Bertha Anel Pulido Villanueva

Expediente 733/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 18 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
733/2022
Año
2022
Actuaciones
18
Última actuación
18/11/2022

Partes del expediente

  • Bertha Anel Pulido Villanueva
  • Luis García Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia emitida en autos, por la que por una parte se sobreseyó y por otra se negó la protección de la justicia de la unión en el presente juicio de amparo, sin que lo hayan hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Realícense las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio, y transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. Ahora bien, por lo que ve al original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, con fundamento en el artículo 21, inciso c) del Acuerdo General en cita, toda vez que se negó la medida cautelar solicitada. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese por lista, y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las diez horas con cincuenta minutos del veintisiete de octubre de dos mil veintidós, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 733/2022, sin la comparecencia de las partes. Enseguida la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio la secretaria da cuenta al juez con las documentales allegadas por el Juez de control y enjuiciamiento del sistema de justicia penal, acusatorio y oral, de la región Morelia, Michoacán. Al respecto el juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por admitidas y desahogadas por razón de su propia y especial naturaleza las documentales descritas. Dado que no hay más medios de convicción pendientes por admitir ni por desahogar se cierra el periodo probatorio. En el periodo de alegatos la secretaria certifica que únicamente presentó escrito de alegatos la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado de distrito. Con relación con lo anterior el juez acuerda: Vista la cuenta precedente con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos de la Agente y por precluido el derecho de las demás partes para hacerlo. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. RESULTANDOS: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el uno de julio de dos mil veintidós en el Buzón Judicial del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán, Bertha Anel Pulido Villanueva, Luis García Sánchez, Bertha Alicia Villanueva Valdovinos, Cynthia Isabel Pulido Villanueva, William Rafael Mancilla Sánchez y Carmen Alejandra López Anaya, por su propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, región Morelia y de otras autoridades. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión y trámite de la demanda. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, órgano jurisdiccional que la registró en el libro de gobierno con el número de expediente 733/2022; en proveído de cinco de julio de dos mil veintidós, se admitió; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete; se reservó proveer sobre la existencia de parte tercera interesada; y, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Tercero. Carácter de tercero interesado. En proveído de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, se reconoció el carácter de terceros interesados a Jorge Villagómez Santiago y a Ramiro Mondragón Colín y se ordenó su emplazamiento. Asimismo, se ordenó el emplazamiento de Salud Pérez Rubio, Agente del Ministerio Público Litigante de la Unidad Especializada de Investigación y Persecución del homicidio doloso y feminicidio de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Seguido el juicio por sus demás trámites legales tuvo verificativo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede; por lo que se procede a resolver el presente juicio de amparo; y, CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado se pretende ejecutar en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, abril de 2000, Materia Común, Novena Época, registro 192097, la cual es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Asimismo, la tesis P.VI/2004, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de 2004, Materia Común, Novena Época, registro 181810, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el precepto citado y en atención a los criterios transcritos, los actos reclamados por los quejosos al Juez de control y enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral región Morelia; al Fiscal General del Estado de Michoacán; a la Directora de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Michoacán y al Coordinador General de la Policía de Investigación, son: La orden de aprehensión emitida el cuatro de abril de dos mil diecinueve, dentro de la causa penal 766/2018, por el hecho que la ley señala como delito de resistencia de particulares previsto y sancionado por el artículo 256, en relación con el 19, fracción I, 20 fracción I y 24 fracción III, del Código Penal del Estado, en agravio de Jorge Villagómez Santiago y Ramiro Mondragón Colín [por haber sido declarado sustraído de la acción de la justicia] así como su ejecución. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados al Juez de control y enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral región Morelia; al Fiscal General del Estado de Michoacán; a la Directora de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Michoacán y al Coordinador General de la Policía de Investigación. El Juez de control y enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral región Morelia; el Fiscal General del Estado de Michoacán; la Directora de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Michoacán y el Coordinador General de la Policía de Investigación, al rendir sus respectivos informes justificados negaron la existencia de la orden de aprehensión y su ejecución -en sus respectivos ámbitos de competencia- por lo que ve a los quejosos (fojas 44, 20, 15 y 23). Por tanto, la carga probatoria corresponde a la parte quejosa, atento al aforismo que reza el que afirma está obligado a probar, como en la especie, pues la emisión del acto reclamado, así como su ejecución, son de carácter positivo en tanto que implica una actividad desplegada por la autoridad responsable, la cual deja huella en el tiempo y en el espacio, lo que lo hacía susceptible de prueba, sin que aportara alguna para desvirtuar tal negativa. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados atribuidos por Bertha Anel Pulido Villanueva, Bertha Alicia Villanueva Valdovinos, Cynthia Isabel Pulido Villanueva, William Rafael Mancilla Sánchez y Carmen Alejandra López Anaya al Juez de control y enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral región Morelia; al Fiscal General del Estado de Michoacán; a la Directora de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Michoacán y al Coordinador General de la Policía de Investigación, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo en dicho precepto, procede sobreseer en el juicio de amparo respecto de dichos actos y autoridades. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/20, visible en la página seiscientos veintisiete del tomo IV, segunda parte-2 del Semanario Judicial de la Federación de julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, octava época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Cuarto. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Juez de control y enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral región Morelia; al Fiscal General del Estado de Michoacán; a la Directora de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Michoacán y al Coordinador General de la Policía de Investigación, consistentes en la orden de aprehensión del quejoso Luis García Sánchez y su ejecución, ya que así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados (fojas 44, 20, 15 y 23). Certeza que se corrobora con las constancias que adjuntó el Juez responsable a su informe justificado, consistentes el registro de audio y video en formato DVD, que contiene la audiencia de cuatro de abril de dos mil diecinueve, dentro de la causa penal 766/2018, en la que se emitió la orden de aprehensión reclamada; copia digital certificada de la referida causa penal; así como con la documental exhibida por la Directora de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Michoacán ["consulta de mandamientos judiciales"]. Probanza que tiene valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º, y que permiten tener por acreditado el acto reclamado. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro: 394182, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Y la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, Libro XXIII, agosto de dos mil trece, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación, materia común, de rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Quinto. Procedencia del juicio de amparo. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Sin embargo, toda vez que las partes no hicieron valer ninguna causa de improcedencia, ni se advierte de oficio la actualización de alguna de ellas, lo procedente es analizar los conceptos de violación. Sexto. Estudio de los motivos de inconformidad hechos valer por el quejoso. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en obvio de repeticiones innecesarias y por no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 2ª./J.58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, Novena Época, registro 164618, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." El quejoso aduce -en esencia- que se violan en su contra los derechos contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales, toda vez que se dictó en su contra una orden de aprehensión, sin que existan datos que acrediten la existencia del cuerpo del delito y su probable responsabilidad, aunado a que no se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento. Son infundados los conceptos de violación hechos valer por el quejoso sin que en el caso se advierta queja que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, dado que, quien resuelve, considera que lejos de beneficiar al quejoso lo perjudica o no le es favorable, ya que esto implicaría perfeccionar de alguna manera el acto reclamado, lo que no es objeto del juicio de amparo, además de que la orden de aprehensión reclamada, no transgrede los derechos fundamentales del quejoso previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -por las razones que se precisarán más adelante-. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 263 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 44, Julio de 2017, Tomo I, Materia Común, Décima Época, registro 2014703, de rubro y texto: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna". En ese contexto, este Órgano Constitucional sólo se avocará al estudio de los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, los cuales son infundados. Para evidenciar lo infundado de los motivos de inconformidad, se estima necesario traer a glosa el contenido del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dispone lo siguiente: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario". Del precepto transcrito se advierte que, cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: 1. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; 2. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y 3. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. De igual modo, dará lugar a que se emita orden de aprehensión, cuando a autoridad judicial declare sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, se advierte que el quejoso Luis García Sánchez, sin causa justificada omitió presentarse a la audiencia de revisión de la suspensión condicional del proceso señalada para el seis de marzo del año dos mil diecinueve, a pesar de haber sido notificado; posterior a ello, se volvió a señalar el día veinte de marzo de dos mil diecinueve, para su desahogo sin que se hubiere presentado ni justificado su ausencia, situación que también ocurrió el cuatro de abril de dos mil diecinueve. Aunado a lo anterior -determinó el juez- el quejoso se ausentó de su domicilio sin dar aviso, ya que de los reportes de incumplimiento suscritos por la supervisora de la unidad de medidas cautelares se advierte que acudió al domicilio señalado por el imputado y en éste su hija le dijo que ya no vive en ese lugar. En consecuencia, es indudable que el juez estuvo en lo correcto en emitir la orden de aprehensión reclamada con motivo de la declaración de sustracción de la acción de la justicia por los motivos expuestos. Lo anterior, toda vez que, si el quejoso no se presentó a la audiencia de revisión de la suspensión condicional del proceso en tres ocasiones a pesar de haber sido notificado, además de que no dio aviso de su cambio de domicilio, entonces el juez estaba obligado a decretar la orden de aprehensión de que se trata. Determinación que se encuentra debidamente fundada y motivada, en razón de que el Juez responsable, refirió e invocó el artículo 141, párrafo cuarto del Código Nacional de Procedimientos Penales; además señaló las razones por las que determinó declarar sustraído de la acción de la justicia al quejoso y por ende ordenar la orden de aprehensión, pues al respecto manifestó: "[13:18:19] Bien una vez que escuché a la fiscalía considero que es procedente su petición. Esto con base en lo que establece el artículo 141, párrafo cuarto del Código Nacional de Procedimientos Penales, dado que como bien lo indicó la fiscalía el imputado Luis García Sánchez y otros coimputados fueron vinculados a proceso en la audiencia inicial de fecha diez de diciembre del año dos mil dieciocho, por el hecho que la ley señala como delito de resistencia de particulares en perjuicio de Jorge Villagómez Santiago y Ramiro Mondragón Colín. En esa fecha se le fijó la prisión preventiva oficiosa en los términos que se le indicaron en aquella audiencia. Posteriormente en audiencia de suspensión condicional de proceso de fecha nueve de enero del año en curso, el imputado conjuntamente con otros imputados solicitaron esta salida alterna la cual se les autorizó, corrijo la fecha, en fecha diecisiete de enero del año en curso, fue que se la autorizó la suspensión condicional a proceso por el plazo de un año seis meses imponiéndole las condiciones establecidas en el artículo 195 fracciones I, VIII, IX, X y XII del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y con relación a la que indica la fiscalía del domicilio donde tenía que residir, efectivamente se le impuso la obligación de residir en el domicilio ubicado en la calle torres quince número ciento cinco fraccionamiento campo nubes de Morelia, Michoacán. Y la obligación además de avisar el cambio de domicilio a la unidad de medidas cautelares de la suspensión condicional a proceso, que con motivo de los informes de la supervisora de la unidad de medidas cautelares de la suspensión condicional a proceso, informes de incumplimiento de las condiciones que fueron impuestas en aquella audiencia de la suspensión condicional a proceso. La fiscalía solicitó audiencia de revisión de la suspensión condicional de proceso, a la cual fue debidamente citado el imputado Luis García Sánchez y los coimputados y esto porque por auto de fecha catorce de marzo del año dos mil diecinueve, se señaló la fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de revisión de la suspensión condicional del proceso esto para el día veinte de marzo del año en curso, a las doce horas con treinta minutos en la sala de oralidad número nueve. Bien, corrijo la fecha, fue por auto veinte de febrero de dos mil diecinueve, en que se recibió el escrito de la fiscalía para que fuera citado el citado imputado Luis García Sánchez y otro para la audiencia de revisión de la suspensión condicional a proceso, esta audiencia fue fijada para el día seis de marzo del año dos mil diecinueve, sin que haya asistido el imputado a pesar de ser notificado. En esta misma fecha se señaló nuevamente fecha para el día veinte de marzo en la sala de oralidad número nueve para llevar a cabo la audiencia de revisión de la suspensión condicional del proceso y llegada esta fecha tampoco asistió el imputado Luis García Sánchez. Razón por la cual se señaló nuevamente fecha para llevar a cabo esta audiencia de la revisión de la suspensión condicional a proceso, señalándose el día de hoy cuatro de abril del año en curso a las diez horas con treinta minutos en la sala de oralidad número nueve y tampoco asistió a esta audiencia el imputado Luis García Sánchez. Por tanto, se declara al imputado Luis García Sánchez sustraído a la acción de la justicia, ya que sin causa justificada no asistió o no compareció a las citaciones judiciales que se le hicieron por parte del órgano jurisdiccional, además de que se ausentó de su domicilio sin dar aviso dado que de una de los reportes de incumplimiento suscrito por la supervisora de la unidad de medidas cautelares se advierte que acudió al domicilio del imputado, al domicilio que señaló y en este domicilio su hija le dijo que ya no vive en ese lugar. Por tanto, se emite la orden de aprehensión en contra del imputado Luis García Sánchez para que una vez que sea cumplimentada, de inmediato la fiscalía solicite la audiencia correspondiente de la revisión de la suspensión condicional del proceso". Por tanto, basta imponerse de lo manifestado por el juez para advertir que la orden de aprehensión tildada de inconstitucional, fue emitida en la causa penal 766/2018, en virtud de que el quejoso fue declarado sustraído de la acción de la justicia, en razón de que no existió voluntad de su parte para asistir a la audiencia de la revisión de la suspensión condicional a proceso, no obstante fue debidamente citado sin presentar causa alguna que lo justificara aunado a que no vio aviso de su cambio de domicilio. De ahí, que para la emisión de ese tipo de resoluciones no se requiere -como lo señala el quejoso- que la autoridad judicial emisora se pronuncie en torno al acreditamiento del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, pues sobre el hecho que la ley señala como delito y la posibilidad de que los quejosos hayan participado en su comisión, ya se hizo el estudio cuando fue vinculado a proceso [diez de diciembre del año dos mil dieciocho, por el hecho que la ley señala como delito de resistencia de particulares en perjuicio de Jorge Villagómez Santiago y Ramiro Mondragón Colín]. Es aplicable la tesis aislada III.2o.P.153 P (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, publicada en la página 2133 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 68, Julio de 2019, Tomo III, Décima Época, Materia Penal, registro digital 2020291, de rubro y texto siguientes: "ORDEN DE APREHENSIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, ACUSATORIO Y ORAL. PARA DECRETARLA CONFORME AL ARTÍCULO 141, FRACCIÓN III, PÁRRAFO CUARTO, IN FINE, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, CONTRA EL IMPUTADO DECLARADO SUSTRAÍDO A LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA, ES INNECESARIO HACER UN ESTUDIO EXHAUSTIVO DE LOS ELEMENTOS DEL DELITO Y DE LA PROBABLE INTERVENCIÓN DE AQUÉL EN SU COMISIÓN. Cuando el imputado es declarado sustraído de la acción de la justicia por evadir una citación judicial, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 141, fracción III, párrafo cuarto, in fine, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece: "La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia.-El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido.-El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario.", que permite girar orden de aprehensión contra la persona que fue declarada sustraída de la acción de la justicia, siendo suficiente para ello, que el agente del Ministerio Público justifique que existe la necesidad de cautela, sin que se requiera realizar un estudio exhaustivo de los elementos del delito y de la probable intervención del imputado en su comisión; nivel de exigencia que es acorde con los efectos que genera dicha resolución, habida cuenta que la orden de aprehensión es una medida cautelar y provisional que tendrá vigencia desde el momento en el que se expide hasta que se localiza a la persona contra la que se emitió y se pone a disposición del Juez que la dictó, para dar paso a la audiencia de formulación de la imputación, lo que debe realizarse inmediatamente, ya que una vez que la persona es localizada, la autoridad encargada de su cumplimentación debe dejarla a disposición del órgano jurisdiccional en la sala de audiencias correspondiente, para continuar con el procedimiento relativo a la imputación, con el fin de que se dicte, en su caso, el auto de vinculación a proceso, el que constituirá una autorización posterior para continuar con la investigación de los hechos, de manera formalizada y judicializada; de ahí que la privación de la libertad ambulatoria sólo ocurre por el tiempo en el que el indiciado es presentado a una audiencia, donde conforme al principio de presunción de inocencia, deberá comparecer libre en su persona; es por ello que la orden de aprehensión en el sistema procesal penal acusatorio y oral, por sí misma, sólo constituye un acto mediante el cual se restringe provisionalmente la libertad ambulatoria del imputado y su finalidad es la de, en su caso, pasar a una segunda etapa de investigación supervisada por la autoridad judicial, una vez realizada la imputación y dictado el auto de vinculación a proceso; máxime que cuando se le atribuye un delito que no exige prisión oficiosa, en su caso, podrá dictársele una diversa medida cautelar". De igual manera, es infundado el motivo de inconformidad en el que señala que fue privado de su libertad sin que se hubiere cumplido con las formalidades esenciales del procedimiento. Lo anterior es así, porque la obligación de observar las formalidades esenciales del procedimiento es requisito previo para dictar actos privativos de aquellos a los que se contrae el artículo 14 constitucional, entre los que no se encuentran comprendidas las órdenes de captura, dado que las mismas constituyen actos de molestia a los que se refiere el 16 del mismo ordenamiento y éste numeral no exige la audiencia previa del acusado ni la comprobación del cuerpo del delito, para que pueda dictarse orden de aprehensión. Es aplicable la tesis VII. P. J/40, emitida por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, publicada en la página 81 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 77, Mayo de 1994, página 81, Octava Época, Materia Penal, registro digital 212470, la cual es del contenido siguiente: "ORDEN DE APREHENSIÓN. PARA DICTARLA NO ES OBLIGATORIO OBSERVAR LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. La obligación de observar las formalidades esenciales del procedimiento es requisito previo para dictar actos privativos de aquellos a los que se contrae el artículo 14 constitucional, entre los que no se encuentran comprendidas las órdenes de captura, dado que las mismas constituyen actos de molestia a los que se refiere el 16 del mismo ordenamiento". De igual modo es aplicable al caso la tesis aislada emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 1375 del Semanario Judicial de la Federación Quinta época, con registro 302153, tomo XCVI, del tenor siguiente: "ORDEN DE APREHENSIÓN, NO SE NECESITA DE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA PARA DICTARLA. El artículo 16 de la Constitución Federal, no exige la audiencia previa del acusado ni la comprobación del cuerpo del delito, para que pueda dictarse orden de aprehensión, sino sólo la acusación o querella, apoyada por declaración de persona digna de fe o por otros actos que hagan probable la responsabilidad del acusado en el delito que se le impute; y si en el caso existió la querella y acusación del Ministerio Público, apoyadas con documentos, es claro que el Juez de primera instancia tuvo facultades y base suficiente para dictar esa orden; no siendo cierto que no se hubiera practicado una averiguación previa por el Ministerio Público, ya que ante él ocurrió el querellante y dicha institución consignó el caso al Juez, con solicitud de la orden de aprehensión, que fue dictada legalmente." En consecuencia, al no estar demostrada alguna violación a los derechos fundamentales del quejoso y sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir en su favor, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se niega el amparo y protección de la Justicia Federal. Negativa que se hace extensiva al acto de ejecución que se reclama del Fiscal General del Estado de Michoacán; de la Directora de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Michoacán y del Coordinador General de la Policía de Investigación, al no haberse impugnado por vicios propios. Apoya lo expuesto la jurisprudencia V.2o. J/6, visible a fojas 267, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Junio de 1995, del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que establece: "AUTORIDADES EJECUTORAS. Si no aparece que la autoridad que ordenó el acto, ha violado con él garantías individuales, lo mismo debe afirmarse respecto de las autoridades que son meras ejecutoras, si de esta autoridad no se combaten actos por vicios propios." Séptimo. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Bertha Anel Pulido Villanueva, Bertha Alicia Villanueva Valdovinos, Cynthia Isabel Pulido Villanueva, William Rafael Mancilla Sánchez y Carmen Alejandra López Anaya, por lo que respecta a los actos, autoridades y motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Luis García Sánchez, contra el acto reclamado y autoridades que se estimaron ciertos, por las razones expresadas en el considerando sexto. Tercero. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en la última consideración de esta sentencia. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de octubre de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, téngase a la Agente del Ministerio Publico Litigante de la Unidad Especializada de Investigación y Persecución del Homicidio Doloso y Feminicidio de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, licenciada Salud Pérez Rubio, acusando recibo del oficio por el que se le notificó el acuerdo mediante el cual se le reconoció el carácter de parte tercera interesada. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.ORF

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, tres de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos que guarda el presente asunto, se advierte que no obra acuse del oficio 17009, por el que se encomendó el emplazamiento de la agente del Ministerio Público Salud Pérez Rubio quien participó en la causa penal 766/2018. Por tal motivo, se ordena remitir el oficio en 17009, a la cuenta de correo electrónico perez1841@live.com.mx en el entendido que el actuario de la adscripción al momento de remitir la comunicación oficial por el medio que se trata, deberá solicitar la confirmación de recibido al número móvil 44 34 46 12 05 de dicha representante social, o bien, solicitar realice el acuse respectivo por la misma vía, con constancia que para ello genere el actuario adscrito a este juzgado. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día hoy y se fijan las diez horas con cincuenta minutos del veintisiete de octubre de dos mil veintidós, para su verificativo. Notifíquese por lista y se encomienda al actuario realizar la encomienda señalada en el presente auto. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.ORF

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