Bernardo Suaste Mendoza y Otros.

Expediente 59/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
59/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
22/02/2018

Partes del expediente

  • Bernardo Suaste Mendoza y Otros.
  • Bernardo Suaste Mendoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de siete de febrero de la presente anualidad, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Agréguese en autos el escrito signado por **********, **********, ********** y **********, todos de apellidos **********; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, téngaseles cumpliendo con el requerimiento que se les hizo en proveído de veintinueve de enero del presente año. El suscrito estima que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." El motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita se encuentra motivado por el hecho de que el solicitante del amparo no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ciertamente, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado en agotar, previamente a la interposición de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene establecer los siguientes antecedentes: **********, promovió juicio sucesorio intestamentario a bienes de **********, el cual el dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, quedó radicado bajo el número C-453/2016 del índice del Juzgado de Partido Civil Especializado en Materia Familiar, con sede en Comonfort, Guanajuato; En el citado juicio se ordenó notificar a los ahora quejosos vía correo certificado, en los domicilios proporcionados por el promovente; Posteriormente, mediante oficios 1703/2017, 1707/2017, 1708/2017, 1711/2017, se les citó por esa vía para que comparecieran; El treinta y uno de noviembre de dos mil diecisiete, se resolvió sobre la declaratoria de herederos, teniendo como únicos y universales a ********** y **********, ambos de apellidos **********; y, Dicha resolución causó estado el ocho de enero de la presente anualidad y en dicho auto, se señaló fecha para la junta de herederos. En ese orden, del análisis integral de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional reclamando: El emplazamiento que se le practicó en el juicio sucesorio intestamentario *********** de la estadística del Juzgado de Partido Civil Especializado en Materia Familiar, con sede en Comonfort, Guanajuato y, como consecuencia, todo lo actuado en dicho procedimiento. De igual forma, es necesario destacar que el artículo 328 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, estatuye: "Artículo 328. Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente sobre la declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida. Este incidente no suspenderá el curso del procedimiento, y, si la nulidad fuere declarada, el tribunal determinará en su resolución, las actuaciones que son nulas, por estimarse que las ignoró el que promovió el incidente de nulidad, o por no poder subsistir, ni haber podido legalmente practicarse, sin la existencia previa y la validez de otras. Sin embargo, si el negocio llegare a ponerse en estado de fallarse sin haber pronunciado resolución firme que decida el incidente, se suspenderá hasta que este sea resuelto." De la interpretación literal del numeral transcrito se desprende que la legislación en comento otorga al gobernado un mecanismo de defensa, a través del cual se puede conseguir la nulidad de las notificaciones que no fueren realizadas en la forma que establecen las disposiciones correspondientes. Ciertamente, la nulidad de notificaciones tiene como finalidad anular la notificación que se practique en forma distinta a la prevenida por la ley y que lesione los intereses de la parte quejosa, con efectos similares a la revocación. Bajo ese contexto, si en la especie la parte quejosa esencialmente reclama en esta instancia constitucional el emplazamiento que se le practicó al juicio sucesorio intestamentario C-453/2016 de la estadística del Juzgado de Partido Civil Especializado en Materia Familiar de Comonfort, Guanajuato; es incuestionable que previo acudir al presente juicio de amparo debió promover el incidente de nulidad previsto en el artículo 328 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, para cumplir con el principio de definitividad rector del juicio de amparo, contenido en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria. Lo anterior es así, ya que la procedencia del juicio de amparo parte de la base de que el juicio sucesorio de origen se encuentre concluido, es decir, que ya se dictó la resolución definitiva (entendida como tal la que determina la adjudicación de bienes), lo que no sucede en la especie. Por ello, al no encontrarse concluido el juicio sucesorio de origen y al haber sido señalados en la denuncia respectiva como posibles herederos los aquí quejosos, es incuestionable que estaban obligados a observar el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, al no surtirse la excepción prevista en la fracción c) del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues no les reviste el carácter de personas extrañas al procedimiento. En ese sentido, como los solicitantes del amparo no controvirtieron el emplazamiento que cuestionan a través del mediante de impugnación idóneo, es claro que el amparo resulta improcedente al no haber observado el principio de definitividad que lo rige. Además de que no se actualizan los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, ya que el acto reclamado: I. No importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; II. Tampoco consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso; y, III. No se trata de terceros extraños a procedimiento, ya que, como se dijó, los aquí quejosos fueron señalados en la denuncia respectiva como posibles herederos en el juicio sucesorio intestamentario C-453/2016 de la estadística del Juzgado de Partido Civil Especializado en Materia Familiar de Comonfort, Guanajuato; y tampoco les reviste la calidad de terceros extraños por equiparación dado que el procedimiento de origen aún no concluye, pues no se ha dictado la resolución definitiva, que en los juicios sucesorios se entiende como tal la que determina la adjudicación de los bienes, por lo que pueden y deben hacer uso de los medios ordinarios de impugnación. Por ello, se afirma que la parte quejosa previo a instar el presente juicio de amparo debió interponer el señalado medio de defensa -incidente de nulidad-, para así cumplir con el principio de definitividad, rector de esta instancia constitucional. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta.

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN El INCISO C) DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO A LA PARTE QUEJOSAAgréguese en autos el escrito signado por **********, **********, ********** y **********, todos de apellidos **********; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, téngaseles cumpliendo con el requerimiento que se les hizo en proveído de veintinueve de enero del presente año. El suscrito estima que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." El motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita se encuentra motivado por el hecho de que el solicitante del amparo no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ciertamente, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado en agotar, previamente a la interposición de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene establecer los siguientes antecedentes: **********, promovió juicio sucesorio intestamentario a bienes de **********, el cual el dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, quedó radicado bajo el número C-453/2016 del índice del Juzgado de Partido Civil Especializado en Materia Familiar, con sede en Comonfort, Guanajuato; En el citado juicio se ordenó notificar a los ahora quejosos vía correo certificado, en los domicilios proporcionados por el promovente; Posteriormente, mediante oficios 1703/2017, 1707/2017, 1708/2017, 1711/2017, se les citó por esa vía para que comparecieran; El treinta y uno de noviembre de dos mil diecisiete, se resolvió sobre la declaratoria de herederos, teniendo como únicos y universales a ********** y **********, ambos de apellidos **********; y, Dicha resolución causó estado el ocho de enero de la presente anualidad y en dicho auto, se señaló fecha para la junta de herederos. En ese orden, del análisis integral de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional reclamando: El emplazamiento que se le practicó en el juicio sucesorio intestamentario *********** de la estadística del Juzgado de Partido Civil Especializado en Materia Familiar, con sede en Comonfort, Guanajuato y, como consecuencia, todo lo actuado en dicho procedimiento. De igual forma, es necesario destacar que el artículo 328 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, estatuye: "Artículo 328. Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente sobre la declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida. Este incidente no suspenderá el curso del procedimiento, y, si la nulidad fuere declarada, el tribunal determinará en su resolución, las actuaciones que son nulas, por estimarse que las ignoró el que promovió el incidente de nulidad, o por no poder subsistir, ni haber podido legalmente practicarse, sin la existencia previa y la validez de otras. Sin embargo, si el negocio llegare a ponerse en estado de fallarse sin haber pronunciado resolución firme que decida el incidente, se suspenderá hasta que este sea resuelto." De la interpretación literal del numeral transcrito se desprende que la legislación en comento otorga al gobernado un mecanismo de defensa, a través del cual se puede conseguir la nulidad de las notificaciones que no fueren realizadas en la forma que establecen las disposiciones correspondientes. Ciertamente, la nulidad de notificaciones tiene como finalidad anular la notificación que se practique en forma distinta a la prevenida por la ley y que lesione los intereses de la parte quejosa, con efectos similares a la revocación. Bajo ese contexto, si en la especie la parte quejosa esencialmente reclama en esta instancia constitucional el emplazamiento que se le practicó al juicio sucesorio intestamentario C-453/2016 de la estadística del Juzgado de Partido Civil Especializado en Materia Familiar de Comonfort, Guanajuato; es incuestionable que previo acudir al presente juicio de amparo debió promover el incidente de nulidad previsto en el artículo 328 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, para cumplir con el principio de definitividad rector del juicio de amparo, contenido en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria. Lo anterior es así, ya que la procedencia del juicio de amparo parte de la base de que el juicio sucesorio de origen se encuentre concluido, es decir, que ya se dictó la resolución definitiva (entendida como tal la que determina la adjudicación de bienes), lo que no sucede en la especie. Por ello, al no encontrarse concluido el juicio sucesorio de origen y al haber sido señalados en la denuncia respectiva como posibles herederos los aquí quejosos, es incuestionable que estaban obligados a observar el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, al no surtirse la excepción prevista en la fracción c) del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues no les reviste el carácter de personas extrañas al procedimiento. En ese sentido, como los solicitantes del amparo no controvirtieron el emplazamiento que cuestionan a través del mediante de impugnación idóneo, es claro que el amparo resulta improcedente al no haber observado el principio de definitividad que lo rige. Además de que no se actualizan los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, ya que el acto reclamado: I. No importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; II. Tampoco consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso; y, III. No se trata de terceros extraños a procedimiento, ya que, como se dijó, los aquí quejosos fueron señalados en la denuncia respectiva como posibles herederos en el juicio sucesorio intestamentario C-453/2016 de la estadística del Juzgado de Partido Civil Especializado en Materia Familiar de Comonfort, Guanajuato; y tampoco les reviste la calidad de terceros extraños por equiparación dado que el procedimiento de origen aún no concluye, pues no se ha dictado la resolución definitiva, que en los juicios sucesorios se entiende como tal la que determina la adjudicación de los bienes, por lo que pueden y deben hacer uso de los medios ordinarios de impugnación. Por ello, se afirma que la parte quejosa previo a instar el presente juicio de amparo debió interponer el señalado medio de defensa -incidente de nulidad-, para así cumplir con el principio de definitividad, rector de esta instancia constitucional. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta.

  4. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por **********, **********, ********** y **********, todos de apellidos **********, contra actos del Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar, residente en Comonfort, Guanajuato; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 59/2018-IV. En la especie, el suscrito estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto al requisito establecido en la fracción II del invocado numeral, en relación con el artículo 108, fracción V, de la ley de la materia, que dispone: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación." Tal precepto establece como requisito de la demanda de amparo que la parte quejosa haga una narración, bajo protesta de decir verdad, de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al artículo 62 de la citada ley. En la especie, del análisis integral de la demanda de amparo respecto de la cual se provee, se advierte que los promoventes en su afán de cumplir con el requisito establecido anteriormente, en su escrito de demanda narraron algunos hechos y abstenciones del acto reclamado; sin embargo, fueron omisos en manifestar la etapa procesal en la que se encuentra el juicio sucesorio intestamentario a bienes de Artemio Suaste Rincón, registrado con el expediente C453/2016 del índice de la autoridad responsable; es decir, si este se encuentra en la etapa relativa a la denuncia de la sucesión, institución de herederos, designación de albacea, de inventarios y avalúos; en la correspondiente a la administración que la integran; o bien, ya se dictó resolución definitiva en el citado juicio. Esto es, soslayaron describir de manera cronológica y detallada la totalidad de los hechos o abstenciones que les constan y que constituyen los antecedentes del acto que tildan de inconstitucional en el presente juicio con apego a la verdad. Conclusivamente, ante la omisión incurrida por la parte quejosa, lo procedente conforme a los mencionados artículos 108, fracción V, en relación con el 114, todos de la Ley de Amparo, es prevenirla para que dentro del término de cinco días legalmente computado, por escrito y con cinco copias de su líbelo aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes: Manifieste bajo protesta de decir verdad de manera sucinta y cronológica la totalidad de los hechos y abstenciones que le constan y que constituyen los antecedentes del acto reclamado, de acuerdo con lo expuesto en el cuerpo de la presente resolución. El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del citado artículo 114 de la ley de la materia, que dispone: ".Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." En la inteligencia que la prevención sólo se tendrá por legalmente cumplida si la parte quejosa es quien la desahoga, dado que la manifestación "bajo protesta de decir verdad" constituye un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien promueve la demanda, porque lo sujeta a manifestar que el relato de sus hechos lo hace con sujeción a la verdad y, que de resultar falso alguno de ellos, estaría sujeto a lo dispuesto por la fracción I del artículo 261 de la Ley de Amparo, en la que se contienen las penas en que incurren las personas que al formular su demanda afirmen hechos falsos u omitan las que les consten en relación al amparo. Otro motivo por el cual los directos quejosos deben desahogar el requerimiento, es porque el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar la irregularidad que se detectó en la demanda y, por tanto, ambos escritos integran la demanda de amparo, la cual debe ser suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6° de la Ley de Amparo, en virtud que es considerada como un solo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. Téngasele a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***********, al contar con cédula profesional ************ registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y en términos de la última parte del segundo párrafo del precepto legal en cita a las diversas personas que menciona, por no encontrarse en ese supuesto. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

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