Bertha Claudia Salgado González

Expediente 615/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 17 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
615/2022
Año
2022
Actuaciones
17
Última actuación
26/10/2022

Partes del expediente

  • Bertha Claudia Salgado González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio y transfiéranse éste a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. Asimismo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el original del incidente de suspensión. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción i, inciso c), de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 615/2022, promovido por Bertha Claudia Salgado González, por propio derecho y en cuanto representante legítima de los menores Ximena y Sebastián de apellidos García Salgado; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el tres de junio de dos mil veintidós ante Oficialía de Partes de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad (fojas 2-8), Bertha Claudia Salgado González por propio derecho y en cuanto representante legítima de los menores Ximena y Sebastián de apellidos García Salgado, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en los siguientes términos: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: Lo es el Juez Sexto Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. IV. ACTO RECLAMADO: Lo es el auto de 11 once de mayo del presente año 2022 veintiuno (sic) y notificado mediante listas el día 12 doce del mismo mes y año." Segundo. Trámite del Juicio de Amparo. Por razón de turno el conocimiento del asunto correspondió a este juzgado, por lo que mediante acuerdo de ocho de junio del año en curso (fojas 9-13), se tuvo por recibida la demanda, se ordenó su registro con el número 615/2022; se otorgó la intervención legal que le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita (reverso de la foja 16), y se pidió el informe justificado a la autoridad responsable. El cuatro de julio del año en curso se reconoció el carácter de tercero interesado a José Uriel García Mendoza, en su calidad de contraparte de la quejosa dentro del juicio natural, a quien se emplazó mediante lista el quince de agosto del presente año. Finamente, mediante acuerdo de dieciséis de agosto de dos mil veintidós se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional; y, CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, de acuerdo con los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado fue emitido por una autoridad jurisdiccional que reside en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, así como en observancia obligatoria de la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, registro: 192097, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Asimismo, el criterio P. VI/2004, sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro: 181810, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese contexto, de conformidad con el precepto citado y atendiendo además a los criterios señalados con antelación, los actos reclamados por Bertha Claudia Salgado González, representante de los menores Ximena y Sebastián de apellidos García Salgado, consisten en: * El auto de once de mayo de dos mil veintidós emitido dentro del juicio oral familiar 272/2019 y su acumulado 19/2019, mediante el cual el juez responsable ordenó reducción de la pensión alimenticia provisional que se otorgaba el deudor de los alimentos, en atención a que se acreditó la muerte del acreedor alimentista José Claudio García Salgado. Acto que atribuyó al Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Tercero. Certeza de los actos reclamados. Al momento de rendir su informe justificado-foja 20- el juez responsable aceptó el acto que en esta instancia constitucional se le reclama. Por tanto, se tiene por demostrada fehacientemente la existencia del acto que se combate, como indica la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo que se corrobora con las copias certificadas de las principales constancias que integran el juicio oral familiar 273/2019 y su acumulado 19/2019, que adjuntó a su informe el juez responsable, documental que adquiere valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro: 394182, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Cuarto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados, por ser preferente su estudio, se analiza en primer lugar la improcedencia del juicio, ya que de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, dicha cuestión debe atenderse antes de abordar el fondo del asunto, pues de actualizarse alguna hipótesis del diverso precepto 61 del mismo ordenamiento, deberá sobreseerse en el juicio constitucional sin juzgar la legalidad de los actos reclamados y mucho menos atender a los conceptos de violación. Sin embargo, las partes no hicieron valer causal de improcedencia alguna, ni este juzgador la advierte de oficio; por tanto, lo procedente es analizar los conceptos de violación. Quinto. Estudio de los conceptos de violación. La parte quejosa hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo. Ello, acorde con lo dispuesto en la jurisprudencia 2a./J.58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la Contradicción de tesis 50/2010, publicada en la página 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, Novena Época, registro 164618, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Antes de examinar los conceptos de violación, se estima conveniente reseñar brevemente la solicitud que la parte tercera interesada realizó en su escrito presentado el cuatro de mayo pasado ante la autoridad responsable, así como el auto de once de mayo de dos mil veintidós emitido dentro del juicio oral familiar 272/2019, de los cuales se advierte: * Que José Uriel García Mendoza, parte tercera interesada dentro del presente expediente, solicitó la reducción de la pensión alimenticia provisional únicamente respecto del acreedor alimentario José Claudio García Salgado; * Que mediante acuerdo de once de mayo de dos mil veintidós el juez responsable manifestó las gestiones que había realizado respecto de la pensión provisional concedida a favor de Ximena, Sebastián y José Claudio todos de apellidos García Salgado; * Asimismo, manifestó que el uno de noviembre de dos mil veintiuno la mandataria judicial de la parte quejosa hizo de su conocimiento que José Claudio García Salgado había fallecido el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, lo cual había acreditado con la copia certificada de la partida de defunción del referido acreedor alimentario; * Que en virtud de lo anterior y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 932 y 1006 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, ordenó la reducción del importe de la pensión alimenticia otorgada al finado José Claudio García Salgado, al cual se le habían asignado treinta Unidades de Medida de Actualización, equivalente a la suma de dos mil ochocientos ochenta y seis pesos con sesenta centavos; y, * Finalmente, ordenó girar oficios a la Dirección de Administración de Personal de la Secretaría de Educación en el Estado y al Departamento de Recursos Humanos del Colegio de Bachilleres, a efecto de que realizara la modificación del descuento que se le realiza a la parte tercera interesada por concepto de pensión alimenticia provisional. Puntualizados los antecedentes más relevantes del juicio, tenemos que la parte quejosa aduce que la reducción de la pensión alimenticia provisional vulnera las garantías de audiencia y legalidad tuteladas en los artículos 14 y 16 constitucionales. Lo anterior porque -refiere- que al realizar la modificación de la pensión alimenticia provisional el juez responsable inobservó lo dispuesto en los artículos 474 y 1000 del Código Familiar del Estado de Michoacán, debido a que el cese o reducción de pensión alimenticia debe tramitarse por cuerda separada; y, * Que en todo caso la responsable debió de decretar una audiencia de revisión de medidas cautelares, en la cual estudiara la reducción de la pensión alimenticia de acuerdo a lo que refiere el artículo 985, fracción VI del código en cita. Conceptos de violación que se califican en su totalidad de infundados, como se demostrará a continuación. Por principio conviene citar los artículos 474 y 1000 del Código Familiar del Estado de Michoacán, los cuales son del tenor literal siguiente: "Artículo 474. El aumento o disminución de la suma señalada por el juez para los alimentos, deberá promoverse siguiendo las reglas del juicio especial oral. De igual forma se tramitará la suspensión o cesación de la obligación alimentaria. Sin perjuicio de seguirse abonando al acreedor alimentista, durante la sustanciación de aquellos, la cantidad asignada." (.) Artículo 1000. Se tramitarán en el procedimiento especial oral los asuntos relativos a: I. Alimentos; II. Diferencias que surjan entre cónyuges y concubinos, sobre administración de los bienes comunes y cuestiones relacionadas con los hijos; III. Custodia o convivencia; IV. Rectificación, aclaración y levantamiento de actas del registro civil; V. Modificación o extinción de convenios; y, VI. Todos los demás que la ley prevea deben ser tramitados por esta vía." Asimismo, el artículo 985, fracción VI del código aludido refiere lo siguiente: "Artículo 985. Recibidos los autos, el juez oral se avocará a su conocimiento y de estar ofrecida la pericial o para el caso de que de oficio deba ser desahogada, hará el nombramiento del perito como corresponda; debiendo citarlo, así como a las partes y a sus peritos, a la audiencia preliminar, la que se celebrará dentro de los diez días siguientes, conforme a las etapas procesales: (.) VI. Revisión de las medidas cautelares, de aseguramiento y precautorias ya decretadas, y decisión sobre las solicitadas en la audiencia; y," De los artículos 474 y 1000 del Código Familiar del Estado de Michoacán, en la parte que interesa, se desprende que la suma señalada por el juez sobre el concepto de alimentos, podrá aumentar o disminuir y para tal efecto deberán seguirse las reglas del juicio especial oral; y, en esa misma vía será tramitada la suspensión o cese de dicha obligación. En ese sentido, si bien dichos preceptos legales establecen las reglas que deben seguirse para el aumento o disminución de la suma que se otorgue por alimentos, lo cierto es que también refieren que dichos lineamientos son aplicables cuando se dé la suspensión o cese de dicha obligación, lo que sucede en caso de que se actualice alguno de los supuestos que refiere en artículo 461 del Código Familiar para el Estado de Michoacán. Sin embargo, la reducción o suspensión del monto total que se otorgaba por concepto de pensión alimenticia provisional, se debió a que José Claudio García Salgado falleció el uno de noviembre de dos mil veintiuno, más no por encuadrar en las causas que refiere el artículo 461 de la ley de la materia; en ese sentido, desde la teoría de las obligaciones, es posible afirmar que la muerte del acreedor de los alimentos, actualiza una liberación de la obligación a favor de su padre. De esta forma, al tratarse de una obligación personal del deudor de los alimentos, en exclusiva con su hijo José Claudio García Salgado, es evidente que al acontecer su muerte, en automático se libera al obligado de los alimentos de su cumplimiento, sin que pueda exigirse que esa liberación se haga vía incidental o en una acción por separado, ya que la necesidad de hacerlo, es precisamente para que la parte contraria -y titular del derecho de los alimentos- pueda hacer valer su garantía de audiencia; pero si en el caso ocurre que el titular de ese derecho ya falleció, es evidente que nadie más puede dilucidar un aspecto al respecto, porque se insiste, es un derecho personalísimo. Sustenta lo anterior, la tesis aislada publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXII, página 152, Quinta Época, materia civil, con número de registro 280031, de rubro y texto siguientes: "OBLIGACIONES PERSONALES. Las obligaciones personales, cuando no tienen el carácter de personalísimas, o sea, de aquellas que no pueden ser cumplidas por alguna otra persona, no se extinguen por la muerte del obligado, y como la fianza judicial es una obligación personal y no personalísima, puede ser exigida del albacea de la sucesión del fiador o de sus herederos." Además, porque la finalidad de tramitar la reducción de la pensión alimenticia bajo las reglas del juicio especial oral, es para el efecto de respetar la igualdad procesal, la garantía de audiencia de las partes y el principio de contradicción, ello, para otorgar el derecho a ambas partes de ofrecer pruebas a fin de demostrar sus pretensiones y con base en esos elementos emitir la resolución interlocutoria que corresponda conforme a lo dispuesto en el numera 1062 del citado código. Sin embargo, en el caso particular no era necesario tramitar vía incidente o en acción autónoma la reducción de la pensión alimenticia provisional de José Claudio García Salgado, porque dentro del juicio natural quedó demostrado que dicho acreedor alimentario falleció. Acontecimiento que a consideración del suscrito no requiere de mayores pruebas para que quede acreditado, pues basta que se cuente con el certificado de defunción para que se demuestre el fallecimiento de la persona, lo que en la especie sí aconteció, debido a que la mandataria judicial de la quejosa fue quien durante la secuela procesal del juicio de origen, exhibió copia certificada del acta de defunción de José Claudio García Salgado. Ahora, respecto de la audiencia preliminar que refiere la fracción VI, del artículo 985 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, se deduce que la misma se requiere, entre otras cosas, para revisar las medidas cautelares emitidas dentro del juicio. En ese sentido, si bien es cierto dicho arábigo refiere que para la revisión de medias cautelares es necesario se lleve a cabo la audiencia preliminar, también lo es que dicha circunstancia sucede para dar lugar a que las partes expongan sus pretensiones, así como sus excepciones y defensas, y como ya se anotó anteriormente, en el caso concreto no era necesario realizar trámite especial para la reducción de la pensión alimenticia de José Claudio García Salgado, ya que su acta de defunción por sí sola resulta prueba plena para demostrar el hecho de su fallecimiento. Pero además, porque la pensión alimenticia provisional, al ser una medida cautelar, bien puede modificarse sin la necesidad de que dicha transformación se haga vía incidente, o bien, vía juicio especial, pues basta que el juzgador de manera oficiosa se pronuncie al respecto. Máxime que el juez responsable apoyó su determinación en los artículos 932 y 1006 del Código Familiar para el Estado de Michoacán los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 932. El juez tendrá las más amplias facultades de dirección procesal para decidir en forma pronta y expedita lo que en derecho corresponda, además, debe actuar de oficio, supliendo la deficiencia de los planteamientos de las partes, en tratándose de: I. Menores de edad; personas con discapacidad; y, adultos mayores; II. Asuntos relativos a alimentos; y, III. Cuestiones relacionadas con violencia familiar. Respecto de menores de edad, se deberá tomar en cuenta su interés superior. (.) Artículo 1006. Los jueces podrán decretar en todo tiempo, siempre que sea conducente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos controvertidos: I. Se traiga a la vista cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero; II. Se pregunte a las partes sobre puntos o hechos y a los testigos cuando sus respuestas fueren evasivas, oscuras o dudosas; III. Se traiga a la vista cualquier auto que tenga relación con la litis si su estado lo permite; y, IV. En general, la práctica, aclaración o ampliación de cualquier diligencia probatoria, sin más limitación que las pruebas no estén prohibidas por la ley, ni sean contrarias a la moral y a las buenas costumbres." Del primer precepto legal y en lo que en la especie interesa, se advierte que el juez cuenta con las más amplias facultades para decidir en forma pronta y expedita, lo que en derecho corresponda y de manera oficiosa, supliendo la deficiencia de los planteamientos de las partes, en tratándose de asuntos relativos a alimentos. En tanto que, el segundo artículo aludido indica que los jueces en todo tiempo, siempre que sea conducente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos controvertidos traerán a la vista cualquier cosa o documento que pertenezca a las partes o a un tercero. De lo expuesto, se advierte que contrario a lo que indica la parte quejosa, el juez responsable en ningún momento inobservó los lineamientos establecidos en el Código Familiar para el Estado de Michoacán, respecto de la suspensión o cese de la pensión alimenticia, ello, debido a que el artículo 932 del referido ordenamiento legal, de manera expresa lo dota de facultades para que de manera pronta y expedita se pronuncie respecto asuntos relativos a alimentos. Arábigo que incluso le otorga la potestad para que supla la deficiencia de los planteamientos de las partes, además de poder pronunciarse de oficio. En consecuencia, ante lo infundado de los conceptos de violación planteados y sin que se advierta deficiencia alguna que deba suplirse, se impone negar el amparo y protección de la justicia federal solicitada. Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, 35, 37, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se: R E S U E L V E: Primero. Por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta resolución, la justicia de la unión no ampara ni protege a Bertha Claudia Salgado González, por propio derecho y en cuanto representante legítima de los menores Ximena y Sebastián de apellidos García Salgado, contra el acto reclamado a las autoridades responsables. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Se notifica a la parte tercera interesada **********, por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el proveído y/o resolución de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción II, y 29 de la Ley de Amparo.

Quedan 13 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,026 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano