BERNARDO MORALES MARCOS y Otros.
Expediente 1083/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 15 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1083/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 24/03/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- BERNARDO MORALES MARCOS y Otros.
- Primera Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, Encargada del Despacho Por Ministerio de Ley
- Bernardo Morales Marcos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Acapulco, Guerrero, veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; y en igual termino es depurable el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción III, párrafo segundo, del citado artículo Vigésimo Primero, previa conservación de la demanda y resolución en la cual se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados; por lo que, se ordena glosar a estos autos el referido cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir del presente auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo anterior, de conformidad a la fracción III, del artículo vigésimo del referido Acuerdo General Conjunto. Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Finalmente, tomando en consideración que al presente asunto el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado remitió copia certificada de la causa penal 85/2016-I, que constituye el tomo uno de pruebas; devuélvase a la referida autoridad, dado que resulta innecesario su permanencia en este órgano jurisdiccional. Notifíquese.
- Principal
VISTOS; para pronunciar sentencia, los autos del juicio de amparo número 1083/2016. R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado el once de noviembre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido el mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Bernardo, Catalino y Cecilio de apellidos Morales Marcos, por derecho propio, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES Ordenadora Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares. ACTOS RECLAMADOS "(.) reclamo el auto de formal prisión dictado en nuestra contra por el delito de despojo cometido en agravio de Mauro Gallegos Salgado, en la causa penal número 085/2016-I." SEGUNDO. El quejoso señaló como derechos violados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República. TERCERO. Por auto de catorce de noviembre de dos mil dieciséis, se previno al quejoso Cecilio Morales Marcos para que ratificará la huella digital que aparece estampada en el escrito de demanda y se registró la demanda de amparo en el libro de gobierno respectivo con el número 1083/2016; desahogada que fue la prevención por acuerdo de veintidós de noviembre siguiente, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, se admitió a trámite; solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación, dio la intervención legal correspondiente tanto al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito como al representante social adscrito al juzgado responsable, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, se verificó con el resultado asentado en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción IV de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclaman actos restrictivos de la libertad emitidos dentro de un juicio del orden penal que se tramita ante una autoridad judicial con residencia en la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los quejosos reclaman el auto de formal prisión de tres de octubre de dos mil dieciséis, dictado por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, dentro de la causa penal 085/2016-I, que se les instruye por el delito de despojo, en agravio de Mauro Gallegos Salgado. TERCERO. Son ciertos los actos reclamados al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, residente en esta ciudad, en virtud de que así lo reconoció al rendir su informe con justificación (foja 20), manifestación expresa que basta para tener las conductas que se les atribuye por plenamente evidenciadas, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 95 y 96 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2. Certeza que se corrobora además, con la copia certificada de las constancias que integran la causa penal 085/2016-I que al efecto adjuntó el juez responsable y que constituyen el tomo I de prueba, en la que obra la resolución que se combate, a las cuales se otorga pleno valor probatorio al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del citado código adjetivo civil de aplicación supletoria a la ley de la materia. CUARTO. No obstante la certeza de los actos reclamados, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, primero debe abordarse el análisis de las causales de improcedencia, según dispone el numeral 62, de la Ley de Amparo. En ese sentido, oficiosamente se advierte que en el caso, se actualiza la hipótesis prevista en la fracción XIV, del artículo 61, de la legislación en cita, en virtud de que la demanda de amparo no se instó dentro de los quince días siguientes al en que el quejoso tuvo conocimiento de los actos reclamados. En efecto dicha porción normativa establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Conforme a la aludida fracción XIV, del numeral 61 de la Ley de Amparo, si no obstante tener conocimiento de la existencia de un acto afectatorio de sus garantías, el gobernado deja transcurrir el plazo que para ejercitar la acción respectiva reconoce la propia ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, tal conducta, a criterio del legislador debe tomarse como manifestación tácita de conformidad con la mencionada actuación supuestamente lesiva de sus derechos, y por ende, el juicio de amparo que se inste con posterioridad se reputa como improcedente. Así las cosas, de las actuaciones allegadas por el juez en apoyo a su informe con justificación (tomo I de prueba), cuyo valor probatorio pleno quedó precisado en el considerando que antecede, se advierte que el día siete de octubre de dos mil dieciséis se notificó respectiva y personalmente a los inculpados -aquí quejosos-, el auto de formal prisión de tres de del mismo mes y año, sin que se advierta de las constancias que integran la causa penal de origen una diversa fecha de notificación del referido término constitucional, y conforme a lo dispuesto por el artículo 15 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero, el término para impugnar dichas resoluciones les comenzó a correr al día siguiente en que les fue realizada su notificación. Entonces, el término para promover la acción de tutela constitucional con que disponía la parte quejosa transcurrió del diez de octubre al tres de noviembre de dicho año; descontándose los días doce, quince, dieciséis, veintidós y veintitrés de octubre, así como treinta y uno, uno, dos de noviembre de dos mil dieciséis por ser inhábiles; de lo que se sigue que el aludido plazo de quince días transcurrió en su perjuicio, habida cuenta que la demanda de amparo fue presentada hasta el once de noviembre de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, residentes en esta ciudad, por lo que cabe concluir que fue presentada de manera extemporánea, y por ende, consentido tácitamente lo en ella impugnado; de ahí que procede el sobreseimiento en el juicio con base en la fracción XIV del numeral 61, en relación con la fracción V, del diverso numeral 63, ambos de la Ley de Amparo. En este punto es necesario recordar que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo abrogada, cuando un gobernado sufría una afectación en su esfera jurídica motivada por un acto de autoridad susceptible de impugnarse vía juicio de amparo, indefectiblemente debía plantear su demanda dentro del término de quince días computado a partir de cualquiera de las tres hipótesis que regulaba dicho precepto; es decir, al día siguiente al en que le hubiera surtido efectos la notificación del acto reclamado, conforme a la ley que lo rigiera; o bien, al día siguiente al en que el quejoso tuviera conocimiento del mismo o de su ejecución, o al en que se hubiere ostentado sabedor de aquél, pues de no hacerlo así, el juicio de amparo que se instare con posterioridad resultaría improcedente conforme a lo previsto en el artículo 73, fracción XII, de dicha legislación abrogada. No obstante lo anterior, la propia Ley de Amparo abrogada estipulaba como casos de excepción exclusivamente en lo atinente a la oportunidad para la interposición de la demanda de amparo, los casos descritos en el artículo 22, en cuya fracción II, se disponía: "Artículo 22. Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior: (.) II. Los actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales. En estos casos la demanda de amparo podrá interponerse en cualquier tiempo." Así, de dicha porción normativa podía obtenerse que en los casos en que se afectara la libertad personal del individuo, sin hacer distinción alguna de que ello aconteciera dentro o fuera de procedimiento, la demanda de garantías podía interponerse en cualquier tiempo; por tanto, cualquier acto emanado dentro de un procedimiento penal por cuya virtud el inculpado quedara restringido de su libertad personal, como por ejemplo, el auto de formal prisión, el proveído en el que se ordenara su reaprehensión, el que resolviera lo atinente al desvanecimiento de datos, entre otros, era susceptible de impugnarse mediante el juicio de amparo indirecto en cualquier tiempo, no obstante que hubiera sido dictado con mucha anticipación a la fecha de interposición de la demanda de amparo. Sin embargo, el dos de abril de dos mil trece se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expidió la Ley de Amparo vigente a partir del siguiente día de su publicación, por virtud de la cual se abrogó la anterior legislación reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis, y consecuentemente, las demandas presentadas a partir de la fecha de su entrada en vigor (tres de abril de dos mil trece), deben substanciarse conforme a las disposiciones ahora vigentes, aspecto que se cumple en el caso pues la presente demanda se presentó el diecisiete de septiembre del año pasado. Así las cosas, la fracción IV, del artículo 17 y el diverso ordinal 18, ambos de la Ley de Amparo vigente, disponen que: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: (.) IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como puede observarse, el legislador preservó el término genérico de quince días para interponer la demanda de amparo, así como las reglas a partir de las cuales comenzará a computarse dicho plazo; sin embargo, excluyó la posibilidad de que el juicio de amparo contra actos emanados dentro de un procedimiento que afectaran la libertad personal del gobernado se interpusiera en cualquier tiempo, ya que -a diferencia de la redacción del inserto artículo 22, fracción II, de la Ley de Amparo abrogada-, precisó que únicamente los ataques a la libertad personal fuera del procedimiento están sujetos a la atemporalidad del plazo genérico de quince días; por ende, la procedencia del juicio de amparo que nos ocupa debe analizarse al tenor del término de quince días computado a partir del día siguiente al en que surta efectos al quejoso, conforme a la ley del acto, la notificación de las resoluciones que reclama. En efecto, de la redacción de la fracción IV del invocado artículo 17 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, se advierte que el legislador únicamente incluyó como casos de excepción, los ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, respecto de los cuales el juicio de amparo puede interponerse en cualquier tiempo; acotación que excluye aquellos actos restrictivos de la libertad personal emanados dentro del procedimiento -como lo son los autos de plazo constitucional reclamados en la presente instancia-, respecto de los cuales deben observarse las reglas que establece el artículo 18 de la Ley de Amparo, para computar el plazo de quince días con que dispone la parte quejosa para instar la acción constitucional; interpretación que guarda congruencia con la fracción II, del invocado ordinal 17. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia número P./J. 45/2014 (10a.), que integró el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 371/2013, en tanto que de su contenido se revela -interpretado contrario sensu-, que los actos privativos de la libertad suscitados dentro de un procedimiento judicial y emitidos a partir de que entró en vigor la nueva Ley de Amparo sí se encuentran sujetos al plazo genérico de quince días a que se refiere su artículo 17. Las circunstancias antes reseñadas hacen indudable la conclusión de que, como se señaló en líneas procedentes, el término para promover la acción de tutela constitucional precluyó en perjuicio de los quejosos al haber transcurrido el término de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo para promover su demanda de garantías contra actos emanados dentro del procedimiento penal incoado en su contra; máxime que existe impedimento para aplicar la jurisprudencia que conforme a la anterior legislación, disponía la posibilidad de que el juicio de amparo contra actos de tal naturaleza se instara en cualquier tiempo, habida cuenta que en torno a la vigencia de dichos criterios, el artículo sexto transitorio del decreto de la nueva Ley de Amparo establece que: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley"; por lo cual, se considera que el texto de la nueva ley no permite la aplicación de la jurisprudencia que sobre el particular se haya integrado, en tanto que se opone al texto expreso de los plazos para interponer la demanda de amparo contra un acto que afecta la libertad personal dictado dentro de un procedimiento. Más aun, tampoco puede soslayarse que el reconocimiento del derecho humano a un recurso sencillo y efectivo previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no implica desconocer los requisitos de procedencia que impone el orden jurídico interno para hacer uso de tales medios de defensa, ya que dicho precepto sólo contiene un principio general, cuyas posibilidades habrán de articularse en el sistema constitucional legal, en el que se garantizará su decisión a cargo de la autoridad competente y, por tanto, se tendrá que remitir al sistema jurídico en el cual se pretende hacer valer el derecho a la revisión para valorar si en el caso concreto procede dicho recurso. Es aplicable por las razones que la informan, la jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a página 235, Libro 4, Marzo de 2014, tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2005917, de rubro y texto siguientes: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." Así como las tesis aisladas XVI.1o.A.T.5 K (10a.) sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, visible en la página 1753, Libro XI, tomo 2, Agosto de 2012, y III.2o.C.3 K (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, consultable en la página 2066, Libro XVI, tomo 3, Enero de 2013; ambas de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra señalan: "DERECHO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, TUTELADO POR EL ARTÍCULO 25, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. SU EFECTIVIDAD NO IMPLICA SOSLAYAR LAS REGLAS DE PROCEDENCIA DE LOS MEDIOS DE DEFENSA. El citado artículo y numeral, de observancia obligatoria en términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tutela el derecho que toda persona tiene a un recurso efectivo, sencillo y rápido, ante los Jueces o tribunales competentes, a fin de defender sus derechos. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado, en distintas ejecutorias, que no basta que el recurso se prevea en la legislación interna del Estado o que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea idóneo para remediar la violación o agravio que ocasione el acto materia de impugnación; sin embargo, tal declaración no significa que no haya restricción alguna para acceder al recurso, lato sensu, ya que la propia Corte, al resolver sobre la extemporaneidad de una demanda, asumió que debe guardarse un justo equilibrio entre la protección de los derechos humanos, como fin último del sistema, y la seguridad jurídica y equidad procesal que garantizan la estabilidad y confiabilidad de la tutela internacional, por lo que, precisó que continuar con un proceso enderezado para lograr la protección jurisdiccional, estando de por medio infracciones manifiestas a las reglas procedimentales previstas, acarrearía la pérdida de la autoridad y credibilidad indispensables en los órganos encargados de administrar el sistema de protección de derechos humanos (Caso Cayara contra Perú, Excepciones Preliminares, sentencia de tres de febrero de mil novecientos noventa y tres, párrafo 63). Ahora bien, este Tribunal Colegiado de Circuito ha considerado al respecto que todo proceso está sujeto a reglas fundamentales relacionadas con el acceso a la justicia y, una de ellas, es la vinculada, en un aspecto negativo, con la preclusión, figura procesal que lleva a la clausura definitiva de cada una de las etapas del proceso y permite que las resoluciones judiciales susceptibles de impugnarse a través de los recursos o medios ordinarios de defensa adquieran firmeza si no se ejerce ese derecho o no se hace en la forma legal prevista. Por tanto, la efectividad del indicado derecho no implica soslayar las reglas de procedencia de los medios de defensa, pues ello, además de contravenir el principio de impartición de justicia pronta, desatendería los de equidad procesal y seguridad jurídica tutelados en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, debido a que el recurrente obtendría un beneficio no previsto en la norma e, incluso, contrario a ella, con lo que, siguiendo a la Corte Interamericana, se pondría en duda la fuerza vinculante de los fallos y demeritaría la autoridad y credibilidad indispensables en los órganos encargados de administrar justicia, al inobservar las disposiciones legales que regulan el acceso a la protección de los derechos humanos." y "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia." Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, lo que procede es sobreseer en el juicio en relación con los autos de formal prisión de tres de octubre de dos mil dieciséis dictado en la causa penal 085/2016-I del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE el juicio de amparo número 1083/2016, promovido por Bernardo, Catalino y Cecilio de apellidos Morales Marcos, en términos de lo expuesto en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.Así lo resolvió y firma el Licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, el tres de marzo de dos mil diecisiete, asistido por Marco Antonio Cuenca Zamora, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
Acapulco, Guerrero; a quince de febrero de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que para este día se encuentra programada la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, no se está en aptitud de llevarla a cabo, en razón de que mediante auto admisorio de veintidós de noviembre anterior, se ordenó notificar al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, la presentación de la demanda, al resultarle el carácter de tercero interesado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5°, fracción III, inciso e) de la ley reglamentaria, sin que se haya girado el oficio respectivo, por tanto, gírese oficio a la autoridad en mención, a fin de que esté en aptitud de alegar lo que a su derecho corresponda, en términos del artículo 124 de la ley de aplicación. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia señalada para este día, según se advierte de la certificación de cuenta, para las TRECE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE.
- Principal
Acapulco, Guerrero; a doce de enero de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que en proveído que antecede, se tuvo por recibido el auto de plazo constitucional derivado de la causa penal 85/2016-I, remitido por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, el cual se tuvo como complemento a su informe con justificación rendido en autos en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo; por lo tanto, con la finalidad de que las partes se impongan debidamente del contenido de las citadas documentales, se difiere la celebración de la audiencia constitucional para las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE.
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