Berenice Porras González
Expediente 435/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 435/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Berenice Porras González
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del proveído de veinticuatro de mayo de la presente anualidad, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Vista la demanda de amparo presentada por *********, por su propio derecho, contra actos del Juez Primero Menor Civil de esta de esta ciudad y de otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 435/2019-IV. El suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 1°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "." "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: "I.- Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "." "El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." Como se puede advertir de la transcripción de los artículos anteriores, para que el juicio constitucional sea procedente, es necesario que se enderece contra actos de autoridad, o bien, de particulares en los casos señalados por la propia ley, pues por su naturaleza jurídica las garantías constitucionales constituyen en la generalidad de los casos, limitaciones al Poder Público, ya que los actos que ejecuten y molesten en su persona, domicilio, papeles o familia a otros particulares, encuentran sus sanciones en las disposiciones del derecho común. En ese orden, la concepción del "acto reclamado", es un tema medular dentro del análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo, pues constituye un requisito indispensable para la procedencia de este medio de control constitucional, tal como lo disponen los artículos 103 de la Carta Magna y 1o. de la Ley de Amparo, preceptos en los que constantemente aparece el término de "actos u omisiones de autoridad". Dentro del campo del juicio de amparo, el acto reclamado, en general, consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implique una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituya un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu) imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. De la definición que antecede, se desprende que el acto debe de ser un hecho voluntario, no debido al azar, rasgo distintivo entre aquél y un acontecimiento cualquiera, cuya realización esté encaminada a la obtención de un fin, es decir, a la causación de la afectación o lesión a cualquier derecho o interés jurídico del gobernado, ocasionándole un agravio que puede provenir, indistintamente, de una ley o de un acto stricto sensu, de índole decisoria, ejecutiva u omisiva que le otorgue la naturaleza de autoritario al ser coercitivo, unilateral e imperativo, formas como se realiza la mencionada afectación. De ahí que conforme al artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, es quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, individual y colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la Ley de la materia, y con ello se producirá una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por su parte, la autoridad responsable es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas, en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Como puede advertirse, los anteriores conceptos implican la idea de que el acto reclamado, por regla, debe existir al momento de la presentación de la demanda de amparo, pues solo en ese caso se estaría frente a la creación, modificación o extinción de una situación jurídica concreta, susceptible de generar una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso, cuyo remedio se persigue mediante el juicio de amparo. Por ello, tratándose de actos futuros, probables o remotos, respecto de los cuales no existe una certeza clara y fundada de su realización (actos inciertos), los mismos no producen ningún efecto de derecho, y contra ellos no procede el juicio de amparo. Ahora, en la especie la parte quejosa acude a esta instancia constitucional como tercera extraña en sentido estricto y señala como acto reclamado: A) .- DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS RECLAMO LA ILEGAL ORDEN DE EJECUCION, GIRADA O POR GIRAR EN CONTRA DE LA SUSCRITA Y MOTIVO POR EL CUAL HE SIDO ACOSADA POR UN LICENCIADO DE NOMBRE *********, QUIEN A SU DECIR A DETENIDO SEGÚN EL EN MI FAVOR DICHA ORDEN DE EJECUCION. B) DE LA AUTORIDAD EJECUTORA RECLAMO, EL CUMPLIMIENTO Y LA INMINENTE ORDEN EJECUCIÓN QUE SE PRETENDE DAR A DICHA ORDEN DE EJECUCION EN CONTRA DEL SUSCRITO Y LA CUAL ES A TODAS LUCES RESULTARIA ILEGAL E INCONSTITUCIONAL. Asimismo, del capítulo atinente a los antecedentes del acto reclamado, se advierte que narró bajo protesta de decir verdad lo siguiente: "1.- HECAE (sic) APROXIMADAMENTE DOS AÑOS LA SUSCRITA PEDI A LA HOY TERCERA PERJUDICADA C. ********* LA CANTIDAD DE $3,000.00 TRES MIL PESOS 00/100 M.N. Y CON LA CUAL PACTAMOS UN INTÉRÉRS MORATORIO DEL 7% MENSUAL MAS ES EL CASO QUE HACE APROXIMADAMENTE UN AÑO LE PAGUE A LA TERCERA PERJUDICADA SEIS MIL PESOS EN EFECTIVO Y LA CUAL ME HA COMENTADO QUE ESTA CONSIENTE DE ELLO PERO AHORA RESULTA QUE ME MANDO A EL LIC. ********* (sic) QUIEN SE HA NEGADO A PROPORCIONARME ALGUN DOMICILIO PERSONAL O DE SU DESPACHO Y SOLO ME HA ESTADO EXTORSIONANDO PIDIENDOME DINERO ARGUMENTANDO QUE SI NO SE LO DOY ME EMBARGARA BIENES DE MI PROPIEDAD Y AHORA QUE VIVO EN CASA DE MI SUEGRA ESTA SE PONE MUY NERVIOSA CON ESE DICHO Y LE HE TENIDO QUE CUBRIR CANTIDADES EN DIVERSAS FECHAS POR LA CANTIDAD TOTAL DE CUATRO MIL PESOS COMO LO DEMUESTRO CON LOS RECIBOS CORRESPONDIENTES Y ME HA HECHO SABER QUE AUN LE DEBO SETENTA MIL PESOS LO CUAL RESULTA ABSURDO Y DE AHÍ MI DEMANDA DE GARANTIAS PARA QUE SOLICITE INFORMACION A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y DE EXISTIR EL ACTO RECLAMADO ESTE EN LA POSIBILIDAD DE DEFENDERME LEGALMENTE CON LOS RECIBOS CON QUE CUENTO, PUES DICHO ABOGADO ME HABIA SOLICITADO PARA EL DIA DE HAYER 22 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO TRES MIL QUINIENTOS PESOS LOS CUALES YA NO LE DI Y AMENAZA CON EMBARGARME CON FUERZA PUBLICA DE.AHÍ MI DEMANDA DE GARANTIAS." (Lo subrayado no es de origen). De esto, se desprende que la orden de embargo y su ejecución que reclama la quejosa es un acto futuro e incierto, contra el cual es improcedente el juicio de amparo intentado. Ello, en razón de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el juicio de amparo procede contra actos no existentes aún, pero de cuya realización se tenga plena certeza, por así demostrarlo actos previos, o por ser una consecuencia forzosa e ineludible de hechos probados. Lo que en el caso no sucede, pues la circunstancia de que una persona de nombre *********, quien se ostenta como abogado, haya estado acudiendo a su domicilio con el objetivo de cobrar un adeudo que la ahora quejosa contrajo desde hace dos años con *********, y no obstante que le manifestó que en caso de no pagarle lo adeudado la embargaría, no implica, ni de suyo ni de facto, que las autoridades que señala como responsables hayan girado alguna orden de embargo o emitido sentencia en contra de la solicitante del amparo, o incluso, que éstas hayan acudido a su domicilio a pretender llevar a cabo su ejecución material. Máxime que la propia quejosa expresó que ha entregado diversas cantidades de dinero a la persona que la ha buscado en su domicilio exigiéndole el pago, y no así a autoridad alguna con motivo de alguna orden judicial. De ahí que se considere dicho acto reclamado como futuro de realización eventual, pues no existe dato alguno que genere la certeza clara y fundada de que los actos impugnados puedan llegar a existir. En otras palabras, dados los antecedentes narrados por la quejosa no se advierte la ineludible emisión de dicha orden, pues no señala ningún dato que objetivamente revele su existencia. Además de que el dictado de cualquier orden embargo y su ejecución está condicionado a que se promueva un juicio de naturaleza mercantil, y una vez admitido a trámite, se emita un auto en el cual se determine el requerimiento de pago, embargo y emplazamiento de la parte demandada, actos que son llevados a cabo por funcionario judicial. Lo antes expuesto se justifica porque la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya al quejoso en el goce de su derecho fundamental violado, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como sucede en la especie. Estimar lo contrario genera la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos o de realización cierta e inminente. Debe decirse que este Juzgador no soslaya la jurisprudencia 1ª./J.25/2003, de la Primera Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. LA RECLAMACIÓN DE UN ACTO FUTURO E INCIERTO, DEL CUAL NO PUEDA SABERSE CON EXACTITUD SI ES INMINENTE O SI LLEGARÁ O NO A MATERIALIZARSE, NO CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRAMITE."; sin embargo, la misma no es aplicable en la especie. Esto se afirma, en virtud que en el presente caso este Juzgador se encuentra en condiciones de determinar racionalmente que no existen indicios objetivos en el sentido de que las responsables hayan ordenado la realización de los actos reclamados o que están a punto de hacerlo, por el contrario, la demanda descansa en meras suposiciones sin sustento fáctico, puesto que la propio quejosa manifestó que acude a esta instancia constitucional porque la señora *********, mando a una persona quien se identifica como abogado, con el objetivo de que le exija el pago de la deuda que contrajo con ella hace dos año, sin precisar que exista alguna orden emitida en contra de la solicitante del amparo tendente a embargar su propiedad o ejecutar una sentencia; manifestación a la que se le otorga valor pleno de CONFESIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención al criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicado en la página 857, Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES).". Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 1°, fracción I, de la ley de la materia, con fundamento en el arábigo 113 de la Ley de Amparo SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA. Téngase a la promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y autorizando en términos limitados del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que menciona al no contar con cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN I, INCISO C) DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo presentada por *********, por su propio derecho, contra actos del Juez Primero Menor Civil de esta de esta ciudad y de otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 435/2019-IV. El suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 1°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "." "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: "I.- Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "." "El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." Como se puede advertir de la transcripción de los artículos anteriores, para que el juicio constitucional sea procedente, es necesario que se enderece contra actos de autoridad, o bien, de particulares en los casos señalados por la propia ley, pues por su naturaleza jurídica las garantías constitucionales constituyen en la generalidad de los casos, limitaciones al Poder Público, ya que los actos que ejecuten y molesten en su persona, domicilio, papeles o familia a otros particulares, encuentran sus sanciones en las disposiciones del derecho común. En ese orden, la concepción del "acto reclamado", es un tema medular dentro del análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo, pues constituye un requisito indispensable para la procedencia de este medio de control constitucional, tal como lo disponen los artículos 103 de la Carta Magna y 1o. de la Ley de Amparo, preceptos en los que constantemente aparece el término de "actos u omisiones de autoridad". Dentro del campo del juicio de amparo, el acto reclamado, en general, consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implique una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituya un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu) imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. De la definición que antecede, se desprende que el acto debe de ser un hecho voluntario, no debido al azar, rasgo distintivo entre aquél y un acontecimiento cualquiera, cuya realización esté encaminada a la obtención de un fin, es decir, a la causación de la afectación o lesión a cualquier derecho o interés jurídico del gobernado, ocasionándole un agravio que puede provenir, indistintamente, de una ley o de un acto stricto sensu, de índole decisoria, ejecutiva u omisiva que le otorgue la naturaleza de autoritario al ser coercitivo, unilateral e imperativo, formas como se realiza la mencionada afectación. De ahí que conforme al artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, es quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, individual y colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la Ley de la materia, y con ello se producirá una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por su parte, la autoridad responsable es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas, en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Como puede advertirse, los anteriores conceptos implican la idea de que el acto reclamado, por regla, debe existir al momento de la presentación de la demanda de amparo, pues solo en ese caso se estaría frente a la creación, modificación o extinción de una situación jurídica concreta, susceptible de generar una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso, cuyo remedio se persigue mediante el juicio de amparo. Por ello, tratándose de actos futuros, probables o remotos, respecto de los cuales no existe una certeza clara y fundada de su realización (actos inciertos), los mismos no producen ningún efecto de derecho, y contra ellos no procede el juicio de amparo. Ahora, en la especie la parte quejosa acude a esta instancia constitucional como tercera extraña en sentido estricto y señala como acto reclamado: A) .- DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS RECLAMO LA ILEGAL ORDEN DE EJECUCION, GIRADA O POR GIRAR EN CONTRA DE LA SUSCRITA Y MOTIVO POR EL CUAL HE SIDO ACOSADA POR UN LICENCIADO DE NOMBRE *********, QUIEN A SU DECIR A DETENIDO SEGÚN EL EN MI FAVOR DICHA ORDEN DE EJECUCION. B) DE LA AUTORIDAD EJECUTORA RECLAMO, EL CUMPLIMIENTO Y LA INMINENTE ORDEN EJECUCIÓN QUE SE PRETENDE DAR A DICHA ORDEN DE EJECUCION EN CONTRA DEL SUSCRITO Y LA CUAL ES A TODAS LUCES RESULTARIA ILEGAL E INCONSTITUCIONAL. Asimismo, del capítulo atinente a los antecedentes del acto reclamado, se advierte que narró bajo protesta de decir verdad lo siguiente: "1.- HECAE (sic) APROXIMADAMENTE DOS AÑOS LA SUSCRITA PEDI A LA HOY TERCERA PERJUDICADA C. ********* LA CANTIDAD DE $3,000.00 TRES MIL PESOS 00/100 M.N. Y CON LA CUAL PACTAMOS UN INTÉRÉRS MORATORIO DEL 7% MENSUAL MAS ES EL CASO QUE HACE APROXIMADAMENTE UN AÑO LE PAGUE A LA TERCERA PERJUDICADA SEIS MIL PESOS EN EFECTIVO Y LA CUAL ME HA COMENTADO QUE ESTA CONSIENTE DE ELLO PERO AHORA RESULTA QUE ME MANDO A EL LIC. ********* (sic) QUIEN SE HA NEGADO A PROPORCIONARME ALGUN DOMICILIO PERSONAL O DE SU DESPACHO Y SOLO ME HA ESTADO EXTORSIONANDO PIDIENDOME DINERO ARGUMENTANDO QUE SI NO SE LO DOY ME EMBARGARA BIENES DE MI PROPIEDAD Y AHORA QUE VIVO EN CASA DE MI SUEGRA ESTA SE PONE MUY NERVIOSA CON ESE DICHO Y LE HE TENIDO QUE CUBRIR CANTIDADES EN DIVERSAS FECHAS POR LA CANTIDAD TOTAL DE CUATRO MIL PESOS COMO LO DEMUESTRO CON LOS RECIBOS CORRESPONDIENTES Y ME HA HECHO SABER QUE AUN LE DEBO SETENTA MIL PESOS LO CUAL RESULTA ABSURDO Y DE AHÍ MI DEMANDA DE GARANTIAS PARA QUE SOLICITE INFORMACION A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y DE EXISTIR EL ACTO RECLAMADO ESTE EN LA POSIBILIDAD DE DEFENDERME LEGALMENTE CON LOS RECIBOS CON QUE CUENTO, PUES DICHO ABOGADO ME HABIA SOLICITADO PARA EL DIA DE HAYER 22 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO TRES MIL QUINIENTOS PESOS LOS CUALES YA NO LE DI Y AMENAZA CON EMBARGARME CON FUERZA PUBLICA DE.AHÍ MI DEMANDA DE GARANTIAS." (Lo subrayado no es de origen). De esto, se desprende que la orden de embargo y su ejecución que reclama la quejosa es un acto futuro e incierto, contra el cual es improcedente el juicio de amparo intentado. Ello, en razón de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el juicio de amparo procede contra actos no existentes aún, pero de cuya realización se tenga plena certeza, por así demostrarlo actos previos, o por ser una consecuencia forzosa e ineludible de hechos probados. Lo que en el caso no sucede, pues la circunstancia de que una persona de nombre *********, quien se ostenta como abogado, haya estado acudiendo a su domicilio con el objetivo de cobrar un adeudo que la ahora quejosa contrajo desde hace dos años con *********, y no obstante que le manifestó que en caso de no pagarle lo adeudado la embargaría, no implica, ni de suyo ni de facto, que las autoridades que señala como responsables hayan girado alguna orden de embargo o emitido sentencia en contra de la solicitante del amparo, o incluso, que éstas hayan acudido a su domicilio a pretender llevar a cabo su ejecución material. Máxime que la propia quejosa expresó que ha entregado diversas cantidades de dinero a la persona que la ha buscado en su domicilio exigiéndole el pago, y no así a autoridad alguna con motivo de alguna orden judicial. De ahí que se considere dicho acto reclamado como futuro de realización eventual, pues no existe dato alguno que genere la certeza clara y fundada de que los actos impugnados puedan llegar a existir. En otras palabras, dados los antecedentes narrados por la quejosa no se advierte la ineludible emisión de dicha orden, pues no señala ningún dato que objetivamente revele su existencia. Además de que el dictado de cualquier orden embargo y su ejecución está condicionado a que se promueva un juicio de naturaleza mercantil, y una vez admitido a trámite, se emita un auto en el cual se determine el requerimiento de pago, embargo y emplazamiento de la parte demandada, actos que son llevados a cabo por funcionario judicial. Lo antes expuesto se justifica porque la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya al quejoso en el goce de su derecho fundamental violado, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como sucede en la especie. Estimar lo contrario genera la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos o de realización cierta e inminente. Debe decirse que este Juzgador no soslaya la jurisprudencia 1ª./J.25/2003, de la Primera Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. LA RECLAMACIÓN DE UN ACTO FUTURO E INCIERTO, DEL CUAL NO PUEDA SABERSE CON EXACTITUD SI ES INMINENTE O SI LLEGARÁ O NO A MATERIALIZARSE, NO CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRAMITE."; sin embargo, la misma no es aplicable en la especie. Esto se afirma, en virtud que en el presente caso este Juzgador se encuentra en condiciones de determinar racionalmente que no existen indicios objetivos en el sentido de que las responsables hayan ordenado la realización de los actos reclamados o que están a punto de hacerlo, por el contrario, la demanda descansa en meras suposiciones sin sustento fáctico, puesto que la propio quejosa manifestó que acude a esta instancia constitucional porque la señora *********, mando a una persona quien se identifica como abogado, con el objetivo de que le exija el pago de la deuda que contrajo con ella hace dos año, sin precisar que exista alguna orden emitida en contra de la solicitante del amparo tendente a embargar su propiedad o ejecutar una sentencia; manifestación a la que se le otorga valor pleno de CONFESIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención al criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicado en la página 857, Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES).". Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 1°, fracción I, de la ley de la materia, con fundamento en el arábigo 113 de la Ley de Amparo SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA. Téngase a la promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y autorizando en términos limitados del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que menciona al no contar con cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".
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