BERTA MARTÍNEZ ALEJO y Otros.
Expediente 947/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 9 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 947/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 28/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Magistrado del Tribunal Unitario Agrario, del Distrito 41, Con Residencia En Esta Ciudad
- BERTA MARTÍNEZ ALEJO y Otros.
- ABRAHAM MORALES ROQUE y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Acapulco, Guerrero; veintiocho de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio de cuenta mediante el cual el Secretario de Acuerdos del tribunal de alzada comunica que se admitió el recurso de revisión. Notifíquese.
- Principal
Acapulco, Guerrero, a dieciocho de febrero de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el escrito signado por el represéntate común de la parte quejosa, por el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, y expresa los agravios que en su concepto la misma le causa; ahora bien, no obstante que no adjunta copias suficientes de su ocurso de agravios, recábense oficiosamente las copias faltantes por parte de este juzgado federal; por tanto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86 y 88 de la Ley de Amparo; agréguese a estos autos una de las copias exhibidas y distribúyanse las restantes entre las demás partes para su conocimiento; asimismo, fórmese cuaderno de antecedentes, debiendo certificar las constancias más relevantes. Una vez que esté debidamente integrado, dentro del plazo a que se refiere el artículo 89 de la ley de la materia, remítase el expediente al Tribunal Colegiado de este Circuito que por turno y materia corresponda, así como el original del diverso de agravios y copia de éste para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a ese Cuerpo Colegiado, para el efecto de que se substancie el citado recurso. Notifíquese; y, personalmente al tercero interesado.
- Principal
VISTOS; para pronunciar sentencia en los autos del juicio de amparo número 947/2018. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito recibido el doce de noviembre de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, y remitido en esa fecha por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, los quejosos (1) Berta Martínez Alejo, (2) Abraham Morales Roque, (3) Jorge Valente Carraman y (4) Nicolás Ramos Valente, presentaron demanda de amparo contra las autoridades y por el acto que enseguida se mencionan. AUTORIDADES RESPONSABLES: 1. Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 41. 2. Secretario de Acuerdos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 41. 3. Actuario adscrito al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 41. Residentes en esta ciudad. ACTO RECLAMADO "a).- Se reclama la falta de emplazamiento a juicio agrario en mi domicilio particular mismo que se encuentra ubicado en el predio conocido como Chamulapa, calle buganvilia, y calle el limón S/N respectivamente, de Copala, Guerrero (.) Así como todas y cada una de las actuaciones posteriores, y practicadas despúes del auto de radicación en el Expediente agrario número 67/2014 del juicio mediante lo cual demandan que la parcela ejidal número 1834, es propiedad del ejido de Copala, Guerrero. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de trece de noviembre de dos mil dieciocho, se registró la demanda con el número 947/2018, y se previno a los quejosos en lo que aquí interesa para que precisaran cuál era el derecho que defienden sobre la parcela ejidal 1834, del Ejido de Copala, del cual refieren fueron desalojados los demandados en el expediente agrario 67/2014, y al cual se ostentan como terceros extraños. A virtud de lo anterior, mediante escrito recibido el veinte de noviembre de dos mil dieciocho, refirieron que el derecho que defienden es la posesión que tienen sobre una fracción de terreno en la parcela ejidal 1834 del cual pretenden desalojarlos, derivado de lo resuelto en el aludido expediente agrario; a lo que recayó el acuerdo de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, en el que se les formuló diversa prevención en el sentido de que aclararan respecto a la designación de diversas autoridades responsables y actos reclamados, lo cual desahogaron por escrito recibido el veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, señalando como nuevas autoridades al Comisariado Ejidal y al Consejo de Vigilancia del Ejido de Copala, Guerrero; respecto de las cuales se desechó la demanda por acuerdo de veintisiete de noviembre siguiente, así como por lo que hace al Secretario de Acuerdos adscrito al tribunal agrario responsable y se admitió sólo por las responsables precisadas en los puntos 1 y 3 del resultando primero que antecede, quienes se solicitó de las su informe justificado; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional; luego, por diverso acuerdo de once de diciembre de dos mil dieciocho, se ordenó notificar a la parte tercero interesada el inicio de este juicio; y, después de un diferimiento, la audiencia constitucional tuvo verificativo el veintinueve de enero del año en curso, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en razón de que se reclaman actos derivados de un juicio agrario en el que la parte quejosa se ostenta como tercero extraña, con ejecución material en la jurisdicción de este órgano constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, una vez realizado el análisis integral de la demanda y escrito de demanda, se precisa que los quejosos relaman la orden de desposesión de la parcela ejidal 1834 ubicada en el ejido de Cópala, Guerrero y su ejecución, derivado de lo resuelto en el expediente agrario 67/2014, del cual se ostentan como terceros extraños a juicio. TERCERO. Oportunidad. La promoción del juicio se estima oportuna, ya que la parte quejosa bajo protesta de decir verdad en su demanda de amparo, manifestó que tuvo conocimiento del acto reclamado el veintidós de octubre de dos mil dieciocho; en tal virtud, el término para promover el juicio de amparo transcurrió del veintitrés de octubre al catorce de noviembre del año pasado, descontándose los días veintisiete y veintiocho de octubre, del uno al cuatro, diez y once de noviembre de ese año, por ser días inhábiles. De ahí que, si la demanda fue presentada el doce de noviembre de dos mil dieciocho, debe estimarse oportuna, pues fue interpuesta dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 41, y al Actuario adscrito a dicho Tribunal, residentes en esta ciudad, por así manifestarlo al rendir sus respectivos informes justificados (fojas 99 a 104); lo que además se corrobora con las constancias que integran el juicio agrario 67/2014, que en copia certificada allegó el Magistrado responsable, las cuales conformaron el tomo I de pruebas, mismas que gozan de valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia por remisión expresa de su artículo 2. QUINTO. Actualización de una causal de improcedencia. Establecido lo anterior, previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que invoquen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, este juzgador considera que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, en relación con el diverso numeral 5 ambos de la Ley de Amparo, en atención a lo siguiente. Para arribar a tal determinación, debe tenerse presente el contenido de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5º, de su Ley Reglamentaria, que en su orden, establecen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas de orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa (.)" "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa (.)". Las citadas disposiciones conforman el interés jurídico, cuya ausencia en quien ocurre a solicitar la protección constitucional, provoca la causal de improcedencia en el juicio de amparo, prevista en el artículo 61, fracción XII, de la ley de la materia. Dicho precepto en lo que interesa dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia" Así, tratándose de actos emanados de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el interés jurídico aludido reside en el derecho que le asiste a un particular para reclamar en la vía de amparo algún acto autoritario que estime violatorio de garantías en su perjuicio; es decir, se refiere a un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, a cuya transgresión por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para ocurrir ante el órgano de control constitucional a demandar el cese de esa violación. Luego, para demostrar la afectación a la esfera jurídica de un gobernado, se requiere que acredite plenamente el interés jurídico que le asiste para el ejercicio de la acción constitucional, y no inferirse con base en presunciones, ya que corresponde a la parte quejosa la carga de la prueba para demostrar la existencia del derecho que manifiesta se le transgrede con la actuación de las autoridades señaladas como responsables. Cobra aplicación al respecto, la jurisprudencia 2a./J. 16/94, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 82, octubre de 1994, página 17, con el rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE.-En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Ahora bien, si en el caso la parte quejosa se ostenta como tercero extraño al juicio agrario 67/2014, tramitado en el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 41, calidad que ciertamente le reviste en tanto que de las constancias relativas al citado proceso no figura como parte procesal, es decir, como actor o demandado, en razón de que dicha instancia fue promovida por el (5) Comisariado ejidal del Ejido de Copala, y su anexo, Guerrero, en contra de (6) Miguel Arredondo Cervantes, para que demuestre tener un interés jurídico susceptible de ser protegido en esta instancia constitucional respecto del bien inmueble que defiende, debe demostrar la titularidad del derecho de posesión sobre el mismo, que aduce fue afectado con lo resuelto en dicha contienda natural, con un título sustentado en alguna figura jurídica o precepto de las legislaciones secundarias relativas, que generen en su favor el derecho de posesión ya sea en forma originaria o derivada, contenido en un documento de fecha cierta, de manera que la parte quejosa tengan una base objetiva que fundada y razonablemente, produzca la convicción de que tiene derecho a poseer ese bien, esto es la causa generadora de la posesión, ya que la simple tenencia material de la cosa, no puede ser tutelada por la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, y acreditar además la afectación a su esfera jurídica con la emisión del acto reclamado y su ejecución. Sin embargo, la parte quejosa no allegó documento idóneo alguno de fecha cierta a efecto de acreditar la causa generadora de la posesión de la fracción de terreno que dice afectada, es decir, no exhibió un título en el que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer la fracción de terreno ejidal que en esta vía defiende, en tanto que la única documental pública allegada consistente en la sentencia dictada en el juicio de nulidad número 837/2014, por el tribunal agrario, en el que se declaró la nulidad del acta de asamblea general de ejidatarios de seis de julio de dos mil catorce, relativa a la elección de los integrantes del comisariado ejidal y consejo de vigilancia del poblado de Copala y su anexo, y su inscripción en el Registro Agrario Nacional de haberse realizado, no es apta para acreditar la posesión en los términos referidos. Bajo ese contexto, como los quejosos no demostraron con alguna prueba fehaciente la causa generadora por virtud de la cual poseen la fracción de terreno ejidal que por esta vía defienden, debe concluirse que la orden de desposesión y su ejecución reclamada derivada de lo resuelto en el juicio agrario 67/2014, no afecta en forma directa algún derecho legítimamente tutelado en su favor, esto es, para que la quejosa acredite su interés jurídico, no es suficiente que el acto reclamado le perjudique materialmente, sino que es menester que esté relacionado con alguna causa o prerrogativa protegida por la ley, tangible en forma directa y fehaciente; lo que en todo caso coloca a la posesión que detenta fuera del marco de protección constitucional. Esto, ya que en casos concretos como el que se analiza, no se deduce de la sola manifestación que en ese sentido haga quien se dice titular de él, sino que se requiere de elementos objetivos aptos para acreditar tal extremo, los cuales deberán ser reconocidos por el propio sistema jurídico. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia número 25/2005, sustentada por la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 255, del tomo XXI, Marzo de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del rubro y texto siguiente: "POSESIÓN DE PARCELAS EJIDALES Y COMUNALES. EN LOS CONFLICTOS RELATIVOS, EL TRIBUNAL AGRARIO DEBE EXAMINAR SU CAUSA GENERADORA, CUANDO LAS PARTES NO TENGAN TÍTULO AGRARIO QUE AMPARE LOS DERECHOS SOBRE LAS TIERRAS EN DISPUTA. De acuerdo con el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la protección de los derechos sobre las parcelas ejidales y comunales, entre ellos, la posesión, está condicionada al cumplimiento de los requisitos para poder adquirir la calidad de ejidatario o comunero. Por tanto, tratándose de conflictos sobre posesión y goce de una parcela ejidal o comunal, en que las partes no acreditan la titularidad formal de los derechos de uso y disfrute respectivos (asignación formal por parte del órgano supremo del núcleo de población o transmisión de derechos debidamente formalizada), el Tribunal Agrario debe examinar la causa generadora de la posesión, es decir, la existencia de título suficiente para dar derecho a poseer, lo cual puede acreditarse únicamente por los sujetos aptos para ser ejidatarios o comuneros. Por ende, no basta que dicho Tribunal decida sobre el mejor derecho a la posesión observando sólo el disfrute fáctico de las parcelas ejidales o comunales en un momento determinado, sino que es preciso acudir al análisis del mejor derecho de posesión atendiendo a su causa generadora, lo cual es acorde con los artículos 14, segundo párrafo y 17, primer párrafo, de la Constitución Federal, pues así se impide la violación injustificada del derecho de posesión de otros, al mismo tiempo que se cumple con el mandato consistente en que ninguna persona puede hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho." Asimismo, no basta que exista el acto reclamado para que prospere el presente juicio, sino que es menester que el peticionario acredite que afecta su esfera jurídica de derechos subjetivos. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia I. 1o. A. J/3, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación, tomo III, segunda parte-2, enero a junio de 1989, del rubro y texto siguientes: "INTERES JURIDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO LO ACREDITA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Cuando alguna autoridad emite un acto que el gobernado estime violatorio de sus garantías individuales, y lo impugne a través del medio de defensa instituido para atacar tales violaciones, como lo es el juicio de amparo, deberá observar las reglas que para su procedencia establece la ley respectiva. Así tenemos que para acudir al juicio de amparo, es necesario que exista un acto autoritario que, según la apreciación subjetiva del gobernado, sea viola torio de sus derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución Política. Ahora bien, no basta que exista el acto autoritario para que prospere el juicio de garantías, sino que es necesario que el peticionario del amparo acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley. Lo anterior es así ya que, entre otros requisitos de procedencia del juicio de garantías, el artículo 107 constitucional, en su fracción 1, reglamentada por el artículo 40. de la Ley de Amparo, señala que dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que equivale a decir que no basta que el acto autoritario exista, sino que es necesario, para efectos de procedencia del juicio de amparo, que transgreda un derecho subjetivo que le otorgue nuestra Carta Fundamental al quejoso." En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 340, publicada en la página 288, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, establecida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que literalmente señala: "POSESIÓN. CUANDO SE RECLAMA SU PRIVACIÓN Y NO SE DEMUESTRA AQUELLA, PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO Y NO NEGAR EL AMPARO (INTERRUPCIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA TESIS JURISPRUDENCIAL NUMERO 217, PUBLICADA EN LA PAGINA 631, CUARTA PARTE DEL APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 1917-1985). De lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, en relación con el 73, fracción V de este propio ordenamiento, se desprende que el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que por consiguiente implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de la acción constitucional es la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación a los derechos u obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado. Ahora bien, tratándose de los actos de desposeimiento es manifiesto que el supuesto básico en que descansa tal reclamación es la posesión; luego, si no llega a probarse ese hecho medular, lo correcto es estimar que falta el interés jurídico que obliga a sobreseer en el juicio, pues no sería lógico negar la protección constitucional a quien en modo alguno se ve afectado por el acto de desposeimiento impugnado si la posesión de la cosa sobre la cual se dirige no pertenece a su esfera jurídica." Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las tesis invocadas en el presente asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se opone a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO.- Se SOBRESEE en el juicio de amparo 947/2018, promovido por (1) Berta Martínez Alejo, (2) Abraham Morales Roque, (3) Jorge Valente Carraman y (4) Nicolás Ramos Valente, por los motivos expuestos en el último de los considerandos de esta sentencia. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.
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