Bertha Claudia Salgado Gonzalez

Expediente 416/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 8 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
416/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
08/07/2019

Partes del expediente

  • Bertha Claudia Salgado Gonzalez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de julio de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el oficio que remite el Delgado del Instituto Federal de Defensoría, Delegación Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del oficio por el cual se le notificó que la sentencia dictada en el presente juicio de amparo causa ejecutoria. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el doce de abril de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, Bertha Claudia Salgado González, por propio derecho y en representación legítima de los menores Ximena y Sebastián ambos de apellidos García Salgado, y José Claudio García Salgado, por propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Sexto de lo Familiar, con residencia en esta ciudad. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1, 4, y 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión y trámite de la demanda. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado de Distrito, se registró con el número 416/2019, el quince de abril de este año (foja 11) se admitió a trámite, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio vista al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete y se reconoció el carácter de tercero interesado a José Uriel García Mendoza. Asimismo, en el propio auto se mandó designar representante especial de los menores Ximena y Sebastián, ambos de apellidos García Salgado (foja 15); razón por la que en auto de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve (foja 31), se tuvo a Olivia Benítez Reyes, en cuanto Asesora Jurídica de la Defensoría Pública Federal, aceptando y protestando el cargo conferido. Finalmente, el treinta de mayo del año en curso se llevó a cabo la celebración de la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; así pues, se procede a resolver el presente juicio de amparo; y, CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado se ejecutó en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación del acto reclamado. Conforme a lo establecido por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es fijar el acto reclamado. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal, con el criterio mencionado y atendiendo además el contenido de las constancias que obran en autos, los actos reclamados por la promovente del amparo consisten en: Auto de veintiuno de marzo de dos mil diecinueve dictado dentro del juicio especial oral 19/2019, que sobre pago de alimentos definitivos promueven Bertha Claudia Salgado González, por propio derecho y en representación legítima de los menores Ximena y Sebastián ambos de apellidos García Salgado y José Claudio García Salgado, por propio derecho, en contra de José Uriel García Mendoza, en el cual se fijó por concepto de pensión alimenticia provisional para los tres acreedores, la cantidad de sesenta unidades de medida y actualización -veinte unidades para cada uno-, equivalente a $5,069.40 (cinco mil sesenta y nueve 40/100 M.N.) Acto atribuido al Juez Sexto de lo Familiar, con residencia en esta ciudad. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado (foja 37). Lo que se corrobora con las constancias que remitió como soporte de su informe justificado consistentes en testimonio autorizado del juicio especial oral 19/2019, que sobre pago de alimentos definitivos promueven Bertha Claudia Salgado González, por propio derecho y en representación legítima de los menores Ximena y Sebastián ambos de apellidos García Salgado y José Claudio García Salgado, por propio derecho, en contra de José Uriel García Mendoza (un tomo de prueba). Probanzas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Por tanto, se tiene por demostrada fehacientemente la existencia del acto que se combate, como indica la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por lo que respecta al valor acreditativo de los documentos públicos, es ilustrativa la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Cuarta. Causales de improcedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese sentido, este juzgador de oficio advierte que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61 fracción XXII, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en el auto de veintiuno de marzo de dos mil diecinueve dictado dentro del juicio especial oral 19/2019, que sobre pago de alimentos definitivos promueven Bertha Claudia Salgado González, por propio derecho y en representación legítima de los menores Ximena y Sebastián ambos de apellidos García Salgado y José Claudio García Salgado, por propio derecho, en contra de José Uriel García Mendoza, en el cual se fijó por concepto de pensión alimenticia provisional para los tres acreedores la cantidad de sesenta unidades de medida y actualización -veinte unidades para cada uno-, equivalente a $5,069.40 (cinco mil sesenta y nueve 40/100 M.N.). Luego, a efecto de exponer las razones por las cuales se concluye en ese sentido, se estima conveniente citar el artículo de la Ley de Amparo, que es aplicable al caso: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo." Del anterior precepto, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando subsistiendo el acto reclamado, no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. En este supuesto, la improcedencia deviene de un hecho extraordinario que no depende de la autoridad responsable, y que motiva que el objeto sobre el cual el acto reclamado debe subsistir, desaparezca, por lo que ya no es dable que el acto lesione a la parte quejosa. Situación ésta que ocurre en el caso, debido a que si bien legalmente subsiste el acto reclamado, sus consecuencias ya no surten efecto legal alguno, con motivo del proveído de uno de abril de dos mil diecinueve, emitido por la juez responsable. Se dice de este modo, toda vez que en la especie el acto reclamado se hizo consistir en el auto de veintiuno de marzo de dos mil diecinueve dictado dentro del juicio especial oral 19/2019, que sobre pago de alimentos definitivos promueven Bertha Claudia Salgado González, por propio derecho y en representación legítima de los menores Ximena y Sebastián ambos de apellidos García Salgado y José Claudio García Salgado, por propio derecho, en contra de José Uriel García Mendoza, en el cual se fijó por concepto de pensión alimenticia provisional para los tres acreedores por la cantidad de sesenta unidades de medida y actualización -veinte unidades para cada uno-, equivalente a $5,069.40 (cinco mil sesenta y nueve 40/100 M.N.). Los quejosos señalan como perjuicio toral del acto reclamado (según se advierte de un análisis superficial que se realiza a los conceptos de violación) que el monto de la pensión alimenticia se fijó a razón de una UMA diaria, en vez de fijar un salario mínimo general vigente diario, lo que aducen, les depararía un mayor beneficio, ya que el salario mínimo equivale a $102.68 (ciento dos pesos 68/100 M.N.), mientras que el valor de la UMA asciende a $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 M.N.). Pese a ello, en atención a la solicitud de la apoderada del quejoso José Claudio García Salgado, mediante determinación de uno de abril del mismo año, el juez responsable posterior auto que no era procedente modificar la pensión alimenticia decretada en salarios mínimos en lugar de las unidades de medida de actualización ya determinadas, bajo el argumento que de hacerlo, la suma que se fijaría al acreedor alimenticio sería mayor y que en autos no está acreditado que el obligado de los alimentos cuente con la capacidad suficiente para cubrir una suma distinta de la que ya le fue establecida, aunado a que señaló, por el momento consideraba garantizados los alimentos provisionales (foja 160 del tomo de pruebas). Lo anterior, conduce a sostener que en la especie se actualiza la causal de improcedencia precisada, porque aun cuando subsiste el auto de veintiuno de marzo de dos mil diecinueve en el cual se fijó por concepto de pensión alimenticia provisional para los tres acreedores la cantidad de sesenta unidades de medida y actualización -veinte unidades para cada uno-, en el caso ya no será posible que este juzgador emprenda el estudio de los conceptos de violación que los quejosos dirigieron para atacar la cuantificación de esa pensión en UMAS, en la medida que, mediante auto de uno de abril siguiente, el juez responsable expresamente señaló que no era posible modificar la fijación de la pensión en salarios mínimos, sencillamente, porque las constancias procesales del juicio natural evidencian que el deudor alimenticio no está en condiciones económicas de cubrir un monto superior al ya fijado. Es decir, no obstante la subsistencia de la resolución que se atribuye a la autoridad responsable, lo cierto es que incluso una eventual concesión sería estéril, en virtud que al emitir la determinación de uno de abril de dos mil diecinueve, el juez responsable señaló que no es procedente modificar la fijación de la pensión alimenticia de UMAS a salarios mínimos, porque aunque ello implicaría un mayor monto para los acreedores de los alimentos, el obligado no está en condiciones de satisfacer esa necesidad, dado que en autos no está acreditado que tenga recursos para hacerlo. En efecto, en el caso se considera que se actualiza dicha causal de improcedencia, porque si el agravio toral expresado por los accionantes del amparo en su demanda, es que la fijación de la pensión les depararía mayor beneficio económico si se determinara en salarios mínimos, es evidente que aun cuando este juzgador en el estudio de fondo tuviera como cierto ese argumento y otorgara la protección para el efecto que el juez de los autos valorara la posibilidad de fijar los alimentos en salarios mínimos a fin que se refleje un incremento en la pensión, tal cuestión en nada los beneficiaria, porque en el auto de uno de abril de este año, el juez responsable estableció un motivo nuevo para no acceder a esa modificación, el cual descansó en que el deudor alimentista no está en posibilidad de satisfacer un monto mayor al ya fijado, con lo que evidentemente ingresó una cuestión que se relaciona no con el tipo de unidad económica en la que se fijaron los alimentos (uma o smgv), sino con el principio de necesidad de los alimentos y la posibilidad del obligado para otorgarlos. Por ello se insiste, aun y cuando se determinara que el acto reclamado es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituirlo en el goce del derecho que se estime violado, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. Consecuentemente, el auto reclamado no puede ser materia de pronunciamiento en este juicio de amparo, al dejar de existir el objeto o materia de la misma, pues ya no impacta ni impactará en la esfera jurídica de la parte quejosa, por lo que no sería posible restituirlo en el goce del derecho vulnerado. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, página 189, con número de registro 173858, de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Apoya a lo anterior, la tesis emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, Agosto de 2011, Pág. 1363, con número de registro 161301 que reza: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. SE ACTUALIZA LA CAUSA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVII, DE LA LEY DE LA MATERIA CUANDO ES IMPOSIBLE REPONER LOS AUTOS EXTRAVIADOS DEL JUICIO ORDINARIO QUE ORIGINARON LOS ACTOS RECLAMADOS Y NO SE APORTÓ TESTIMONIO DE LAS CONSTANCIAS NECESARIAS PARA SU ANÁLISIS. El objeto del artículo 80 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la satisfacción restitutoria de la garantía individual que se estima violada. Por otra parte, el precepto 73, fracción XVII, de dicho ordenamiento establece que el juicio de amparo es improcedente cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno. Ahora bien, si al promoverse una demanda de amparo los autos del juicio ordinario que originan los actos reclamados se extraviaron y no se aportó testimonio de las constancias necesarias para su análisis, aun cuando el a quo cumplió con la obligación que le impone el artículo 78 de la invocada ley, requiriendo oficiosamente las citadas constancias, lo cual dio origen al incidente de reposición de autos, sin que se haya logrado debido a factores externos, imprevisibles o ajenos a su control y no a omisiones culposas o dolosas, resulta inconcuso que tal situación provoca que no se conozcan las consideraciones o los fundamentos legales que tuvo la autoridad responsable al emitir su fallo. Lo que origina una dispensa de cumplir con el objetivo de satisfacer la garantía individual que se estime violada y, por ende, la improcedencia del amparo, al existir imposibilidad jurídica y material para resolver el fondo del asunto en apego a los preceptos indicados, precisamente al subsistir el acto reclamado y existir impedimento para que surta efecto legal o material alguno, aunado a que si éste no es inconstitucional en sí mismo, entonces los conceptos de violación alegados por el quejoso no pueden por sí mismos acreditar la inconstitucionalidad alegada." Consecuentemente, como en la especie se actualiza la causa de improcedencia que prevista por el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, con apoyo además, en el dispositivo 63, fracción V, de la invocada ley, se sobresee en el presente juicio de amparo, respecto del acto atribuido al Juez Sexto de lo Familiar, con residencia en esta ciudad. Quinto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Bertha Claudia Salgado González, por propio derecho y en representación legítima de los menores Ximena y Sebastián ambos de apellidos García Salgado y por José Claudio García Salgado, en contra del acto reclamado a la autoridad señalada como responsable, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese por lista personalmente a las partes y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy trece de junio de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Se notifica al tercero interesado por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, asi como en el sistema del SISE, la sentencia de trece de junio de dos mil diecinueve, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción III, y 29 de la Ley de Ampro

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de abril de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el escrito de Olivia Benítez Reyes, mediante el cual acepta y protesta el cargo conferido como representante del especial de los menores X.G.S y S.G.S.; asimismo señala domicilio para recibir notificaciones y autoriza diversas personas para los efectos que señala, solicita copias del presente expediente; así como diverso conceptos de doctrinas que refiere. Atento lo anterior, téngase a Olivia Benítez Reyes, aceptando y protestando el cargado conferido como representante de los referidos menores. Asimismo, se tiene señalado el domicilio que indica para oír y recibir notificaciones y como autorizadas para tal efecto a las personas que designa, quienes podrán gozar de la plenitud de facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, lo que se verificará una vez que promuevan con dicho carácter, o bien, hasta que acrediten dentro del presente expediente, con documento idóneo, estar facultadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho, ya que en caso contrario, solamente se les tendrá como autorizadas para recibir notificaciones e imponerse de los autos; asimismo, téngase por autorizadas a las personas que indica para los efectos que precisa quienes no podrán gozar de las plenitud de facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, por no habérselas conferido expresamente. Como lo solicita la ocursante, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles expídanse a su costa las copias en los términos que solicita, previo recibo que de ello se deje en autos y ténganse como autorizadas para recibirlas a las personas que menciona. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

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