Bertha Alicia González Ruiz

Expediente 557/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 10 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
557/2017
Año
2017
Actuaciones
10
Última actuación
20/09/2017

Partes del expediente

  • Bertha Alicia González Ruiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; veinte de septiembre de dos mil diecisiete. Agréguense a los autos el oficio de cuenta signado por la Magistrada Presidente de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, a través del cual, informa que recibió el oficio 20935, por el que se le notificó el proveído de ocho de septiembre del año en curso, mediante el cual se declara ejecutoriada la sentencia emitida en el presente juicio; asimismo, acusa recibo de los originales del toca civil 162/2017 y del juicio ordinario civil 153/2016-III. Notifíquese.

  2. Principal

    Acapulco, Guerrero; ocho de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula. Finalmente, dado que resulta innecesario que continúen a disposición de este juzgado los dos tomos de pruebas constantes de los originales del toca civil 162/2017 y del juicio ordinario civil 153/2016-III, enviadas por la Magistrada Presidente de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, mediante oficio 740 de veintidós de junio del año en curso, como apoyo a su informe justificado, en obvio de mayores dilaciones devuélvanse a su lugar de origen. Notifíquese.

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero; siete de septiembre de dos mil diecisiete. Agréguense a los autos el oficio de cuenta signado por la Magistrada Presidente de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, a través del cual, informa que recibió el oficio 19455, por el que se le notificó la sentencia emitida en el presente juicio. Notifíquese.

  4. Principal

    Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo número 557/2017; y, R E S U L T A N D O PRIMERO.- Presentación de la demanda. Por escrito presentado el trece de junio de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito con sede en esta ciudad, remitido ese día por razón de turno a este Juzgado Octavo, Bertha Leticia González Ruiz, por su propio derecho, presentó demanda en la vía directa, contra la autoridad y el acto que enseguida se menciona: AUTORIDAD RESPONSABLE Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo. ACTO RECLAMADO "La resolución de fecha 19 de mayo de 2017, emitida en el toca civil 162/2017, formado con motivo del recurso de apelación en el efecto preventivo, promovido por el tercero interesado Rubén Chagoya Durán." SEGUNDO.- Tramitación de la demanda. Por acuerdo de catorce de junio de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda de amparo radicada en el libro de gobierno respectivo con el número 557/2017, se ordenó requerir a la autoridad responsable su informe justificado, así como notificar al Agente del Ministerio del Público de la Federación adscrito, y al tercero interesado, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 fracción VII, de la Constitución Federal; 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; ya que se reclama una resolución emitida dentro de un juicio civil, cuya ejecución material tiene lugar dentro del ámbito territorial en que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO.- Oportunidad de la demanda. Ahora bien, bajo protesta de decir verdad, la parte quejosa manifestó que tuvo conocimiento del el acto reclamado el veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, lo que se corrobora con la razón actuarial asentada en autos del toca civil 162/2017 (foja 289 del tomo I de pruebas); en tal virtud, el término para promover el juicio de amparo le transcurrió del veinticinco de mayo al catorce de junio de dos mil diecisiete (descontados los días veintisiete, veintiocho de mayo tres, cuatro, diez y once de junio del año en curso, por corresponder a sábados y domingos y por ende, días inhábiles); de ahí que, al haberse presentado la demanda el trece de junio de la presente anualidad en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, debe estimarse oportuna, pues fue interpuesta dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo. TERCERO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del estudio integral de la demanda de amparo en relación con las constancias de autos se advierte que la parte quejosa reclama en esta instancia constitucional de la Sala Civil responsable con residencia en Chilpancingo, la resolución de diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, dictada en el toca civil número 162/2017, formado con motivo del recurso de apelación preventiva promovido por el demandado en el juicio natural Rubén Chagoya Durán mediante la cual revocó el desechamiento de las pruebas ofrecidas por dicha parte consistentes en el reconocimiento de contenido y firma de dos contratos privados de compraventa de quince de abril de dos mil quince presentados con la contestación de la demanda y reconvención, la testimonial con cargo a Isaías Molina Pimentel y Marco Antonio César Magaña Lavin y la pericial en materia de grafoscopía contenido en el auto de diez de julio de dos mil dieciséis, dictado por el Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, en el expediente 153-3/2016, relativo al juicio ordinario civil de cumplimiento de contrato promovido por Bertha Alicia González Ruiz, determinó admitirlas, ordenó al Juez de la causa natural señalara fecha para su desahogo y dejó insubsistente el fallo definitivo dictado para que las pruebas aludidas sean consideradas en su oportunidad en la nueva sentencia que se llegare a dictar con base en todo el acervo probatorio recibido legalmente. CUARTO. Certeza de actos. Es cierto el acto reclamado a la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, pues así lo reconoció expresamente el Magistrado Presidente, al rendir su informe con justificación (foja 11), lo que además se robustece con los autos originales del toca civil 162/2017 y juicio ordinario civil número 153/2016-III (tomos I y II de pruebas), los cuales dada su naturaleza hacen prueba plena de la existencia del acto reclamado, de conformidad con lo señalado en los preceptos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2. QUINTO. Causal de improcedencia. Una vez verificada la certeza del acto reclamado, a su respecto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción V, éste último aplicado a sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, pues se considera que la decisión reclamada no se considera de imposible reparación, esto es, no es de aquellas determinaciones que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Carta Magna, atento a las siguientes consideraciones. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" Del primer artículo transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente en todos aquellos casos en que la improcedencia derive de alguna disposición de la Carta Magna o de la Ley de Amparo y, del segundo numeral se aprecia que una de las hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto la constituye cuando se promueva contra actos emitidos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose éstos únicamente los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Ahora bien, respecto al tema de imposible reparación, a la fecha se han emitido diversos criterios, en el sentido de que únicamente se deben considerar aquellos que materialmente afecten derechos sustantivos, quedando excluidos los actos adjetivos, no obstante que los mismos afectaran a las partes en un grado predominante o superior o que constituyeran violaciones procesales exorbitantes. En ese sentido ya no hay posibilidad de considerar que dentro de ese concepto "imposible reparación" se incluyan actos que producen efectos meramente formales aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior. Luego, la comprensión y modificación de lo que debe entenderse por "imposible reparación" para calificar la procedencia de la demanda de amparo indirecto contra un acto emitido dentro de juicio, en los términos mencionados, de acuerdo con el texto de la nueva Ley de Amparo, ya lo explicó el Pleno de la Suprema Corte en la Jurisprudencia 1/2016 (10a.), consultable en la página 15 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 29, Abril de 2016, Tomo I, Décima Época, Materia Común, del rubro y texto siguiente: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo". Bajo ese contexto, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquéllos actos de "imposible reparación", se atenderá a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente (que se distingue de una afectación formal) un derecho sustantivo (de naturaleza distinta a los derechos adjetivos) protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales. Precisado lo anterior, si el acto reclamado consiste en la resolución de diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, dictada en el toca civil número 162/2017, formado con motivo del recurso de apelación preventiva promovido por el demandado en el juicio natural Rubén Chagoya Durán mediante la cual la Sala responsable revocó el desechamiento de las pruebas ofrecidas por dicha parte consistentes en el reconocimiento de contenido y firma de dos contratos privados de compraventa de quince de abril de dos mil quince presentados con la contestación de la demanda y reconvención, la testimonial con cargo a Isaías Molina Pimentel y Marco Antonio César Magaña Lavin y la pericial en materia de grafoscopía contenido en el auto de diez de julio de dos mil dieciséis, dictado por el Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, en el expediente 153-3/2016, relativo al juicio ordinario civil de cumplimiento de contrato promovido por Bertha Alicia González Ruiz, determinó admitirlas, ordenó al Juez de la causa natural señalara fecha para su desahogo y dejó insubsistente el fallo definitivo dictado para que las pruebas aludidas sean consideradas en su oportunidad en la nueva sentencia que se llegare a dictar con base en todo el acervo probatorio recibido legalmente; dicha resolución sólo produce una afectación sobre un derecho de naturaleza formal, adjetiva o procesal, situación que por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto, en virtud de que sus consecuencias como ya se explicó no son de imposible reparación al no transgredir derechos sustantivos. Lo anterior es así porque, la consecuencia de aquella determinación constituye una situación análoga una reposición del procedimiento únicamente por lo que hace a las pruebas desechadas, de lo que deriva una afectación a cuestiones meramente formales, tan es así que la resolución sujeta a examen en modo alguno definió algún derecho de las partes, ni mucho menos dilucidó sobre la procedencia o no, de la acción intentada, sino que precisamente conlleva la posibilidad de que el Juez de origen resuelva sobre el particular, esto es, determine sobre lo fundado o no de las pretensiones de las partes en controversia con base en todo el acervo probatorio recibido legalmente; de ahí que -se insiste-, la resolución sujeta a examen no trastoque algún derecho fundamental, tan es así que, de obtener una resolución favorable a sus intereses al abordar las cuestiones de fondo, la pretendida violación esgrimida en esta instancia constitucional encontraría remedio. Es aplicable por identidad de razones el criterio establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia número 23/2008, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta tomo XXVII, Febrero de 2008, Novena Época, la cual es del rubro y texto siguientes: "NULIDAD DE LAS ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. La indicada resolución constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o laudo, en términos de los artículos 114, fracción IV, 158, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, en tanto que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, ya que este no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada. No obsta para cumplir lo anterior el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta." En esa circunstancia, sí la resolución reclamada, no satisface las condiciones para que sea considerada como un acto dentro del juicio que tenga una ejecución irreparable, el juicio de amparo indirecto debe considerarse improcedente, aplicando los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el segundo de los citados interpretado en sentido contrario. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, lo que procede es sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 557/2017 promovido por Bertha Alicia González Ruíz, contra el acto y autoridad responsable precisados en el considerando tercero y por los motivos reseñados en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.Así lo resolvió y firma el Licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, asistido por Lucina Antonieta Dávila Ponce, Secretaria que autoriza. Doy fe.

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