Bernardo Lara Rosales

Expediente 968/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 28 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
968/2018
Año
2018
Actuaciones
28
Última actuación
26/06/2019

Partes del expediente

  • Bernardo Lara Rosales
  • Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, Con Sede En Esta Ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    Tepic, Nayarit, veintiséis de junio de dos mil diecinueve.Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que las partes terceras interesadas y quejosa no hicieron manifestación alguna en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, y toda vez que según se advierte de la certificación asentada por la secretaria de este juzgado, ha transcurrido el término que se concedió para tal efecto, por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo y la Jurisprudencia cuyo rubro es: "INCONFORMIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y registrada con el número 26/2000. Asimismo, sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, publicada en el apéndice al semanario judicial de la federación y su gaceta, tomo VI, octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." En virtud de lo anterior, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales el Estado de Nayarit, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento de que se trata en los términos siguientes: El cinco de septiembre de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la audiencia constitucional en el presente juicio, la cual concluyó con el dictado de la sentencia respectiva el veintidós de enero de este año, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por el quejoso, respecto del acto reclamado al Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, para los efectos siguientes: ".a) Deberá dejar insubsistente la resolución de nueve de abril de dos mil dieciocho, emitida en el juicio ordinario civil 447/2010; y, b) En su lugar, deberá emitir otra, en la que considere: i) El carácter de acreedor de Bernardo Lara Rosales, que le fue reconocido en auto de catorce de octubre de dos mil dieciséis; ii) El pronunciamiento de preclusión decretado en auto de veinte de febrero de dos mil diecisiete; iii) El estado procesal de los derechos de la parte actora Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; y iv) Con libertad de jurisdicción resuelva lo que al efecto considere procedente..." Inconforme con lo anterior, la parte tercera interesada Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, mediante su representante legal, interpuso recurso de revisión contra dicha resolución; el que, por razón de turno, conoció el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, bajo el número de expediente 95/2019; el cual, se resolvió por una parte, confirmando dicho fallo y, por otra, concediendo el amparo y protección de la justicia federal para los efectos precisados en la sentencia recurrida. Por lo que, mediante proveído de cuatro de junio de la presente anualidad se requirió a la referida autoridad responsable, a fin de que dentro del término de cinco días acatara dicha resolución y remitiera las constancias que acreditaran dicho cumplimiento. En cumplimiento a lo anterior, mediante oficio registrado con número de folio 17102, el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad, remitió copia certificada de la resolución que emitió el once de junio del presente año (fojas 214 a 220), en la que dejó insubsistente la resolución de nueve de abril de dos mil dieciocho, dictada en el juicio ordinario civil 447/2010; asimismo, emitió otra en la que consideró el carácter del quejoso Bernardo Lara Rosales, la preclusión decretada en autos de dicho sumario y los derechos de la parte actora, aquí tercera interesada, resolviendo con libertad de jurisdicción; esto se considera así, toda vez que resolvió considerando los siguientes aspectos: Que Bernardo Lara González compareció como acreedor al procedimiento en la vía ordinaria civil de origen 477/2010, del índice del Juzgado Civil de Distrito Judicial de Tepic, Nayarit, que se promovió contra Román Castro Alvira y Olga Lidia García García, por la rescisión de un contrato de otorgamiento de crédito con garantía hipotecaria; toda vez que, el bien a embargar en dicho procedimiento garantizaba una obligación diversa a favor de éste. Además, al margen de dicho carácter, mostró interés en adquirir el bien rematado, por lo que intervino en el procedimiento, obteniendo su pretensión como postor al adjudicarse dicho inmueble. En suma, intervino en el procedimiento de ejecución como acreedor garante, postor y adjudicatario del bien en cita. Argumentando, que tales figuras procesales no conllevaron confusión, exclusión de derechos u obligaciones, a efecto de que implicaran una perdida de carácter. El hecho de que Bernardo Lara González hubiere comparecido al mismo procedimiento con caracteres diversos, no implica la perdida o renuncia de alguno, pues no se contraponen entre sí. Lo único que generan son distintos derechos y obligaciones. En consecuencia, consideró improcedente desconocer los derechos como acreedor que posee Bernardo Lara González, por lo que al existir un remanente del valor del bien garante, le debe ser entregado a fin de abonar el adeudo que hay a su favor. En ese sentido, declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por el Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, contra el auto de veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete. En virtud de lo anterior expuesto y de las constancias que obran en autos, se concluye que la citada autoridad responsable acató la concesión en los términos precisados en los párrafos que anteceden, dado que, realizó lo ordenado, pues, se reitera, dejó insubsistente el proveído reclamado, emitiendo otro, en el que consideró los parámetros establecidos en la ejecutoria de amparo. Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales el Estado de Nayarit DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; en esa virtud, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Entonces, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente; en la inteligencia, que este Juzgado estima que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; por lo que, una vez que transcurran los cinco años que establece el primer párrafo del referido punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, una vez que transcurran los cinco años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el Punto Décimo Tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Tepic, Nayarit, veintiséis de junio de dos mil diecinueve.Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que las partes terceras interesadas y quejosa no hicieron manifestación alguna en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, y toda vez que según se advierte de la certificación asentada por la secretaria de este juzgado, ha transcurrido el término que se concedió para tal efecto, por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo y la Jurisprudencia cuyo rubro es: "INCONFORMIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y registrada con el número 26/2000. Asimismo, sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, publicada en el apéndice al semanario judicial de la federación y su gaceta, tomo VI, octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." En virtud de lo anterior, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales el Estado de Nayarit, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento de que se trata en los términos siguientes: El cinco de septiembre de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la audiencia constitucional en el presente juicio, la cual concluyó con el dictado de la sentencia respectiva el veintidós de enero de este año, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por el quejoso, respecto del acto reclamado al Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, para los efectos siguientes: ".a) Deberá dejar insubsistente la resolución de nueve de abril de dos mil dieciocho, emitida en el juicio ordinario civil 447/2010; y, b) En su lugar, deberá emitir otra, en la que considere: i) El carácter de acreedor de Bernardo Lara Rosales, que le fue reconocido en auto de catorce de octubre de dos mil dieciséis; ii) El pronunciamiento de preclusión decretado en auto de veinte de febrero de dos mil diecisiete; iii) El estado procesal de los derechos de la parte actora Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; y iv) Con libertad de jurisdicción resuelva lo que al efecto considere procedente..." Inconforme con lo anterior, la parte tercera interesada Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, mediante su representante legal, interpuso recurso de revisión contra dicha resolución; el que, por razón de turno, conoció el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, bajo el número de expediente 95/2019; el cual, se resolvió por una parte, confirmando dicho fallo y, por otra, concediendo el amparo y protección de la justicia federal para los efectos precisados en la sentencia recurrida. Por lo que, mediante proveído de cuatro de junio de la presente anualidad se requirió a la referida autoridad responsable, a fin de que dentro del término de cinco días acatara dicha resolución y remitiera las constancias que acreditaran dicho cumplimiento. En cumplimiento a lo anterior, mediante oficio registrado con número de folio 17102, el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad, remitió copia certificada de la resolución que emitió el once de junio del presente año (fojas 214 a 220), en la que dejó insubsistente la resolución de nueve de abril de dos mil dieciocho, dictada en el juicio ordinario civil 447/2010; asimismo, emitió otra en la que consideró el carácter del quejoso Bernardo Lara Rosales, la preclusión decretada en autos de dicho sumario y los derechos de la parte actora, aquí tercera interesada, resolviendo con libertad de jurisdicción; esto se considera así, toda vez que resolvió considerando los siguientes aspectos: Que Bernardo Lara González compareció como acreedor al procedimiento en la vía ordinaria civil de origen 477/2010, del índice del Juzgado Civil de Distrito Judicial de Tepic, Nayarit, que se promovió contra Román Castro Alvira y Olga Lidia García García, por la rescisión de un contrato de otorgamiento de crédito con garantía hipotecaria; toda vez que, el bien a embargar en dicho procedimiento garantizaba una obligación diversa a favor de éste. Además, al margen de dicho carácter, mostró interés en adquirir el bien rematado, por lo que intervino en el procedimiento, obteniendo su pretensión como postor al adjudicarse dicho inmueble. En suma, intervino en el procedimiento de ejecución como acreedor garante, postor y adjudicatario del bien en cita. Argumentando, que tales figuras procesales no conllevaron confusión, exclusión de derechos u obligaciones, a efecto de que implicaran una perdida de carácter. El hecho de que Bernardo Lara González hubiere comparecido al mismo procedimiento con caracteres diversos, no implica la perdida o renuncia de alguno, pues no se contraponen entre sí. Lo único que generan son distintos derechos y obligaciones. En consecuencia, consideró improcedente desconocer los derechos como acreedor que posee Bernardo Lara González, por lo que al existir un remanente del valor del bien garante, le debe ser entregado a fin de abonar el adeudo que hay a su favor. En ese sentido, declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por el Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, contra el auto de veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete. En virtud de lo anterior expuesto y de las constancias que obran en autos, se concluye que la citada autoridad responsable acató la concesión en los términos precisados en los párrafos que anteceden, dado que, realizó lo ordenado, pues, se reitera, dejó insubsistente el proveído reclamado, emitiendo otro, en el que consideró los parámetros establecidos en la ejecutoria de amparo. Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales el Estado de Nayarit DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; en esa virtud, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Entonces, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente; en la inteligencia, que este Juzgado estima que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; por lo que, una vez que transcurran los cinco años que establece el primer párrafo del referido punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, una vez que transcurran los cinco años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el Punto Décimo Tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    ** TEPIC, NAYARIT, TRECE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese a sus autos el comunicado de cuenta para los efectos legales correspondientes, a través del cual la Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, informa haber dado cumplimiento a la ejecutoria emitida en este juicio de garantías; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el libelo y anexo de cuenta, dése vista a la parte quejosa y terceros interesados, a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, apercibidas que de no hacer manifestaciones dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuenta en el presente sumario constitucional, se pronunciará en relación con el cumplimiento del fallo protector. **

  4. Principal

    ** TEPIC, NAYARIT, CUATRO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta suscrito por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite el juicio de amparo indirecto 968/2018, así como testimonio de la ejecutoria de dieciséis de mayo del año en curso, dictada en los autos del cuaderno auxiliar número 309/2019, del índice del Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en La Paz, Baja California Sur, correspondiente al amparo en revisión 95/2019, del registro del órgano colegiado mencionado en primer término, en la que se aprecia que confirmó la sentencia pronunciada el veintidós de enero de dos mil diecinueve (fojas 107 a 122), en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Bernardo Lara Rosales, en contra de los actos reclamados al Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad; en consecuencia, acúsese el recibo de estilo y háganse las anotaciones correspondientes en el libro relativo. En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable indicada en el párrafo que antecede, para que dentro del plazo de CINCO DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio correspondiente, de cumplimiento al fallo protector concedido. Sin que en el presente asunto se actualice la hipótesis contenida en el dispositivo 192, párrafo tercero de la legislación en comento, en el sentido de requerir al superior jerárquico para que ordene al juez responsable, a dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo, en virtud de tratarse de órgano con actividad jurisdiccional. Es aplicable al caso la Jurisprudencia PC.I.C. J/3 K (10a.), sustentada por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, Materia Común, visible a página mil trescientos setenta y ocho, Libro Nueve, Agosto de dos mil catorce, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que versa: ** Apercibida que de no hacerlo sin causa justificada, con fundamento en el numeral 258 de la ley de la materia, se le impondrá una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, apartado b, párrafos sexto y séptimo constitucional, en relación con el segundo y tercer transitorio del decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. Además, se le hace del conocimiento que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este juzgado federal hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo el titular respectivo dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el ordinal 193 de la ley citada. Por otro lado, toda vez que ya no son necesarias las constancias relativas al acto reclamado, devuélvanse en dos legajos al ente responsable. Finalmente, agréguese al expediente en que se actúa, el cuaderno de antecedentes correspondiente a partir de la remisión del recurso de revisión. **

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