conceptos de violación, GABRIEL ALEJANDRO ROMÁN JARAMILLO, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades, actos y por violaciones a los derechos fundamentales contenidos en los artículos constitucionales que enseguida se precisan: Autoridades responsables: a).- Juez Primero del Ramo Penal del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas. b).- Director General de la Policía Ministerial del Estado. c).- Comandante de la Policía Ministerial del Estado con sede en la ciudad de Fresnillo, Zac. d) Agente del Ministerio Público Instructor número Uno, residente en Fresnillo, Zacatecas. Esta última señalada en el escrito de ampliación de demanda, de las cuales, a la primera y última autoridad, las señala el quejoso como ordenadoras y a las restantes como ejecutoras. Actos reclamados: De acuerdo con el escrito de demanda: "IV. ACTOS RECLAMADOS: 1. De la autoridad responsable señalada como ordenadora reclamo el libramiento de la orden de aprehensión girada en mi contra, dentro de un proceso penal instruido contra el quejoso, por el supuesto delito de lesiones, del cual desconozco el número de expediente, pero que se tramita ante el Juzgado Primero Penal de Fresnillo, Zacatecas. 2. De las autoridades señaladas como ejecutoras reclamo la posible cumplimentación y ejecución de dicha orden de aprehensión". Conforme al escrito de ampliación de demanda. "IV. ACTOS RECLAMADOS: 1. De la autoridad responsable señalada como ordenadora reclamo la falta de fundamentación y motivación y violación a mis derechos humanos, que comete al dar trámite a un proceso penal que no está contemplado por la Constitución Federal, es decir, derogado por dicha normatividad, librando así una orden de aprehensión contra el quejoso. 2. De las autoridades señaladas como ejecutoras reclamo la posible cumplimentación y ejecución de dicha orden de aprehensión". Preceptos constitucionales que se estiman violados. El quejoso señaló como derechos fundamentales violados, los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República. 2°. Trámite del juicio de amparo. Mediante proveído de doce de marzo de dos mil quince, se admitió a trámite la demanda de amparo de mérito, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se ordenó el emplazamiento del tercero interesado; se dio la intervención legal que le compete a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita; y se fijó día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la cual se verificó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de esta resolución. CONSIDERANDO I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 48 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Tribunal Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse actos de autoridades residentes dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. II. Precisión y existencia del acto reclamado. II. 1. Precisión. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente. Para tal efecto atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda, con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de las calificativas sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias de los rubros: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.". En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de garantías, se advierte que los actos reclamados en esta instancia constitucional consisten en: La orden de aprehensión girada en contra del quejoso por las autoridades responsables señaladas como ordenadoras, Juez Primero del Ramo Penal y Agente del Ministerio Público Instructor número Uno, ambos de Fresnillo, Zacatecas y su ejecución por parte de las restantes autoridades. II.2. Inexistencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez determinados los actos reclamados, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia, certeza o presunción de los mismos, como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación en la tesis del rubro y texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACION LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad.". II.2.1. Inexistencia. La autoridad responsable Agente del Ministerio Público Instructor número Uno de Fresnillo, Zacatecas, al rendir su informe con justificación negó expresamente la existencia del acto que se le atribuye, sin que la parte quejosa hubiera aportado prueba alguna para desvirtuar su negativa. En ese contexto, al no haberse demostrado la existencia del acto reclamado a la mencionada responsable; lo procedente es decretar al respecto el sobreseimiento, con apoyo en la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;". Al respecto es aplicable la tesis del contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. NO REQUIERE RAZONARSE. La autoridad responsable al negar la existencia del acto que se le atribuye, no necesita justificar o razonar su negativa.". De la misma manera sirve de apoyo el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.". II. 2. 2. Certeza: Las diversas autoridades, Juez Primero del Ramo Penal y Comandante de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, ambos con sede en Fresnillo Zacatecas, así como el Director General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con residencia en esta Capital, al rendir su informe con justificación reconocieron la existencia del acto que se les atribuye. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza del acto reclamado, se corrobora con el duplicado del proceso penal número 52/2014 que acompañó el Juez Primero del Ramo Penal de Fresnillo, Zacatecas, a su informe justificado, documental que reviste plena eficacia probatoria, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2° de éste último ordenamiento legal, ya que se trata de un documento público expedido por autoridad en ejercicio de sus atribuciones, y además del mismo se desprende la existencia de la determinación reclamada. En este sentido, es aplicable, la tesis del rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." III. Procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia de los actos reclamados, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo a lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable, la tesis cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Las partes no hicieron valer ninguna causal de improcedencia, tampoco este Juez de Distrito, después de analizar las actuaciones de este juicio de garantías, advierte su existencia de manera oficiosa. IV. Litis Constitucional. IV. 1. Conceptos de violación. Es innecesario transcribir los conceptos de violación, al no ser un requisito exigido por el artículo 74 de la Ley de Amparo, conforme lo dispone la tesis cuyo rubro y texto son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer ". Los conceptos de violación, expresados tanto en el escrito de demanda, como en el de ampliación de la misma, en su parte substancial sostienen lo siguiente: La orden de aprehensión reclamada viola en perjuicio del quejoso la garantía de audiencia y legalidad que consagran los artículos 14, 16 y 22 constitucionales, toda vez que según aduce: a) Con dicho mandamiento se pretende privarlo de su libertad sin que se haya llevado a cabo una instancia donde se le permita presentar pruebas. b) La mencionada orden de captura se libró apoyándose únicamente en el dicho de dos testigos. c) El propio mandamiento se giró en base a un procedimiento que no está sustentado, toda vez que el código adjetivo penal en que se funda, ya fue derogado. d) La autoridad responsable le está aplicando retroactivamente una ley. V. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. Son infundados los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa. El acto reclamado se hace consistir, como ya se dijo, en la orden de aprehensión dictada el treinta de junio de dos mil catorce, por la Juez Primero del Ramo Penal de Fresnillo, Zacatecas, en contra del quejoso, dentro del proceso penal 52/2014; por su probable responsabilidad en la comisión del delito de lesiones que no ponen en peligro la vida y tardan en sanar más de quince días, cometido en agravio de JAIME ROBLES ESCOBEDO. Ahora bien, contrariamente a lo afirmado por el promovente del amparo, en los mencionados conceptos de violación, los que se analizarán en diverso orden del en que fueron precisados; de las constancias que integran el aludido proceso penal, se desprende, que la orden de aprehensión reclamada no transgrede garantías en su perjuicio. Efectivamente, por lo que hace a la violación a la garantía de audiencia, consagrada por el artículo 14 constitucional, no asiste razón al impetrante del amparo, dado que para el dictado de una resolución como la reclamada, únicamente se requiere que se cumplan las exigencias previstas por el numeral 16 de la Carta Magna, esto es, que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley considere como delito, sancionado con pena privativa de la libertad y existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del inculpado, sin que sea necesario cumplir con el requisito de otorgar la garantía de audiencia a que se refiere el mencionado precepto, para que el indiciado esté en posibilidad de ofrecer pruebas, como lo aduce en el concepto de violación sintetizado en el inciso a). Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del siguiente rubro: "ORDEN DE APREHENSION. NO ES REQUISITO PARA DICTARLA, OBSERVAR LA GARANTIA DE AUDIENCIA.- De la interpretación sistemática del artículo 16 constitucional, se deduce que para dictar una orden de aprehensión es suficiente que preceda denuncia, acusación o querella de un hecho determinado que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y existan datos que acrediten los elementos que integran el tipo penal y la probable responsabilidad del indiciado; por tanto, la emisión de este acto de autoridad no exige como requisito observar la garantía de audiencia de la persona en contra de quien se dicta ". En segundo lugar, en la orden de aprehensión reclamada, la autoridad responsable cumplió con la garantía de seguridad jurídica que establece el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que tal mandamiento se giró en base a un procedimiento que está sustentado, ya que por una parte, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo tercero transitorio de la reforma del Código Procesal Penal para el Estado de Zacatecas, publicada en el periódico oficial el treinta de junio de dos mil doce, el Código de Procedimientos Penales para este propio Estado publicado en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado número cincuenta y siete, correspondiente al diecinueve de julio de mil novecientos sesenta y siete, que es el que se está aplicando en la orden de captura reclamada; seguirá rigiendo en lo conducente, en los procedimientos iniciados con anterioridad a la aplicación del nuevo Código. Por otra parte, conforme a lo que establece el artículo segundo transitorio del mencionado Código Procesal Penal, las disposiciones del mismo se aplicarán a hechos que ocurran, en el Distrito Judicial Segundo, de Fresnillo, Zacatecas, a partir de las cero horas del día cuatro de enero del año dos mil dieciséis. Lo que significa que, si como puede apreciarse de las constancias que integran el proceso 52/2014, que se instruye al impetrante del amparo y del que emanan los actos reclamados, concretamente de la denuncia presentada por el ofendido ante el Agente el Ministerio Público número Uno Instructor de Fresnillo, Zacatecas, los hechos que dieron origen a dicho proceso, ocurrieron el treinta de noviembre de dos mil doce; al mencionado procedimiento le resulta aplicable el Código de Procedimientos Penales relativo al sistema penal tradicional, más no, el Código Procesal Penal que regula el juicio oral, como lo pretende el impetrante del amparo, en lo argumentado en el concepto de violación que se sintetizó en el inciso c), pues además, como quedó precisado, en la población de Fresnillo, Zacatecas, que es donde sucedieron los citados hechos, y que corresponde al Distrito Segundo del Estado de Zacatecas, este último código mencionado resultará aplicable hasta el año dos mil dieciséis. Razón por la cual, tampoco se está aplicando retroactivamente la ley, como lo hace valer el peticionario de garantías en el concepto de violación que se precisó en el inciso d), dado que el Código de Procedimientos Penales del Estado es el que rige actualmente para el caso, por no haber entrado en vigor todavía el Código Procesal Penal de mérito. Finalmente, debe hacerse hincapié, que el mandamiento de captura se libró cumpliendo con las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, dado que fue emitido por autoridad judicial competente, dentro de un procedimiento en el que precedió denuncia de hechos determinados que la ley señala como delitos, por así contemplarlo los artículos 285 y 286, fracción II, del Código Penal del Estado de Zacatecas, mismos que prevén y sancionan el ilícito de lesiones a que se alude, en el que existen datos que acreditan los elementos que los integran, así como la probable responsabilidad del indiciado en su comisión; amén de que el procedimiento se siguió ante tribunales previamente establecidos y no se encuentra involucrado en tales hechos ningún miembro del ejército, de ahí que el acto de molestia combatido no deja en estado de indefensión o incertidumbre jurídica al solicitante del amparo. Criterio que se encuentra plasmado en la jurisprudencia que dice: "ORDEN DE APREHENSIÓN, EN ELLA PUEDEN VIOLARSE GARANTÍAS TUTELADAS, EN ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES DISTINTOS AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL.- La circunstancia específica de que el artículo 16 constitucional sea el que regule los requisitos a satisfacer para el dictado de una orden de aprehensión, no se puede llevar al extremo de considerar que sólo este precepto rija a tal acto, ya que evidentemente también deberá vigilarse, en su caso, si dicha determinación judicial no infringe alguna garantía constitucional contenida en diverso precepto, dado que podría darse el caso que en la misma se aplicara una ley retroactivamente en perjuicio del quejoso, o fuera librada sin cumplir las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; también podría darse el caso que autoridades jurisdiccionales del fuero común, decidieran sobre el libramiento de una orden de aprehensión, respecto de un hecho en que estuviere involucrada una persona perteneciente al ejército y fuera menester examinar su conducta desde el punto de vista de la legislación del fuero castrense; o que no estuviere fundado y motivado dicho acto, así como diversas hipótesis que pudieren formularse respecto de la posible violación de garantías constitucionales contenidas en preceptos diversos al 16 constitucional; luego entonces, resulta limitativo y equívoco concluir que para el libramiento de una orden de aprehensión, sólo deba cumplirse lo establecido en el mencionado artículo 16 constitucional; y por ende, su emisión no puede ser violatoria de los artículos 14, 16 o cualquiera otro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que las garantías de seguridad jurídica que se encuentran consagradas en la Constitución General de la República, son la base sobre las cuales descansa el sistema jurídico mexicano, por tal motivo, éstas no pueden ser limitadas porque en su texto no se contengan expresamente los derechos fundamentales que tutelan. Por el contrario, las garantías de seguridad jurídica valen por sí mismas, ya que ante la imposibilidad material de que en un artículo se contengan todos los derechos públicos subjetivos del gobernado, lo que no se contenga en un precepto constitucional, debe de encontrarse en los demás, de tal forma, que el gobernado jamás se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica y por lo tanto, en estado de indefensión. De acuerdo a lo anterior, cuando se libra una orden de aprehensión, deben de cumplirse no únicamente las formalidades establecidas por el artículo 16 constitucional, párrafo segundo, sino que para su aplicabilidad debe atenderse a lo preceptuado en los demás artículos que tutelan las garantías de seguridad jurídica, con la finalidad de proteger de manera firme y eficaz a los derechos fundamentales de la persona tutelados en la Carta Magna ". Tampoco resulta violatoria de las garantías que consagra el artículo 16 de la Carta Magna, pues del estudio de la resolución reclamada se advierte que la Juez Primero del Ramo Penal de Fresnillo, Zacatecas, citó los preceptos legales y expuso las razones que establecen su competencia para emitirla; estimó que se colmaban los requisitos que para el dictado de un mandamiento de esa naturaleza exige el precepto constitucional antes citado; y de acuerdo con el análisis que la juez responsable realizó respecto de la conducta desplegada por el activo del delito, aquí quejoso, se advierte la existencia hechos determinados por la ley como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de la libertad, ya que se trata del mencionado ilícito de lesiones que no ponen en peligro la vida y tardan más de quince días en sanar, previsto y sancionado por los artículos 285 y 286, fracción II, del Código Penal del Estado de Zacatecas, vigente en la época de ejecución de los hechos. Así pues, la orden de captura impugnada sí satisface los requisitos establecidos por el artículo 16 Constitucional, toda vez que la responsable dio cumplimiento a los siguientes requisitos: 1. Exista denuncia o querella de un hecho determinado que la ley señale como delito. 2. Se trate de un delito que se encuentre sancionado, cuando menos, con pena privativa de libertad. 3. Existan datos que acrediten el cuerpo del delito y hagan probable la responsabilidad penal del indiciado. 4. Lo solicite el Ministerio Público en uso de las facultades que le confiere el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 5. Sea emitida por autoridad judicial competente, en cumplimiento de las atribuciones que las leyes le confieren. Pues en este caso, la autoridad responsable, acertadamente consideró que los requisitos antes precisados se encuentran satisfechos en atención a que existen la denuncia del ofendido Jaime Robles Escobedo ante la presencia ministerial; en la que hace del conocimiento de la Representación Social, hechos posiblemente constitutivos de delito. Asimismo la autoridad judicial responsable, de manera correcta estableció que la conducta que se imputó al ahora quejoso está sancionada por el Código Penal del Estado de Zacatecas. Ello, toda vez que, el delito que se atribuye al peticionario de garantías, que como ya se dijo es el de lesiones que no ponen en peligro la vida y tardan en sanar más de quince días, está sancionado con pena privativa de libertad. De igual forma, la orden de captura fue emitida por la autoridad judicial competente Juez Primero del Ramo Penal de Fresnillo, Zacatecas, a petición del Agente del Ministerio número Uno Instructor, en su determinación de ejercicio de la acción penal, en uso de las facultades que le confiere el artículo 21 constitucional. Además, se colman las exigencias de fundamentación y motivación que se requieren en todos los actos de molestia. Asimismo, del análisis de la orden de captura se desprende que existen datos que acrediten el cuerpo del delito y que hacen probable la responsabilidad del indiciado hoy quejoso, ya que para ese efecto el juez responsable tomó en consideración los siguientes medios de prueba: a) la denuncia presentada por Jaime Robles Escobedo, quien indicó, que fue lesionado el treinta de noviembre del año dos doce, aproximadamente a las ocho y media o nueve de la noche, cuando se encontraba en la cantina de nombre "Cuerno de Oro" celebrando su cumpleaños en compañía de unos amigos a quienes les dicen "Cacho" y "colín", pues al estar ahí llegó otro amigo apodado "El Chavo", con quien comenzó a discutir porque no le había llevado la carne que le había prometido un día antes, sin que en ese momento hubiera habido tipo de agresión, ya que únicamente se hicieron de palabras. Pero como a los quince minutos, salió el denunciante en compañía de "El Cacho", pues ya se iban para sus casas, siendo en este momento, aproximadamente las once horas con cuarenta y cinco minutos; y, ahí afuera estaba todavía "El Chavo" con cuatro personas más a los cuales el declarante no conocía, por lo que como andaba tomado siguió con la discusión, se iban a pelear el denunciante y el apodado "El Chavo", cuando en eso, llegó un muchacho que le apodan "El Tayson" de nombre Gabriel y lo agarró del cuello y le dijo "que traes pinche Jaime" y en eso "El Chavo" le tiró un golpe con su puño en la cara y con este lo tiró al piso y lo siguió golpeando en el piso, pero ya andaba muy tomado por lo que no se pudo defender, así que le dijo que se calmara que ya andaba muy tomado y que ahí quedaba todo, y "El Chavo" agarró la onda y lo dejó parar pues lo golpeó en la cara y estaba sangrando de la nariz Que cuando se levantó vio al "Tayson" y como tenía coraje de que lo hubiera agarrado del cuello para que "El Chavo" lo golpeara le dio un golpe en la cara sin que "El Tayson" le respondiera el golpe, por lo que sólo le dio ese golpe y se metió a la taquería San Martín a lavarse la cara y quitarse la sangre. Y al estarse limpiando la cara, entró "El Tayson" y le quebró dos botellas de vidrio de la coca cola en la cabeza, comenzando a sangrar de la cabeza; al quebrarle las botellas, el agresor salió de la taquería, y al encontrarse el denunciante todavía en el interior de la taquería, recibió una llamada telefónica a celular de parte de Salvador Galván, quien es patrón de "El Tayson" y le dijo que saliera para arreglar las cosas, y al salir estaba afuera Salvador, quien le dijo que fueran para que se agarrara a golpes otra vez con "El Tayson", pero el denunciante le dijo que ya no quería problemas. Pero Salvador lo sujetó del brazo y le dio un cabezazo en la nariz, por lo cual, de ahí el ofendido abordó un taxi y se fue al Hospital Regional a que lo atendieran, donde le tomaron radiografías y le curaron los golpes. Denuncia que la Juez responsable valora como indicio, en términos del artículo 277 del Código de Procedimientos Penales en vigor en el Estado b) Declaración de Daniel González de diecisiete de diciembre del año dos mil doce, de la cual se desprende que a él le apodan "El Colin", que conoce a Jaime Robles Escobedo desde que nació ya que viven cerca, y que se encontraba con dicho ofendido el día en que sucedieron los hechos que dieron origen al proceso del que emana el acto reclamado, pues dijo que estaba con su amigo José Luis, ingiriendo bebidas embriagantes en la cantina de nombre "El Cuerno de Oro", en donde también se encontraba Jaime, quien estaba con Luis Carlos y con un chavo al que le dicen "El Tayson" y con otro que se llama Salvador, por lo cual escuchó que discutían, afuera de la cantina, entre otras personas Luis Carlos, Salvador y "Tayson"; que también salió Jaime, quien vio que discutía con Luis Carlos y en eso se acercó el "Tayson", quien agarró a Jaime del cuello mientras que Luis Carlos lo golpeó con la mano empuñada en la cara Que como le dio en la nariz le empezó a sangrar y como Luis Carlos le dio el golpe a Jaime el "Tayson" lo soltó y Jaime se metió a una taquería "San Martín", como a lavarse la sangre; que le salía y vio que se metió "El Tayson" a seguirlo y le quebró dos botellas de vidrio, al parecer de cerveza en la cabeza como por la oreja del lado izquierdo una y del otro lado derecho otra, ya que éstas botellas se las quebró casi al mismo tiempo, y Jaime se tardó como diez minutos en salir de la taquería; y cuando salió, se le acercó Salvador, a quien vio que andaba con Luis Carlos y con "El Tayson ", pensó que iban a platicar, pero se sorprendió que Salvador le tiró un cabezazo a Jaime en la nariz, y con el golpe Jaime se cayó sentado. c) Declaración de José Luis Cuellar Rodríguez, quien se condujo similares términos a los antes mencionados, pues hizo saber que a él le apodan "El Cacho" y conoce de visita a Jaime el declarante, asimismo señaló que Carlos, "Tayson " y otras ocho personas en compañía de "Colin", y Jaime se encontraban tomando en la cantina "El Cuerno de Oro", y de pronto "Tayson " agarró del cuello a Jaime, siendo en ese momento que Luis Carlos le pegó con el puño en la mera nariz, por lo que Jaime empezó a sangrar mucho y se metió a la taquería San Martín a limpiarse la cara, siendo ahí cuando Luis Carlos le quebró dos botellas en la cabeza; que del cabezazo que le dieron a Jaime, tiene duda quien fue, pues no recuerda bien si fue Luis Carlos el que se lo dio o Salvador, porque andaba algo tomado. Las anteriores declaraciones también consideró la responsable merecen valor de indicio, de conformidad con lo previsto por el artículo 277 del Código de Procedimientos Penales en vigor en el Estado, porque de ellas se desprenden las agresiones físicas que sobre el ofendido ejecutaron los indiciados, entre los que se encuentra el impetrante del amparo Gabriel Alejando Román Jaramillo, a quien apodan "El Tayson". d) Inspección ministerial de lesiones realizada al ofendido Jaime Robles Escobedo, por parte de la Autoridad Investigadora, quien al tenerlo a la vista describió las lesiones que advirtió presentaba, la que valoró conforme a los lineamientos establecidos en los artículos 201 y 202 localizados en el Título Séptimo, Capítulo 111 del Código Adjetivo Penal, en vigencia adquiere valor probatorio pleno, conforme a lo previsto en el artículo 276 del Ordenamiento Legal antes invocado y consideró apta para demostrar la alteración que el pasivo JAIME ROBLES ESCOBEDO sufrió en su cuerpo, en la cara y más concretamente en la nariz. e) Certificado médico de esencia de lesiones, expedido por el doctor Omar Alejandro Flores, médico legista adscrito al Departamento de Medicina Legal de la Procuraduría General de Justicia del Estado, de fecha cinco de diciembre del año dos mil doce, del que se desprende presentó los siguientes daños en su cuerpo: 1).- Edema poscontusión de tres por dos centímetros, situada en región temporal derecha. 2).- Edema poscontusión de cinco por cuatro centímetros, situada en región temporal izquierda. 3).- Equimosis de color negro violeta, de cinco por cuatro centímetros, con edema perilesional, situada en región infraorbitaria izquierda. 4).- Edema poscontusión en el dorso de la nariz. Asimismo, que concluyó en el sentido de que son lesiones que no ponen en peligro la vida, tardan en sanar más de quince días y se reservan las consecuencias. f) Certificado médico expedido el siete de diciembre por el Otorrinolaringólogo Cecilio Sáenz Ávila quien entre otras cosas asentó que Jaime Robles Escobedo presenta desviación derecha, así como fractura de tabique nasal. Dictámenes médicos a los cuales la responsable les otorga valor probatorio de indicio, de conformidad con lo previsto e el artículo 277 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado. Con lo anterior, la autoridad responsable en forma acertada llega al convencimiento de que se encuentran acreditados tanto el cuerpo del delito de lesiones que no ponen en peligro la vida y tardan más de quince días en sanar, al acreditarse que el pasivos del delito sufrió lesiones en su cuerpo, principalmente en cara y nariz, por causa externa imputable a una persona, concretamente al impetrante del amparo, quien como ya se dijo, cuenta con el apodo de "El Tayson". Lo que significa que, contrariamente a lo expuesto por el peticionario de garantías en el concepto de violación que se sintetizó en el inciso b), la orden de aprehensión reclamada no se encuentra apoyada únicamente en la declaración de dos testigos, sino, principalmente con lo declarado por el ofendido, lo que se corrobora con la declaración del testigo Daniel González, así como con el dicho de José Luis Cuellar Rodríguez; de los cuales, todos son acordes en señalar que "El Tayson", es decir, el impetrante del amparo, por tener éste ese apodo, fue la persona que agarró del cuello al ofendido en el momento en que fue golpeado por otro de los indiciados; y, además, los dos primeros le hacen imputaciones directas al propio quejoso, como la persona que le quebró dos botellas en la cabeza. En tales condiciones, cabe concluir que la resolución reclamada no resulta violatoria de garantías en perjuicio del quejoso, pues conforme a lo expuesto, también se encuentra debidamente fundada y motivada, ya que la Juez responsable citó los preceptos en que apoyó su determinación, los cuales son exactamente aplicables al caso, asimismo, expresó los argumentos en que sustentó su determinación, de lo cual se advierte concordancia y congruencia entre los razonamientos expuestos y los fundamentos invocados y como el artículo 16 de la Constitución Federal no exige que haya pruebas plenas que acrediten la responsabilidad del quejoso, sino que únicamente existan datos que la hagan probable en la comisión del injusto, es inconcuso que la orden de aprehensión no viola las garantías individuales del quejoso, según las razones expuestas en la jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "ORDEN DE APREHENSIÓN. SU LIBRAMIENTO NO REQUIERE DE PRUEBAS PLENAS DE LA RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO. Para dictar una orden de aprehensión no se requiere de pruebas plenas que acrediten la responsabilidad del inculpado sino únicamente es necesario que se reúnan los requisitos a que se refiere el artículo 16 constitucional, y que se desprendan datos que hagan probable la responsabilidad del inculpado ." Así las cosas, procede negar a GABRIEL ALEJANDRO ROMÁN JARAMILLO, el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitada, ya que de acuerdo a lo asentado en párrafos precedentes, no se advierte queja deficiente que suplir, en términos del artículo 79, de la Ley de Amparo. Negativa que se hace extensiva, respecto del acto de ejecución de esa orden, reclamada a las autoridades ejecutoras, por no reclamarse por vicios propios. Lo anterior encuentra apoyo, en la jurisprudencia, que expresa: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE LAS, NO VIOLATORIOS DE GARANTÍAS. Los actos de las autoridades ejecutoras, relativos a mandamientos que se ajusten a la ley, no pueden considerarse violatorios de garantías ". Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 124, de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de garantías, en relación con los actos reclamados de la autoridad responsable que quedó precisada en el punto II.2.1 del presente fallo. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A GABRIEL ALEJANDRO ROMÁN JARAMILLO, contra los actos de las autoridades precisadas en el considerando II.2.2 y por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo resolvió y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, quien actúa con la Secretaria que autoriza y da fe, licenciada María Concepción García Jacobo, hoy treinta de septiembre de dos mil quince, que lo permitieron las labores del juzgado.- DOY FE.
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