Bernardo Valdez Mojarro
Expediente 2087/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 8 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2087/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 27/12/2022
Partes del expediente
- Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con sede en esta ciudad
- Bernardo Valdez Mojarro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
veintisiete de diciembre de dos mil veintidósAUDIENCIA INCIDENTAL En la ciudad de Tepic, Nayarit, siendo las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, hora y fecha fijadas para la celebración de la audiencia incidental prevista por el artículo 193, párrafo cuarto, en relación con el artículo 67, ambos de la Ley de Amparo, en el presente juicio de amparo, en audiencia pública el licenciado Francisco Javier Soto Moreno, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, por vacaciones de la titular, en términos de los artículos 44 y 141, en relación con el 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización del Secretario de la Comisión de Receso, ante el secretario Octavio Parra García que autoriza y da fe, procede a celebrarla, sin la comparecencia de alguna de las partes. Además, el secretario certifica que las constancias del presente expediente físico concuerdan fielmente con las que obran en el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Abierta la audiencia, el secretario hace una relación de las constancias que obran en autos, entre las que destacan: a) Sentencia dictada en el presente juicio de amparo (fojas 165-167 y 170-182); b) Oficio de cuenta suscrito por la Actuaria del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, a través del cual remite testimonio de la resolución emitida el treinta y uno de marzo del año en curso, por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, dentro del expediente auxiliar 142/2022, relativo al amparo en revisión 571/2021, derivado del presente sumario constitucional, en la que se aprecia que desechó el recurso de revisión interpuesto contra la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional; asimismo, quedó firme el sobreseimiento y la concesión del amparo y protección de la justicia de la unión a la parte quejosa (fojas 226-236); c) Acuerdo de veintinueve de julio de dos mil veintidós, por medio del cual se admitió el incidente innominado de cuantificación de sentencia (fojas 254-256); d) Dictamen pericial rendido por César Santos Carrillo Arjona, perito oficial (fojas 299-321); y, e) Escrito por el cual realiza manifestaciones el autorizado de la parte quejosa (fojas 331-334). Así como de las demás constancias que obran en los presentes autos. A lo que el Secretario Encargado del Despacho determina. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede para los efectos legales conducentes. En el periodo de pruebas. El secretario da cuenta al Secretario Encargado del Despacho con la pericial en materia contable ordenada por este juzgado (fojas 297-321). A lo que el Secretario Encargado del Despacho provee. Con apoyo en el artículo 67 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecida, admitida y desahogada, por su propia y especial naturaleza, la probanza referida, la cual será tomada en consideración al momento de resolver el presente incidente. En el periodo de alegatos. El secretario da cuenta con los formulados por el autorizado de la parte quejosa (fojas 331-334). A lo que el Secretario Encargado del Despacho determina: Con fundamento en el artículo 67 de la Ley de Amparo, se tienen por reproducidas las manifestaciones realizadas por el autorizado de la parte quejosa; luego, al no haber más alegatos que reproducir, se da por concluida la presente etapa. Al encontrarse debidamente integrado el expediente, no habiendo diligencia pendiente por desahogar, se levanta la presente acta en términos del referido numeral 124 de la ley de la materia y se procede a dictar la siguiente resolución. V I S T O S, para resolver, los autos del incidente innominado para determinar la cantidad exacta que la autoridad responsable exactora debe devolver en cumplimiento a la concesión del amparo, tramitado en el juicio de amparo 115/2021; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Audiencia constitucional y sentencia definitiva. El veintiocho de junio de dos mil veintiuno, se celebró la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo (fojas 165-167), la cual concluyó con la sentencia dictada el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno (fojas 170-182), en la cual se sobreseyó y concedió el amparo solicitado. Por ejecutoria emitida el treinta y uno de marzo del año en curso, por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, dentro del expediente auxiliar 142/2022, relativo al amparo en revisión 571/2021, derivado del presente sumario constitucional, se desechó el recurso de revisión interpuesto contra la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional; asimismo, quedó firme el sobreseimiento y la concesión del amparo y protección de la justicia de la unión a la parte quejosa (fojas 227-236). SEGUNDO. Tramitación del incidente. En proveído de veintinueve de julio de dos mil veintidós, se ordenó la apertura del incidente innominado para determinar la cantidad exacta que la autoridad responsable exactora debía devolver en cumplimiento a la concesión del amparo, por lo que, entre otros aspectos, se ordenó el desahogo de una pericial en materia contable y, por otra, se dio vista a las partes para que aportaran los medios de prueba que estimaran pertinentes (fojas 254-256). Seguido el incidente por sus demás trámites, el día de hoy inició la audiencia incidental, al tenor de la presente acta; y, C O N S I D ER A N DO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, es competente para conocer y resolver el presente incidente innominado para determinar la cantidad exacta que la Tesorería Municipal del Ayuntamiento Constitucional del municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, debe devolver en cumplimiento a la concesión del amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 193, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, por tratarse de una cuestión surgida dentro del juicio de amparo indirecto 115/2021, el cual se tramita en este juzgado. SEGUNDO. Objeto del incidente. El presente incidente tiene por finalidad determinar la cuantía de las prestaciones que la responsable Tesorería Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, debe cubrir a la parte quejosa, en alcance al fallo protector que le fue otorgado, esto es, el importe de la devolución de las cantidades que la parte quejosa cubrió con motivo del impuesto predial declarado inconstitucional en el presente juicio. TERCERO. Estudio y resolución del asunto. El presente incidente innominado es procedente, en términos del artículo 192 y 193, párrafo cuarto de la Ley de Amparo, con base en los siguientes razonamientos. El artículo 192 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga". En lo conducente, el precepto invocado establece que corresponde al Juez de Distrito verificar que las sentencias que conceden el amparo deben quedar puntualmente cumplidas, para lo cual, debe girar oficios a las autoridades responsables y, en su caso, a sus superiores jerárquicos para requerirlos a fin de que den cumplimiento al fallo protector. Asimismo, puede ocurrir que el cumplimento de la sentencia que otorga el amparo implique la devolución de alguna cantidad que no fue determinada en dicho fallo. En ese sentido, el párrafo cuarto del artículo 193 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 193. En el supuesto de que sea necesario precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria, cualquiera de los órganos judiciales competentes podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, que se abra un incidente para tal efecto.". De acuerdo con lo anterior, cuando sea necesario precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria, debe abrirse un incidente para tal efecto. Entonces, el incidente previsto en el artículo 193 de la Ley de Amparo tiene como finalidad cuantificar la cantidad que debe devolverse con motivo de la concesión otorgada en una sentencia dictada en el juicio de amparo, si ésta no fue determinada en dicho fallo. Es oportuno precisar, que este incidente innominado tiene como finalidad determinar la cantidad exacta que debe pagarse a los quejosos por los conceptos y los montos con motivo de la concesión del amparo, que se tramita en términos del artículo 193, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 67/2010, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Tomo XXXII, Agosto de 2010, página 225, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y contenido siguientes: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. ANTE LA FALTA DE PRECISIÓN DE LA CANTIDAD QUE DEBE DEVOLVERSE AL QUEJOSO QUE OBTUVO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN CONTRA DE UNA LEY TRIBUTARIA QUE REGULE CONTRIBUCIONES QUE SE RIJAN POR EL PRINCIPIO DE AUTOLIQUIDACIÓN, ES EN SEDE JURISDICCIONAL DONDE DEBE SUSTANCIARSE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO PARA PRECISARLA (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 47/2009). Conforme a los artículos 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 105, 111 y 113 de la Ley de Amparo, el juzgador de amparo que haya dictado un fallo protector debe velar por que éste se acate, sin que pueda ordenar el archivo de expediente alguno si no está cumplida la sentencia relativa. De ahí que si la causa del retardo para la ejecución de la sentencia concesoria de la protección constitucional contra una ley tributaria que regule contribuciones regidas por el principio de autoliquidación, consiste en la falta de precisión de la cantidad que la autoridad responsable debe devolver al quejoso, resulta evidente que corresponde al Juez de amparo o a la autoridad que haya conocido del juicio precisarla, para lo cual deberá desarrollar el siguiente procedimiento: 1. En relación con la devolución de la cantidad derivada de los actos de aplicación de la norma inconstitucional, requerirá al quejoso para que con los recibos oficiales correspondientes acredite las cantidades pagadas en cumplimiento de aquélla y, en atención al principio de autoliquidación tributaria que rige a la contribución de que se trate, formule el cálculo por ese concepto a su cargo, desaplicando la parte del precepto declarada inconstitucional, precisando la cantidad que debe quedar en poder de la autoridad fiscal como pago de aquélla y la que se le debe devolver; en la inteligencia de que el juzgador no señalará plazo para su desahogo, pero hará saber al quejoso que éste es una condición indispensable para continuar con el procedimiento de cumplimiento de la sentencia de amparo. 2. Desahogado el requerimiento, el Juez Federal -quien podrá considerar la pertinencia de los elementos aportados por el quejoso, puesto que él ejerce el control de este procedimiento- dará vista con dicho documento a la autoridad responsable o a la competente para ordenar la devolución, por un plazo de cinco días, para que de manera motivada manifieste lo que a su interés convenga, apercibida en el sentido de que, de no hacerlo, se tendrá como consentida la cantidad a devolver precisada por el quejoso y con base en ésta se formularán los requerimientos de ejecución de sentencia. 3. Si ambas partes coinciden en el monto a devolver, el juzgador de amparo sólo deberá requerir a la autoridad correspondiente su devolución, junto con el que pudiera generarse por su actualización, así como por los intereses de acuerdo con las leyes fiscales aplicables, hasta que sea devuelto, a fin de que cumpla la sentencia concesoria. 4. De no coincidir, el juzgador de amparo ordenará la devolución del monto que la autoridad reconoce y dejará a salvo los derechos del interesado en la parte que no se satisfizo su pretensión, para que los haga valer a través del recurso de queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo." En el caso, al resolver el presente juicio de amparo este Juzgado de Distrito determinó sobreseer el juicio y conceder el amparo solicitado (fojas 170-182), en la cual se sobreseyó y concedió el amparo solicitado, la que quedó firme por ejecutoria emitida el treinta y uno de marzo del año en curso, por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, dentro del expediente auxiliar 142/2022, relativo al amparo en revisión 571/2021 (fojas 227-236). Al efecto es importante mencionar, que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por la parte quejosa, para los siguientes efectos (foja 180): "En las relatadas condiciones, al resultar inconstitucionales los artículos 26 y 28 de la Ley de Ingresos para la Municipalidad de Bahía de Banderas, Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, por violar los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para los siguientes efectos: 1. De llegar a aplicarse en el futuro a los quejosos lo previsto en los artículos 26 y 28 de la Ley de Ingresos para la Municipalidad de Bahía de Banderas, Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, se les otorgue el mismo trato que a aquellos sujetos a los que la ley situó en una posición más favorable que a otros. 2. Asimismo, para que el Tesorero Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, aplique la tasa de menor cuantía, por concepto de impuesto predial. En esas condiciones, el citado Tesorero Municipal deberá determinar y aplicar a la base del impuesto la tasa que corresponde para el caso de los predios urbanos edificados, en relación con el pago del impuesto predial para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, respecto del inmueble con número de cuenta predial U038664. Lo que debe calcularse en función de la erogación realizada por la parte quejosa, acreditada mediante el recibo de pago con número 3B10009860, de quince de enero de dos mil veintiuno (foja 119), donde consta, en lo que al caso interesa, el pago del impuesto predial del inmueble con número de cuenta predial U038664, los metros cuadrados del terreno y que tiene cero metros cuadrados de construcción, por lo que se trata de un predio no edificado cuya tasa será de 1.854 al millar. Lo que implica la obligación de la responsable de devolver a la parte quejosa, las cantidades que hubiere pagado correspondientes al diferencial entre ambas tasas (predios no edificados o ruinosos 1.854 al millar, y predios urbanos edificados 0.7416 al millar), el cual es del orden de 1.1124 al millar. No pasa inadvertido para este juzgado que, respecto del acto reclamado al Tesorero Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, se sobreseyó en el presente juicio; sin embargo, éste, por razón de sus funciones, tiene intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo y, por tanto, está obligado a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento de la presente sentencia protectora. (.)" Por tanto, al haberse concedido el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que el tesorero responsable devolviera a los justiciables la cantidad que hubiere pagado correspondientes al diferencial entre las tasas relativas a predios no edificados o ruinosos 1.854 al millar, y predios urbanos edificados 0.7416 al millar, el cual es del orden de 1.1124 al millar, es inconcuso que dicha autoridad se encuentra obligada a devolver el excedente que su caso exista con motivo de la aplicación de una tasa diversa a la indicada. Ahora, a efecto de determinar la cantidad a devolver, se aperturó el incidente que se resuelve y se desahogó la prueba pericial a cargo del perito oficial César Santos Carrillo Arjona (fojas 299-321), sin que ninguna de las partes designara perito, o bien, ofreciera algún medio de prueba relacionado con el objetivo de la incidencia aludida. En ese sentido, la prueba pericial es un medio probatorio, cuyo objeto es proporcionar conocimientos técnicos, artísticos o científicos, ajenos a los estudios jurídicos. La finalidad de esta prueba es permitir al juzgador interpretar los hechos controvertidos a fin de poder decidir lo que en derecho proceda. Sobre la valoración de este medio probatorio, el artículo 211 del Federal de Procedimientos Civiles dispone: "Artículo 211. El valor de la prueba pericial quedará a la prudente apreciación del tribunal". Del precepto normativo anterior se deduce, que la prueba pericial, en la legislación procesal civil federal, no cuenta con una eficacia probatoria determinada, sino que el juez tiene libre convicción para valorarla, esto es, debe atender al contenido de los dictámenes emitidos realizando una sana crítica de éstos. Lo anterior es así, pues si el medio de convicción en comento tiene como finalidad ilustrar al juzgador sobre conocimientos no jurídicos que escapan al común de las personas, es indudable que aquél debe atender al contenido de las opiniones periciales emitidas, para observar si éstas proporcionan elementos suficientes -y razonables- para orientar su criterio respecto a los hechos controvertidos sobre los cuales se desconoce su naturaleza. Las reglas de la lógica formal y las máximas de la experiencia constituyen medios que permiten al juzgador realizar esta valoración. Por tanto, una de las cuestiones que debe analizar el juzgador para determinar la eficacia probatoria de una prueba pericial, es la razonabilidad de la motivación de los dictámenes respectivos, esto es, que en ellos se expresen los principios científicos, técnicos o artísticos en que se basan las conclusiones del dictamen y que sea plausible el nexo que permite inferir éstas. Se concluye lo anterior, puesto que, como se clarificó, la eficacia probatoria de la prueba pericial no resulta del desahogo del propio medio de convicción, sino de la valoración que realice el juez de éste. Entonces, el juzgador debe realizar un análisis crítico (a través de la lógica formal y las máximas de la experiencia) de las opiniones emitidas para determinar la convicción con la que cuentan, es decir, determinar la razonabilidad o plausibilidad de las conclusiones de los peritos. Esto, porque el perito puede exponer con claridad, firmeza y lógica tesis equivocadas. Por tanto, se reitera, la motivación de los dictámenes es un criterio útil para la valoración de la prueba pericial. Sirve de apoyo a lo considerado, la tesis 1a. CII/2011 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el tomo XXXIII, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, junio de dos mil once, página ciento setenta y cuatro, que dice: "PRUEBA PERICIAL. LA MOTIVACIÓN DEL PERITO ES UN CRITERIO ÚTIL PARA SU VALORACIÓN. El objeto de la prueba pericial es el auxilio en la administración de justicia, consistente en que un experto en determinada ciencia, técnica o arte, aporte al juzgador conocimientos propios de la materia de la que es experto, y de los que el juzgador carece, porque escapan al cúmulo de conocimientos que posee una persona de nivel cultural promedio; conocimientos que además, resultan esenciales para resolver determinada controversia. Ahora bien, precisamente porque el juzgador carece de los conocimientos en que se basa un perito para elaborar su dictamen, resulta difícil determinar el alcance probatorio del mismo, sobre todo si dos o más peritos, respecto de la misma cuestión, emiten opiniones diversas o incluso contradictorias. En estos casos, resulta útil analizar el método y la fundamentación científica, artística o técnica que respaldan las opiniones de los peritos, pues si en el dictamen, además de exponer su opinión, el perito explica las premisas, reglas o fundamentos correspondientes a la ciencia, técnica o arte de que se trate, en las que se haya basado para analizar el punto concreto sobre el que expresa su opinión, y explica la forma en que dichas premisas, aplicadas al punto concreto, conducen a la conclusión a la que arriba y que constituye el contenido de su opinión, mediante un método convincente y adecuado a la materia de que se trate, será relativamente sencillo motivar la valoración de dicha probanza. Este método de valoración probatoria es además congruente con la naturaleza de la prueba pericial, la cual cumple con su objetivo, en la medida en que dote al juzgador de los conocimientos científicos, técnicos o artísticos necesarios para resolver." Así, el referido experto, luego de señalar la presentación, documentos y herramientas utilizadas, objetivo, desarrollo del trabajo, procedimiento para determinar el cálculo del impuesto predial, análisis y descripción del recibo del impuesto predial dos mil veintiuno pagado por la parte quejosa, determinación de dicho impuesto, comparativo del pago del impuesto predial cobrado por la responsable y el cálculo de la tasa del 0.7416 al millar, estableció que la cantidad que la Tesorería Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, debe devolver a la parte quejosa asciende a $461,649.83 (cuatrocientos sesenta y un mil seiscientos cuarenta y nueve pesos con ochenta y tres centavos) (foja 314). Dictamen al que se le otorga valor probatorio pleno, al tenor del artículo 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2º. Lo anterior, porque fue elaborado por profesionista con conocimientos técnicos en la materia que escapa al conocimiento común y por ende, constituye el medio de convicción idóneo para demostrar la cantidad que debe reintegrarse a la parte quejosa con motivo de la concesión de amparo. Además, se advierte que el perito tomó en consideración las constancias del presente juicio, en particular, el escrito de demanda y sentencia definitiva. Asimismo, explicó la metodología utilizada para arribar al resultado obtenido; de igual modo, explicó el origen de cada una de las cantidades que señaló en su dictamen pericial, así como su fundamento legal. Sin que por otro lado, las partes objetaran dicha prueba, no obstante que por auto de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós (fojas 322-323), se ordenó darles vista con el dictamen por el término de tres días, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera. Apoya a lo anterior, por las razones que de la misma se desprenden, la jurisprudencia 2a./J. 97/2015 (10a.), sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el libro 21, agosto de 2015, tomo I, página 815, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: "PRUEBA PERICIAL. SU VALORACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 151, párrafo último, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, establece que la prueba pericial será calificada por el Juez según prudente estimación, lo que significa que, para su valoración, no está sujeto a un método legal o tasado, sino que es libre, lo que no implica que la que lleve a cabo esté exenta de una exposición razonada que desarrolle las conclusiones a las que arribe, porque ese ejercicio de razonabilidad, que involucra la valoración de una prueba pericial según su prudente estimación, también exige el respeto al principio de legalidad que obliga, en el ejercicio jurisdiccional, a motivar las conclusiones que expliquen por qué el dictamen pericial provoca convicción para el dictado de la sentencia, por lo que sólo llevando a cabo el ejercicio que se indica podrá calificarse como debidamente valorada una prueba pericial en el juicio de amparo". Así, en el dictamen de referencia, el perito César Santos Carrillo Arjona (fojas 299-321), concluyó que la suma adeudada por el Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, por concepto de impuesto predial en el año dos mil veintiuno, motivo de la concesión de amparo, asciende a $461,649.83 (cuatrocientos sesenta y un mil seiscientos cuarenta y nueve pesos con ochenta y tres centavos) (foja 314). Consecuentemente, se declara procedente el incidente tramitado y se determina que el Tesorero Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, le debe devolver a la parte quejosa la cantidad de $461,649.83 (cuatrocientos sesenta y un mil seiscientos cuarenta y nueve pesos con ochenta y tres centavos) (foja 314), como consecuencia del fallo protector, esto es, como suma pagada por concepto de impuesto predial del ejercicio fiscal dos mil veintiuno; en estricto acatamiento a los efectos de la sentencia amparadora. Es importante aclarar que dicha cantidad considera los $72,667.20 (setenta y dos mil seiscientos sesenta y siete pesos con veinte centavos), por concepto de impuesto especial para la Universidad Autónoma de Nayarit, ello en razón a que en el punto 2 de los efectos de la concesión de la sentencia se ordenó la devolución del mismo de manera integral (fojas 119 y 180). Lo anterior, sin que se soslayen las manifestaciones realizadas por la parte quejosa, por conducto de su autorizado, en el sentido de que la cantidad precisada por el referido diestro es incorrecta, pues, desde su perspectiva, la autoridad exactora debe devolverle la diversa cantidad de $692,192.55 (seiscientos noventa y dos mil ciento noventa y dos pesos con cincuenta y cinco centavos) (fojas 331-334). Ello es así, en razón de que el perito no toma en consideración su debida actualización e intereses. Sin embargo, los argumentos anteriores son infundados, ya que en la sentencia ejecutoriada dictada en este juicio no se estableció que la cantidad a devolver a la parte quejosa debería estar debidamente actualizada e incluirse los intereses. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Tesorero Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, para que dentro del término de diez días hábiles posteriores a la notificación correspondiente, dé cumplimiento al fallo protector, reintegrando a la parte quejosa la cantidad determinada con antelación. Lo que deberá realizar a través de los sistemas existentes o de manera personal; en el entendido de que de llevarse a cabo de la última forma, es necesario que se elabore acta de entrega y copia de identificación que se deje para constancia, documentales que deberán ser remitidas en su oportunidad a este órgano judicial, para acreditar el cumplimiento al fallo protector. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los preceptos 66, 67, 192, 193, párrafo cuarto de la Ley de la Materia, se: R E S U E L V E : PRIMERO. Se declara procedente el incidente innominado para determinar la cantidad exacta que la autoridad responsable exactora debe devolver en cumplimiento a la concesión del amparo, tramitado en el juicio de amparo 115/2021, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. Requiérase al Tesorero Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, para que dentro del término de diez días hábiles posteriores a la notificación correspondiente, dé cumplimiento total al fallo protector, esto es, acredite que devolvió a la parte quejosa la cantidad de $461,649.83 (cuatrocientos sesenta y un mil seiscientos cuarenta y nueve pesos con ochenta y tres centavos). Notifíquese personalmente; y, procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resolvió y firma el licenciado Francisco Javier Soto Moreno, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, por vacaciones de la titular, en términos de los artículos 44 y 141, en relación con el 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización del Secretario de la Comisión de Receso, ante el secretario Octavio Parra García, que autoriza y da fe.
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doce de diciembre de dos mil veintidós31267En doce de diciembre de dos mil veintidós, se da cuenta a la Jueza de Distrito, con el oficio con número de registro 31267. Conste. Tepic, Nayarit, doce de diciembre de dos mil veintidós. Se recibe oficio. Téngase por recibido el oficio signado por el Director de Área de la Dirección General de Amparos y Contencioso, con sede en la Ciudad de México, en representación del Comandante de la Guardia Nacional y Director General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional. A través del cual, en atención a la determinación de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, informa el cumplimiento a la medida cautelar concedida; por tanto, dese vista a la parte quejosa, para su conocimiento. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes, Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante el secretario Jesús Amador Casas, que autoriza y da fe. JAC/Luis.
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Tepic, Nayarit, quince de diciembre de dos mil veintidós. Se recibe escrito. Se tiene por recibido el escrito presentado por Karla Miriam Villareal Arce, autorizada de la parte quejosa, a través del cual, en cumplimiento al acuerdo de dos de diciembre del año en curso, formula manifestaciones en torno al cumplimiento de la autoridad responsable, dentro del término que le fue concedido. Consecuentemente, agréguense a sus autos el ocurso de cuenta para los efectos legales a que haya lugar. Calificación del cumplimiento. Ahora bien, visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se aprecia que en el caso concreto, se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión, a la parte quejosa, para el efecto de que de respuesta inmediata, completa, congruente a lo solicitado y por escrito a la solicitud de diez de mayo de dos mil veintidós que presentó la parte quejosa, la que deberá notificarle personalmente en el domicilio que señaló en dicho libelo. Dicha resolución causó ejecutoria el uno de septiembre del año en curso. Ahora bien, del análisis de los comunicados y anexos recibidos en este juzgado federal el diecinueve de septiembre, cinco de octubre, tres de noviembre y uno de diciembre de dos mil veintidós, se acreditó haber dado cumplimiento al fallo protector dictado en el presente juicio de amparo porque la responsable mediante auto dictado el trece de septiembre del año en curso, ordenó acordar el escrito presentado por la parte aquí quejosa el diez de mayo de dos mil veintidós, a través del cual se dio respuesta inmediata, completa, congruente a lo solicitado, puesto que la solicitud antes citada, misma que acompaño al escrito de demanda realizada por la aquí quejosa se advierte que consistía en lo siguiente: "(.) SOLICITO SE ME PAGUE LA CANTIDAD FALTANTE DE LOS 343 EMPLEADOS PENSIONADOS QUE RESULTAN DE DESCONTARLE A 1030 LOS 687, A LOS CUALES SÍ SE LES HIZO EL DESCUENTO. (.)" Por lo que la autoridad responsable en la contestación efectuada el trece de septiembre de dos del año en curso, se da contestación a su petición, formulada, con plenitud de jurisdicción de determinar lo que conforme a derecho corresponda, respecto a lo solicitado; lo que pone en evidencia que restituyó de esa manera a la parte quejosa en el pleno uso, goce y disfrute de sus derechos violados. Con fundamento en el numeral 196 de la Ley de Amparo, párrafo cuarto, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO PRONUNCIADA EN EL PRESENTE JUICIO. Sin que pase inadvertido las manifestaciones que formula el apoderado de la parte quejosa, en el sentido de que la autoridad responsable no ha dado cumplimiento a la sentencia concesoria, pues no realizó determinación alguna respecto de la petición consistente en que se requiriera si se hizo el primer pago del ANDANTE a la quejosa en el mes de diciembre de 2021-como consta en autos-, se tuvo como referencia a los trabajadores pensionados del 30 de agosto de 2019; pues, esta autoridad federal considera que la autoridad responsable acató los extremos de la concesión en función del acto que reclamó la parte quejosa, el cual resultó en la contestación efectuada el trece de septiembre del año en curso, donde se le hizo saber que es totalmente improcedente, que se le pague la cantidad faltante de los trabajadores pensionados que resultan de descontarle a 1030, pues a los 687 trabajadores pensionados se les realizó el descuento en la segunda quincena de agosto del dos mil diecinueve y no así en el mes de diciembre del dos mil veintiuno. Máxime que en la propia sentencia, se indicó que los afectos de la concesión en el presente juicio de amparo se limitaban únicamente a contestar el escrito de diez de mayo de dos mil veintidós, presentado por la quejosa en el juicio de origen, lo cual en la especie aconteció. Archivo. En consecuencia, con sustento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido, el cual este órgano jurisdiccional determina que es susceptible de DEPURACIÓN, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. De lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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veintitrés de noviembre de dos mil veintidósEn veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, la licenciada Nephely Sofía Plascencia Kyriacou, Secretaria de Juzgado, CERTIFICO que: Se encuentran señaladas las diez horas con treinta y un minutos del día de hoy, para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta a la Jueza de Distrito con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. TEPIC, NAYARIT, VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Estado de autos. Visto el estado de autos, se aprecia que la parte quejosa destacadamente reclamó los oficios, exhortos, requisitorias o cualquier otro a través de los cuales se haya ordenado, acordado, tramitado o ejecutado cualquier orden por parte de las autoridades que señaló como responsables, que pudieran derivar en el cambio de adscripción y/o nueva asignación de funciones del solicitante del amparo como oficial activo de la Guardia Nacional. Siendo un hecho notorio que lo anterior deriva de la orden de implementación y ejecución de Plan General Integral dos mil veintiuno, dos mil veinticuatro, para consolidar a la Guardia Nacional, que tiene su origen en el oficio C.E.I. No. GN/EO/3013 de fecha cinco de mayo de dos mil veintiuno, el cual contiene un cronograma de adiestramientos y relevos por escalones o fases de los elementos de la entonces Policía Federal, adscritos a la Dirección General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones, con el objeto de que la Policía Militar de las Compañías de Seguridad en Vías de Comunicación asuman las funciones que venía desempeñando la Policía Federal adscritos a la Dirección General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones. Sin embargo, las autoridades responsables no han remitido a la fecha copia certificada del mismo ni tampoco de los ordenamientos generales que hayan servido de base para su emisión. Hecho notorio. Ahora, se trae a la vista el juicio de amparo 1374/2022 que se tramita ante este órgano de control constitucional, mismo que en estos momentos se tiene al alcance y advirtiéndose del mismo que mediante proveído de once de noviembre del año en curso, se requirió a diversas autoridades, todas dependientes de la guardia nacional, a fin de que remitieran documentales relativas a los actos reclamados en dicho juicio; mismos que guardan relación con los señalados en el expediente en que se actúa. En tales condiciones, una vez arribadas dichas constancias, se ordena tenerse a la vista al momento de resolver el presente juicio de amparo. Ello, a fin de clarificar la presente litis constitucional, así como para estar en posibilidad de analizar los antecedentes históricos legislativos y los ordenamientos administrativos que hayan generado la emisión del acto reclamado que se indica. Requiere constancias. De conformidad con el artículo 75 de la ley de la materia, requiérase a la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional en Nayarit y al Agente Mayor Titular de la Estación Tepic, ambos con sede en esta ciudad para que dentro del término de TRES DÍAS, siguiente al en que reciba el oficio de notificación correspondiente, remitan el archivo en formato Excel que refiere en el que se tiene la relación de los elementos y la situación que guardan, del cual hacen referencia en los anexos que remitió en apoyo a su informe justificado. Ello a fin de clarificar la presente litis constitucional, así como a fin de estar en posibilidad de analizar los antecedentes históricos legislativos así como los ordenamientos administrativos que hayan generado la emisión del acto reclamado que se indica. Apercibimiento. Para el caso de no dar cumplimiento sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización de conformidad con el dispositivo 259, en relación con el 237, fracción I de la Ley de Amparo. Diferimiento y audiencia constitucional. Para dar margen a lo anterior Se difiere la audiencia constitucional de referencia y en su lugar se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y UN MINUTOS DEL VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, con la finalidad de que las partes se impongan de su contenido y estén en aptitud de alegar lo que a su derecho convenga. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes, Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante la secretaria Nephely Sofía Plascencia Kyriacou, que autoriza y da fe. Omar
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