Bernardo Ray Tierrablanca
Expediente 56/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 26 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 56/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 20/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Bernardo Ray Tierrablanca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
Visto el estado de autos, se advierte que el presente expediente se encuentra concluido y que mediante proveído de dieciséis de octubre de dos mil veinte, se ordenó su archivo; en ese sentido, se acuerda: En relación al cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de inconformidad interpuesto por la parte quejosa, con fundamento en el artículo 20, fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, deberá ser destruido, en el plazo de seis meses, por lo que, se ordena mandarlo al lugar que le corresponde en el archivo de este Juzgado hasta en tanto se destruya.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que el término de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de seis del mes y año en curso, para que hiciera manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la responsable a la sentencia dictada dentro del presente juicio, transcurrió sin que lo haya hecho; por tanto, se acuerda: Con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procederá a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Para estar en condiciones de resolver lo anteriormente mencionado, es importante resaltar los siguientes antecedentes: Mediante sentencia dictada el dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a *****************, contra los actos reclamados al Juez Quinto Civil de Partido de esta ciudad. Contra dicha determinación, el quejoso interpuso recurso de revisión, del que por razón de turnó conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital. En ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión civil 328/2019 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, en sus puntos resolutivos determinó: PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. La justicia de la Unión ampara y protege a *****************, en contra de los actos que reclama del Juzgado Quinto civil de Partido con residencia en Celaya, Guanajuato, y de la Jefa de la Oficina Central de Actuarios del dicho Partido Judicial, consistentes en el emplazamiento ordenado en el expediente C40/2013 y sus consecuencias. El amparo se concede para los efectos precisados en la parte final del último considerando de la presente ejecutoria." La protección constitucional se otorgó para el efecto de que la autoridad responsable: Dejara insubsistente todo lo actuado con posterioridad al llamamiento a juicio del quejoso, y conforme a los lineamientos precisados en la ejecutoria de amparo dictada por la superioridad, subsanara las irregularidades cometidas previo a ordenar el emplazamiento por edictos. Hecho lo anterior, resolviera lo que en derecho corresponda. 2. En auto de veinticinco de septiembre de dos mil veinte, se requirió a la autoridad responsable, para que, dentro del plazo legal de tres días, diera cumplimiento a dicha determinación. 3. Mediante auto de seis de octubre del año en curso, se tuvo al Juez Quinto Civil de Partido, con residencia en esta ciudad, remitiendo el oficio 1517, al que adjuntó copia certificada del auto dictado dentro del expediente C-40/2013; constancia con la cual adujo cumplir con la sentencia protectora. 4. Con motivo de lo anterior, el seis de los actuales, se dio vista al quejoso y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna al respecto, este juzgado determinaría si la sentencia de amparo fue o no acatada. Ahora, del examen de la constancia remitida por la autoridad responsable, misma que de conformidad con los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno, se desprende que: El treinta de septiembre de dos mil veinte, la responsable, dentro del expediente **********, dejó insubsistente todo lo actuado con posterioridad al llamamiento a juicio del demandado Bernardo Ray Tierrablanca (aquí quejoso), incluso la orden del emplazamiento por edictos al habérsele emplazado en forma contraria a la ley. Asimismo, ordenó reponer el procedimiento a fin de que el demandado sea legalmente llamado a juicio. Bajo las consideraciones anteriores, el suscrito estima que se le restituyó a la parte quejosa en el pleno goce de su derecho fundamental violado, en virtud de que se dejaron insubsistente todas y cada una de las diligencias y actuaciones relacionadas con el emplazamiento a juicio del aquí quejoso, lo cual constituye el efecto para el que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito concedió la protección constitucional; por lo que, de conformidad con el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, lo procedente es declarar que EL FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO. Hágase lo anterior del conocimiento de la autoridad responsable y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva. En relación al cuaderno original del incidente de suspensión, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo, del citado acuerdo toda vez que se concedió la suspensión, por lo que, se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en diciembre 2012, específicamente en su capítulo: "JUZGADOS DE DISTRITO. VALORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES AUXILIARES Y JUDICIALES, DE CONFORMIDAD CON EL AGC 1/2009", subtítulo: "EXPEDIENTES QUE CORRESPONDE CLASIFICAR COMO DEPURABLES O DESTRUIBLES POR LOS JUZGADOS DE DISTRITO DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO"; por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Ahora bien, atendiendo al punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo a que alude dicho acuerdo. En virtud que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente, aparezcan sus datos personales, con fundamento en los artículos 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE DIECISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que el término de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de seis del mes y año en curso, para que hiciera manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la responsable a la sentencia dictada dentro del presente juicio, transcurrió sin que lo haya hecho; por tanto, se acuerda: Con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procederá a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Para estar en condiciones de resolver lo anteriormente mencionado, es importante resaltar los siguientes antecedentes: Mediante sentencia dictada el dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a *****************, contra los actos reclamados al Juez Quinto Civil de Partido de esta ciudad. Contra dicha determinación, el quejoso interpuso recurso de revisión, del que por razón de turnó conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital. En ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión civil 328/2019 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, en sus puntos resolutivos determinó: PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. La justicia de la Unión ampara y protege a *****************, en contra de los actos que reclama del Juzgado Quinto civil de Partido con residencia en Celaya, Guanajuato, y de la Jefa de la Oficina Central de Actuarios del dicho Partido Judicial, consistentes en el emplazamiento ordenado en el expediente C40/2013 y sus consecuencias. El amparo se concede para los efectos precisados en la parte final del último considerando de la presente ejecutoria." La protección constitucional se otorgó para el efecto de que la autoridad responsable: Dejara insubsistente todo lo actuado con posterioridad al llamamiento a juicio del quejoso, y conforme a los lineamientos precisados en la ejecutoria de amparo dictada por la superioridad, subsanara las irregularidades cometidas previo a ordenar el emplazamiento por edictos. Hecho lo anterior, resolviera lo que en derecho corresponda. 2. En auto de veinticinco de septiembre de dos mil veinte, se requirió a la autoridad responsable, para que, dentro del plazo legal de tres días, diera cumplimiento a dicha determinación. 3. Mediante auto de seis de octubre del año en curso, se tuvo al Juez Quinto Civil de Partido, con residencia en esta ciudad, remitiendo el oficio 1517, al que adjuntó copia certificada del auto dictado dentro del expediente C-40/2013; constancia con la cual adujo cumplir con la sentencia protectora. 4. Con motivo de lo anterior, el seis de los actuales, se dio vista al quejoso y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna al respecto, este juzgado determinaría si la sentencia de amparo fue o no acatada. Ahora, del examen de la constancia remitida por la autoridad responsable, misma que de conformidad con los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno, se desprende que: El treinta de septiembre de dos mil veinte, la responsable, dentro del expediente **********, dejó insubsistente todo lo actuado con posterioridad al llamamiento a juicio del demandado Bernardo Ray Tierrablanca (aquí quejoso), incluso la orden del emplazamiento por edictos al habérsele emplazado en forma contraria a la ley. Asimismo, ordenó reponer el procedimiento a fin de que el demandado sea legalmente llamado a juicio. Bajo las consideraciones anteriores, el suscrito estima que se le restituyó a la parte quejosa en el pleno goce de su derecho fundamental violado, en virtud de que se dejaron insubsistente todas y cada una de las diligencias y actuaciones relacionadas con el emplazamiento a juicio del aquí quejoso, lo cual constituye el efecto para el que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito concedió la protección constitucional; por lo que, de conformidad con el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, lo procedente es declarar que EL FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO. Hágase lo anterior del conocimiento de la autoridad responsable y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva. En relación al cuaderno original del incidente de suspensión, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo, del citado acuerdo toda vez que se concedió la suspensión, por lo que, se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en diciembre 2012, específicamente en su capítulo: "JUZGADOS DE DISTRITO. VALORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES AUXILIARES Y JUDICIALES, DE CONFORMIDAD CON EL AGC 1/2009", subtítulo: "EXPEDIENTES QUE CORRESPONDE CLASIFICAR COMO DEPURABLES O DESTRUIBLES POR LOS JUZGADOS DE DISTRITO DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO"; por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Ahora bien, atendiendo al punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo a que alude dicho acuerdo. En virtud que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente, aparezcan sus datos personales, con fundamento en los artículos 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Agréguese a sus autos, con su anexo, el oficio de cuenta que suscribe la Juez Quinto Civil de Partido, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite las constancias con las que aduce dar cumplimiento a la sentencia pronunciada en el presente juicio; con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días legalmente computado, manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacerlo dentro del término indicado, este Juzgado determinará si la sentencia de amparo fue o no acatada.
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