Bernardo Martínez Camarillo

Expediente 942/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
942/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
28/02/2019

Partes del expediente

  • Bernardo Martínez Camarillo

Actuaciones

  1. Principal

    SE NOTIFICA A LAS PARTES LA RESOLUCIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Agréguese a los presentes autos el oficio 146/2019-A, signado por... mediante el cual remite testimonio de la resolución dictada en el toca 322/2018 de su índice, en la sesión celebrada el día veintiuno de febrero de dos mil diecinueve; en la cual resolvió lo siguiente: ÚNICO. SE DECLARA INFUNDADO el presente recurso de queja número 322/2018, interpuesto por...contra el acuerdo dictado el veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho por el titular del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con sede en Boca del Río, Veracruz, en el juicio de garantías número 942/2018, promovido por el propio recurrente contra los actos y las autoridades puntualizados en el resultando primero de esta ejecutoria, mediante el que se desechó de plano la demanda que lo originó, por motivo manifiesto e indudable de improcedencia...acúsese recibo de estilo; háganse las anotaciones en el libro de gobierno, agréguese el oficio y testimonio de referencia y archívese como concluido....este expediente es susceptible de destrucción...

  2. Principal

    SE NOTIFICA A LAS PARTES LA RESOLUCIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado por... del que se advierte que la Superioridad admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por... parte quejosa, contra el acuerdo de veintiséis de noviembre del año en curso, dictado en el presente asunto, y que lo registró bajo el número 322/2018, de su índice...

  3. Principal

    SE NOTIFICA A LAS PARTES LA RESOLUCIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por...mediante el cual interpone recurso de queja en términos de los artículos 97 a 103 de la Ley de Amparo, contra el auto de veintiséis de noviembre del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, en tal virtud, téngase por presentado el recurso, y como lo solicita con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101, todos de la Ley de Amparo, se tiene al promovente interponiendo el aludido recurso de queja....ríndase informe justificado, en el sentido de que es cierto el acto sobre el que versa la materia de la queja. Hágase del conocimiento del órgano colegiado revisor que el auto recurrido fue notificado por lista el veintisiete de noviembre del año que transcurre, tal como se advierte de la razón actuarial visible a foja cuarenta y dos de autos. Remítase el escrito de agravios, así como copia certificada de las constancias relativas, a la Oficina de Correspondencia Común a los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en este Palacio de Justicia Federal, para los efectos legales procedentes, solicitando de la manera más atenta el acuse de recibo al Tribunal Colegiado que en turno corresponda conocer del presente recurso...

  4. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE PROMOVENTE LA RESOLUCIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Visto el escrito de demanda presentado por...regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 942/2018-VI... Ahora, con independencia de cualesquiera otras consideraciones, este juzgador resuelve lo siguiente: De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda. De encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Congruente con ello, el suscrito advierte la actualización de causa de improcedencia del presente juicio constitucional que se analizará a continuación...De la demanda de amparo se advierte la parte quejosa señala como actos reclamados:...Por la que se busca inhibir cualquier acción o conducta particular que de manera excesiva y ventajosa otorgue beneficios personales indebidos a cualquier familiar de un funcionario, por el simple hecho de esa relación, para así garantizar que sean las y los profesionistas calificados que cumplan con los requisitos establecidos en ley, quienes puedan acceder a cargos públicos dentro del Poder Judicial, aun cuando tengan parentesco con algún servidor público que labore al interior del mismo....Por la que se propone atribuirle al Consejo de la Judicatura Federal, el diseñar y aplicar las evaluaciones de control de confianza a los aspirantes al ingreso, así como la promoción de la carrera judicial; señalando que, el ingreso, permanencia y promoción se integrará con los exámenes patrimonial y de entorno social; psicométrico y psicológico; poligráfico; y toxicológico...La interpretación sistemática de los siguientes preceptos 103, fracción I constitucional, y los diversos 61, fracción XXIII, y 107, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, configura el obstáculo legal para conocer del asunto...Por otra parte, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente....En relación con esto, se atiende al diverso 107, fracción I, de la ley de la materia, que prevé el juicio de amparo procede: .I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes:a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos...b) Las leyes federales;c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal;.e) Los reglamentos federales;f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general;." De las citadas disposiciones legales, se desprende que el juicio de amparo indirecto procede contra normas generales, ya sea que por su sola entrada en vigor causen perjuicios al quejoso (individualización incondicionada), o bien, cuando esto suceda con motivo de su primer acto de aplicación (individualización condicionada). En relación con lo anterior, importa agregar que dentro del concepto normas generales, se encuentran comprendidos los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general....Ahora bien, haciendo una interpretación en sentido contrario de lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Ley de la materia, se desprende que el amparo resulta improcedente para combatir normas generales de manera previa a su entrada en vigor. De lo que puede colegirse que los actos reclamados en el presente asunto no encuadran en ninguna de las hipótesis de procedencia contempladas en la Constitución o en la Ley de Amparo. Es pertinente señalar que en términos del artículo 49 Constitucional, el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Conforme a los diversos 39 y 41 de la Carta Magna, la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo y la ejerce por medio de los Poderes de la Unión, en los supuestos de su competencia, así como por los Estados y la Ciudad de México, en lo que corresponden a sus regímenes interiores. En términos del artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se otorga el derecho de iniciar leyes o decretos a los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión. Por su parte, el artículo 72 de la Carta Magna contempla que todo proyecto de ley o decreto, cuyo análisis no sea exclusivo de alguna de las Cámaras, se discutirá en ambas. De lo que se puede colegir que la iniciativa y discusión de proyectos corresponde a actividades soberanas del Poder Legislativo. En el entendido que una iniciativa de ley o decreto, como causa que pone en marcha el mecanismo de creación de la norma general para satisfacer las necesidades que requieran regulación, fija el debate parlamentario en la propuesta contenida en la misma. Sin que ello impida abordar otros temas que en razón de su íntima vinculación con el proyecto deban regularse para ajustarlos a la nueva normatividad. Y con motivo de ello, en virtud de la potestad legislativa, puede ser modificada. Incluso dándole un enfoque diverso al tema parlamentario de que se trate. Independientemente del sentido en el que hubiese sido propuesta la iniciativa correspondiente. Pues no vincula al Congreso de la Unión para limitar su debate a la materia como originalmente fue propuesta, ni específica y únicamente para determinadas disposiciones que incluía. Este puede realizar nuevas modificaciones al proyecto...Debiendo destacarse que en términos del artículo 61 de la Carta Magna, las opiniones de diputados y senadores que emitan en el desempeño de sus cargos son inviolables. Como se puede ver, los actos reclamados al ser iniciativas de reformas y adiciones, no comparten la naturaleza jurídica de normas generales, mucho menos han entrado en vigor. Por lo que, es incuestionable no se ubican en el supuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto establecido en el artículo 107, fracción I de la Ley de Amparo....Los actos reclamados se encuentran es su primera fase. Esta se entiende como el primer momento del procedimiento legislativo regulado por los artículos 71 y 122, base primera, fracción V, inciso ñ), constitucionales, así como por el 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos. De esta manera, el derecho de hacer propuestas o presentar proyectos de ley está reconocido por la propia Constitución mexicana, la cual indica de manera muy clara quiénes son los titulares en exclusiva de esta potestad....Las fases posteriores implican la discusión con el objeto de establecer el contenido de la norma a aprobar. Hecho esto se informe al Ejecutivo para que fije su postura sancionando o vetando la norma. En caso positivo se promulga y ordena su publicación para formalizar su incorporación al orden jurídico. Lo cual sucederá en el plazo que se fije para el inicio de su vigencia...De lo anterior, se advierte que las iniciativas de adición y reforma de los aludidos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se encuentran en la primera etapa del proceso legislativo; esto es, la iniciativa, tal y como se advierte de la propia demanda de amparo y de las publicaciones de la Gaceta del Senado de cuatro, once y dieciocho de octubre, así como el seis y ocho de noviembre, todas del año dos mil dieciocho y la lista de iniciativas a nivel constitucional publicada en la página de internet de la cámara de diputados....Por tanto, los actos reclamados, al ser solo iniciativas de adición y reforma, y encontrarse en la primera etapa del proceso legislativo, es inconcuso que aún no tienen la naturaleza de normas generales, habida cuenta que ello acontece una vez concluido el proceso legislativo (promulgación y su publicación); y que dichas normas hayan entrado en vigor...Consecuentemente, se configura plenamente la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción I, ambas de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu....No se deja de mencionar que el proceso legislativo puede llegar a contar con vicios los cuales pueden purgarse por la actuación posterior del Congreso y del propio Presidente de la República...En la inteligencia que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los actos que integran el proceso legislativo -incluyendo la iniciativa de leyes y decretos-, constituye una unidad indisoluble para efectos de su análisis por el juzgador de amparo al otorgar, en conjunto, vigencia a la ley...Pero tal afirmación del Alto Tribunal se hace en el contexto que las iniciativas de leyes o decretos sí pueden ser impugnadas a través del juicio de amparo, como parte del proceso legislativo, siempre y cuando formen parte de una norma que haya sido discutida, aprobada, sancionada, publicada y vigente. No siendo ocioso recordar que incluso dentro de la vacatio legis la propia Corte determinó la improcedencia del amparo. Robusteciendo con ello su imposibilidad de impugnación hasta su entrada en vigor. Sin que pueda estimarse que tales actos reclamados -iniciativas-, puedan ubicarse en la fracción II del artículo 107 de la Ley de Amparo, pues, como ya se dijo, esas acciones no pueden considerarse actos administrativos, sino que forman parte del proceso de emisión de las normas generales (contemplados en la fracción I de dicho numeral), que no pueden ser sometidas a análisis de forma independiente a través del juicio que se promueve al tratarse de una facultad soberana del Poder Legislativo y ello pudiera implicar la invasión de esferas entre poderes....En consecuencia, es claro que el juicio de amparo promovido contra tales actos no se encuentra dentro de los supuestos de procedencia del amparo indirecto...se estima pertinente hacer mención que en términos de los artículos 107, fracción I, constitucional y 107, fracción I, de la Ley de la Materia, el acceso al juicio de amparo, se encuentra supeditado a la necesaria demostración de un interés (ya jurídico, ya legítimo) en la tramitación y resolución del proceso de amparo, con miras a obtener una sentencia protectora que redunde en un beneficio a la esfera jurídica de los quejosos. Dicho interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero que tampoco se identifica con el interés genérico de la sociedad, como ocurre con el interés simple. Para que exista un interés legítimo, se requiere una afectación en cierta esfera jurídica, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Sin que en el presente caso se estime necesario hacer el análisis relativo a la existencia o no de ese interés para acceder al juicio dado que resulta evidente la actualización de la causal de improcedencia invocada en líneas anteriores...Asimismo, por lo que hace a las últimas dos iniciativas, identificadas con los números 4 y 5, se advierte además la causa de improcedencia que especifica la fracción I del artículo 61 de la Ley de Amparo, al encontrarse encaminadas adicionar o reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por consiguiente, al ser notorio, indudable y manifiesto que se actualizan las causales de improcedencia señaladas a lo largo de este proveído, dado que lo reclamado no es susceptible de ser impugnado en la vía constitucional por los motivos expuestos en esta resolución, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda constitucional....Se llega a la anterior determinación sin dejar de observar que los temas planteados en las iniciativas reclamadas, en caso de prosperar, incidirían en el Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, dadas las explicaciones anteriores, no existe una aproximación para hacer consideración alguna relativa a presupuestos procesales, como pudiera ser un impedimento, la personalidad o legitimación, etcétera, dado que mientras no concluya el proceso legislativo iniciado por las mismas, en modo alguno puede estimarse afectación al Poder Judicial de la Federación (de actualizarse la existencia de una norma que vulnere su independencia), pues se tiene la absoluta convicción que lo reclamado constituye actividad soberana del Poder Legislativo. Como del mismo modo el Poder Ejecutivo y Judicial cuentan con facultades soberanas en las que los otros poderes no pueden incidir...Es pertinente señalar que el desechamiento de la demanda presentada de ninguna manera implica denegación de justicia ni genera inseguridad jurídica. La obligación de los órganos jurisdiccionales no es tramitar y resolver de fondo todos los asuntos sometidos a su consideración. Esta se ciñe a la posibilidad de cualquier persona de acudir a los tribunales a presentar su demanda. A la que habrá de darse el trámite acorde a las formalidades del procedimiento. Dentro de las cuales el legislativo contempló las causales de improcedencia y sobreseimiento. Por lo que cuando un órgano jurisdiccional considera acreditada una de ellas y desecha una demanda o sobresee en un juicio, imparte justicia. Así quien presentó su demanda tuvo acceso a ella sin menoscabo alguno, ya que el acceso a la justicia no implica que necesariamente quien promueve debe obtener un resultado favorable a sus intereses. Estimar lo contrario desvirtuaría la finalidad de instrumentar requisitos y presupuestos procesales que permitan mantener la legalidad y seguridad jurídica requeridas dentro del sistema jurídico... Por otro lado, no se deja de mencionar que el lenguaje utilizado por el promovente no es aceptable al dirigirse a un órgano integrante del Poder Judicial de la Federación, pues debe evitar manifestaciones como: Es este, el planteamiento central de procedencia que muy respetuosamente le formulo, y confió (sic) en que no evada su responsabilidad jurídica queriendo resolver en un sentido que le permita no abordar el estudio que postulo, para que se delegue a un Tribunal Colegiado de Circuito....Y para evitar que usted evada su responsabilidad, desde este momento le solicito que haga un pronunciamiento expreso sobre estos planteamientos, ello en ejercicio de nuestro derecho de petición, consagrado en el artículo 8 constitucional....Y desde este momento, le planteó (sic) que no acepto la contestación a este argumento con una estrategia legaloide de su parte, que implique que ello no está aconteciendo en este momento o que no es inminente, y que por ello, debe desestimar mi reclamo; pues reitero que el acto que reclamo es en sí mismo dañoso desde el momento en que permite una eventual ley que quita independencia a los juzgadores federales, y esta exposición a mis derechos humanos es suficiente para que usted se deshaga de formulismos que obstaculizan mi derecho humano, y efectivamente lo tutele.... Resta decir que de insistir en ese actuar, este órgano jurisdiccional podría imponerle una medida disciplinaria prevista en el artículo 236, fracción I, en relación con el 259, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, consistente en multa de cincuenta a mil días de salario mínimo general vigente, en términos de lo que se señala en el apartado relativo a la Unidad de Medida y Actualización. ...hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción...

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