Bertha Aguilar Rojas
Expediente 1909/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1909/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/10/2018
Partes del expediente
- Bertha Aguilar Rojas
- Erika Iliana Andrade Aguilar
Actuaciones
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este órgano jurisdiccional el trece de agosto del año que transcurre (fojas 104 a 106), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, en representación autoridad responsable, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el juicio en que se actúa, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de catorce de agosto de dos mil dieciocho (foja 107), se dio vista a la parte agraviada para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, en cinco de junio de dos mil dieciocho (fojas 50 a 72), se determinó conceder a *, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: ".1. En esa tesitura, se concede la protección de la Justicia de la Unión solicitada para los efectos de que: a) Los artículos 23, fracción XXIII, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que prevén, respectivamente, el refrendo alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica de la amparista, tanto en el presente como en el futuro. b) En consecuencia, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit devuelva las contribuciones erogadas por la amparista con fundamento en las disposiciones anteriores en el comprobante de depósito de la institución bancaria BBVA Bancomer y la constancia de pago exhibida por el Director General de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit con su informe justificado, cuyo pago fue realizado el veintidós de marzo de dos mil dieciocho, exceptuando algún descuento o estímulo que respecto de tal pago que se haya hecho a la quejosa; asimismo, a la cantidad que deba entregarse se incluirá la actualización fiscal correspondiente.". Sentencia que causó ejecutoria el veintinueve de junio de dos mil dieciocho (fojas 90 y 91), por lo que se requirió al Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit a fin de que la acatara. De lo anterior se colige, que los actos que debía realizar la responsable para acatar el fallo protector consisten en desincorporar en la esfera jurídica de la quejosa los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolverle la cantidad precisada en la sentencia de mérito, la cual debería estar actualizada. Luego, por oficio y anexo recibidos en este juzgado federal el trece de agosto del año que transcurre (fojas 104 a 106), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, comunicó el cumplimiento al fallo protector y adjuntó copia del cheque que le fue notificado a la quejosa (foja 105), con valor de $*. Ahora bien, a la cantidad total que la parte quejosa erogó por el pago de derechos conforme a los preceptos declarados inconstitucionales, a saber, $*, debe restársele la $3.00 (tres pesos moneda nacional), que corresponde a la comisión bancaria, lo que arroja un total de $*. De ello se obtiene que la autoridad devolvió la cantidad de $*. Ahora, a fin de evidenciar que la citada suma se encuentra actualizada, se atiende a que, de conformidad al artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, establece que tratándose de actualización debe atenderse el mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, es oportuno destacar que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado en veintidós de marzo de dos mil dieciocho y que el nueve de julio dos mil dieciocho se tuvo a la autoridad responsable realizando la devolución por el monto total actualizado de dicho recibo (foja 105), por lo que el periodo de actualización comprende del mes de febrero a junio de dos mil dieciocho. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de abril entre el índice para el mes de febrero de dos mil dieciocho (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de junio fue de 132.282 y para el mes de febrero fue de 132.009, ambos de dos mil dieciocho, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.002068040815399. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, a saber: $*, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $*; por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $*. No pasa inadvertido que el monto que la responsable debía devolver al quejoso era de $*;sin embargo, éste reintegró la diversa de $*, es decir, presenta un déficit de $*, pero dicha cantidad no tiene relevancia económica para considerar que el fallo protector no se encuentra cumplido, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla. Lo anterior, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto la autoridad responsable a fin de devolver, así como los que efectúe el quejoso, a fin de recibir dicho monto, serían mayores al beneficio de reintegrar el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados al quejoso, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de biinstancial, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez no se tramitó.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Tepic, Nayarit, siendo las nueve horas con treinta y siete minutos del dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo indirecto 957/2018 promovido por Ernesto Padilla Hernández, la Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, Isaura Romero Mena, quien actúa asistida del secretario Francisco Javier Soto Moreno que autoriza y da fe, encontrándose en audiencia pública la declaró abierta con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia. El secretario da lectura de la demanda de amparo (fojas 2 a 6) y su escrito aclaratorio (fojas 13 y 14); así como los informes justificados rendidos por el Congreso del Estado de Nayarit, por conducto del Presidente de la Comisión de Gobierno (fojas 21 a 26); el Subsecretario de Asuntos Jurídicos, en representación del Gobernador del Estado de Nayarit (fojas 28 y 29); el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, por sí y en representación del titular de esa dependencia (fojas 31 a 33); y el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado (fojas 34 a 39). A lo que la juez determina. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede para los efectos legales conducentes. En el periodo de pruebas. El secretario da cuenta a la juez con la documental que exhibió la quejosa conjuntamente con su escrito de demanda (foja 4), así como las que allegaron el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit (fojas 45, 51 y 52) y el Secretario de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit (foja 59 y 60). A lo que la juez provee. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecida, admitida y desahogada por su propia y especial naturaleza la prueba documental referida, la cual será tomada en consideración el momento de resolver el presente juicio de amparo. En el periodo de alegatos. El secretario da cuenta que las partes no los formularon. A lo que la juez determina. No habiendo diligencia pendiente por desahogar, se cierra dicha etapa y se da por terminada esta diligencia, de la que se levanta la presente acta para constancia. LA JUEZ ISAURA ROMERO MENA EL SECRETARIO FRANCISCO JAVIER SOTO MORENO
- Principal
RESUELVE: PRIMERO.- SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO. SEGUNDO.-LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE A LA PARTE QUEJOSA.
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